Todo mundo sabe que quienes laboran como operadores de esas unidades, ya sean camiones, rutas o taxis, no cuentan con prestación laboral alguna y son despedidos cuando al permisionario se le antoje, sin ofrecer siquiera una disculpa, ya no digamos alguna liquidación por el tiempo en el desempeño.
Aprovechando el gasolinazo, los empresarios del ramo se apresuraron a presionar para lograr que las autoridades estatales, competentes en la materia, les aprobaran un incremento a las tarifas que tampoco fue justo, porque porcentualmente se situó por encima del incremento a la gasolina.
Pero como quiera que sea, la decisión está tomada; sin embargo los dueños de las unidades capitalizaron todo, de inmediato les incrementaron los montos de la cuenta que diariamente les entregan sus choferes, pero a ellos no les dieron ni un peso más de ingresos.
Francamente ya es tiempo de que las autoridades tomen cartas en el asunto, corrijan toda clase de irregularidades en el rubro y obliguen a esos concesionarios a someterse al estado de derecho; es decir, dar todo tipo de prestaciones a sus empleados, como establece la ley, porque no es justo que éstos sigan abusando de la necesidad de quienes tienen que fletarse casi todo un día y en muchas ocasiones no sacan ni para lo más indispensable.
Recordamos todavía que quienes ahora son los magnates en el control del sistema estatal del transporte eran igualmente operadores a mediados del sexenio de Lauro Ortega Martínez, por ahí de 1985, y el entonces mandatario, en una acción de justicia, le quitó el control del mercado al denominado “pulpo camionero” para entregarles las concesiones a quienes verdaderamente se dedicaban a eso.
Fue así como surgió el sistema actual de rutas, pero al paso de los años los humildes choferes se convirtieron en lo que eran aquellos explotadores, que además venían del estado de Guerrero. Hoy se comportan peor que sus antes jefes y han olvidado que iniciaron igual, sirviendo a insaciables empresarios que no tenían consideración hacia ellos.
Por eso, lo mínimo que debieran hacer las instancias de gobierno es recordarles su origen y además empezar a desarrollar acciones a fin de que la ley en materia laboral sea aplicable al cien por ciento ahí, no tienen por qué ser tratados de manera distinta y de privilegio.
Pero a lo mejor es tirarle piedras a la luna, porque todo indica que se han impuesto con todo ante el gobierno, al que obligaron a darles una tarifa desmedida, a costa del sacrificio de los usuarios, que son víctimas de todos. Algunos choferes, francamente armándose de valor, porque se arriesgan a perder la chamba, vienen reclamando a los permisionarios un poco de consideración, en el sentido de que les compartan algo del incremento, pero no hay voluntad.
Bueno, en opinión de un buen número de operadores, corresponde a ellos –entre otras cosas– abastecer de gasolina las unidades, cubrir desperfectos menores y entregar una cuenta diaria que en ocasiones no cubren, sobre todo cuando hay bloqueos o manifestaciones que les impiden la libre circulación.
Uno de ellos destacaba que sí suele haber días buenos, pero una o dos veces al mes; lo normal es que luego de unas 10 horas al volante lleguen a su casa con unos 150 o 200 pesos, a veces menos, a los que hay que reducirles el costo de alimentos y bebidas indispensables en la jornada laboral.
Por lo tanto, si hay alguna actividad laboral con claras injusticias es la del transporte público, en lo que toca a los operadores, porque no hay alguna instancia regulatoria que verdaderamente atienda y vigile el cumplimiento legal al respecto.
La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) se dedica a cualquier otra cosa, menos a velar por los derechos de quienes conforman ese sector. Acá lo que interesa es el negocio financiero, a partir de la comercialización de los permisos, la liberación de todo tipo de trámites vehiculares y, desde luego, el cuantioso tema de las multas e infracciones que deja buen dinero.
Y mientras algunos choferes piden ser incluidos en los beneficios de la nueva tarifa, en la calle los usuarios tampoco están muy contentos con seguir siendo rehenes de la voracidad de los prestadores del servicio. En algunos casos, abusando de la oportunidad, los empresarios se despacharon en grande, situación por la que ciudadanos habían tomado las instalaciones de la terminal de los autobuses Ometochtli, que circulan entre Cuernavaca, de la base ubicada en el mercado Adolfo López Mateos, a Tepoztlán.
Sin consideración alguna, les subieron el pasaje de 23 a 30 pesos; pero nadie les hace caso, no hay autoridad alguna que intervenga para pedir a los concesionarios un poco de prudencia, como que nos encontramos en un territorio sin ley donde domina el más fuerte.
Y eso de que en correspondencia se aplicará una modernización integral está por verse, es la misma oferta en cada incremento desde hace años. Al final no pasa nada, son las mismas chatarras, a veces medio remodeladas, las que continúan transitando los derroteros.
Las instancias de gobierno –igual que en otros asuntos– se prestan a cualquier arreglo y acaban siendo cómplices de quienes ya les tomaron la medida y saben que con movimientos de presión logran lo que quieren, fue así como obtuvieron el incremento.
So pretexto del gasolinazo montaron bloqueos y manifestaciones en diversas partes de la capital del estado y otras ciudades al interior, particularmente en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). Había que desarticular esas protestas para mostrar hacia el exterior que aquí son otros escenarios y la solución fue sencilla: se aceptó darles una tarifa a modo. Con ese botín en la bolsa, los señores transportistas desarticularon el movimiento y todos tranquilos, menos el pueblo, claro, porque es a quien transfirieron la factura. El colmo es que todavía algunos líderes del gremio se dijeron insatisfechos e incluso advirtieron que pronto estarían exigiendo otra alza tarifaria.
