Muchos ayuntamientos han logrado justificar su existencia a través de programas federales, que vía diversas dependencias, llevan algún beneficio u obra a las colonias y comunidades porque con sus ingresos propios no alcanzan a pagar ni los servicios que requieren para operar con normalidad.

Pero además de todo eso, como que el resto de los poderes públicos y niveles de gobierno, aprovechándose de su jerarquía, les meten mano y les manosean lo poco a lo que tienen derecho, sus participaciones, y en este momento hay una inconformidad de la mayoría de alcaldes por la imposición de un 2% que les van a reducir para conformar un fideicomiso que busca convertirse en la tablita de salvación para ir cubriendo los pasivos que arrastran.

Algunos de ellos, como los de Miacatlán, Francisco León y Vélez, o el de Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante, han incluso advertido que se irán a una controversia constitucional para impedir esas reducciones que para la mayoría significan millones de pesos con los que cubren ciertos compromisos.

La posición de unos 20 ediles es obligar al titular del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm), Francisco Velázquez Adán, a renunciar al cargo, porque se quejan de que los viene presionando a fin de que acepten la propuesta hecha desde el Poder Legislativo.

El “acuerdo” ya está publicado, o sea, que es oficial y empezará a ser vigente a partir del primero de enero, o sea será el primer mes que los presidentes municipales reciban menos recursos en sus ministraciones a consecuencia de esa reducción.

Si bien es cierto que la mayoría, tal vez dos terceras partes de los ediles enfrentan dificultades financieras y laudos que amenazan hasta con la destitución suya y de los cabildos, también existen unos diez que han sabido conducirse mejor en el manejo de sus recursos y no están en esa disyuntiva, son ellos los que no ven con buenos ojos que se les descuente.

 Y para que en la recaudación de ese fondo no se cometan injusticias, es que se hizo un diseño que beneficie a todos en general. El secretario de Hacienda Jorge Michel Luna explicó al respecto que “con el 2% de los ayuntamientos y unos 50 millones que aportará el estado, se generará una bolsa estimada de 210 millones, de los cuales 60 serían exclusivamente para atender urgencia en pago de laudos vencidos y los restantes 150 millones para obras en las comunas, precisamente para compensar a quienes no tienen conflictos de dinero”.

De todas maneras, los munícipes se sienten agraviados, porque el porcentaje de participaciones federales ha sido objeto de todo tipo de irregularidades y al respecto el mismo Michel recuerda que “hasta 1995 no existía ese famoso fondo, los gobiernos estatales les daban a sus alcaldes lo que querían, incluso muchas nóminas municipales se pagaban en la tesorería estatal”.

Y destaca que fue durante el gobierno de Jorge Carrillo Olea que en Morelos se comenzó a generar el esquema de participaciones, a la par con la Federación. “La bolsa federal viene del cobro de impuestos o derechos, ya sea vía el Impuesto Sobre la Renta (ISR) o del Valor Agregado (IVA)”. Se generó una ley en la materia que entre otras cosas establece que “se les debe dar por lo menos el 20%”, que aquí se les está entregando.

Igualmente se menciona que es el Poder Legislativo la instancia que decidirá los mecanismos y movimientos que sobre el tema se den. Cuando el Partido Acción Nacional (PAN) desplaza al Revolucionario Institucional en el gobierno local, en el año 2000 la oposición los “mayoritea”, le quita a la administración estatal un 5% y se los agrega a los ediles, que alcanzan así el 25%.

Luego viene la otra alternancia en el 2012 con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de nuevo el Legislativo decide regresar al esquema del 20% y el 5% restante lo canaliza a lo que denominó Fondo Estatal de Seguridad Pública, que al final se transforma en lo que es el Mando Único, que dice compensar a las corporaciones municipales dándoles a sus elementos policiacos una nivelación salarial.

Cuando sucede esto, también se provocó una gran reacción de ediles, algunos incluso recurrieron a la controversia en la SCJN, porque nunca estuvieron de acuerdo con esos descuentos que les disminuían mucho el monto de participaciones.

A finales del 2015, cuando se aprobó la Ley de Ingresos y Egresos del 2016, el Congreso acepta redistribuir el 5% que se daba para el fondo de seguridad, pero lo reparte entre el Legislativo, el Ejecutivo y las presidencias. Es decir, al Estado le da 2%, igual que a los alcaldes que quedan así con el 22%, pero los diputados se autoasignan el 1%, dizque para un fondo de apoyo a la infraestructura municipal, cuyo dinero nunca llega a los alcaldes.

Hoy, con la propuesta de generar el fondo de rescate financiero, les vuelven a restar ese 2%, para regresar por enésima ocasión al 20%. Como en movimientos anteriores, hay una inconformidad creciente entre los presidentes, porque sienten que los están dejando en condiciones más vulnerables.

Es decir, su rescate financiero es a costa de sus mismas participaciones, son ellos los que pondrán el dinero para que algunos de sus homólogos salven el cuero, ante la amenaza de ser destituidos por el incumplimiento en el pago de demandas laborales vencidas.

Y a quien tienen atrincherado es al director general del Idefomm que se resiste a dejar esa responsabilidad y apela a toda clase de defensas, recordándoles que ellos no tienen facultades para removerlo, por eso tanto León y Vélez como Toledo Bustamante le piden que por decisión propia presente su renuncia, es casi seguro que no lo hará, es una posición bastante cómoda y rehúsa irse a la banca. Los ediles lo acusan de obrar en contra de sus intereses, en lugar de apoyarlos.