La Cámara de Diputados se encuentra inmersa en la peor crisis de imagen en muchos años,  ganándose a pulso el calificativo de “la peor legislatura de la historia”, un estigma que puede afectar a varios y varias que pretenden utilizar este cargo como trampolín para alcaldías o diputaciones federales.

En la actual legislatura hay gente valiosa. Algunos incluso los puedo considerar mis amigos. Sin embargo, cuando hablamos de “El Congreso” en su conjunto, se convierte en un ente amorfo e inefable que no camina ni para atrás ni para adelante. Es un obeso monstruo que se traga miles de pesos diarios sin dar ningún beneficio tangible, sino solamente existir.

Es una institución que últimamente se ha regido por la “ley del agandalle”, donde se han perdido las reglas mínimas de la política y no es extraño que quienes hoy se están mentando la progenitora mañana formen parte de un mismo bloque para conseguir un beneficio económico o de cualquier otra índole.

O bien, que se ofrezcan abiertamente al mejor postor como lo hizo Rufo Villegas.

Varios de los integrantes de esta Legislatura aspiran a presidir Ayuntamientos u ocupar curules en San Lázaro, o incluso hasta una candidatura para ser gobernador. La pregunta es si los dos años que les restan serán suficientes (suponiendo que a partir de este segundo periodo ordinario de sesiones comiencen a dar color) para quitarse el estigma de haber formado parte de la peor legislatura de la historia.

Una de las vertientes por las que el Congreso tiene graves problemas de imagen es por el incumplimiento en contratos con empresas de comunicación. Y es que la administración de Jorge Arizmendi comenzó a recibir facturas al por mayor, firmando contratos que ya no fueron respetados por sus sucesores.

Hoy la consecuencia es una campaña bien estructurada y sistemática  ¡pero en contra!

Por eso es muy poco lo que podrá hacer el veterano comunicador Enrique Duran Brito, relevo de Mónica Tola en el área de Comunicación del Congreso. Lo peor del caso es que, aún cuando pudieran cubrir los cientos de miles de pesos que adeudan a medios de comunicación, no hay nada qué publicitar a través de las pautas contratadas.

Eso se puede advertir en los noticiarios que transmite el Sistema de Radio y Televisión del Congreso, donde los reporteros  buscan afanosamente notas sobre actividades oficiales de sus 30 patrones, y lo único que pueden conseguir son declaraciones de los diputados sobre determinados temas generados en otras instituciones, no por su trabajo propio.

Y EN EL PODER JUDICIAL, CANCELAN PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Por increíble que parezca, mientras los poderes Ejecutivo y Legislativo cuentan con varios millones de pesos para difusión institucional y una plantilla de personal ex profeso, en el Poder Judicial el gasto para difusión es de cero pesos con cero centavos.

El Poder Judicial de la Federación, por su parte, cuenta con una impresionante infraestructura en materia de comunicación social e incluso hasta su propio canal de televisión que gasta aproximadamente 14 millones de pesos anuales. Todos los poderes judiciales de los estados tienen por lo menos una pequeña oficina para divulgar las actividades de sus diferentes áreas.

En el Poder Judicial de Morelos, desde el 2003 no hay ninguna oficina para esos menesteres. A raíz de la salida de Ricardo Rosas Pérez de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, el grupo disidente acordó que se establecería un área de Comunicación Institucional que estaría encabezada por un magistrado, específicamente el magistrado Andrés Hipólito Prieto, quien a su vez delegaría funciones en una oficina con personal capacitado en la materia bajo la batuta de un director general que cobraría algo así como 30 mil pesos mensuales.

Incluso, derivado de las negociaciones previas a la salida de Ricardo Rosas, ya hasta se tenía el nombre del que ocuparía ese cargo, en pago por sus servicios en el arte del golpeteo mediático contra Ricardo Rosas.

Hoy ese proyecto ha sido suspendido. Desde el regreso de vacaciones Andrés Hipólito no es ya vocero del Tribunal Superior de Justicia.

El manejo de la comunicación institucional en el Tribunal Superior de Justicia es ahora una incógnita entre muchas que tiene que resolver el presidente Miguel Ángel Falcón Vega, a quien ya comienzan a exigirle que cumpla con los compromisos contraídos o se atenga a las consecuencias.

LA VENEZOLANA PATRICIA MARISCAL

En marzo del 2008, en ocasión del Día Internacional de la Mujer,  le hice una entrevista a Patricia Mariscal Vega para la revista “Sólo para Abogados”, por tratarse de la abogada con mayor rango en el gabinete de Marco Adame Castillo. Comenzó por hacerme una síntesis de sus orígenes.

“Nací en Caracas, Venezuela, no obstante soy mexicana en virtud de que mi papá (Manuel Mariscal Abascal) es mexicano de nacimiento. Es la misma discusión que existe con Mouriño (se ríe).  Sólo estuve dos años allá, y después nos venimos para México porque a mi papá lo invitaron a echar a andar la fábrica de Cementos Moctezuma. El era ingeniero químico”.

Agrega que cursó la carrera de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en ese periodo estuvo viviendo en la capital del país. A su regreso a Morelos, ingresó a trabajar en la Notaría Dos del licenciado Hugo Salgado Castañeda, con quien estuvo laborando cerca de cinco años hasta que se presentó la oportunidad de hacer examen para aspirante a notario, cargo que obtuvo en 1991 ocupando el lugar que dejó el notario Juan Dubernard, quien por cierto se suicidó.

Contrario a lo que pudiera pensarse, Patricia Mariscal reconoce que no fue fácil su incursión como titular de una notaría, sobre todo porque el Colegio de Notarios era un “auténtico Club de Tobi”, donde había puros varones, dice.

“La Notaría tenía muchos problemas tanto fiscales como jurídicos, entonces fue para mí como un doctorado, porque tuve que sacar adelante tres mil 500 expedientes que se conocían en ese momento que estaban con problemas y aparte tuve que enfrentarme al problema de que habían 15 mil millones (de aquellos tiempos) que se adeudaban al fisco, dinero que los clientes habían pagado, pero la Notaría no lo había enterado”, recuerda la entrevistada.

-¿Y cómo resolvió el problema?-cuestionamos.

- Tuve que acudir a México, a la Secretaría de Hacienda, estaba entonces como subsecretario Francisco Gil Díaz y entonces se vio una fórmula para poder inscribir aquellos testimonios que estuvieran pagados pero no enterados para no causarle un perjuicio a la ciudadanía.

- Y ¿cómo es que alguien que ya tiene resuelta su vida tanto económica como profesionalmente decide venir aquí a encargarse de una oficina de gobierno?

- Mire, como todo en mi vida siempre he sido de retos, y como ciudadana he sido una crítica de los gobiernos porque siempre creí que las cosas no se estaban haciendo correctamente, y para mi sorpresa el señor gobernador me invita a trabajar con él en la Contraloría y, aunque suene como cliché, lo hice por Morelos.

- Patricia Mariscal no tiene necesidad de un sueldo en gobierno…

- En parte es eso, pero más que la cuestión económica, mi padre me dejó una gran responsabilidad que es el prestigio, el nombre que él forjó trabajando toda su vida en Morelos, entonces creo que yo tengo la responsabilidad de cuidar ese prestigio.

- ¿Cómo es que llega a ocupar el cargo de contralora?

-  Como te decía, yo siempre fui muy crítica, y para mi sorpresa el señor gobernador me invita a trabajar con él en la Contraloría. De momento le dije que me diera un tiempecito para pensarlo, para consensuarlo con mi esposo, con mis hijos, además de que la Notaría estaba de por medio. Entonces hablé con mi hijo y me dijo que estaba dispuesto a tomar la responsabilidad de la Notaría y mi esposo no solamente me apoyó, sino que me dijo que tenía que aceptar el cargo.

¿Le puso alguna condición al gobernador para aceptar el cargo?

No, ninguna. Mi compromiso con el gobernador fue trabajar; él me dijo que quería que la Contraloría actuara no de una manera persecutoria, sino de una manera justa hasta donde se pueda. Que si encontrábamos algo mal, que procediéramos contra quien fuera sin distingos de partidos ni de ningún tipo, y que le diéramos prioridad a la Contraloría Social.

¿Esta usted consiente de que la Contraloría estatal no tiene una buena imagen porque durante muchos años sólo sirvió para encubrir a los funcionarios del gobierno en turno y los procedimientos son demasiado lentos?

Pues yo le garantizo que por lo menos en este sexenio no va a ser así. Sí acepto que quizás los tiempos no han sido los que todos quisiéramos, yo me incluyo porque a mí me hubiera gustado que los tiempos de resolución fueran más rápidos porque estaríamos ya más sobre lo que hoy estamos que sobre lo de atrás. Sí le garantizó que no estoy aquí para tapar a nadie, no tengo una amistad con funcionarios del pasado; sí los conozco, nos saludábamos pero si usted se pone a ver la edad de los ex funcionarios no son de mi generación.

¿Y no la han buscado esos amigos o conocidos para interceder por alguien?

No, yo también estoy sorprendida porque yo también hubiera pensado que vendrían a verme, pero yo creo que no han venido porque me conocen y saben que no me prestaría a nada fuera de la ley.

¿Alguna vez ha tenido relación con algún partido político?

No, a mí todos los partidos me pedían, sobre todo en tiempos electorales que les certificara determinadas cosas y siempre lo hice sin cobrarles. Pero no pertenezco a ningún partido.

Se ha dicho mucho que las notarías son cargos que se utilizan para beneficiar a los amigos del gobernador en turno...

Bueno, en el último sexenio no ocurrió así. No hay que olvidar que hubo un funcionario que quiso que se le regalara una Notaría y se presentó a los exámenes  sin prepararse y los reprobó, así que no fue notario. Cada vez hay más exigencias y más requisitos para ser notarios.

¿A usted no le ayudaron para que fuera notaria?

No, al contrario. Parece que había gente que no estaba de acuerdo con que yo fuera notaria, por eso me dieron un examen que contenía un tema que no se hacía en una Notaría sino en la Reforma Agraria. Pensaban que no estaba preparada para ese cargo, pensaban que era una graciosa concesión, pero me preparé durante varios años y además sabiendo que no contaba con la simpatía de muchos, quizás no por ser Patricia Mariscal, sino por el hecho de ser mujer.

¿Y no ocurrió lo mismo cuando llegó al cargo de contralora?

Francamente yo así lo esperaba. Cuando nos reúnen a todos los miembros del gabinete yo esperaba ver más mujeres, pero me doy cuenta que soy la única y pensé que quizás por ese hecho no contaría con el apoyo de los demás funcionarios varones, pero afortunadamente fue todo lo contrario.

A dos años de distancia, el lector tiene la mejor opinión sobre si la funcionaria ha cumplido su promesa de “no ser tapadera de nadie”.

LA INEFICACIA DE LA CONTRALORIA

Al margen de la eficiencia o no de los titulares en turno, habría que preguntarse qué está fallando en la Contraloría del Estado, ya  que, hasta donde tenemos conocimiento, nunca ha logrado que un servidor público (de primer nivel) sea sancionado por las irregularidades cometidas y mucho menos devuelva lo que presuntamente se robó.

Una de dos: o la Contraloría ha sido utilizada para venganzas políticas o ésta ha sido incapaz de lograr que “el peso de la ley” caiga sobre los responsables.

Sólo por  citar un ejemplo, recordemos el caso de la que fuera directora del Instituto de  Cultura en el Estado durante la administración de Jorge Carrillo Olea, Mercedes Iturbe Argüelles,  quien en el 2001 fue encontrada responsable de la desviación de cinco millones de pesos, y como consecuencia  sancionada con la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 12 años y el pago de una multa de alrededor de dos millones de pesos.

Sin embargo, el 16 de febrero del 2004 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró nula dicha resolución de la Contraloría, pero ni siquiera entró al fondo del asunto, sino que concluyó que el proceso administrativo fue iniciado fuera del tiempo establecido por la ley de la materia. Contra esa resolución el gobierno de Sergio Estrada Cajigal interpuso un amparo, lo que fue interpretado en su momento como una “persecución política” en contra de quien ya era directora del Museo Palacio de Bellas Artes.

A finales del mes de octubre de 2004, se dio a conocer que Mercedes Iturbe presentó una demanda por presunto “daño moral” en contra de la contralora, Emma Margarita Alemán Olvera, a la que reclamó una indemnización por nueve millones de pesos.

Dentro del expediente 472/04 del Juzgado Cuarto de lo Civil con sede en Cuernavaca, Iturbe demandó por la vía civil a Alemán Olvera, argumentando que sufrió “daño moral y perjuicio a su fama pública”, debido a las supuestas declaraciones que habría hecho en su momento la entonces titular de la Contraloría del Estado de Morelos, en el sentido de que se realizó un proceso administrativo, derivado de una auditoria que terminó con la inhabilitación de la ex titular del ICM, para ocupar cargos públicos.

Dentro del expediente se presentaron como pruebas, varias notas de periódicos, en las que se informaba sobre la resolución administrativa de la Contraloría, que consideró que Mercedes Iturbe no justificó plenamente gastos por cinco millones de pesos; y por ello acusó a Alemán, de haber dañado su imagen, por la información que se publicó en medios de comunicación locales.

Sin embargo, al final, el juzgado determinó que no procedía la acción de reparación del daño, por lo cual la parte actora se fue a la apelación en Segunda Instancia, y el caso fue resuelto por los magistrados de la Primera Sala, confirmando la sentencia; ante ello, la afectada interpuso un juicio directo de amparo en el Segundo Tribunal Colegiado, que fue resuelto “para efectos” estableciendo que la Sala debería  fundar y motivar la resolución impugnada.

Mercedes Iturbe no pudo ver el resultado final de su demanda de reparación del daño moral. La muerte la sorprendió el primero de abril del 2007, víctima de una trombosis pulmonar.

Aunque después del fallecimiento de Mercedes Iturbe, la entonces  diputada local  Margarita Alemán Olvera exhibió el acta de defunción 003334 a fin de que ese asunto se diera por concluido, sin embargo, el Colegiado determinó que en virtud de que el juicio de amparo directo fue promovido por Luis Richia Velásquez, en su carácter de apoderado de la quejosa, ese abogado debería continuar en desempeño de su cometido hasta en tanto interviniere la sucesión.

Es por ello, que uno de los hijos de la ex directora, Emilio Maillé Iturbe, exhibió copia del testimonio en donde se le nombró albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Iturbe, y se le tuvo como apersonado en el juicio de amparo directo.

La próxima semana le tendré noticias de cómo va el asunto de otro de los “inhabilitados” por la Contraloría: Alfonso Pedroza Ugarte, quien hasta la fecha sigue laborando en el gobierno federal, y muy posiblemente se burlará de la Contraloría estatal.

DE TODO UN POCO

Hoy a las 11.- En la Casa de Encuentros el Colectivo El Pregón, el Colectivo de Izquierda Zapatista, El Colectivo Lazarillos  y la Diputada Hortencia Figueroa Peralta entregarán un reconocimiento a una veintena de hombres y mujeres que, en los últimos 30 años han aportado su testimonio  y congruencia en la lucha social de Morelos: La poeta América Menéndez, los sindicalistas Pedro Ortega, Sabas Rendón, Gabriel Muñoz, Víctor Ariel Bárcenas, Francisco Hinojosa, Armando Mier,  Santiago Escotto, Isaías Cano, Raymundo Jaimes, Ramón Quiroz los abogados Jorge Viveros, Cecilia González Arenas, Jorge Basurto, como activistas Félix Basilio Guadarrama, Laura Bustos y Armando Soriano.

Y el próximo viernes.- El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) organiza la Conferencia Magistral "La Transparencia y la Cultura Jurídica vs. la corrupción”, la cual se realizará en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Cultura Jurídica, "Ministro Teofilo Olea y Leyva"  de Cuernavaca.  Participará el Dr. Edmundo González Llaca, destacado especialista en el tema.