Con excepción de Jorge Trade Nieto, quien estuvo de delegado hace unos 20 años, los demás han sido fuereños que llegan por periodos cortos de tiempo y después son rotados a otras plazas. Muchos se quedaban durante la semana en algún departamento rentado y el viernes por la tarde se iban a pasar el fin de semana con sus familias en el Distrito Federal o estado circunvecino.

Esa circunstancia beneficiaba mucho a los subdelegados y agentes del Ministerio Público Federal, quienes hacían realidad aquel dicho que habla de la ausencia del gato y la fiesta de los ratones. A la delegación de la PGR en Cuernavaca ya la conocían en el círculo de los litigantes como “El Salón México”, por aquello de “los bailes”. “Bailar” a alguien significa –en el argot policiaco- obtener dinero de un detenido a cambio de ayudarle a obtener su libertad, o simplemente no ponerlo a disposición.

En una ocasión, un agente del Ministerio Público y su auxiliar fueron a caer hasta la cárcel de Atlacomulco por no poner a disposición a un presunto vendedor de drogas. El hecho ocurrió en la subdelegación de Cuautla durante un fin de semana, cuando la Policía Municipal puso a disposición del MPF a un detenido y una buena cantidad de mariguana. A los deshonestos servidores públicos (un hombre y una mujer) se les hizo fácil dejar ir al detenido previo pago de una cantidad de dinero y quedarse con la droga.

No contaban con que la Policía Municipal había incluido esa detención en los partes informativos que proporcionaban a la prensa, de tal manera que, al llegar el titular de la delegación el lunes, se percató de que un periódico anunciaba la detención de un presunto narcomenudista, y el agente del MP que estuvo de guardia reportó “sin novedad”.

Ese caso, ocurrido en la década de los noventas, fue el único en el que hubo sanción para los responsables. Y no porque la corrupción se haya extinguido en la PGR-Morelos, sino porque los funcionarios han sido muy cuidadosos para “cuadrar” jurídicamente los “bailes”.

Un claro ejemplo de ello fue la detención de un sujeto que decía llamarse José Belem Mendoza, quien viajaba en un vehículo blindado con seis armas y en compañía de un hombre y una mujer, hechos ocurridos en mayo del 2003.

Aunque era evidente que se trataba de un narcotraficante acompañado de su amante y de su guarura, y que se daba el delito de acopio de armas, un astuto abogado y un diligente MPF armaron todo para que quedara asentado que cada uno de ellos traía dos armas, reduciéndose el delito a simple portación de arma de uso exclusivo del Ejército. El Juez Federal Rubén Paulo Ruiz Pérez se “sacó de la manga” una resolución en la que ordenaba el “arraigo” de los tres acusados en un Motel, de donde los dos hombres y la dama escaparon en un taxi, ante la complacencia de los agentes de la extinta AFI. Años después se sabría que el detenido no era José Belem Mendoza sino nada menos que José Gil Caro Quintero, sobrino del capo Rafael Caro Quintero, pero no por investigaciones de la Policía, sino porque fue detenido nuevamente en el 2004, ahora en Jalisco, y él mismo contó, con una sonrisa burlona, cómo evadió la acción de la justicia en Morelos con el apoyo de la PGR.

En el 2006, la Policía Estatal puso a disposición de la PGR-Morelos a unos sinaloenses que viajaban a bordo de una camioneta de lujo y que fueron perseguidos hasta Ocotepec, donde abandonaron el vehículo con varias armas largas. Salieron libres al concluir el término constitucional, y la explicación que dio a la prensa la entonces delegada, María del Carmen Archundia Escutia, fue de risa: si bien es cierto que los sujetos fueron detenidos a 10 metros de una camioneta con armas, no se pudo acreditar que ellos estuvieran en posesión de las mismas.

-¿Y qué explicación le dieron los sujetos para justificar que, siendo de Sinaloa, anduvieran en Cuernavaca?- cuestionamos a la funcionaria.

-No se lo preguntamos. El derecho al libre tránsito es una garantía constitucional- respondió la hoy subprocuradora del estado de Hidalgo.

Con el paso del tiempo se sabría que los detenidos eran sicarios de los Beltrán Leyva, y que la reacción de la delegada era por simple supervivencia. Las fechas coinciden con la llegada a Morelos del llamado “jefe de jefes”.

El 29 de marzo del 2007 un comando armado “levantó” al Ministerio Público Federal , Miguel Leopoldo Ramírez Treviño, adscrito a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN), cuando circulaba a bordo de su vehículo sobre la calle Antinea, en la colonia Delicias.

En esa ocasión, la delegada Archundia Escutia mandó hacer un boletín en el que daba cuenta del hecho y manifestaba que “no obstante de estos acontecimientos tan lamentables la Procuraduría General de la República no dará marcha atrás en contra del narcomenudeo” (SIC). Meses después renunció a la PGR.

Llegó entonces Mauricio Saad Viveros, a quien le balacearon las instalaciones y le dejaron una cabeza frente a la UMAN. En cuanto pudo pidió su cambio y hoy está en Sinaloa.

La interrogante que da título a la presente columna se refiere a Rolando López Villaseñor, quien apenas el 17 de junio del 2010 asumió el cargo de delegado de la Procuraduría General de la República en Morelos, y que en diciembre pasado simplemente dejó de asistir a su oficina, quedando como encargada la abogada María de la Luz Becerra Barajas.

Es evidente que la delegación Morelos ya no es el paraíso a donde venían a vacacionar los consentidos del procurador general en turno. Y no solamente por la ola de violencia que nos aqueja a partir del año pasado, a razón de 340 ejecuciones tan sólo en el 2010.

Sólo Rolando López Villaseñor sabe los motivos que tuvo para irse “como las chachas”, pero su salida coincide con varias desavenencias de la PGR con la autoridad militar.

Desde hace un par de años, los agentes del Ministerio Público Federal están hartos de que el Ejército les ponga a disposición a personas detenidas que jurídicamente no se puede procesar. Ya en alguna ocasión comentamos el caso de Gerardo Calderón Catalán, quien siendo secretario de Seguridad Pública de Yautepec fue encarcelado junto con un grupo de elementos como consecuencia de una “denuncia anónima” en la que lo señalaban como protector del Cartel de “Los Arellano” (que ni siquiera opera en Morelos).

Obviamente salió libre por falta de elementos para procesar.

Hace algunos días salió publicado en La Unión de Morelos una nota informativa que da cuenta de la detención de dos sujetos “por estar videograbando las instalaciones de la zona militar”. No tenemos forma de conocer el desenlace de este asunto porque tanto la 24ava. Zona Militar como la PGR-Morelos son inescrutables para la prensa, pero suponemos que estos sujetos no se quedaron presos, al menos no por el “delito” de videograbar instalaciones militares.

Y qué decir del caso “Ponchis”, en el que inicialmente el muchacho fue puesto a disposición de la PGR llevando como “cuerpo del delito” un celular conteniendo videos y fotos de hombres torturados, pero que ante el riesgo de que saliera libre, finalmente aparecieron armas y droga que inexplicablemente el adolescente de 14 años logró introducir hasta la sala de espera del Aeropuerto “Mariano Matamoros”, ampliamente publicitado por el gobierno estatal como uno de los más funcionales y seguros del país.

Termino el presente tema con un comentario que no es mío, sino del prestigiado periodista nacional Miguel Ángel Granados Chapa, vertido ayer a raíz de la detención de “El JJ” y “El Amarillo”, pero que también se puede aplicar con lo que ha venido sucediendo últimamente en Morelos:

“Las autoridades policiacas y ministeriales tienden a abultar la figura de los delincuentes a los que capturan, por lo que hay que tomar con un granito de sal las afirmaciones con que componen la biografía de sus aprehendidos. Igualmente, hay que poner en cuestión las declaraciones de los detenidos, especialmente cuando son formuladas ante la Policía Federal. No es extraño que cuando pasan al ministerio público y, sobre todo cuando están ante un juez, modifiquen sus dichos originales. Es que, a la policía, especialmente la que depende del secretario Genaro García Luna, quien tiene una manía escenográfica, le da por lo aparatoso, por lo que genera efectos mediáticos, aunque, después, esos momentos iniciales no correspondan con el curso de la actividad ministerial y judicial”.

NO HABRÁ RATIFICACIONES PARA NADIE

En los próximos meses varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Electoral tendrán que ser evaluados por el Congreso del Estado y, eventualmente, ratificados en términos de la constitución local.

Pero desde hoy les advertimos que no habrá ratificaciones para nadie. Los partidos representados en la actual legislatura están ávidos de espacios para su gente y no se pueden dar el lujo de otorgar el derecho de repetir en el cargo.

El pasado lunes presentó su informe de labores el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Hertino Avilés Albavera, en un evento de buen nivel que lo mismo reunió a magistrados electorales federales, de entidades vecinas, alcaldes, magistrados del TSJ, del Contencioso, al rector de la UAEM y muchas personalidades más.

Avilés Albavera recientemente fue nombrado secretario del Consejo Directivo de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, AC., el cargo más alto al que ha llegado un magistrado morelense en ese rubro.

En el informe se destacó la ampliación del acervo bibliográfico de la biblioteca del TEE, con lo que cuenta con 4 mil 112 ejemplares. También, la capacitación en los municipios del Estado con la finalidad de lograr que los ciudadanos observen a la democracia como una forma de vida. Otro tema que resaltó fue el de la firma de convenios con diversas universidades del estado para acercar la cultura democrática a los jóvenes y la reestructuración y actualización de su página web.

Ahí se informó que el TEE obtuvo un resultado de 99 puntos en la evaluación que llevó a cabo el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

El trabajo de los tres magistrados electorales, Hertino Avilés, Fernando Blúmenkron y Oscar Añorve, ha sido acertado tanto en el periodo electoral como en el resto de los meses, pero desde ahora advertimos que no se quedarán.

Después de lo que sucedió con el consejero del IMIPE, Eleael Acevedo Velázquez, quedó más que claro que de nada sirve demostrar que se cuenta con la trayectoria, los conocimientos y reconocimientos en el ejercicio de la función, cuando en el Congreso sólo piensan en repartirse todo lo que sea susceptible de repartir.

DE TODO UN POCO

Amado Orihuela con la chaviza.- Por fin el presidente del PRI en Morelos, Amado Orihuela Trejo, se dignó a ir a un evento del sector juvenil. Después de dejar plantados a Cristian Peñaloza y a Claudia Ordoñez en sus respectivas ceremonias de toma de protesta de sus agrupaciones juveniles, esta semana acudió al llamado de Adrián Escobedo Rendón, dirigente de Vanguardia Juvenil Agrarista.

Ahí, el presidente del CDE del PRI, aseguró que los jóvenes priistas constituyen y construyen hoy día la estructura base del Partido Revolucionario Institucional, por lo que “tendrán la oportunidad histórica de contar con espacios que en el pasado les han sido negados, relegando su papel al de simples cuadros partidistas”. Como dijo el ciego: a ver.

Leandro Vique Salazar a Licencias.- Dentro de los cambios orquestados por el alcalde Manuel Martínez Garrigos sobresale la llegada de Leandro Vique Salazar a la Dirección de Licencias y Reglamentos en lugar de Carlos Hernández (quien no pudo erradicar la corrupción en esa dependencia). A simple vista pareciera ilógico el nombramiento pues Vique Salazar es profesor y carece de experiencia en el ramo, sin embargo, se intuye que el edil no busca alguien experimentado, sino confiable.

Proveniente de una familia ampliamente conocida en el magisterio, Leandro Vique ha tenido una participación discreta pero eficiente en los cargos que ha desempeñado. No hay que olvidar que fue secretario particular de Mario Luis Salgado, el último líder nato del SNTE en Morelos cuyos sucesores no han logrado cubrir el hueco que dejó.

Después de ser relegado de las primeras regidurías en un proceso anterior, entró al equipo de Manuel Martinez como director de educación, donde cumplió con las expectativas y hoy lo mandan a una función muy delicada en la que pocos la han librado. Es, pues, su prueba de fuego.

Yuriana Lázaro Landa, representante de síndicos.- A pesar de su juventud, la joven abogada egresada de la Univac, Yuriana Lázaro Landa, síndico del municipio de Temixco acaba de ganar la presidencia de la Asociación de Síndicos Municipales del Estado de Morelos, llevándose de calle en las votaciones al que se consideraba favorito, el de Cuernavaca, quien no gana ni en las canicas. El próximo jueves toma protesta en la ex Hacienda de Temixco.

Hasta el próximo viernes.