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Vacantes en el Tribunal de Justicia Administrativa deben ser asignadas a mujeres, plantea.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles consideró que el Congreso local debe privilegiar la paridad de género en el lanzamiento de las convocatorias para la designación de ocho magistrados y magistradas en los Tribunales Superior de Justicia (TSJ) y Justicia Administrativa (TJA).

Refirió que particularmente, las vacantes en el TJA, deben ser asignadas a mujeres, ya que en los últimos 14 años este tribunal ha sido integrado y dirigido exclusivamente por varones.

Arenas Ángeles, quien también fue magistrado y presidente del TJA, explicó que se requiere garantizar la designación de mujeres en las magistraturas, para lograr un equilibrio y dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo 109 bis, párrafo quinto, de la Constitución local, con el fin de que el conjunto de reformas encaminadas a conseguir la tan ansiada equidad de género, sea efectivo y llevado a la práctica.

Sugirió replicar el modelo de convocatoria emitido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que asume eficazmente el compromiso con la paridad de género y prevé una selección exclusiva para juezas, basada en la figura jurídica denominada “acción afirmativa”, como medida de carácter temporal correctiva, compensatoria y/o de promoción, encaminada a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

“Por tanto, el problema de la falta total de acceso al cargo de magistradas que hasta ahora prevalece en el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, puede tener como medida garante con perspectiva de género el presente procedimiento de designación, en el que la Junta Política del Congreso del Estado de Morelos, en uso de la “acción afirmativa”, sea pionera en el garantismo de la paridad de género del Poder Judicial del Estado de Morelos, y en concreto, del que urge al Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, por ser un mandato constitucional”, recalcó. 

Recordó que también el Congreso local está obligado a cumplir con la sentencia de amparo dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el juicio 1290/2018-IV,  que otorgó la protección de la justicia federal a la parte actora, que alegó que la última convocatoria para la designación de dos nuevas magistraturas (lanzada en 2018) no cumplió con el principio de paridad de género.

Recalcó que también la designación de cuatro nuevos magistrados en el TSJ debe realizarse con paridad de género, conforme a lo previsto en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Morelos.

En el TJA, estarán en juego cuatro de siete magistraturas, dos creadas en 2018 –las cuales quedaron acéfalas ante amparos promovidos contra la convocatoria lanzada por la anterior legislatura- y dos más, de magistrados que culminaron su periodo de 14 años el pasado mes de mayo y que, ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anuló la extensión a 20 años el periodo de los juzgadores, dejan sus lugares vacantes.

En el caso del TSJ, también quedan vacantes cuatro magistraturas y, aunque la brecha de género es menor, también deberá considerarse la paridad de género en la asignación de magistraturas. Con la salida de Carmen Cuevas, Miguel Ángel Falcón, Valentín González y Rocía Bahena, el Pleno queda con seis mujeres y ocho hombres.

La titular de la Dirección de Atención a la Diversidad del gobierno estatal lamentó que en el Congreso local se haya diferido nuevamente la aprobación de la iniciativa de reforma en materia de identidad sexo genérica.

La titular del área, Violeta Sánchez Luna, llamó a las y los diputados opositores a la medida a que legislen en apego a la Constitución y respeto a los derechos humanos.

Recordó que el lunes pasado entregó al Poder Legislativo un documento en el que expone la opinión legal de dicha dirección del Poder Ejecutivo y hasta este viernes no ha tenido respuesta.

Sánchez Luna expuso que la ley para prevenir y erradicar la discriminación le faculta para emitir opiniones jurídicas en torno a la legislación y con ese fundamento el pasado 13 de julio presentó al Congreso el documento referido, respecto a la propuesta de reforma al código familiar para reconocer la identidad leal de las personas trans.

La iniciativa fue presentada formalmente hace 15 meses y el pasado 30 de junio se iba a discutir y someter a aprobación, pero se sacó de la orden de día “aludiendo un pretexto técnico”.

Sánchez Luna apuntó que es sabido que el miércoles fue la última sesión del periodo ordinario, por lo que dicha reforma sería abordada hasta septiembre próximo.

Apuntó que hay fundamento legal en tratados internacionales a los que México está adherido, que contempla el reconocimiento de los derechos de las personas trans para tener una identidad legal acorde con su identidad actual. Además, destacó que hay criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llamó a los estados a armonizar la legislación de los estados a los referidos principios.

Actualmente son nueve estados del país los que tienen leyes actualizadas, que contemplan el procedimiento legal para reconocer y modificarlas actas de nacimiento de las personas transexuales, que les permita tener acceso a muchos otros derechos, como el poder cambiar su credencial de elector y poder votar con su actual identidad o el derecho a la salud, entre otros.

Apuntó que existe una figura legal que contempla la “discriminación indirecta”, que es aquella que se presenta cuando una ley o disposición reglamentaria, una cláusula contractual, aparentemente neutros, pueden ocasionar una desventaja particular a una persona respecto a otras por cuestiones de origen racial, étnico, religión orientación sexual y género. “En este caso estamos en ese supuesto donde una norma afecta los derechos humanos”.

El llamado a las y los diputados que se oponen -añadió- es “que legislen con base en la Constitución, que legislen con base a criterios establecidos por la Corte y tratados internacionales que ha firmado México y que no se dejen llevar por prejuicios personales o de grupo, porque su obligación es legislar para todos y particularmente a favor de una población históricamente discriminada, segregada, excluida”.

También de la Mesa Directiva.

Los diputados locales definirán hasta agosto la renovación de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) y de la Mesa Directiva del Congreso del estado.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del estado, la Junta Política y de Gobierno debe renovarse anualmente y la Mesa Directiva si así lo determina la mayoría de los legisladores.
Sin embargo, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), a través del coordinador parlamentario, Marcos Zapotitla Becerro, ha adelantado que buscará la permanencia del diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez al frente.
Mientras tanto, los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscan el acuerdo de sus homólogos para ocupar dicho órgano de Gobierno y ceder la JPyG a otra fuerza política.
Al respecto,  el legislador pesedista José Luis Galindo Cortés advirtió que no les preocupa la renovación de los órganos de gobierno, por lo que será hasta agosto cuando se tome una determinación de la mayoría de los integrantes de la LIV Legislatura, al menos en lo que corresponde a la JPyG.
"No hemos hablado del tema. En particular no es algo que me quite el sueño, estoy trabajando en mis comunidades, cercano a la gente. Es una aspiración legítima de los 20 diputados querer presidir la Mesa pero cuando no hay condiciones o cuando uno, pero cuando uno no está aferrado con algo u obsesionado con algo no es algo que nos preocupe de más", manifestó Galindo Cortés.

Alejandra Flores Espinoza considera que en el próximo período ordinario de sesiones podría avanzar la iniciativa.

La diputada morenista Alejandra Flores Espinoza adelantó que insistirán en la aprobación de la llamada "ley de identidad de género" para el próximo período ordinario de sesiones, que iniciará en septiembre, a fin de que se garantice el derecho de las personas trans al cambio de nombre según el sexo que hayan elegido.
Durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo en el Congreso del estado, la legisladora intentó incluir en el orden del día el dictamen de segunda lectura, listo para su votación.  Sin embargo, una mayoría de diputados se opuso, una vez más a desahogar el tema, a pesar de la protesta que llevaron a cabo integrantes de la comunidad trans en el recinto legislativo la mista tarde del jueves pasado.
La legisladora morenista insistió en que el dictamen con proyecto de decreto para reformar el Código Familiar del estado sólo implica que las personas transgénero puedan cambiar de identidad ante el Registro Civil, derecho que ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en al menos dos amparos que la comunidad ganó en lo que va de este año.
"No tiene nada que ver con la familia, simplemente, simplemente es una cuestión de derechos humanos y de tramitología. Yo se los decía a ellos (los representantes de organizaciones religiosas) que si hablan de amor al prójimo, las personas trans son nuestro prójimo y lo que se está haciendo es una discriminación", declaró la legisladora.
Flores Espinoza aseguró que el asunto se podrá retomar el próximo período ordinario, ya que el dictamen no se votó en el Pleno legislativo.

La propuesta fue presentada en la máxima tribuna por la diputada de Morena, Ariadna Barrera Vázquez.

El Congreso de Morelos aprobó por unanimidad “La Ley Olimpia”, una reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que contempla el hostigamiento, acoso sexual y violencia digital en contra del sexo femenino, dicha propuesta fue presentada en la máxima tribuna por la Diputada de MORENA Ariadna Barrera Vázquez.  

Con esta iniciativa se define que la violencia digital se entiende como los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas.

También se considera como violencia digital cualquier otra acción que sea cometida a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de Internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio cibernético que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad, vida privada, que vulnere algún derecho humano de las mujeres.

Por último, la Diputada por Jiutepec Ariadna Barrera Vázquez, hizo un llamado a establecer las medidas de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, a fin de prevenir, sancionar, erradicar y reparar el daño ocasionado por la violencia digital y propuso revisar constantemente el marco jurídico para que sea una herramienta efectiva que proteja y reconozca la realidad que se vive, para contribuir al cuidado y bienestar ciudadano en esta materia.

Recibió su clave geoestadística.

A partir de este 2020, el municipio indígena de Hueyapan aparecerá en el mapa de Morelos como el municipio número de 36.
Después de casi dos años de lucha, Hueyapan obtuvo la clave geoestadística por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con la que el municipio de reciente creación podrá acceder a las participaciones federales, tal y como lo señala la Ley de Coordinación Hacendaria.
Fue el pasado 1 de julio cuando el Congreso del estado autorizó el convenio de delimitación territorial entre Hueyapan y Tetela del Volcán, por lo que el Inegi autorizó la clave con la que Hueyapan aparecerá en el mapa de la República Mexicana dentro de Morelos, estado número 17.
En el acto oficial que se llevó a cabo en el Congreso del estado -en el que participaron diputados locales y autoridades del Poder Ejecutivo- habitantes de Hueyapan celebraron que finalmente hayan podido obtener su registro geoestadístico.

Con ello terminó también el conflicto territorial con Tetela del Volcán.
"Nunca más un México sin Hueyapan", expresó Lilia González Cortés, representante del Concejo municipal, quien recordó que la creación del municipio indígena es un reconocimiento para todos los activistas que lucharon en contra de la represión de sus usos y costumbres, como Samir Flores.
De igual forma, la concejal aprovechó para hacer un llamado a todos los partidos políticos a que no se inmiscuyan en sus usos y costumbres rumbo al proceso electoral 2020-2021.

El Congreso del estado abrirá un período extraordinario de sesiones.

En agosto, el Congreso del estado abrirá un período extraordinario de sesiones, para concretar la designación de seis magistrados del Poder Judicial.
Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, informó que la Junta Política y de Gobierno (JPyG) emitirá la convocatoria para cubrir los puestos que dejaron vacantes María del Carmen Cuevas López, Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena Ortiz, Valentín González García, Martín Jasso Díaz y Jorge Alberto Estrada Cuevas.
Sin embargo,  aclaró que el Poder Legislativo primero solicitará el sobreseimiento de los amparos que promovieron los  magistrados (cuyo período  constitucional de 14 años ya venció) en contra del decreto que aprobó el Congreso del estado en junio del 2019 por el que se suprimió la norma transitoria para anular el nombramiento por 20 años.
"Tendrá que emitirse una convocatoria que tendrá que aprobarse por la Junta Política, también tendremos que solicitar como Congreso el sobreseimiento de algunos recursos de amparo que presentaron algunos magistrados para que el Congreso del estado pueda generar, en su oportunidad, una designación de los magistrados", declaró el legislador pesedista.
Zapotitla Becerro explicó que el procedimiento para la designación de los seis magistrados tendrá que concretarse en un período extraordinario de sesiones, ya que este miércoles 15 de julio concluyó el segundo período constitucional del segundo año de la LIV Legislatura.
Además de estos nombramientos, el legislador pesedista recordó que están pendientes por concretar las designaciones de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

Al cierre del último período ordinario de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura, los​ diputados locales autorizaron auditorías especiales a 34 dependencias y organismos estatales y municipales. Además, aprobaron la Ley de Videovigilancia para Morelos y convocaron al proceso electoral 2020-2021, rumbo a las elecciones del 6 de junio próximo.
Por la vía rápida, los legisladores lograron desahogar parte del rezago legislativo con la aprobación de más de 30 dictámenes que se encontraban en la "congeladora" desde el año pasado.
Además,​ de última hora autorizaron la realización de auditorías especiales a 34 dependencias y organismos. En la lista se encuentran: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ); los sistemas de agua potable de Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca; el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos de Puente de Ixtla, Zapata y Zacatepec.
Lo anterior, derivado de que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso rechazó la aprobación de las cuentas públicas de dichas dependencias y organismos en los años 2015 al 2018, por presuntas irregularidades.
Por otro lado, los diputados aprobaron con 14 votos a favor y cinco en contra la ley de videovigilancia,​ que permitirá a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) controlar la instalación, utilización y operación de dispositivos de grabación en espacios públicos y privados con razones de seguridad pública.
El diputado pesedista Marcos Zapotitla Becerro defendió en tribuna la nueva legislación que además contempla modificaciones a la Ley de Seguridad y al Código Penal, pues sostuvo que ayudará a prevenir y combatir delitos.
Sin embargo, la legisladora perredista Rosalinda Rodriguez Tinoco, sostuvo que con la ley de videovigilancia los ciudadanos estarán vulnerables ya que serán video grabados en cualquier espacio, ya sea público o privado.
Además,dijo, se invadirá la actividad mercantil pues se les obligará a las empresas a instalar cámaras de videovigilancia.
Incluso sostuvo que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur) presentó un escrito el pasado 1e de julio pidiendo que la nueva ley fuera socializada.
Finalmente, el Congreso del estado convocó a los ciudadanos, instituciones públicas y partidos políticos al proceso electoral 2020-2021, para el desarrollo de las elecciones el 6 de junio próximo.
Por desacuerdos entre las fuerzas políticas, el proyecto para reactivar el servicio ferroviario en el estado no avanzó, al igual que la ley de Asociaciones Público Privadas.​ Ambos asuntos tendrán que ser abordados para el próximo período ordinario, que iniciará en septiembre próximo o, bien, en un período extraordinario de sesiones, en agosto.
Los legisladores también dieron cumplimiento a ejecutorias de amparos, después de tres meses de inactividad administrativa en el Congreso por la pandemia de covid-19.

Posponen la votación de la iniciativa para el siguiente periodo de sesiones.

Por segunda ocasión, los diputados locales se negaron a someter a votación del Pleno del Congreso del estado la reforma que permitiría a las personas trans cambiar de identidad.
El dictamen de la también llamada "ley de identidad de género" fue incluido en el orden del día de la última sesión ordinaria del segundo año de la LIV Legislatura, a desarrollarse este miércoles. Sin embargo, en reunión de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos, ayer, una mayoría de diputados votó a favor de retirar el tema  y mantenerlo en comisiones hasta el próximo período ordinario, que iniciará en el mes de  septiembre.
Esto sucedió a pesar que el lunes pasado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) convocó a los legisladores a cumplir con su responsabilidad y votar la reforma al Código Familiar que garantizará el derecho de las personas transgénero a cambiarse de identidad por el sexo que eligieron.
El organismo defensor de los derechos humanos señaló a los diputados que de no hacerlo estarían violando los derechos de los integrantes de la comunidad trans, ya reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado 30 de junio, una mayoría de diputados también votó por retirar ese tema del orden del día de la sesión ordinaria que se desarrollaba, al argumentar que se violentaba el proceso legislativo, por lo que se mandó a comisiones.
La Comisión de Atención a la Diversidad informó que corrigió un error de redacción y finalmente lo presentó para que se incluyera antes de que terminara el período ordinario de sesiones, este 15 de julio, lo cual no sucederá, por la negativa de un grupo mayoritario de legisladores.

Varios consejeros no quieren sesionar.

La presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Morelos, Penélope Picazo Hernández, aseveró que el rezago en la operación de este organismo obedece a que algunos integrantes no asisten a las sesiones con el pretexto de la pandemia de coronavirus. Por otro lado, sostuvo que el presupuesto asignado para este año debe ser respetado porque fue etiquetado por el Congreso local.

Este martes, integrantes de dicha instancia se reunieron para analizar avances en cuanto a la puesta en marcha de algunos trabajos; entre otros puntos, informó la presidenta, se entregó una propuesta de estructura con 16 personas.

Picazo Hernández apuntó que para este año se asignaron 12 millones 500 mil pesos de presupuesto, el cual está etiquetado por el Congreso local y se debe respetar y asignar, pero dejó en claro que durante los primeros meses no se ha operado formalmente y “no se va a ejercer en retroactivo”.

“Hay que preguntarle a quienes no han asistido a las sesiones, hay algunas (instituciones) que no han acudido, justificando el tema de la pandemia, pero hay quienes sabemos que la corrupción no está en cuarentena, por eso seguimos trabajando y luchando por este tema” expresó, al ser entrevistadas sobre la suspensión de actividades durante casi un año de creación del sistema.

“La verdad es que Morelos somos un tema a nivel nacional porque somos el estado que falta por alinearse” comentó, al reconocer que no se han resuelto las diferencias por la designación en la titularidad de la secretaría ejecutiva. Expuso que cuatro consejeros sí están unidos y están trabajando en las 66 líneas estratégicas pero necesitan una estructura que les apoye.

Comentó que anteriormente se tenían 52 personas, y ahora sugieren que sea una de 16, “con salarios adecuados a la situación que está viviendo el país y el estado, no hay viáticos, no hay carros, no hay nada”. Rechazó las versiones publicadas en redes sociales en el sentido de que se habían asignado sueldos de 35 mil pesos y se había contratado a personas allegadas.

Insistió en que llevan un año de haber tomado protesta en el consejo estatal, pero no han podido avanzar, por falta de participación en las sesiones a las que se ha convocado en tiempo y forma.

informó que los cuatro consejeros entregaron en la reunión de ayer una propuesta de estructura de 16 plazas, en vez de 52, a diferencia de la anterior y con "salarios adecuados a la situación que está viviendo el país y el estado".

Lo anterior, para que dicha instancia comience a trabajar con los recursos indispensables ante la complicada situación económica, según indicó Picazo Hernández.

Asimismo, dijo que hay rezago porque varios de los integrantes del consejo no han querido sesionar con el pretexto de la pandemia, pero "la corrupción no descansa" y algunos sí continúan laborando.

Representantes de diversas asociaciones de padres de familia y de grupos religiosos solicitan a los diputados “legislar con perspectiva de familia”. 

Representantes de diversas asociaciones de padres de familia y de grupos religiosos entregaron a los diputados de la Comisión de la Familia, presidida por la diputada Dalila Morales Sandoval, una propuesta de iniciativa ciudadana en la que se solicita a los diputados, “legislar con perspectiva de familia”, y cuyo objetivo es que los padres y madres puedan tener una mayor incidencia en la educación de sus hijos, así como en los contenidos y planes de estudio.

En el encuentro con las y los diputados Dalila Morales, Rosalina Mazari Espín, Xochiquetzal Sánchez Ayala, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Blanca Nieves Sánchez Arano, Alfonso Sotelo Martínez y José Luis Galindo Cortez, el colectivo de asociaciones ciudadanas entregó la iniciativa de ley Pinparental o de Sana Educación.

En su intervención, la legisladora Dalila Morales consideró como trascendente la propuesta de las organizaciones ahí presentes, basada en la premisa de que “el estado no puede obligar a nuestros hijos a participar en actividades extracurriculares” que vayan en contra “de nuestros principios morales, éticos y religiosos”.

En este mismo sentido consideró que la “perspectiva de familia” tiene prácticamente que “trazar la vida pública”, además refirió que si dicha visión se considera primordial en temas como salud, educación y seguridad, “las cosas van a ser diferentes”, y refirió específicamente que “si nuestros hijos están educados en valores, no van a pensar en delinquir”.        

Por su lado, tras manifestar su respaldo y su intención de suscribir la iniciativa ciudadana, la diputada Rosalina Mazari Espín, secretaria de la Comisión de la Familia, puntualizó que en este tema “se deben tomar muy en cuenta los valores”, los cuales explicó, deben existir “y persistir desde la educación básica”, proceso en el cual los padres y/o tutores tienen una función primordial.

En este mismo sentido, agregó que “el amor, y el sano desarrollo del niño, niña o del adolescente” que se reciben en el seno familiar tienen como objetivo que a la postre se conviertan “en ciudadanos y ciudadanas de bien”.  

Al respecto, la ex senadora Lisbeth Hernández Lecona, quien fungió como vocera de los diferentes colectivos, detalló que entre las asociaciones presentes a través de sus representantes y que suscribieron dicha iniciativa ciudadana, se encontraban “el Frente Nacional por Familia, Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, Alianza de Padres de Familia, Alianza de Pastores”, entre otras organizaciones de vida y familia.

Asimismo, en su exposición de motivos y presentación de la iniciativa, Lisbeth Hernández manifestó que “los padres de familia queremos formar parte de los planes y programas de estudio” además de “vigilar las currículas y contenidos que se imparten a nuestros hijos”.

Reconoce la directora general para la Gestión de Riesgos Federal, Brisna Michelle Beltrán, trabajo del Congreso del Estado de Morelos.

Fue a través de una conferencia virtual como se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el departamento de Gestión de Riesgos de la Secretaria de Gobernación Federal a cargo de Brisna Michelle Beltrán y el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, con sus respectivos equipos de trabajo y expertos en la materia de protección civil, como se intercambiaron ideas y propuestas que vendrán a enriquecer este ambicioso proyecto.

Y esto se refiere a la creación del Sistema de Alerta Temprana para Sismos en el Estado de Morelos, que forma parte de la Ley Estatal Morelos para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, iniciativa del diputado jojutlense.

La funcionaria federal, mostró gran interés en este proyecto, reconociendo el trabajo del legislador, porque en el sistema va implícito la protección a la vida, al tiempo que manifestó su apoyo con personal a su cargo para que en breve se concrete el proyecto ejecutivo y esto sea una realidad en beneficio de todos los morelenses.

Por su parte, el también presidente de la Mesa Directiva del Congreso Morelense, Alfonso Sotelo, manifestó que se lograron presupuestar 12 millones de pesos, en su primera etapa para la construcción de todo el sistema y que están buscando más recursos para que quede al 100 por ciento, ya que el proyecto general requiere un total de 50 millones de pesos.

Del total de los recursos, el 50% se invertirán en infraestructura, es decir en la adquisición e instalación de dos antenas, ya que detalló, que actualmente se cuenta con una, ubicada en Huitzilac en el corredor del Chichinautzin, y a decir de los directivos del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico Asociación Civil (CIRES) se deben establecer dos transmisores más para su efectividad; una, de acuerdo a los estudios de los expertos debe ubicarse en Tepalcingo y otra más en la zona sur.

En tanto el 50% restante se aplicaría en la adquisición y colocación de parlantes y con ello hacer eficiente el funcionamiento de este sistema, que pondrá en alerta a la población en caso de sismo fuerte, con ello se lograría que las personas tengan tiempo de ponerse en un lugar seguro y salvaguardar su integridad física.

Finalmente, ambos funcionarios, acordaron seguir trabajando en coordinación para obtener el mejor proyecto ejecutivo y en breve Morelos cuente con este sistema muy similar al de la ciudad de México, pero adaptado a la realidad y condiciones de Morelos.

Se pronuncian por que se respete el derecho de la población transexual a decidir sobre su identidad jurídica.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) exhortaron al Congreso de Morelos a aprobar a la brevedad posible la iniciativa de ley que permita a las personas de la comunidad trans modificar su identidad legal.

En rueda de prensa convocada por el colectivo Transformando Morelos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, representantes de ambos instituciones se pronunciaron por que se respete el derecho de la población transexual a decidir sobre su identidad jurídica, luego de que el dictamen de la iniciativa de "Ley de Identidad de Género" fue retirado de los asuntos para sus análisis y votación en la sesión de Pleno del  Congreso el pasado 1 de julio.

Julio César Cervantes, subdirector del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la CNDH, recordó que el orden jurídico mexicano y normas internacionales protegen el derecho al cambio de identidad, porque la reasignación sexual forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad del individuo, al derecho a la imagen, identidad personal y sexual.

Consideró que los legisladores morelenses deben atender los criterios nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, para que finalmente pueda ser aprobada la iniciativa de ley y la comunidad trans pueda ejercer plenamente sus derechos, como ocurre ya en otros estados que han legislado sobre el tema.

“Esperamos que en Morelos se cumpla esta tendencia legislativa actual, porque si nos hemos dado cuenta, estas luchas de reclamo de las poblaciones trans han avanzado en otras entidad federativas como en la Ciudad  México, como Michoacán, como Colima, como Oaxaca.

“Tenemos plena confianza de que los legisladores en su actuar van a respetar los derechos  de las y los compañeros que ocupen de estos procesos administrativos para adecuar su identidad legal, y asimismo van a cumplir con su obligación de promover, respetar los derechos humanos, una obligación constitucional importantísima para el desarrollo y pleno goce de los derechos a la igualdad sustantiva”, señaló.

En el mismo sentido se pronunció Dania Ramírez, encargada de despacho del Conapred, quien envió un mensaje de apoyo institucional a la comunidad que impulsa esta iniciativa de ley que.

De acuerdo con el mensaje difundido, la funcionaria federal afirmó que conforme a los criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la identidad de género es parte del libre desarrollo de la personalidad y los tratados internacionales obligan al Estado mexicano a reconocer la identidad de género de las personas trans.

“Desde Conapred hacemos a un llamado a este y otros estados a que se reconozca esa obligación y a que se promueva, respeten, protejan y garanticen los derechos de todas, todos y todes (sic)”, dijo en apoyo a los colectivos que han impulsado la iniciativa de ley para que la población trans en la entidad pueda realizar sur reasignación legal de sexo, conforme a su apariencia y pueda gozar de sus plenos derechos como el resto de la población.

Sharon González Ontiveros, vicepresidenta de Transformando Morelos, hizo también un llamado a los legisladores. “Le pedimos hoy al Congreso de Morelos, a los diputados que dan voto en contra, que reconozcan el derecho a la identidad de género no solo de mujeres sino también de hombres trans, que buscamos el acceso a la educación, a la salud y a una vida digna y libre de violencia”.   

Los procesos son contra ex funcionarios y diputados de la LIII Legislatura por falsificación de documentos.

El Congreso del estado promovió 12 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en contra de ex funcionarios y diputados de la LIII Legislatura, por falsificación de documentos para la autorización de "pensiones doradas".
El diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, informó que con estas denuncias se combate a fondo las irregularidades cometidas durante la pasada legislatura para beneficiar con abultadas pensiones a ex funcionarios del Congreso local y de la administración que encabezó el ex gobernador perredista Graco Ramírez.
De acuerdo con el legislador, estas 12 denuncias se suman a tres más que se presentaron ante la FECC al inicio de la LIV Legislatura sobre este caso y en las que están involucrados los ex diputados perredistas Julio Espín Navarrete, Silvia Irra Marín, Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste.
"Con estos nuevos expedientes se generan nuevos elementos que difícilmente podrán tener el beneficio de hacer frente estos procesos en libertad", manifestó Casas González.
Además, sostuvo que este supuesto delito cometido en la pasada legislatura para beneficiar a al menos 12 ex funcionarios cuesta al erario público siete millones de pesos al año.
Al inicio de la LIV Legislatura se confirmó la autorización de cerca de 40 "pensiones doradas" para favorecer a ex servidores públicos que son familiares y allegados a los ex diputados y al ex mandatario Graco Ramírez, por lo que fueron canceladas.
Sin embargo, los ex funcionarios se ampararon y en la mayoría de los casos lograron mantener su jubilación, por errores cometidos en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social cuando la presidía la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

José Casas aseguró que se inició una nueva investigación de la que derivaron las 12 denuncias que servirán como elemento ante el juez federal para que se cancelen definitivamente las pensiones. 

Blanca Nieves Sánchez dijo que promoverá un exhorto al IEBEM para que no se ponga en riesgo a los estudiantes.

La diputada del Partido Nueva Alianza (Panal) Blanca Nieves Sánchez Arano sostuvo que no hay condiciones para el regreso a clases presenciales el próximo 10 de agosto.
En entrevista, la legisladora local adelantó que promoverá un exhorto a la Secretaría de Educación y al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) para que no se ponga en riesgo a los estudiantes y a los maestros si se les obliga al regreso a las aulas cuando la incidencia de casos de covid-19 es alta.
Para la diputada, la mayoría de las instalaciones educativas en el estado no son aptas para respetar las medidas sanitaria obligatorias para iniciar clases presenciales, así como tampoco los menores están preparados para acatarlas y evitar contagios.
"En las escuelas no podrías implementar la sana distancia para comenzar, al menos en el sector público, donde tenemos aulas que si bien nos va tenemos 45 niños;  no tenemos el espacio geográfico ni el inmueble necesario. Además los niños, les hablo de preescolar, de primaria, ¿cómo vas a impedir que un niño interactue, juegue y le dé un sorbo a un contenedor de su compañerito o agarre y le dé una mordidita?", manifestó Sánchez Arano.
En este sentido, consideró que las autoridades estatales deben buscar los mecanismos necesarios para que el ciclo escolar 2020-2021 pueda iniciar mediante clases virtuales, sin que se ponga en riesgo la salud de los menores y sus docentes.
La postura de la diputada coincidió con la de integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) que advirtieron que no existen condiciones para que regresen a dar clases presenciales el próximo 10 de agosto.

En noviembre podría empezar a funcionar el nuevo sistema de videovigilancia en Morelos.

En noviembre próximo podría empezar a funcionar el nuevo sistema de videovigilancia para Morelos que operará la Comisión Estatal de Seguridad, para lo cual se adquirirán cerca de mil dispositivos de grabación que serán colocados en puntos estratégicos del estado.
El director del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), Juan Diego Pons Díaz, informó que además de las nuevas videocámaras, también se ha proyectado la instalación de tres arcos de seguridad en los accesos y salidas de Morelos, para el combate a la delincuencia.
El funcionario estatal explicó que el proyecto ya fue autorizado por el Fidecomp para disponer de 30 millones de pesos de dicho fondo y se prevé que en cuatro meses ya esté operando, con el fin de fortalecer las labores de prevención y combate del delito.
Pons Díaz indicó que con los arcos detectores de seguridad se podrá escanear con rayos X  a los vehículos que circulen por las carreteras y se tomarán fotografías de las placas.
Mencionó que la CES trabaja en un mapa para la ubicación de las cámaras de seguridad en las zonas de mayor incidencia delictiva, por lo que se ha proyectado la adquisición de más de mil dispositivos.
Este proyecto va de la mano con la nueva Ley de Videovigilancia que se podría votar esta semana en el Congreso del estado y que establece las reglas para la operación de los dispositivos de seguridad, mediante la creación de un sistema estatal que será parte de la CES.

Analizan diputados y expertos iniciativa que crea la Ley Estatal para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil.

Al participar de la reunión de trabajo para el análisis del Dictamen de la iniciativa que crea la Ley Estatal para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, pidió a los participantes de la mesa de trabajo realizar el mejor de los esfuerzos para dar a los ciudadanos de Morelos una Ley con los instrumentos que permitan prevenir desastres y evitar la pérdida de vidas.

Ante los integrantes del equipo de trabajo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, encabezados por Enrique Clement Gallardo, Alfonso Sotelo explicó que el proyecto que presentó ante el Pleno del Congreso tiene como finalidad expedir una ley “que se apegue a la realidad de los que habitamos el estado de Morelos, fortaleciendo la protección de las personas y sus bienes, considerando a la Protección Civil como un derecho humano en el marco de la Gestión Integral de Riesgos, e involucrando activamente a la sociedad, para evitar la pérdida de la vida de las personas y sus bienes”.

Destacó que la iniciativa prevé la creación de la Escuela de Protección Civil y el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, este último como un órgano de apoyo técnico científico para la Coordinación Estatal, las Coordinaciones Municipales y la sociedad en general.

Y contiene el andamiaje jurídico necesario para disminuir los efectos de un desastre o fenómeno perturbador, así como fortalecer las acciones de emergencia ya existentes para dar apoyo a la sociedad, tanto en el rescate de personas como en la evaluación de las condiciones estructurales de inmuebles que pudieran resultar un riesgo para la población.

Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía en general a que, una vez aprobada la mejor Ley de Protección Civil con el acompañamiento y análisis de los expertos en la materia, sean los morelenses quienes se involucren y la hagan suya.

“Como Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de crear leyes socialmente justas, pero para alcanzar la aplicación eficiente de la gestión de riesgos y de una verdadera protección de las personas y sus bienes, requerimos de voluntades, decisiones y la puesta en práctica de acciones políticas, económicas, científicas y educativas, que nos involucren a todos", subrayó.

De su parte, el coordinador estatal de PC, Enrique Clement, refrendó su compromiso para aportar todas las observaciones necesarias al proyecto y entregó al cuerpo técnico de la Comisión de Seguridad Publica y Protección Civil del Congreso, un primer análisis por escrito, con el que habrá de enriquecerse el dictamen de la iniciativa.

En los próximos días el Congreso del estado podría emitir también la convocatoria para designar titular de la ESAF.

El Congreso del estado podría emitir en los próximos días las convocatorias para nombrar a dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza,  explicó que primero se deberá definir con el resto de los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias si estos nombramientos se concretarán en un período extraordinario de sesiones para el mes de agosto. De lo contrario, agregó, estas designaciones tendrían que postergarse para septiembre, cuando inicie el primer periodo de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura.
Flores Espinoza informó que esta semana habrá sesión de la Junta Política y de Gobierno para definir si se abre un período extraordinario de sesiones después del 15 de julio.
"De esta manera definiremos si emitimos la convocatoria en los próximos días, para que en un período extraordinario de sesiones nombremos a los dos comisionados del IMIPE y al auditor", agregó.
Recordó que el año pasado el Congreso del estado llevó a cabo dos procedimientos, para designar a un comisionado del IMIPE y al titular de la ESAF, pero por la falta de acuerdos entre los legisladores no se concretaron los nombramientos.
Flores Espinoza refirió que la Junta Política y de Gobierno revisa si se reponen los dos procedimientos o se concretan los nombramientos con base en las dos listas de aspirante que se registraron en el 2019.
No obstante, adelantó que por los vicios que se cometieron en ambos casos, la mayoría de los acuerdos entre los diputados avanzan a favor de emitir nuevas convocatorias, para evitar que las designaciones puedan ser impugnadas.
Así mismo, indicó que  para suplir el espacio que dejó la ex comisionada del IMIPE Mireya Arteaga Dirzo en abril de este año, el Congreso sí tendrá que abrir una convocatoria.
"Hay dos temas en el IMIPE, una renuncia de una comisionada, de Mireya Arteaga (para cuya sustitución) se debe emitir una convocatoria, y está el tema pasado, que se analiza si se emite una nueva convocatoria o se sigue con el procedimiento que ya estaba. De la misma forma revisaremos el tema del auditor", añadió.

Discrepancias entre diputados impiden la aprobación del convenio necesario para reactivar los trabajos.

La falta de acuerdos entre los partidos políticos con representación en el Congreso del estado podría impedir la aprobación del proyecto ferroviario que impulsó el gobierno estatal mediante la firma de un segundo convenio con la empresa "Ferrosur" y de la Ley de Asociaciones Público Privadas para Morelos.
Ambos proyectos fueron incluidos como prioritarios por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo dentro del Plan para la Reapertura y Reactivación Económica del Estado que presentó este martes. Sin embargo, siguen detenidos en comisiones por la falta de consensos entre los legisladores.
Este lunes, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública se reunieron para aprobar el dictamen del proyectos ferroviario, pero por segunda ocasión no se logró el quórum necesario para su votación.
De la misma forma, el dictamen de la Ley de Asociaciones Público Privadas, propuesta que presentó desde julio del 2019  el Poder Ejecutivo, se encuentra detenida en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por la falta de acuerdos para su aprobación y presentación ante el Pleno.
Este martes, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez informó que solicitó reuniones con los secretarios de Gobierno y Desarrollo Económico y del Trabajo, Pablo Ojeda Cárdenas y Ana Cecilia Rodríguez González, a fin de que expliquen a los legisladores de la prioridad de estos proyectos para la reactivación económica del estado.
La intención del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) es que ambos proyectos se aprueben antes del 15 de julio, cuando concluirá el periodo ordinario de sesiones, pues de lo contrario, tendrían que revisarse en un periodo extraordinario, lo que sería hasta agosto próximo.
El proyecto entre el gobierno del estado y la empresa Ferrosur permitirá conectar a Morelos con la red ferroviaria nacional, mientras que la Ley de Asociaciones Público Privadas sentará las bases legales para que el estado pueda firmar convenios con la iniciativa privada e impulsar proyectos de desarrollo.

Las actividades administrativas están suspendidas desde hace más de tres meses.

El Congreso del estado se prepara para una reactivación escalonada de las labores administrativas, luego de más de tres meses de que fueron suspendidas por la emergencia sanitaria.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza, refirió que la reapertura del Congreso local a la ciudadanía podría ocurrir la próxima semana y bajo medidas estrictas de seguridad sanitaria,  para evitar riesgos de contagio de covid-19.
Explicó que el acuerdo establecido entre los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias fue que se establecerán guardias para evitar que haya  más de dos o tres trabajadores en las oficinas.
Para ello informó que se reunieron con autoridades de la Secretaría de Salud estatal, las que explicaron los protocolos a seguir para garantizar la seguridad  de los empleados y de los ciudadanos asistentes.
Expuso que además de la colocación de tapetes sanitizantes en los accesos al recinto legislativo y el uso de gel antibacterial y cubrebocas, también se tomará la temperatura a los ciudadanos que visiten el Congreso. "No podrán entrar más de dos personas por grupo y también se nos dijo del uso del aire acondicionado, que puede ser un riesgo", añadió.
Con base en el último acuerdo anunciado por la Mesa Directiva el pasado 30 de junio, se expuso que el periodo de aislamiento para el Congreso se extendería hasta el 15 de julio. Sin embargo, la diputada Alejandra Flores Espinoza dijo que podrían reanudarse las actividades administrativas antes de esa fecha, tanto para los trabajadores de confianza como sindicalizados, con base al cambio de semáforo -de rojo a naranja- en Morelos.