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Las dos facciones en el Legislativo mantienen sus diferencias sobre la asignación de recursos; afirman que sesionarán hasta la próxima semana.

La negociación para aprobar el Paquete Económico 2019 sigue entrampada en el Congreso del estado, a causa de la postura dividida entre las fuerzas po­líticas. Los legisla­dores locales convoc­aron ayer a un nuevo receso dentro del periodo extraordina­rio que abrieron des­de el pasado 27 de diciembre. La nueva convoca­toria a sesionar se fijó para el próximo martes 8 de enero a las 7 de la noche.
El acuerdo se tomó en la mesa de traba­jo en la que coincid­ieron los 20 legisla­dores la mañana de este viernes, y en la que se reunirían con el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, para tomar acuerdos y dictaminar el proyecto de la Ley de Ingre­sos y Presupuesto de Egresos 2019. Sin embargo, en dicho encuentro los legisla­dores sólo lograron el acuerdo de aprobar un nuevo rec­eso legislativo, que se ratificó en la se­sión extraordinaria que se desarrolló por la tarde-noche.
Por la mañana, los diputados fijaron, por separado, su pos­tura respecto al Paq­uete Económico. La diputada priista Rosa­lina Mazari Espín, presidenta de la Comi­sión de Hacienda, Pr­esupuesto y Cuenta Pública, acompañada de la panista Dalila Morales Sandoval, pr­esentó la propuesta que cinco legislad­ores respaldan, incl­uida la bancada del Partido Encuentro So­cial (PES) y acusó a sus 15 homólogos re­stantes de haber par­alizado la aprobación del presupuesto al no haber acudido a las mesas de trabajo a las que convocó en varias ocasiones.
La diputada sostuvo que la propuesta está basada en un int­erés general y no pa­rticular, y resaltó los incrementos propuestos en salud y seguridad pública.
Minutos más tarde, los diputados del Grupo de los 15 tambi­én ofrecieron una rueda de prensa en la que dieron a conocer una contrapropuesta a lo que impulsó el Poder Ejecutivo y en la que ratificaron su rechazo al programa de reemplacamiento vehicular, a conce­sionar por 30 años el servicio de conf­inamiento final de la basura y a autoriz­ar al gobernador a disponer a discreción del presupuesto. 
La diputada del Pa­rtido Nueva Alianza (PANAL), Blanca Niev­es Sánchez Arano, re­chazó que estén neg­ociando "moches" a cambio de aprobar el Paquete Económico y aseguró que se trata de confundir a la ciudadanía con esa ve­rsión, pues lo que buscan es integrar un "presupuesto soci­al".
Tania Valentina Ro­dríguez Ruíz, coordi­nadora del Partido del Trabajo (PT), afi­rmó que no cederán a la propuesta que im­pulsaron como mayoría legislativa y si es necesario se podrí­an pasar meses en lo­grar un acuerdo.
La diputada de Mov­imiento de Regenerac­ión Nacional (Morena­), Alejandra Flores Espinosa, negó que el presupuesto esté "entrampado", sino que está sobre la mesa de negociación y en base a sus facultad­es como Poder Legisl­ativo es que han hec­ho una propuesta dis­tinta a la del Pod­er Ejecutivo.
El nuevo receso de­ntro del periodo ext­raordinario para vot­ar el Paquete Económ­ico fue aprobado con 16 votos a favor y cuatro en contra. 

Mientras tanto, a la sesión acudieron tran­sportistas que pidie­ron a los diputados no aprobar el reemplacamiento para el tr­ansporte público, mientras que los alcaldes de Tla­quiltenango y Cuautla solicitaron a los legisladores destrabar el tema pre­supuestal.

Dan marcha atrás al proyecto para concesionar el servicio de confinamiento de la basura.

El programa de reemplacamiento que el gobierno del estado pretende aplicar a partir de febrero próximo, podría ser cancelado por el Congreso del estado, ante la postura dividida de los legisladores sobre la viabilidad de que se cobre este derecho a los ciudadanos.
La diputada panista Dalila Morales Sandoval informó que una mayoría de legisladores busca cancelar el programa que aplicaría directamente de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), al considerar que afecta la economía de los ciudadanos. 
Sin embargo, explicó, otro grupo de diputados respalda la propuesta del Poder Ejecutivo, que no ha cedido a la inaplicación del canje de placas de los vehículos particulares.
"Algunos plantean que no se aplique de manera definitiva y otros que se revise el monto del concepto que se va a cobrar, aunque hemos visto que en el gobierno de Graco Ramírez el monto fue más alto", agregó.
La legisladora local confirmó que ya se han logrado coincidencias entre los diputados para que este viernes se apruebe la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019, acuerdos que se han tomado con el Ejecutivo también, como es la eliminación del proyecto para concesionar el servicio público de confinamiento final de la basura.
"Hemos visto disposición del Ejecutivo, como el tema de la basura y, ellos, sin mayor preámbulo, la han quitado del presupuesto... en el tema de concesiones de bienes inmuebles totalmente está retirado, de apoyar más al tema de salud, se ha podido transitar en otorgar un apoyo extraordinario a la universidad... eso es lo que tenemos que hacer, llevar propuestas concretas y no sólo ir a pedir un receso para alargar el tema", explicó. 
Admitió que aún hay discrepancias respecto a varios puntos, pero el próximo viernes se instalará una mesa de trabajo con los 20 legisladores para que la tarde de ese mismo día se someta a votación del Pleno un dictamen del Paquete Económico 2019.

Se comprometieron a abrogar las "pensiones doradas" concedidas a exfuncionarios, así como a cancelar beneficios a fiscales y notarios públicos otorgados por la anterior legislatura, entre otras promesas.

A cuatro meses de que inició la LIV Legislatura, la abrogación de las "pensiones doradas" a favor de exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez y la cancelación de beneficios a favor de los fiscales y a notarios públicos otorgados por la pasada legislatura, son algunos de los compromisos pendientes de los diputados locales.
Aunque los legisladores garantizaron que darían marcha atrás a los abusos cometidos por sus antecesores y se les castigaría por el mal uso que cometieron en el ejercicio de los recursos financieros del Congreso local, hasta el momento sólo han sido compromisos mediáticos.
De acuerdo con la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, aún estaban bajo investigación las jubilaciones que aprobó la LIII Legislatura a favor de funcionarios de alto nivel de la administración pasada, la mayoría cuestionadas por los altos montos autorizados y, sobre todo, por su legalidad.
Los integrantes de la LIV Legislatura tampoco concretaron la contrarreforma que comprometieron a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para eliminar los beneficios otorgados por los exlegisladores a favor de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, respectivamente, quienes al finalizar su encargo recibirán una pensión y seguridad personal de por vida.
La creación de una nueva Ley del Notariado Público para eliminar la que aprobó la LIII Legislatura y que garantiza la inamovilidad de los notarios públicos, también se pospuso para su revisión en el segundo periodo ordinario de sesiones, que iniciará en febrero próximo, a pesar que fue una de las primeras iniciativas impulsadas por los diputados en septiembre pasado y, posteriormente, secundada por una propuesta que presentó el Poder Ejecutivo en diciembre pasado.
Los legisladores tampoco han informado de los avances en las investigaciones que iniciaron por el presunto mal uso de los recursos del Congreso del estado, cometido por la LIII Legislatura. Sólo han señalado el déficit financiero que recibieron, cuya cantidad va de los 50 millones a los 90 millones de pesos, según versiones de diferentes diputados.

Los diputados no se ponen de acuerdo para la sesión extraordinaria de hoy; división en los grupos mayoritarios.

El Congreso del es­tado nuevamente se encuentra dividido an­te la aprobación del Paquete Económico 2019. Este sábado, di­putados locales del Partido Encuentro So­cial (PES), del Revo­lucionario Instituci­onal (PRI) y de Acci­ón Nacional (PAN) in­tentarán aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egre­sos del gobierno del estado aún sin el consenso de los legis­ladores del Partido del Trabajo (PT) y de Movimiento de Rege­neración Nacional (M­orena) y del resto de las fuerzas políti­cas.
La coordinadora del Partido del Trabajo (PT), Tania Valent­ina Rodríguez Ruíz, afirmó que todo el proceso que llevó a cabo la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública pa­ra dictaminar el Paq­uete Económico se ll­evó cabo fuera de la legalidad, incluso la convocatoria para abrir un periodo extraordinario este día.
Sostuvo que los le­gisladores del PES, PRI y PAN pretenden la aprobación de la Ley de Ingresos, Pre­supuesto de Egresos y otras reformas en materia hacendaria, sin atender a las observ­aciones que el PT y otras fuerzas políti­cas han hecho a la iniciativa.
La legisladora y los diputados de su grupo tratar de boicotear la aprobación al titu­lar del Poder Ejecut­ivo de la facultad de redireccionar el pres­upuesto a su libre determinación y sin la autorización prev­ia del Congreso del estado, como en la administr­ación estatal pasada.
De la misma forma, dijo que también se oponen a que se com­prometan recursos de la seguridad y salud pública para la co­ntratación de deuda, por lo que propondr­án que el endeudamie­nto quede prohibido para todo el gobierno del estado, inclui­do el Congreso y el Poder Judicial.
Los opositores también pl­antearán que se modi­fique la propuesta del Ejecutivo para que el gobernador se haga cargo del ejerci­cio de los recursos de cada dependencia estatal y no sólo los secretarios o titu­lares de cada órgano. 
En cuanto al pres­upuesto del Congreso local,  propondrán que se reduzca de 420 millones de pesos a 350 millone­s, a fin de garantiz­ar austeridad en este poder.
Tania Valentina Ro­dríguez Ruíz aseguró que no avanzarán en la aprobación del Paquete Económico sino se atienden las pr­opuestas de todas las fuerzas políticas. "No hay prisa, tene­mos hasta el 31 de diciembre", agregó.

Este sábado por la mañana, los diputad­os locales abrirán un periodo extraordin­ario de sesiones para la aprobación del Paquete Económico 20­19.

Integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) solicitaron al Congreso del estado aumentar el presupuesto para el agro morelense a 200 millones de pesos, con la finalidad de que se dé continuidad en los programas sociales.
En el marco de la mesa de trabajo que legisladoras llevaron a cabo ayer de la Comisión  de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local para continuar con el análisis del Paquete Económico 2019, campesinos solicitaron el apoyo del Congreso del estado para se destinen recursos suficientes para el sector.
Juan Carlos Rivera Hernández, líder de la CNC, aseguró que a nivel federal se aprobó un recorte para el agro de 11 mil millones de pesos, lo que impactará a todos los estados del país. Dijo que es necesario  se asignen más recursos del estado para dar continuidad a programas que ayudaron al desarrollo de los campesinos. 
"Lo que buscamos es que se contrarreste ese recorte que hubo porque sí es muy grave lo que pueda haber en el campo, todos esos avances que se han generado por años puede haber un retroceso y eso es muy riesgoso para la forma de vida del campo sobre todo la gente que viva en las zonas rurales más alejadas", declaró. 
De acuerdo  Rivera Hernández en Morelos 60 mil campesinos dependen del presupuesto del estado y la Federación para cultivar sus productos o para la crianza de animales.

La Federación asignará cerca de 600 millones de pesos para ese rubro en Morelos.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que buscarán asignar una partida presupuestal extraordinaria en el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado para la reconstrucción de viviendas, así como de la infraestructura educativa y de salud del estado que sufrió daños a causa del sismo del 19 de septiembre del 2017.
Explicó que la propuesta del Paquete Económico para el 2019 no contempló el tema de la reconstrucción.
Refirió que la justificación que dio el secretario de Hacienda estatal, Alejandro Villarreal Gasca, fue que la Federación asignaría cerca de 600 millones de pesos para la reconstrucción. 
Además, dijo que siguen a la espera que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregue la información que el Congreso del estado solicitó para conocer las observaciones que se hicieron al gobierno de Morelos en el ejercicio de los recursos que se asignaron el año pasado y en este 2018 para la reconstrucción del estado y que fueron aplicados por el fideicomiso "Unidos por Morelos", ya que no fueron utilizados para apoyar a los damnificados.

Los diputados locales abrirán un periodo extraordinario de sesiones, este sábado, para la aprobación del Paquete Económico 2019 y de diversas reformas en materia hacendaria.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que aún no se han logrado los consensos necesarios para dictaminar y aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el gobierno del estado.
Sin embargo, explicó que hoy se llevará a cabo una última mesa de trabajo con el secretario de hacienda Alejandro Villarreal Gasca, para buscar generar los acuerdos que permitan que este sábado el Pleno del Congreso apruebe el Paquete Económico.
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) refirió que debido a las diferencias que existen en la distribución del Presupuesto de Egresos, se determinó convocar a periodo extraordinario para este sábado y permanecerá abierto "el tiempo que sea necesario".
El acuerdo aprobado en la sesión de la Diputación Permanente, se incluyeron sólo cuatro puntos a tratar: la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2019, una reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria y diversas modificaciones al Código Fiscal, así como a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, explicó que se busca generar los consensos en diversos temas, donde existen diferencias, como es la asignación del presupuesto a favor de los órganos electorales del estado, el proyecto en materia de tratamiento de residuos sólidos que busca impulsar el Poder Ejecutivo y otros asuntos que este jueves se discutirán. 
La legisladora local manifestó su confianza en que este viernes se logre dictaminar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como las reformas en materia hacendaria, para que el próximo sábado se sometan a consideración del Pleno del Congreso del estado.

El Congreso del estado alista una reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del estado de Morelos, a fin de generar las condiciones financieras que requieren los nuevos municipios indígenas para que se puedan instituir a partir del 1 de enero del próximo año.
De acuerdo a los decretos de creación de Coatetelco, Xoxocotla, Hueyapan y Tetelcingo, el Poder Legislativo contaba con 180 días naturales a partir de su publicación (en diciembre del 2017), para adecuar las leyes locales necesarias para la instalación de los nuevos municipios, plazo que se venció desde el mes de julio pasado.
El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, explicó que debido a las omisiones de los integrantes de la LIII Legislatura, ahora deben aprobar las reformas legales necesarias para que el 1 de enero entren en funciones los municipios, a pesar de los problemas sociales y jurídicos que existen para la instalación de los Concejos Municipales que fungirán como autoridades administrativas.
El entrevistado reiteró que el Poder Legislativo no será omiso y garantizará las condiciones legales para que los cuatro municipios empiecen a operar. Sin embargo, admitió que por la falta de acuerdos para la integración de los concejos, podría haber problemas para que funcionen en paz y tranquilidad.
La reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria que se aprobaría en sesión extraordinaria, convocada para el próximo sábado, incluye a Coatetelco, Xoxocotla, Hueyapan y Tetelcingo en la distribución de las participaciones federales, así como de las aportaciones estatales que se destinan para los municipios.

Pospusieron la destitución de los fiscales general y anticorrupción.

No pagaron aguinaldo a los trabajadores del Congreso.

El Congreso del estado abrirá un periodo extraordinario de sesiones, la próxima semana, para aprobar el Paquete Económico 2019. El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que previo a la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, llevarán a cabo mesas de trabajo para que haya consenso entre todas las fuerzas políticas sobre el tema. 
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública presentó ayer ante el Pleno de la Diputación Permanente la solicitud para que se convoque a periodo extraordinario de sesiones y pueda aprobarse el Paquete Económico, después de que el sábado pasado, el Poder Ejecutivo presentó su propuesta al Congreso local.
Sotelo Martínez explicó que hoy se reunirán con el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, para que resuelva las dudas de los diputados y la próxima semana haya un acuerdo de mayoría para aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.
De acuerdo al legislador del Partido Encuentro Social (PES), en el periodo extraordinario sólo se abordará el tema presupuestal, con la aprobación de reformas al Código Fiscal y a la Ley General de Hacienda.

Posponen proceso de remoción de fiscales
Alfonso de Jesús Sotelo Martínez informó que el proceso de remoción de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, no se abordará en el periodo extraordinario, pues se acordó posponerlo. 
Explicó que el tema seguirá en revisión, mientras se reúnen todos los elementos para concretar la destitución de los dos fiscales, ya que ambos se ampararon ante la justicia federal en contra del proceso que inició el Congreso del estado por no haber cumplido con los exámenes de control de confianza.

Trabajadores del Congreso se van de vacaciones sin aguinaldo

Por otro lado, el presidente de la Mesa Directiva informó que no pagaron aguinaldo a los trabajadores del Congreso del estado, que el martes pasado salieron de vacaciones.
Dijo que el Poder Ejecutivo les informó que no está en condiciones de aprobar una ampliación financiera para el Congreso, ya que también está a la espera de que el gobierno federal le autorice recursos extraordinarios.
Sotelo Martínez confió en que en este año puedan cumplir con dicha obligación laboral, aunque no descartó que pudiera lograrse hasta el próximo año.

Se privilegian áreas como educación, salud, campo, cultura, deporte, obra pública y otras, señala el gobierno estatal en su propuesta; los diputados lo aprobarán en un periodo extraordinario.

Autorizan leyes de ingresos de nuevos municipios.

La LVI Legislatura recibió este sábado el proyecto de Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2019, mismo que tuvo entrada y será analizado para posteriormente ser aprobado en un periodo extraordinario antes de que concluya el año.

Dicho proyecto fue presentado la tarde de ayer sábado por el titular de la Secretaría de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, quien manifestó que el paquete presupuestal para el 2019 es del orden de los 24 mil 653 millones de pesos. El funcionario explicó a los legisladores que sólo son dos mil millones de pesos más de los que se erogaron en el 2018.

Los diputados Rosalina Mazari Espín y Alfonso de Jesús Sotelo Martínez pidieron realizar modificaciones al orden del día para aprobar la propuesta presupuestal presentada por el Ejecutivo estatal, así como también una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda y el Código Fiscal, así como también modificaciones a la Ley de Coordinación Hacendaria.

Cabe señalar que en esta misma sesión se aprobó el proyecto de decreto de las Leyes de Ingresos del ejercicio fiscal 2019 de los municipios de nueva creación como Xoxocotla, con un monto de 85 millones 847 mil 302 pesos; Coatetelco, con un presupuesto de 30 millones 357 mil pesos, y Hueyapan, con un monto de 35 millones 618 mil pesos.

Tras aprobar dichas iniciativas, se declararon clausurados los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional y se instaló la diputación permanente.

Se privilegian áreas que contribuyen al desarrollo social: Villarreal Gasca

Al entregar al Congreso del estado la propuesta de paquete económico 2019, el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, destacó que en materia de inversión, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco dio privilegio a las áreas que contribuyen al desarrollo social, como son educación, salud, campo, cultura, deporte, obra pública y otras acciones para convertir a Morelos en “anfitrión del mundo”.
A ello se suma la gestión que el gobierno de Morelos realiza ante el Gobierno de México por la cantidad de 10 mil millones de pesos para obras de infraestructura que coadyuven al desarrollo regional.
El paquete económico 2019 se elaboró de manera responsable, pensando en el bienestar de la ciudadanía y el progreso de Morelos, afirmó.
La propuesta descarta el aumento o la creación de nuevos impuestos, asimismo, establece que el salario de los funcionarios continúa en el mismo tabulador del año que concluye.
Para el Poder Judicial se propuso un presupuesto de 700 millones pesos; para el Legislativo, 420 millones, y para el Poder Ejecutivo, mil 800 millones, entre los que se incluye la inversión y el gasto corriente.
La entrega del proyecto de Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos 2019 se realizó ayer en el recinto del Poder Legislativo. La recibieron el diputado presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y la diputada presidente de la Comisión de Hacienda, Rosalina Mazari Espín.
Los legisladores señalaron que tanto el Presupuesto de Egresos como la Ley de Ingresos serán analizados a conciencia en los próximos días, para lo cual se prevé la apertura de una sesión extraordinaria, con el propósito de tomar decisiones acertadas.
En la entrega del documento también estuvieron las diputadas Tania Valentina Rodríguez, Blanca Nieves Sánchez, Alejandra Flores, Dalila Morales y el legislador Andrés Duque.

El juicio político promovido por la pasada Legislatura de Morelos en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo fue suspendido esta mañana por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a petición de los actuales diputados locales.

“Esta mañana fuimos convocados a una sesión de pleno, donde el Congreso  del Estado la semana pasada solicitó el desistimiento de los hechos que fueron motivo del juicio político que había presentado en diciembre de 2016, una vez que recibimos la solicitud, como ustedes bien saben, se nombró una comisión instructora, la cual se integraba del magistrado Manuel Díaz Carvajal, Elda Flores y su servidora y entonces esta comisión dio vista al fiscal porque forma parte de lo que establece en este procedimiento la ley y asimismo al ciudadano, hoy gobernador del estado, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera”.

“Una vez analizado esto, hicimos, la comisión instructora, hicimos la resolución donde declaramos el desistimiento de los hechos que motivaron el juicio político y con esto como consecuencia el sobreseimiento de la misma y esto es lo que se resuelve en esta mañana por unanimidad de los 16 votos de los magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia”, expresó María del Carmen Verónica Cuevas, presidenta del TSJ.

El juicio fue promovido en diciembre de 2016 en contra de Blanco Bravo, entonces alcalde de Cuernavaca, por presuntamente no cumplir con los requisitos de elegibilidad en la contienda por la presidencia municipal de esa ciudad.

En el proceso el ahora gobernador obtuvo una suspensión a su favor de la Suprema Corte de la Nación, la cual impedía que los magistrados del TSJ dictaran un fallo al respecto.

Dos años después de su inicio, el mismo Poder Legislativo, pero con otros integrantes, pidió cancelar el procedimiento.

“Podemos entender que ya no hay ninguna instauración de juicio político en contra de nuestro señor gobernador y que hay tranquilidad en nuestra ciudadanía y que el Tribunal Superior de Justicia actuó con justicia”.

“El juicio político lo presenta la anterior legislatura y lo hace un ciudadano, eso es todo lo que podría decirles. Ya se concluyó el tema”, expresó la magistrada presidenta del tribunal.

El pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), lamentó y rechazó los hechos de violencia generados por presuntos habitantes del poblado de Xoxocotla en contra del personal y las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Morelos y del Congreso local.
Las y los consejeros electorales, conjuntamente con los representantes de los partidos políticos, se pronunciaron a favor de la tolerancia y el respeto, y caminar hacia una democracia pacífica, por lo que manifestaron su solidaridad y apoyo hacia autoridades y personal del Tribunal Electoral del Estado de Morelos y del Congreso local.
Asimismo conminaron en conjunto, a las autoridades y la población en general, a ser sensibles y buscar los mejores canales de comunicación para la solución de los problemas, y a la población a no ejercer actos de violencia y buscar mecanismos y caminos que privilegien la solución a los problemas de sus comunidades.
También lanzaron un “rotundo pronunciamiento” para que la tolerancia y el diálogo sean pilares para la transición pacífica y que nunca deban resolverse los problemas a través de actos violentos, y mucho menos que las autoridades sean presionadas a través de los mismos.
Finalmente, durante el pronunciamiento emitido desde el seno del CEE del Impepac se conminó a no desprestigiar el trabajo de las instituciones mediante actos que no contribuyen a la generación de acuerdos para el desarrollo del Estado de Morelos, como lo es la violencia.

El Legislativo hace llamado al gobierno del estado a resolver el asunto en mesas de trabajo.

El Congreso del estado solicitó de manera urgente al Poder Ejecutivo iniciar mesas de trabajo para resolver la instalación de los municipios indígenas de Xoxocotla, Coatetelco y Hueyapan.
Mientras el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, requirió al Poder Legislativo información respecto a la situación territorial, patrimonial y poblacional de los nuevos municipios para que se proceda al proceso de entrega-recepción y a la asignación presupuestal, a 16 días de que concluya el año, ayer, diputados locales respondieron que no es facultad del Congreso y solicitaron se instalen mesas de trabajo como un asunto de corresponsabilidad.
Mediante un acuerdo emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Territorial y Pueblos Indígenas aprobado este jueves, los diputados locales hicieron la solicitud al Ejecutivo, ya que no existen condiciones para que se instalen los municipios indígenas.
En el oficio enviado al secretario de Gobierno, los diputados hacen hincapié en que el próximo sábado concluye el periodo ordinario de sesiones, por lo que el tema de los municipios indígenas deberá atenderse en las próximas horas.

Ni siquiera hay presupuesto para el pago de aguinaldo de los trabajadores sindicalizados y de confianza, señala.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, garantizó que como diputados no se asignarán bono de fin de año, pues no cuentan con presupuesto para el pago de aguinaldo de los trabajadores sindicalizados y de confianza.
"No tenemos esa calidad de empleados del Poder Legislativo. Ni siquiera va a ser un tema de doble discurso, que vamos a salir a los medios a decir una cosa y a hacer otra. Decirlo de manera categórica, ni siquiera completamos para los empleados para pagarle su aguinaldo y nadie de los diputados se me ha acercado para decirme algo", aseguró.
El legislador del Partido del Encuentro Social (PES) refirió que el Poder Ejecutivo sigue sin responder a la solicitud de ampliación presupuestal por 20 millones de pesos que el Congreso del estado planteó desde hace un mes, por lo que requerirá una mesa de trabajo para que se revise el tema de manera urgente.
Por otro lado, rechazó que el Poder Legislativo pretenda asignarse un presupuesto de 500 millones de pesos, como se acordó en la Junta Política y de Gobierno desde hace dos meses.
Sotelo Martínez sostuvo que fueron rumores y que se apegarán a un plan de austeridad, como se busca a nivel federal.
Refirió que revisarán que el Paquete Económico a aprobar para el 2019 sea austero y social, el cual se desahogará en los próximos días, cuando reciban la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno del estado.

Sigue atorada la remoción de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, admitió que el divisionismo que hay en el Congreso del estado podría paralizar los asuntos pendientes por desahogar en las horas restantes a la conclusión del período ordinario de sesiones, como es la remoción del fiscal general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.
La coordinadora del Partido del Trabajo (PT) convocó a sus homólogos a la unidad para sacar adelante los temas de la agenda legislativa, sobre todo a los legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se oponen a la destitución de los 'fiscales carnales'.
A pesar que Tania Valentina Rodríguez Ruiz creó un grupo de nueve diputados en favor y en contra de varios temas, también pidió a sus compañeros morenistas trabajar en conjunto, ante la intención de ese grupo parlamentario de removerla de la Junta Política y de Gobierno.
"Yo no creo que vale la pena cambiar al presidente de la junta, porque no creo que haya ingobernabilidad en el Congreso, creo que hay puntos de vista distintos y están en su derecho de querer la junta, pero me preocuparía más por decirles que nos unamos para sacar a los fiscales el día de mañana", agregó. 
La legisladora, sin embargo, rechazó que las diferencias entre las fuerzas políticas durante los primeros cuatro meses de la LIV legislatura hayan sido causa de que no hayan dado los resultados esperados por la ciudadanía. 
"La agenda legislativa fue rápida(...) tuvimos comparecencias, entrega-recepción, la verdad es que ha sido muy poco tiempo, creo que la agenda da para más y tendremos que cambiar con Morena, que entiendan que no es personal", aseveró la presidenta de la Junta Política y de Gobierno.

Señala que el reto del blanquiazul es reencontrar a la militancia.

La mañana de ayer miércoles, Juan Carlos Martínez Terrazas rindió protesta como dirigente en Morelos del Partido Acción Nacional (PAN) para el periodo 2018-2021; en el acto, el panista manifestó que el reto del blanquiazul es reencontrar a la militancia.

Tras rendir protesta, Martínez Terrazas adelantó que a partir de enero generarán, conjuntamente con sus estructuras, la plataforma legislativa para influir en la agenda pública de Morelos.

“El PAN en Morelos camina hacia una nueva etapa. Hoy nuestra responsabilidad y tarea está en regresar a las causas más graves y urgentes para la gente”, dijo durante su mensaje.

Señaló que la unidad no sólo implica un acuerdo de cúpulas, sino darle la oportunidad a todos, sin distinción de cargos, de tiempo de militancia o, incluso, de amistad.

Adelantó que el PAN no sólo criticará, sino que será una oposición seria y propositiva, abordando temas que sean de interés social.

Informó que sostendrá una reunión con la diputada panista Dalila Morales Sandoval, para conocer la situación que se vive en el Congreso del estado, y le pedirá que actúe de acuerdo a la legalidad y transparencia. “Se tienen que acabar los intereses. El Congreso debe dejar de ser una oficialía de partes en donde se tomen decisiones en lo oscurito para beneficio de un grupo compacto”.

Amenazan con parar labores desde hoy si no les dan fecha de pago.

Trabajadores sindicalizados del Congreso del estado encararon a los diputados y exigieron el pago de su aguinaldo. Amenazaron con parar labores si no se les cumple con dicha prestación laboral.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Erick Alejandro Reyes Chávez, informó que aún se les deben dos de los tres meses de aguinaldo a los que tienen derecho, ya que la LIII Legislatura pagó un mes de los dos que estaba obligada a cubrir. 
Sin embargo, dijo que los legisladores sólo les han respondido que el Congreso del estado no tiene presupuesto para cumplir con dicha obligación.
"Nosotros creemos que eso no puede ser el impedimento que nos haga valer nuestro derecho que ya está por ley. Ellos tienen que darnos una certeza de qué va a pasar con nuestro aguinaldo. No podemos llegar al día en que por ley nos tienen que hacer el pago y no nos lo hagan", manifestó el líder sindical. 
Reyes Chávez no descartó un paro de labores si los diputados no cumplen con el adeudo a trabajadores, pues además del aguinaldo, se les deben -desde la legislatura pasada- otras prestaciones acordadas en el convenio contractual.
El plazo para que se les cumpla con el pago de aguinaldo, según el líder sindical, es el 20 de diciembre. 
Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que están a la espera de una respuesta de la Secretaría de Hacienda a la solicitud de ampliación presupuestal por 20 millones de pesos, para cumplir con el pago de aguinaldos a los trabajadores sindicalizados y de confianza.

La dirigencia seccional se pronuncia por la fiscalización de los recursos que utilizó el organismo “Unidos por Morelos”.

La secretaria general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada, señaló que hay 60 escuelas con daños por el sismo del 2017 sin haber sido reconstruidas. Se pronunció por que el Congreso local revise a fondo la aplicación y destino del dinero que autorizó la legislatura pasada para el organismo “Unidos por Morelos”.

La lideresa sindical comentó que hay confianza en que con el plan nacional de reconstrucción que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en Jojutla, este martes, se agilicen los trabajos en los planteles que no están al cien por ciento.

Apuntó que en el recuento inicial oficial –hecho tras el temblor- se consideraron alrededor de 120 planteles con diversos niveles de daños. Las escuelas que tuvieron afectaciones menores fueron restauradas, pero no con buena aceptación de los maestros, que consideran que no se hizo un buen trabajo.

Pero destacó que de las que tuvieron daño total, ninguna fue reconstruida por el gobierno estatal. Sólo dos planteles han sido concluidos, pero con aportaciones de una fundación de judíos que ha invertido en este rubro y dejaron “las instalaciones preciosas”, pero con los fondos públicos no se ha trabajado como se esperaba.

Aseguró que en recorridos que ha hecho el comité seccional, han constatado que hay escuelas que siguen trabajando en instalaciones prestadas y otras en carpas, lo que consideró injusto para los estudiantes y también para los profesores.

Bañón Estrada comentó que han dialogado con autoridades actuales del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos, con quienes acordaron que se llevarán a cabo los trabajos en coordinación con el SNTE, que está en la mejor disposición de ofrecer la información detallada sobre las condiciones que existen en cada escuela.

De igual modo, Bañón Estrada manifestó que el Congreso local deberá revisar a fondo la aplicación de los recursos de "Unidos por Morelos" que la pasada legislatura autorizó al Ejecutivo en el sexenio pasado y que, por lo menos en escuelas, no se aplicaron.

Recodó que de los fondos de aportaciones inmediatas, sólo se entregó una parte a algunos directores de escuelas, pero era insuficiente, y en algunas otras jamás llegó ese dinero, por lo que -de igual manera- consideró que las actuales autoridades estatales y federales deberán revisar su aplicación o destino.

Acusan a Uriel Carmona Gándara de haber impuesto a su esposa en notaría.

En medio de enconos y acusaciones sobre un proceso viciado y a "capricho" de los legisladores, el Congreso del estado avanza en la remoción de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.
Ayer, los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidieron a la Mesa Directiva se revise el proceso que se inició en contra de los fiscales, por estar viciado de origen. Incluso, el legislador Marcos Zapotitla Becerro sostuvo que dichas violaciones reiteradas a la ley por el Congreso se han cometido a propósito, con el fin de que los fiscales puedan impugnar el proceso y permanezcan en el cargo. Por tal razón, se pronunció por proceder de manera correcta y reunir las causales necesarias para la destitución de los funcionarios.
Sin embargo, los legisladores del Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) advirtieron que el proceso continúa y que la destitución de Uriel Carmona y Juan Salazar se concretará en las próximas horas. 
La coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, afirmó que han actuado en base a la ley e insistió en que existen elementos jurídicos suficientes para concretar la destitución de los dos funcionarios antes mencionados.
José Casas González, diputado del PT, advirtió que iniciarán un juicio político en contra de sus homólogos de Morena por oponerse a que se cumpla con la ley y se remueva a quienes fueron impuestos de manera ilegal y no han cumplido con su trabajo.
Ayer, finalmente reinició la sesión ordinaria suspendida el martes 4 de diciembre pasado y el proceso de remoción se turnó a la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, con la oposición de Morena, PRD y el Partido Social Demócrata, que pidieron que se analizara en la Junta Política y de Gobierno para que todas las fuerzas políticas determinen si hay elementos para avanzar en el tema.

Zapotitla Becerro acusa a fiscal general de haber impuesto a su esposa en notaría

En tribuna, los legisladores manifestaron posturas encontradas sobre la destitución de los fiscales. Sin embargo, Marcos Zapotitla también aprovechó para denunciar el conflicto de interés en el que incurrió el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, al haber propuesto como su suplente en la Notaría 6 a su esposa María Luisa Sánchez Osorio.
Zapotitla Becerro dijo que dicha imposición se concretó pese a que la la ley señala que para ocupar una notaría se tiene que contar con una experiencia de 18 meses en práctica notarial, cuando la abogada se desempeñó hasta en enero pasado como juez tercero civil de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Habitantes de Hueyapan exigieron al Congreso del estado establecer las condiciones para que el municipio indígena se pueda instituir a partir del 1 de enero, como lo marca el decreto de creación.  Advirtieron que no permitirán que se apruebe una prórroga para el inicio de la nueva administración municipal.
Los pobladores, que acudieron ayer al Congreso local, dijeron que desde hace tres semanas los diputados locales se han negado a recibirlos para que el Pleno reconozca al Concejo Municipal electo, después de las primeras votaciones en las que supuestamente se impuso a David Montes Rosales, hermano del ex diputado periodista Javier Montes. "Han legislado sobre otros temas, pero el asunto de Hueyapan no lo han subido y hemos venido a entregarles una responsiva para que atiendan el tema", explicó Jesús Manuel Pérez Martínez, integrante del Concejo Municipal.
Además, las autoridades electas de Hueyapan dijeron que es necesario y urgente que el Congreso local establezca las bases para que se determine el presupuesto que manejará el nuevo municipio y las normas administrativas reglamentarias para la operación de la administración que empezará a funcionar en enero.
"Existe una incertidumbre en la comunidad, tanto de las autoridades a nivel estatal acerca de este asunto porque por una parte comentan una cosa y por otra parte comentan otra. Nosotros no vamos a permitir una prórroga.  Nosotros vamos exigir que inicien a partir del primero de enero los municipios indígenas, (concretamente) Hueyapan", explicó Pérez Martínez.