En términos mediáticos, es el Ejército el que lleva la agenda (“agenda setting”)de los acontecimientos en la entidad, ha propiciado varias remociones y sostiene en el cargo a diversos funcionarios del servicio público.

Es innegable que la SEDENA ha dado duros golpes a la delincuencia organizada en el Estado de Morelos, y que registra el menor índice de corrupción en comparación con las corporaciones policiacas. Eso ni quien lo discuta.

El único problema es que, desde hace cuatro años, a los morelenses nos han metido en la cabeza que nuestra entidad forma parte del nuevo sistema acusatorio adversarial, y que la base de éste es que todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

A los policías estatales y municipales les dieron pláticas en las que les enseñaron dos cosas fundamentales: que cuando haya un homicidio se debe resguardar la escena del crimen con una cinta amarilla y no dejar pasar a nadie; y que a todo detenido se le debe decir el clásico: “tienes derecho a guardar silencio y a llamar a un abogado”.

Incluso, hasta a los reporteros la Procuraduría de Justicia nos impartió un curso sobre este tema, asentando que, bajo este sistema, no debemos publicar los nombres de los acusados (ahora llamados imputados) y tampoco fotografiar su rostro bajo ninguna circunstancia so pena de sufrir una demanda por daño moral.

Bajo este contexto, cómo explicarle a la gente que estas obligaciones no incluyen a los miembros del Ejército, a pesar de que en los últimos años se han integrado a nuestra sociedad como si fuera una corporación policiaca más.

Y es que para los militares no hay explicación que valga. Sucedió en el caso de los dos empleados del Ayuntamiento de Cuernavaca que fueron detenidos en un retén y en el de un regidor del Ayuntamiento de Zacatepec que portaba una considerable cantidad de cartuchos para cacería. Ninguno de ellos quedó formalmente detenido, los primeros ni entraron a las instalaciones de la PGR y el otro salió después de dar las explicaciones correspondientes.

Pero los boletines de prensa de la SEDENA ahí están, anunciando claramente que fueron detenidos, dando nombres y apellidos así como las armas o cartuchos que supuestamente les encontraron, y aún cuando se haya demostrado su inocencia, los boletines permanecen en el Internet, para que cualquier persona que les tenga mala fe, los saque en el momento menos oportuno.

Un caso palpable de este tipo de injusticias fue la detención de Emilio Guzmán Montejo, supervisor de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA) a quien detuvo el Ejército en diciembre del 2009 por acudir a un llamado de su mamá indicándole que había sujetos que se estaban metiendo a su casa por la azotea. Quizás confiado en que iba uniformado, desde la azotea de su casa le dijo a los soldados que si se les ofrecía algo, pero realmente lo hizo con la intención de colaborar. Eso bastó para que uno de los que iban al mando gritara “A ver, tráiganme a ese cabr.. que está en la azotea”, para que media docena de soldados se metieran a la casa, lo desarmaran y quedara detenido como “presunto colaborador” de los sicarios que habitaban esa casa, contigua al hogar de su madre.

Si usted checa en estos momentos en el internet, encontrará títulos como “cae policía en Morelos con 41 armas”, publicado en La Crónica, cortesía de René Vega Giles; “Sigue arraigado el narco-piba”, firmado por el amigo Pancho Rendón en El Regional, y una nota del periódico La Razón que anuncia: “Cae mando ligado a “Jefe de jefes” : El Ejército detuvo al jefe de Supervisión de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de Morelos; custodiaba droga y un arsenal al parecer de los Beltrán”.

Hoy quienes conocemos a Emilio sabemos que logró demostrar su inocencia, pero dígame usted estimado lector si le daría trabajo a alguien con esas “referencias hemerográficas”. La última vez que hablamos con él, estaba en espera de que la SSP lo reinstalara en el cargo, y ojala así haya sido porque de otra manera está condenado al desempleo.

Pero el hecho de presentar a la prensa a los detenidos (lo cual en la PGJ ya no ocurre desde que estuvo de procurador el ex ombudsman, Francisco Coronato) no solamente los desprestigia ante la sociedad, sino que propicia un “linchamiento mediático” que no siempre coincide con el resultado del proceso penal.

De hecho, en la visita que realicé recientemente al estado de Chihuahua, los jueces se quejaban de que, en muchos casos, el Ejército es el que pone a disposición de las autoridades locales a sujetos acusados de ser sicarios, acompañando la puesta con una grabación en la que el imputado “confiesa” haber cometido uno o varios delitos.

Pero lo peor es que cuando esta “videoconfesión” llega a los jueces, previamente ya ha sido distribuida a los diferentes medios de comunicación. Por eso es que la gente de Chihuahua considera que los juicios orales son sinónimo de impunidad, pues los jueces dejan ir a asesinos “confesos”, como ocurrió en el caso de Sergio Arturo Barraza Bocanegra.

Lo mismo va a pasar en Morelos. El caso más evidente es el del “Ponchis”, a quien ya todos vimos en la televisión confesar que degolló a cuatro personas y que formaba parte de un grupo de sicarios. Ahora, sólo falta ver cómo la Fiscalía le va a dar validez a una declaración que se dio ante elementos del Ejército y reporteros, pero no ante un Juez, ni siquiera un Ministerio Público.

Aquí va otro ejemplo de la falta de conocimientos de la milicia que hace funciones de policía: El 25 de agosto del 2010 fue asesinada la joven Libertad García, de 21 años de edad, en el interior de una boutique ubicada en el poblado de Acatlipa, municipio de Temixco.

Los primeros en llegar a la escena del crimen fueron los soldados, quienes entraron a la boutique “en bola” seguidos de policías y hasta reporteros. Pues resulta que cuando ya todos salieron el casquillo del arma homicida había desaparecido. Eso sí, ya cuando todos terminaron de satisfacer su curiosidad pusieron una cinta amarilla para esperar a que llegara el Ministerio Público.

En conclusión: si el Ejército va a seguir en las calles, que los capaciten en materia de juicios orales al igual que a los policías, y que no emitan sus comunicados hasta que por lo menos el MP haya dictaminado que el detenido por las fuerzas castrenses quedará bajo proceso.

ALCALDES VIOLAN SU PROPIO PROTOCOLO DE SEGURIDAD

A raíz del asesinato del alcalde de Temoac, Abraham Ortíz Rosales, el pasado martes se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que estuvo, además del gobernador y funcionarios morelenses, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez González.

A pregunta de los reporteros sobre si este acontecimiento amerita un llamado a los alcaldes del país a reforzar su seguridad, el funcionario federal dijo que desde hace un año se envió a los más de dos mil presidentes municipales del país, a través de los gobiernos estatales, un “protocolo de seguridad personal”, mismo que ya debe tener en sus manos cada uno de los ediles y estarlo poniendo en práctica.

Hubiera estado bien que las autoridades estatales ahí representadas (el gobernador, el secretario de gobierno, o los responsables de la seguridad, Gastón Menchaca y José Herrera Chávez) ratificaran tal aseveración o dijeran cuáles son las causas de que dichos documentos no hayan llegado a su destino. Pero los funcionarios sólo guardaron silencio e intercambiaron miradas como preguntándose entre sí si alguien sabía algo de eso.

Como era de esperarse, ya comenzaron a salir declaraciones en torno a dicho protocolo de seguridad, y fue el edil de Jiutepec, Miguel Ángel Rabadán, el primero que declaró que a él no le ha llegado nada de eso.

Existen al respecto tres posibilidades:

Que dichos documentos le hayan llegado a los presidentes municipales salientes, y que éstos se los hayan llevado junto con todo lo demás.

Que los documentos se hayan quedado en uno de los cajones del escritorio de Luis Ángel Cabeza de Vaca cuando la SIEDO vino por él, y que sigan ahí sin que el general Menchaca se haya percatado de ello.

Que sí llegaron a los Ayuntamientos pero, en casos como el de Miguel Ángel Rabadán, no le avisaron sus subalternos y el documento está por ahí archivado con el resto de la correspondencia.

Me surge la inquietud de iniciar desde hoy una investigación para tratar de resolver “el misterio de los protocolos perdidos”, pero creo que será en vano porque seguramente en estos momentos ya algún funcionario de medio pelo debe estar localizando los famosos protocolos para enviarlos o reenviarlos a los 33 ayuntamientos, no vaya a ser que la Secretaría de Gobernación realmente quiera saber si llegaron o no los multimencionados documentos. El primero al que le llegará será al ex restaurantero jiutepequense, con la súplica de que no ande dejando en mal a la Secretaría de Gobernación y a la autoridad estatal.

Pero todo lo anterior es lo de menos, estimado lector, pues según explicó Juan Marcos Gutiérrez, se trata simplemente de una serie de recomendaciones de “autoprotección” para reducir el riesgo de ser víctima de un atentado.

Y en ese sentido no hay que quebrarse mucho la cabeza para saber qué es lo que no debe hacer un alcalde si quiere seguir vivo. La lógica nos dice que, por principio de cuentas, debe asegurarse de que la gente que lo rodea sea de toda su confianza, principalmente su jefe de seguridad pública, quien debe haber aprobado su respectivo examen de control y confianza (Cabeza de Vaca y Francisco Sánchez sí lo aprobaron, por cierto).

En segundo lugar (y que conste que desconocemos el contenido de dicho documento pero es cuestión de sentido común), evitar acudir a lugares donde haya importantes aglomeraciones de gente, máxime si hay ingesta de alcohol y si es en altas horas de la noche. No hace falta ser experto en seguridad para saber que un alcalde en estado de ebriedad, en horas de la madrugada y lejos de su municipio es un blanco fácil no sólo para la delincuencia organizada, sino hasta para asaltantes comunes.

Y digo lo anterior porque, de existir dicho “protocolo de seguridad personal”, varios alcaldes de Morelos incurrieron en franco desacato al mismo el pasado domingo en Xochitepec.

Resulta que cada año se realiza el “jaripeo de los presidentes”, en la que cada alcalde lleva un toro y un jinete. Como todo evento “jarapillero”, no puede faltar la música de banda, las chelas para empezar y las botellas de Tequila o Whiskey para celebrar las montas y los porrazos. En ocasiones, ya entrados, los ediles que le hacen a la cantada convierten aquello en una sucursal de “La Academia” de TV Azteca, ya sea en voz propia o a través de interpósita persona (Rabindranath Salazar, entonces alcalde de Jiutepec, cuando escuchó a coro el “¡que cante, que cante!”, respondió: “Yo no canto, pero tengo un secretario particular que lo hace muy bien”, y aventó al ruedo al abogado Ernesto Maldonado).

El pasado domingo el mencionado torneo  (desconozco si el lugar sede sea rotativo o siempre sea aquí) se llevó a cabo en la cabecera municipal de Xochitepec, teniendo como anfitrión al alcalde Juan Carlos Rivera Hernández.

No vamos a decir nombres ni municipios de los que asistieron, porque lo realmente importante de este hecho es que los organizadores desacataron todo protocolo de seguridad, no sólo para sus invitados especiales, sino para el público en general. Quienes asistieron aseguran que era evidente la falta de elementos de la Policía Municipal y que, a diferencia de otros eventos masivos, las cervezas se estuvieron vendiendo en botellas de vidrio.

Un reducido grupo de alcaldes (no más de cinco, entre ellos el anfitrión, por supuesto) se quedó hasta las primeras horas de la madrugada del lunes y no estaban bebiendo refresco, lo que incrementó el nivel de riesgo.

Quienes hayan tenido alguna cita pendiente el lunes temprano con algún alcalde, y éste no llegó o lo hizo con una evidente cruda encima, ahora saben cuál fue el motivo. Por justicia, debemos aclarar que a este “conbebio” no asistió ni el alcalde de Zapata porque andaba “en una comisión fuera del estado”, ni los ediles de Temixco y Jojutla por su avanzada edad.

LOS JUECES ¿APLICAN LA LEY O IMPARTEN JUSTICIA?

Entender la función que realiza un juez es bastante complicado y generalmente la opinión de cada persona va directamente relacionada con el resultado de la sentencia en la que se ha visto involucrado, máxime cuando no se tienen noción alguna de lo que es el Derecho.

En la preparatoria, no entendía en ese momento porqué mi maestro de Nociones de Derecho I, Mario Galindo Arizmendi (hoy magistrado del Segundo Tribunal Colegiado) afirmaba que los jueces y magistrados que otorgaron la libertad a un junior de apellido Braun, acusado de violar a una niña de ocho años en Acapulco, habían emitido una resolución “jurídicamente correcta”, aunque ello hubiese provocado uno de los mayores escándalos en el estado de Guerrero y a nivel nacional.

Fue hasta años después que el entonces magistrado Samuel Sotelo me explicó que no es lo mismo aplicar la ley que hacer justicia, es decir, hacer que se cumplan las leyes no siempre es lo más justo. El maestro Hertino Avilés Arenas acostumbraba preguntar a sus alumnos qué harían si fueran jueces civiles y tuvieran que resolver una demanda en la que el arrendador estuviera solicitando el lanzamiento (desocupación del inmueble) de una arrendataria, pero que ésta fuera una mujer de 70 años en silla de ruedas carente de recursos económicos.

El no entender que los jueces están para aplicar la ley, lo que no siempre significa un acto de justicia, es lo que provoca que,  cada determinado tiempo, estos personajes de nuestra sociedad sean considerados los causantes de todos nuestros males.

Muchos recordarán cuando el gobernador Sergio Estrada Cajigal declaró que los jueces de Morelos eran corruptos y que por eso estaban saliendo libres los delincuentes que su policía judicial había detenido, y prometió pruebas de su dicho. Nunca las presentó, lo cual tampoco significa que no haya entre las filas del Poder Judicial personas que usan la balanza como la Diosa Themis, pero sólo para pesar el dinero que reciben de cada una de las partes y en consecuencia emitir su veredicto.

El miércoles, el presidente de México, Felipe Calderón, economista de profesión, arremetió contra los juzgadores del país, a raíz de la liberación de Sergio Barraza.

“Lo que ocurrió en el caso de la señora Marisela, por desgracia, en Chihuahua, así fue. Que por un formalismo, quizá, los jueces tuvieron la oportunidad de no condenar. Y aquí también un llamado respetuoso al Poder Judicial. Yo digo que no todos, quizá ni la mayoría, pero sí hay, llega a haber jueces, que más que jueces, son verificadores de requisitos. Es decir, hacen un check list de todas las cosas que generalmente deben de cumplir: Bueno, aquí le faltó la firma del policía, para afuera”, acusó.

En parte tiene razón el mandatario, aunque no en el caso específico de la liberación de Sergio Barraza. Ahí el problema fue que los jueces tuvieron que aplicar un sistema que les impusieron por cuestiones políticas y para el cual no está preparada la sociedad mexicana.

Ciertamente, para la sociedad en general estuvo mal que los jueces dejaran en libertad a un tipo que en sus borracheras decía estar arrepentido de haber matado a su pareja por celos. Pero imagínese cuantas personas inocentes estarían en la cárcel si un juez tuviera que sentenciar con prisión a una persona que se confesó culpable pero no ante el juez, sino ante los policías que lo detuvieron, por ejemplo.

Ayer, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Formula, los jueces Catalina Ochoa, Nezahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudid dijeron que nunca hubo una confesión de  Barraza en la que haya indicado que él cometió dicho acto, ni siquiera una declaración, ya que ejerció su derecho a mantenerse callado, no declarar. Los magistrados explicaron que dejaron en libertad al presunto asesino porque se reservó el derecho que el artículo 20 Constitucional le otorga para no declarar, por lo que fue absuelto debido a falta de pruebas válidas y contundentes, que no tuvieron.

Pero como consecuencia de ello están destituidos, y aunque la Justicia Federal seguramente les otorgará un amparo en su momento, por lo pronto ya han sido “linchados” mediática y políticamente, hasta por el presidente de la República.

Algo que es digno de comentarse es que sus compañeros jueces no han salido en defensa de Catalina Ochoa, Nezahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudid. En Chihuahua no hay asociación de jueces, y los magistrados obedecen ciegamente al Poder Ejecutivo.

Por cierto, ya que hablamos de asociaciones de Jueces, en Morelos había dos, pero la segunda, creada durante la larga administración de Ricardo Rosas Pérez, está acéfala tras la jubilación de su presidenta, Elia Navarrete. De hecho, todo parece indicar que va a desaparecer, pues su líder moral y fundador, Alejandro Hernández Arjona, fue “desterrado” a un juzgado de Jojutla.

La otra Asociación, fundada en el año 2000 por los hoy magistrados Samuel Sotelo, Rocío Bahena y Nadia Lara, pretende resurgir con una serie de acciones tendientes a mejorar las condiciones de sus agremiados y el intercambio de puntos de vista con magistrados, agentes del Ministerio Público y Defensores.

Por lo pronto, hoy se reúnen con Emilia Acosta Urdapilleta, recién designada representantes de los juzgadores ante el Consejo de la Judicatura, pero no lo hacen a escondidas del presidente MiguelÁngel Falcón Vega.

DE TODO UN POCO

Piedra en el zapato.- En la controversia constitucional 88/2009 de la que comentábamos en la columna anterior, misma que habrá de resolver en forma definitiva la situación de seis nuevos magistrados designados por el Congreso cuando estaba feneciendo la anterior legislatura, hay un dato interesante:

En días pasados, el Segundo Tribunal Colegiado remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo en revisión 924/2010 interpuesto por el abogado Jaime Castera Toscano contra el decreto 1503 relativo a la reforma y adición a la Ley Orgánica del Congreso del Estado y su reglamentos para el Congreso Estatal, publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” de fecha 11 de julio de 2009.

El asunto recayó en la ponencia de la Ministra Margarita Luna Ramos, quien deberá analizar el caso y poner a consideración del Pleno un proyecto de resolución.

Y es que Jaime Castera Toscano es uno de los aspirantes al cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que fue descalificado por la anterior legislatura por no haber presentado el número exacto de páginas requerido para el ensayo jurídico que sirvió para evaluar a los aspirantes y porque las tesis jurisprudenciales no eran recientes, lo que se traduce simplemente en que no era de los “bendecidos” por San Oscar Sergio, quien hoy despacha como secretario de gobierno y le dejó el paquete a los diputados entrantes.

El  juicio de garantías de Castera Toscano (con muchos años de experiencia en el litigio y la administración pública) será una auténtica “piedra en el zapato” de la actual legislatura que se caracteriza por la falta de buenos abogados.

Luis Miguel, el lector de columnas.- Mañana hace un año que, estando de viaje por Michoacán para visitar a la familia (la mía, no la de “La Tuta”), me enteré que el diputado panista Luis Miguel Ramírez había subido a tribuna a leer esta modesta columna. Hasta meses después pude conseguir la versión estenográfica de la sesión para corroborar que, efectivamente, el legislador reprodujo textualmente mi escrito, refiriéndose a un servidor como “articulista vinculado con la fuente de seguridad pública y procuración de justicia”, pero sólo en la parte en la que afirmo que “no puede uno más que reírse ante las declaraciones absurdas que han hecho los legisladores tras la publicación de reportajes en medios nacionales relacionados con el gobernador Marco Adame Castillo” hasta donde termino diciendo que “nuestros diputados están creando una verdadera “bola de nieve” de hechos que si bien es cierto que mediáticamente impactan, jurídicamente son insignificantes”.

Es un honor que un legislador utilice nuestras opiniones para sustentar sus discursos en tan importante recinto. Lástima que el diputado panista no lo haya vuelto a hacer, sobre todo cuando en diversas columnas he mencionado datos concretos sobre el involucramiento de funcionarios panistas con el narcotráfico y el financiamiento de varias campañas políticas no sólo de panistas sino de candidatos en general.

El procurador, en capilla.- El diputado perredista y ex presidente municipal de Jiutepec, Rabindranath Salazar Solorio, solicitó por enésima ocasión la comparecencia del procurador Pedro Luis Benitez Vélez y habló de la posibilidad de removerlo del cargo. Es parte de la estrategia. La razón es que, ahora sí, el Ministerio Público está por resolver la averiguación previa JT/I/503/08-02 en la que el legislador tiene participación.