La tecnología informativa sin duda es un instrumento valioso para el desarrollo y la evolución del ser humano, pero en mucho no es utilizada correctamente y en no pocas ocasiones es causa de graves desajustes y desequilibrios que afectan emocionalmente a niños, jóvenes y adolescentes.
Pero además, hace ya cerca de una década que vivimos en un entorno convulsivo, con un grado creciente de violencia y de falta de respeto a las normas legales que buscan regular el comportamiento de la sociedad y en ese mundo cambiante, ya nada nos sorprende, nos acostumbramos a todo.
El tema viene al caso porque tras lo ocurrido en una escuela secundaria de Monterrey, donde un adolescente antes de quitarse la vida agredió a una maestra y a compañeros, los políticos aprovechan la oportunidad para hacer toda clase de sugerencias a fin de evitar que acciones de esa naturaleza puedan repetirse.
Igual y eso de revisar las mochilas de los muchachos antes de entrar a clase, tiene alguna incidencia positiva a fin de prevenir algún acto violento, sin embargo los orígenes de ese y otros acontecimientos similares son otros, y seguramente que los entendemos como ciudadanos o padres de familia.
Las instituciones gubernamentales han dejado de cumplir con sus responsabilidades en lo referente a la aplicación de las leyes y en muchos aspectos y espacios la delincuencia las ha rebasado y ello lo vemos todos los días aquí en nuestro entrono cercano.
No existen controles en los canales de comunicación, niños, jóvenes y adultos están en contacto permanente con escenarios de violencia y agresividad, de tal manera que llegan al grado de considerar como normal el que a alguien lo priven de la vida.
Los actos de deshonestidad dominan cualquier escenario, la vergüenza y el honor parecen cosas del pasado y son los hombres y las mujeres que ejercen actividades públicas, quienes dan muestra de la perversión que venimos alcanzando y de la que pareciera ya no haber posibilidades de retorno.
Lo que pasó en Monterrey desde luego que es condenable, pero como padres de familia o autoridades qué hemos hecho para sembrar el buen ejemplo y las acciones de decencia y bondad al interior de nuestro hogar o hacia el exterior. Al final, somos corresponsables de todo esto y si deseamos en verdad que no se reproduzcan, hay que corregir demasiados errores y excesos acumulados.
Es difícil saber cómo comenzó la descomposición, tanto de gobiernos como de la sociedad misma, pero ésta fue creciendo hasta llegar a un nivel que se antoja imposible de revertir, porque son precisamente aquellos que nos gobiernan y que se supone deben obrar con rectitud y honestidad, quienes han contribuido de manera alarmante a este ambiente tan desafortunado.
Se desentendieron en su compromiso de salvaguardar el estado de derecho, permitiendo y hasta alimentando la omisión e impunidad, participando incluso en un mundo de complicidades en la disputa por los bienes materiales, dejando al pueblo en la indefensión.
Los sistemas de gobierno, en cualquier país, tienen su razón de ser en la correcta administración e impartición de la justicia y de la aplicación del dinero que a través del pago de impuestos aportan los gobernados y que en mucho tiene que ser devuelto a través de obras e inversiones que a todos beneficien, así como para la prestación de servicios elementales.
Lamentablemente, cualquier ciudadano puede dar testimonio de que no es así y que hoy más que nunca es víctima de toda clase de arbitrariedades y ni siquiera le queda el recurso de reclamar porque las consecuencias pueden ser incluso fatales.
El ambiente que priva al interior de pueblos, comunidades o ciudades, aquí mismo en la entidad, para nada es el correcto. Por todos lados pululan pandillas de maleantes, delincuentes en potencia que le han perdido el respeto a las instituciones y con suma facilidad agreden a quien sea sin el temor de ser llamados a cuentas porque generalmente hay alguien que los “apadrina” y protege por razones quizás explicables, pero no aceptables.
Es decir, en cualquier lugar de este estado o país están dadas las condiciones como para que sucedan hechos tan dolorosos como el que ocurrió en esa escuela regiomontana, de tal forma que sabemos los orígenes y desde luego también cómo ir cambiando los escenarios. Aunque la pregunta sería: ¿habrá posibilidades de hacerlo?
Si bien es cierto que como sociedad nos corresponde una buena parte de esa responsabilidad, lo que constantemente apreciamos nos lleva a considerar que es el gobierno y sus instituciones quienes tendrían que mostrar voluntad de cambio y dar los primeros ejemplos, pero francamente ya les perdimos la confianza y la credibilidad.
La criminalidad y la violencia en este estado y en el resto de la república es tolerada desde todos los niveles del ejercicio del poder, a estos grados de inestabilidad, incluyendo la emocional, nos han llevado y todos los días nos dan testimonios distintos de ello.
Instrumentos para causar daño y dolor hay en exceso, las armas de fuego circulan por todos lados y al alcance de los menores de edad, en este punto, igual y con las facilidades de los mismos padres de familia, no pocos, metidos en asuntos bastante delicados.
O sea, no está por demás tomar algunas medidas preventivas, asegurarnos de que nuestros hijos no porten entre sus cosas artefactos peligrosos, sin embargo ese pudiera considerarse un mejoral ante un enfermo con cáncer terminal que requiere de cirugía mayor y aquellos doctores que se supone están ahí para prevenirlo, le alimentaron más la enfermedad.
Malamente son precisamente las nuevas generaciones las que se enfrentan a este ambiente tan perverso, serán ellos en el futuro cercano quienes se hagan cargo del rumbo de nuestro país, como que no les estamos dando los instrumentos correctos para que abonen hacia una sociedad con mejores niveles de vida y de impartición de justicia. En conclusión, de esos penosos sucesos todos debemos sentirnos responsables.