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Uriel Carmona Gándara comparecerá hoy ante legisladores.

Legisladores están divididos en dos fracciones, una integrada por 14 diputados y, la otra, por seis.

Las diferencias políticas y personales al interior del Congreso del estado han causado una "lluvia de amparos" promovidos por los legisladores que integran el llamado G-6, a fin de no ser removidos de las comisiones a las fueron designados cuando se instaló la LIII Legislatura, en septiembre del año pasado. 

En enero pasado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y la diputada priista Rosalina Mazari Espín, como presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, fueron los primeros en promover juicios de amparo ante la justicia federal para evitar que un grupo de 15 legisladores los removieran de dichas representaciones. 

Tras la aprobación del Presupuesto 2019, en el mes de febrero, el Poder Legislativo se volvió a fracturar, pero esta vez en un grupo mayoritario de 14 legisladores contra seis. 

Desde entonces, los juicios de amparo han sido una vía recurrente de los diputados para mantenerse en las comisiones legislativas que integraban desde septiembre, aunque sin ningún resultado. 

El pasado 19 de marzo, la justicia federal le notificó al diputado sin partido, José Casas González, que su amparo para no ser removido de las Comisiones de Gobernación y Gran Jurado, de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, y de la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, fue desechado, por ser notoriamente improcedente. 

Posteriormente, la diputada sin partido, Naida Díaz Roca, también usó la misma vía jurídica para mantenerse al frente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y de igual forma su juicio fue desechado. 

Este lunes, el diputado morenista Marcos Zapotitla Becerro consiguió la suspensión de un juzgado federal para evitar que sus ingresos como legislador fueran afectados por un acuerdo político al interior del Congreso del estado. Sin embargo, la misma justicia desechó el amparo con el que pretendía mantenerse en las comisiones de las que fue removido la semana pasada, como son la de Puntos Constitucionales y Legislación. 

En tanto, este martes, el Poder Legislativo fue notificado de un nuevo juicio de amparo que promovió la diputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano, con el fin de mantenerse al frente de la Comisión de Educación y Cultura y no dejar de ser integrante de ocho comisiones más. 

Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste son señaladas como presuntas responsables del desfalco heredado a la presente legislatura estatal.

Los diputados preparan la anulación del beneficio y el encauzamiento de quienes usaron documentos falsos para justificar el trámite.

El Congreso del estado cancelará 73 "jubilaciones doradas" que la LIII Legislatura aprobó a exfuncionarios de alto mando del gobierno del estado que encabezó Graco Ramírez, luego de confirmar que presentaron documentos falsos para su autorización. 
La presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que concluyó la investigación que realizó el órgano legislativo que preside y concluyó que los ex servidores públicos cometieron diversas irregularidades. 
Explicó que se trata sólo de las jubilaciones que autorizo la LIII Legislatura, de las en ninguno de los 73 casos se cumplió con el procedimiento legislativo para su autorización. Es decir, no fueron analizados por la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, sino que todos los dictámenes fueron turnados directamente al Pleno y fueron aprobados sin ningún análisis. 
Ante tales irregularidades, la diputada Rodríguez Ruiz dijo que no sólo serán abrogados los 73 decretos pensionarios, sino que el Congreso del estado procederá penal y administrativamente en contra de los exfuncionarios beneficiados. 
En la lista de los decretos de "jubilaciones doradas" que aprobó la LIII Legislatura se encuentran los nombres de Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), y Francisco Velázquez Adán, extitular del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
De igual forma, están Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno, Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del exdiputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros. 

Un juzgado de distrito concedió al diputado Marco Zapotitla Becerro una suspensión, únicamente para que, por el momento, no se afecten sus emolumentos, tras ser relevado la semana pasada de las diversas comisiones legislativas que presidía e integraba.

Según el acuerdo publicado en estrados electrónicos del Juzgado Segundo de Distrito, quien conoce del juicio de amparo 346/2019 promovido por el diputado de Morena, se concedió la suspensión provisional para que el quejoso mantenga sus emolumentos en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva.

“En efecto, ante la incertidumbre de la naturaleza de los actos, pues no se tiene la seguridad de que se trate de actos de autoridad o bien sean producto de actos soberanos de la Legislatura del Estado de Morelos; sin embargo, ponderando que éstos pueden afectar los derechos sustantivos del quejoso, relacionados con su subsistencia al aducir que pretenden privarlo de sus emolumentos y otros ingresos que percibe como Diputado de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, y atendiendo que éstos permiten la suspensión, en virtud de que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, se estima procedente otorgar la medida cautelar”, estableció el acuerdo que otorgó la medida cautelar de manera provisional.

El juzgado federal detalló que el diputado aportó documentación probatoria de que, en agosto de 2018, fue electo como secretario de la Mesa Directiva, y en septiembre pasado fue designado, mediante el acuerdo parlamentario por el que se integran las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales del Congreso del Estado de Morelos como presidente de las Comisiones Legislativas de Puntos Constitucionales y Legislación, Seguridad Pública y Protección Civil.

Además de secretario de las Comisiones Legislativas de Igualdad de Género y Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, vocal de las Comisiones Legislativas de Educación y Cultura, Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Salud, Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas, Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación y Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción.

El pasado 21 de marzo, el Pleno del Congreso retiró a los diputados José Casas González y Marzo Zapotitla Becerro de las comisiones que presidían e integraban. Al primero, por convertirse en diputado sin partido ni fracción parlamentaria. Al segundo, por presunta ineficiencia y rezago legislativo. 

Requieren que el Inegi realice la delimitación municipal, pero no han cumplido los requisitos necesarios.

La Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas del Congreso del Estado reportó que los municipios de Xoxocotla, Hueyapan y Coatetelco, han sido omisos en el cumplimiento de los trámites que se requieren para concretar la delimitación territorial ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que puedan acceder a las participaciones federales.

Además, de acuerdo con información de Humberto Leónides Segura, asesor de la comisión legislativa antes mencionada, los tres nuevos municipios de origen indígena tampoco han creado la reglamentación municipal que marca la Constitución Política del Estado, como son: Bando de Policía y Buen Gobierno, Reglamento en Salubridad Municipal, Reglamento de Panteones, Reglamento de Protección al Ambiente, Reglamento Interior de la Contraloría Municipal y Reglamento de Tránsito. 

Ante tales omisiones, el funcionario estatal dijo que se advierten conflictos sociales pues los municipios no sólo no han logrado organizarse, sino que tampoco han podido concretar los trámites para acceder a las participaciones federales que les corresponderían. 

Sostuvo que si no inician el proceso legal y administrativo ante el INEGI para que se defina su delimitación territorial, para el mes de abril Xoxocotla, Coatetelco y Hueyapan ya no podrán acceder a recursos federales, pues el gobierno estatal determinó autorizarles adelantos de las participaciones de enero a marzo, en tanto avanzaban en su organización. 

"Desgraciadamente los municipios han sido muy omisos en estos trabajos y solamente se instalaron las mesas de trabajo, pero no ha habido seguimiento y es ahí donde nosotros hemos estado insistiendo, porque mientras los municipios no cumplan con las claves que otorgan estas dependencias, no van a poder obtener la mayoría de los recursos federales de programas federales como el FAIS", explicó. 

El presidente del Foro Morelense se pronuncia por reincorporar la figura de revocación de mandato y por ampliar las causales para la aplicación de la extinción de dominio a bienes e inmuebles producto de actividades delictivas.

El Foro Morelense de Abogados llamó al Congreso local a agilizar la designación del nuevo ombudsman, para evitar que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos permanezca acéfala, así como pidió que se reincorpore a la Constitución de Morelos la figura de revocación de mandato y se amplíen las causales para la aplicación de la extinción de dominio a bienes e inmuebles producto de actividades delictivas.

Sobre el primer tema, el presidente de la organización, Pedro Martínez Bello, consideró necesario que el Congreso del estado le dé la importancia necesaria, porque se trata de la elección de quien será el garante y vigilante del respeto a los derechos humanos de los morelenses.

También señaló que es indispensable que el Congreso del estado armonice las leyes locales con las federales, y un ejemplo debería ser la reincorporación de la figura de revocación de mandato en la ley estatal, como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional.

“Como ustedes saben, en el 2017 la legislatura anterior desaparece la Ley de Participación Ciudadana de un solo plumazo, y, con ello, la revocación de mandato. Después, en 30 días, vuelve a elaborar una nueva Ley de Participación Ciudadana pero ya no contemplaba la revocación de mandato”.

Dijo que la revocación de mandato debe reincorporarse al marco normativo estatal, pues es un instrumento ciudadano por el cual se puede llevar a cabo la consulta para quitar a los malos representante populares y no esperar tres años para retirarlos del cargo.

Finalmente, advirtió que debe realizarse una reforma legal para ampliar la extinción de dominio a los servidores públicos cuyo patrimonio sea producto de la corrupción y otros ilícitos.

Actualmente, precisó, procede la extinción de dominio tratándose de delincuencia organizada, narcomenudeo y secuestro, sin embargo, debe ampliarse a delitos que sean por hechos de corrupción.

A partir de este viernes, y ante la indefinición del Congreso del Estado para nombrar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Víctor Antonio Maruri Alquisira asumió este viernes la representación como encargado de despacho.

El periodo de tres años por el que fue designado Jorge Arturo Olivares Brito como presidente de la CDHEM venció ayer, mientras tanto espera a que los diputados determinen si lo ratificarán en el cargo por tres años más o elegirán a otro de los 23 aspirantes. 

La diputada del Partido Humanista (PH), Cristina Xochiquétzal Sánchez Ayala, dijo en entrevista que el Congreso del estado no eligió a tiempo al presidente de la CDHEM porque tuvieron que atender asuntos importantes de la vida interna del Congreso, como fue la reforma a la Ley Orgánica que creó la figura de diputado sin partido y redujo el porcentaje para que un grupo parlamentario pueda representar la Junta Política y de Gobierno.

"Tenemos temas que atender, no es que no sea prioritario el de derechos humanos, de hecho por eso se dejó para la próxima semana para que todos tengamos el tiempo de analizar cada currículum, al menos en mi caso les digo que es así porque son varios candidatos y tenemos que revisar punto por punto, no es de tronar los dedos y ya está", sostuvo la legisladora.

La diputada explicó que debido a que no han tomado una determinación como legisladores, sobre el futuro de la presidencia del organismo defensor de los derechos humanos, se declaró un receso en la sesión ordinaria de este jueves para retomar el tema en los próximos días, aunque en dicha sesión no se incluyó en el orden del día el tema. 

Junto con la exdirectora de Administración del Congreso comparecerán la próxima semana ante un juez.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formulará imputación ante un juez de control a las exdiputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, así como a la exsecretaria de Administración del Congreso durante la LII Legislatura, Martha Patricia Bandera Flores, por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 20 millones de pesos.

De acuerdo con el citatorio, ambas exlegisladoras y la exfuncionaria deberán presentarse a la audiencia, en compañía de sus abogados defensores, el próximo 29 de marzo en la sede de la Ciudad Judicial del Estado de Morelos, para que ante un juez de control la fiscalía dé a conocer a las imputadas las acusaciones que se les atribuyen, siendo el Congreso del Estado la parte agraviada.

En el último año de la legislatura, las exrepresentantes populares y la exfuncionaria estuvieron a cargo del manejo de la administración del Congreso local, pero una vez terminados su encargos y al tomar posesión sus sucesores, los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso de la LIV Legislatura promovieron una denuncia por presuntas irregularidades cometidas por algunos exdiputados.

Entre las anomalías detectadas y denunciadas por los nuevos legisladores, destaca la presunta venta irregular de 32 vehículos (supuestamente a un costo por debajo de su valor comercial); el presunto desvío de las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Crédito, el Instituto del Seguro Social y el Sistema de Administración Tributaria, y la expedición de cheques sin aparente justificación por cantidades significativas.

También, a finales de marzo e inicios de abril, están programadas audiencias para formular imputación a alrededor de nueve exfuncionarios de la administración graquista de las secretarías de Desarrollo Agropecuario y Obras Públicas.  

Guadalupe Flores Servín, vicefiscal anticorrupción, confirmó que están programadas para el 28 marzo y 2 de abril dichas audiencias. Además, afirmó que derivado de la publicidad en los medios de comunicación de las denuncias promovidas contra exfuncionarios de la administración estatal anterior, muchos implicados han recurrido a la vía del amparo, pero hasta ahora no han prosperado las suspensiones.

Un sinfín de familiares se encuentran laborando en el ayuntamiento de Tepalcingo: desde hermanos, primos y hasta la mamá del presidente municipal ocupan algún cargo dentro del Ayuntamiento desde su llegada en enero de 2019, denunciaron trabajadores de la comuna, quienes señalaron que existe prepotencia y malos tratos de parte de los nuevos funcionarios.
La lista de familiares arranca con los hermanos del alcalde, Joel y Jaime Sánchez Vélez, que se desempeñan como asesores de este municipio, así como tres sobrinos y las esposas de ellos.
El alcalde prometió en campaña que no habría nepotismo, ni influyentismo y ahora vemos que llenó la presidencia con su familia y la de su esposa.

El mismo camino lleva la regidora de Obras y la síndica, denunciaron en el Congreso del estado, un grupo de vecinos que acudió al recinto legislativo a presentar una denuncia ciudadana.
Napoleón Gutiérrez, quien dijo encabezar esta denuncia, agregó que 70 ex trabajadores del municipio fueron despedidos en los pasados días, ya que les fue exigida su plaza para acomodar tanto los compromisos políticos como a los familiares del propio edil.
El denunciante aseguró que informará al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador de estas prácticas que realiza Alfredo Sánchez Vélez en el municipio de Tepalcingo, dejando en claro que en esa comunidad está latente la molestia de la población. “¿Cuál cuarta transformación? Sólo se ha beneficiado el propio alcalde”, aseguró.

La iniciativa está detenida en el Congreso desde hace cinco meses.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que próximamente deberá votarse en el Pleno la Ley del Notariado Público, que propuso el Poder Ejecutivo y que por cerca de cinco meses ha permanecido en la "congeladora". 
En entrevista, el legislador sostuvo que pese a que la propuesta fue dictaminada en contra por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, la última decisión la tiene el Pleno del Congreso. 
"La decisión de la Comisión es lo que ellos hayan considerado, pero finalmente el Pleno tiene la última palabra", declaró. 
Sotelo Salgado dijo que se solicitaría al presidente de la citada comisión, Marcos Zapotitla Becerro, que turne finamente el dictamen al Pleno para que pueda ser votado, ya que la propuesta ha permanecido en la "congeladora" por cerca de seis meses, sin ninguna justificación. 
"Estamos ya al límite de que puedan ser votadas... Estaremos esperando que puedan ser presentadas al Pleno", añadió el legislador del Partido Encuentro Social (PES). 
De acuerdo con Sotelo Martínez, además de la iniciativa de Ley del Notariado Público, está detenida la propuesta que hizo el Ejecutivo para reformar el Código Penal del Estado y castigar a los responsables de la colocación de mantas y pintas que tengan como finalidad amenazar a un funcionario público o a algún ciudadano. 
Esta propuesta fue enviada por el mandatario estatal el pasado primero de febrero, junto con otra iniciativa para reformar la Ley de Fondo Morelos. 

Administra y eficienta recursos el Poder Ejecutivo estatal.

Fidel Giménez-Valdés y Mirna Zavala Zúñiga, secretarios de Obras Públicas y de Administración, comparecieron ante el Congreso estatal.

Desde el inicio de la presente administración se reanudaron los trabajos en obras que habían quedado incompletos o que fueron desatendidos por el gobierno anterior en distintos rubros como en el educativo, salud y vialidad, como calles y carreteras, entre otros, con el único objetivo de cumplirles a los ciudadanos.
Así lo informó el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Fidel Giménez-Valdés, durante su comparecencia en el Congreso estatal, donde expuso los avances de infraestructura pública durante los primeros tres meses de gobierno.
Giménez Valdés destacó las mejoras en temas prioritarios como la rehabilitación de las cinco rutas de evacuación del volcán Popocatépetl, la remodelación de las vías de distintos municipios, así como los trabajos de reconstrucción en diversas escuelas y espacios públicos afectados por el sismo de 2017.
En ese sentido, señaló que en materia educativa se realizan 157 obras, entre las cuales se atienden 11 planteles pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con un monto contratado superior a los 500 millones de pesos.
Agregó que se ejecutaron 15 obras de infraestructura urbana para solucionar los problemas más urgentes y cuyos ejemplos más destacables son la remodelación en las calles Salazar y Morrow, en el Centro de Cuernavaca, además de las calles Josefa Ortiz de Domínguez, Javier Mina y Francisco González Bocanegra, en el municipio de Jojutla.
En el sector salud, algunas obras de gran relevancia atendidas fueron la rehabilitación del hospital comunitario de Puente de Ixtla y la rehabilitación de 61 centros de salud en distintos municipios, lo cual ha reforzado la capacidad de atención médica en beneficio de miles de familias.
Durante la comparecencia, el secretario Fidel Giménez-Valdés resaltó que desde el principio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, se logró dignificar la escultura del general Emiliano Zapata Salazar, que había sido relegada a un segundo plano y que ahora es apreciada en el Libramiento Cuernavaca.
Agregó que en dicha vía, a través de una exitosa gestión, se logró retirar la barrera separadora que delimitaba los carriles centrales en los 14.5 kilómetros, mejorando la seguridad, los tiempos de traslado y el acceso de los cuerpos de emergencia.
Entre otras acciones, enlistó la rehabilitación del Centro Cultural Jardín Borda y del Centro Morelense de las Artes y el mejoramiento de la Ciudad Judicial de Cuautla.

Administra y eficienta recursos el Poder Ejecutivo estatal: Zavala Zúñiga 

Generar e impulsar las condiciones adecuadas para fortalecer una efectiva administración pública, en la que los recursos públicos se apliquen de manera responsable, eficaz y eficiente, son los principales objetivos de la Secretaría de Administración, aseguró Mirna Zavala Zúñiga, titular de la dependencia.
En el marco de la comparecencia realizada en el salón de Comisiones del Congreso local, con motivo de la glosa del informe de los primeros tres meses de gobierno, Mirna Zavala afirmó que es indispensable trabajar día con día a favor de los morelenses.
Como parte del compromiso de mejorar y potencializar el talento humano, así como profesionalizar el servicio público, y que ello se refleje en una atención eficaz y de calidad a la sociedad, de octubre a diciembre de 2018 se capacitó a 557 trabajadores, a través de 34 cursos en materia de modernización y mejoramiento de la administración pública.
En ese sentido, una de las principales acciones ha sido lograr que Morelos se fortalezca con acciones positivas en torno al desarrollo de la administración pública para atender de manera eficiente, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Lo anterior, de forma coordinada con las Unidades de Enlace Jurídico y Unidades de Enlace Financiero y Administrativo de cada secretaría, dependencia y organismo, de los cuales sus funcionarios se conducen bajo las políticas públicas de respeto y legalidad.
Como muestra de las actividades de la Secretaría de Administración, se logró aprovechar el limitado recurso para terminar el año 2018, haciendo cumplir los derechos de los trabajadores y remediando insuficiencias del anterior gobierno.
Además, la dependencia estatal logró dar impulso a la realización de mesas de trabajo con los enlaces jurídicos de las secretarías y dependencias a fin de alinear los anteproyectos de reglamentos interiores a lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.
“Todo esto ha permitido eliminar la duplicidad de funciones y mejorar y simplificar los procesos, trámites y servicios gubernamentales, basados en la mejora continua, incrementando la eficiencia operativa de la administración pública”, abundó Zavala Zúñiga.

25 aspirantes se han registrado en busca de ocupar el cargo.

Diputados locales elegirán, a más tardar el miércoles próximo, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM). Sin embargo, el proceso ha causado un nuevo conflicto político entre los legisladores.

En el marco de la pasarela de aspirantes a presidir el organismo defensor de los derechos humanos, que inició ayer y concluirá este sábado, el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Marcos Zapotitla Becerro acusó a la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, de llevar a cabo un proceso “amañado” para designar a un presidente de la CDHEM “a modo”.

“A mí me da la impresión de que se está estratégicamente o mañosamente, o perversamente, dosificando la información de la Comisión de Derechos Humanos. A mí me llama la atención que en lo oscurito se vaya a dar la comparecencia de los postulados a esta comisión, en sábado, en puente, en un modelo muy breve; entonces yo creo que algo anda mal”, manifestó el diputado Zapotitla Becerro.

Sin embargo, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz sostuvo que el proceso de elección se ha llevado a cabo de manera transparente, “las comparecencias no son en lo oscurito, quien quiera puede estar”, agregó.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno refirió que una vez que concluya la revisión de los perfiles de los 25 aspirantes registrados, el órgano político integrará el acuerdo que se presentará al Pleno para su votación, a más tardar el próximo miércoles.
El periodo del actual presidente de la CDHEM, Jorge Arturo Olivares Brito, que también se registró para su reelección, concluye el próximo 22 de marzo, por lo que el Congreso deberá tomar una determinación previamente.

Los ahora diputados independientes no sólo fueron excluidos de las decisiones de la Junta Política y de Gobierno, sino que perdieron la  representación que tenían en comisiones legislativas.

Tras haberse declarado independientes, los diputados Naida Díaz Roca y José Casas González no sólo fueron excluidos de las decisiones de la Junta Política y de Gobierno, sino que perdieron la  representación que tenían en las comisiones legislativas y dejaron de percibir las prerrogativas mensuales a las que tenían derecho para el pago de sus asesores. 
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, sostuvo que la determinación fue tomada por todas las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias, en cumplimiento a lo que marca la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 
Explicó que al no pertenecer a ningún partido político, Díaz Roca no podía seguir en la Junta Política y de Gobierno, como tampoco Casas González, ya que  ambos dejaron las fuerzas políticas a las que pertenecían por obligación y determinación. 
De igual forma, les fueron canceladas sus representaciones en las comisiones legislativas. "La ley marca que un diputado sin partido puede pertenecer a una comisión como vocal", agregó Rodríguez Ruiz. 
Además, al no tener una presidencia o secretaría en ninguna comisión, los legisladores dejarán de percibir las prerrogativas de las que gozaban cada mes para el pago de asesores, y sólo recibirán el ingreso mensual como legislador local, que es de 70 mil pesos aproximadamente. 
De acuerdo con información extraoficial, José Casas habría recibido al mes (desde septiembre pasado) 110 mil pesos extras a su ingreso mensual como diputado, para el pago de dos secretarios técnicos y tres asesores. 
En tanto, Naida Díaz Roca recibía 65 mil pesos de prerrogativas para el pago de un secretario técnico y dos asesores.

El fiscal general, Uriel Carmona, comparecerá ante el Congreso la próxima semana.

Plantean dar cabida a revocación de mandato, parlamento y gobierno abierto.

El Congreso del estado llevará a cabo foros de consulta en Morelos para integrar una nueva propuesta de Ley de Participación Ciudadana, que permita la aplicación de mecanismos como la revocación de mandato y gobierno abierto.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, Marcos Zapotitla Becerro, informó que esta semana podría aprobarse en el Pleno del Congreso la reforma constitucional en materia de participación ciudadana, ya que la semana pasada fue dictaminada la iniciativa.
Por su lado, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Ana Guevara Ramírez, presidenta de Comisión de Participación Ciudadana, refirió que posterior a la aprobación de la reforma constitucional se llevarán a cabo foros de consulta en distintos municipios de la entidad para que la sociedad en general proponga sobre la creación de una nueva ley en materia de participación ciudadana. 
"A finales de mes vamos a hacerlos, vamos a hacerlos en Jojutla, Cuernavaca, Cuautla, en Yautepec y Zacatepec. Vamos a salir para que podamos escuchar a la ciudadanía y podamos incluir sus propuestas". 
Guevara Ramírez refirió que la revocación de mandato alcanzaría a todas las autoridades que fueron electas por el pueblo, además de concretarse las figuras de parlamento y gobierno abierto. "Regresarle a la ciudadanía ese poder que lo estaba limitando, porque -si bien- ellos nos ponen, también ellos tienen que tener el poder de evaluación para poder removernos de los cargos", agregó. 

La abogada recibió ayer la presea Xochiquetzalli que entrega el Congreso.

El Congreso local entregó la presea Xochiquetzalli 2018 a Guadalupe Isela Chávez Cardozo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La galardonada advirtió que Morelos vive una crisis histórica de violencia feminicida.
Con la asistencia del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y la representante del Poder Judicial, la magistrada Verónica Cuevas López, los diputados llevaron a cabo la sesión solemne del Parlamento la Mujer, en la que se entregó la presea 2018, ya que los ex legisladores omitieron cumplir con dicha obligación.
Guadalupe Isela Chávez Cardoso fue distinguida por su labor en favor de la igualdad de género y en contra de la violencia feminicida. 
"¡Ya basta! Nos están hiriendo, nos están violando, nos están desapareciendo, nos están matando", manifestó Chávez Cardozo, quien afirmó que terminar con la violencia no es sólo una responsabilidad del gobierno estatal o de las instituciones públicas, sino también de la sociedad. 
De acuerdo con la también representante de la asociación "Mujer Nunca Permitas", en el 2017, fueron 61 mujeres asesinadas; en el 2018, 79; y en este año se han registrado 29 casos. "De seguir así, superaremos por mucho la cifra del año anterior", agregó.
En la misma sesión ordinaria, los legisladores llevaron a cabo también el Parlamento de la Mujer 2019, en el que se destacó la participación de las féminas en los foros que se desarrollaron en diferentes municipios del estado previo a este 8 de marzo. 
Dentro de las conclusiones de los foros que se plantearon ayer en el parlamento, se encuentran: establecer de manera urgente la forma de actuar de las instituciones y fiscalías especializadas en la violencia contra la mujer, capacitación de las autoridades para brindar seguridad y confianza, garantizar que las leyes y los servicios estatales observen las normas internacionales en materia de derechos humanos, mecanismos de políticas públicas para el emprendimiento de los jóvenes, entre otras. 

Firmó el acta de entrega-recepción del inmueble que albergó las actividades del Congreso de Morelos.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, recibió de manera formal  el inmueble ubicado en el número 10 de la calle Matamoros del Centro Histórico de Cuernavaca, el cual albergó por décadas las actividades legislativas del Congreso de Morelos.
Durante una breve ceremonia a la que acudieron diputados locales y federales, así como integrantes del gabinete, el mandatario estatal y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, firmaron el acta de Entrega Recepción del antiguo recinto legislativo.
En su intervención, la secretaria de Administración del Poder Ejecutivo, Mirna Zavala Zúñiga, manifestó que este sitio histórico merece ser rescatado y rehabilitado para convertirlo en un espacio abierto al público, en el marco de la estrategia implementada para consolidar a Morelos como “Anfitrión del Mundo”.
Indicó que el Gobierno de Morelos recibe el recinto con el enorme compromiso de hacer respetar su memoria, ya que, mencionó, ha sido albergue de pluralidad, representación y de hechos memorables.
Zavala Zúñiga apuntó que el 10 de abril de 1959 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la autorización a la entonces Secretaría de Patrimonio Nacional para enajenar, a título gratuito a favor del Gobierno del Estado, el predio conocido como “Cuartel Morelos”, marcado anteriormente con los números 7 y 15 de dicha calle del Centro de la ciudad.
Reveló que el propósito inicial era construir un mercado, sin embargo, en 1974 se estableció mediante decreto que este inmueble sería destinado para instalaciones de dependencias estatales, así como del gobierno federal.
Posteriormente, en el año 1977 se autorizó al Ejecutivo del estado destinar este inmueble para la construcción del Palacio Legislativo del Estado de Morelos; a partir de entonces, y hasta el 2018, fue ocupado por el Congreso de Morelos.  
Al evento asistieron el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera; el secretario de Educación y exdiputado local en el período 1982-1985, Luis Arturo Cornejo Alatorre; y el titular de la Contraloría, César Santana Nava.
También estuvieron los diputados locales Dalila Morales Sandoval, Rosalina Mazari Espín, José Luis Galindo Cortez, Alejandra Flores Espinoza, Javier García Chávez, Erika García Zaragoza, Andrés Duque Tinoco, Ariadna Barrera Vázquez; así como los legisladores federales Brenda Espinoza López y Jorge Arturo Argüelles Victorero.

Diputado pide a municipios regular centros nocturnos.

El Congreso de Morelos aprobará antes de este fin de semana la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, conforme a la minuta que envió la semana pasada el Congreso de la Unión. 
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, Marcos Zapotitla Becerro, informó que aún no ha recibido la minuta para iniciar el análisis y creación del proyecto de decreto que se votaría por el Pleno del Congreso del estado a más tardar este viernes. 
Sin embargo, aseguró que ya conocen la reforma constitucional y existen los consensos políticos necesarios para que se apruebe la creación de la Guardia Nacional. 
"Hay viento favorable para aprobar este dictamen. Hay disposición para atender este llamado. Siempre actuaremos con respeto al Poder Ejecutivo, sin embargo, hay que cumplir con los procedimientos, por lo que espero este fin de semana que sesionemos antes de la sesión solemne del 8 de marzo", agregó. 
Sostuvo que el Congreso estatal debe cumplir con el procedimiento legislativo para la aprobación de la reforma, de ahí que se prevé que sea hasta este viernes cuando se someta a consideración del Pleno. 
El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afirmó que una vez aprobada la Guardia Nacional, también se requiere de la colaboración de los municipios para abatir la incidencia delictiva, y, sobre todo, en la regulación de centros nocturnos que garanticen la diversión.

Buscan homologación salarial respecto de otras fiscalías del país.

Trabajadores de la Fiscalía General del Estado llamaron al Congreso local y al Poder Ejecutivo a acelerar la publicación de la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos, para que a la brevedad pueda concretarse la homologación salarial y el personal pueda tener mejores remuneraciones.

Los integrantes del grupo de lucha por los derechos laborales del personal de la FGE manifestaron que su principal objetivo es mejorar las percepciones de los trabajadores y, aun cuando el presupuesto aprobado para el 2019 es de 50 millones de pesos, inferior al autorizado en el 2018, con el nuevo presupuesto existen las condiciones para homologar los salarios de los trabajadores de la FGE con los que perciben los empleados de las fiscalías de la región centro del país.

Jazmín Herrera Soto, integrante del grupo de lucha, informó que se trabaja en un tabulador que permitirá a los más de dos mil trabajadores de la fiscalía mejorar sus ingresos y nivelarlos con respecto a sus homólogos de la región centro.

Por ejemplo, mientras en Morelos un agente del Ministerio Público gana aproximadamente ocho mil pesos, en otras entidades el sueldo es de 20 mil, y el objetivo es homologar a ese nivel los salarios.

Alejandro Herrera Antúnez, miembro de la comitiva, informó que también se busca que los trabajadores se mantengan en la modalidad 10 del régimen en el que están inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que les permitiría conservar intocada su cobertura médica y sus prestaciones.

Por ello, entregaron sendos oficios dirigidos al Senado y al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que tengan a bien emitir un acuerdo que les permita mantenerse en la modalidad 10.

Finalmente, el grupo hizo un exhorto al Poder Ejecutivo para que calendarice las transferencias de las siguientes ministraciones para saldar la deuda de 250 millones pesos que dejó la administración anterior, de los cuales -a la fecha- ya se han pagado a la fiscalía 47 millones.