Se comprometieron a abrogar las "pensiones doradas" concedidas a exfuncionarios, así como a cancelar beneficios a fiscales y notarios públicos otorgados por la anterior legislatura, entre otras promesas.

A cuatro meses de que inició la LIV Legislatura, la abrogación de las "pensiones doradas" a favor de exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez y la cancelación de beneficios a favor de los fiscales y a notarios públicos otorgados por la pasada legislatura, son algunos de los compromisos pendientes de los diputados locales.
Aunque los legisladores garantizaron que darían marcha atrás a los abusos cometidos por sus antecesores y se les castigaría por el mal uso que cometieron en el ejercicio de los recursos financieros del Congreso local, hasta el momento sólo han sido compromisos mediáticos.
De acuerdo con la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, aún estaban bajo investigación las jubilaciones que aprobó la LIII Legislatura a favor de funcionarios de alto nivel de la administración pasada, la mayoría cuestionadas por los altos montos autorizados y, sobre todo, por su legalidad.
Los integrantes de la LIV Legislatura tampoco concretaron la contrarreforma que comprometieron a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para eliminar los beneficios otorgados por los exlegisladores a favor de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, respectivamente, quienes al finalizar su encargo recibirán una pensión y seguridad personal de por vida.
La creación de una nueva Ley del Notariado Público para eliminar la que aprobó la LIII Legislatura y que garantiza la inamovilidad de los notarios públicos, también se pospuso para su revisión en el segundo periodo ordinario de sesiones, que iniciará en febrero próximo, a pesar que fue una de las primeras iniciativas impulsadas por los diputados en septiembre pasado y, posteriormente, secundada por una propuesta que presentó el Poder Ejecutivo en diciembre pasado.
Los legisladores tampoco han informado de los avances en las investigaciones que iniciaron por el presunto mal uso de los recursos del Congreso del estado, cometido por la LIII Legislatura. Sólo han señalado el déficit financiero que recibieron, cuya cantidad va de los 50 millones a los 90 millones de pesos, según versiones de diferentes diputados.