La titular de la Dirección de Atención a la Diversidad del gobierno estatal lamentó que en el Congreso local se haya diferido nuevamente la aprobación de la iniciativa de reforma en materia de identidad sexo genérica.

La titular del área, Violeta Sánchez Luna, llamó a las y los diputados opositores a la medida a que legislen en apego a la Constitución y respeto a los derechos humanos.

Recordó que el lunes pasado entregó al Poder Legislativo un documento en el que expone la opinión legal de dicha dirección del Poder Ejecutivo y hasta este viernes no ha tenido respuesta.

Sánchez Luna expuso que la ley para prevenir y erradicar la discriminación le faculta para emitir opiniones jurídicas en torno a la legislación y con ese fundamento el pasado 13 de julio presentó al Congreso el documento referido, respecto a la propuesta de reforma al código familiar para reconocer la identidad leal de las personas trans.

La iniciativa fue presentada formalmente hace 15 meses y el pasado 30 de junio se iba a discutir y someter a aprobación, pero se sacó de la orden de día “aludiendo un pretexto técnico”.

Sánchez Luna apuntó que es sabido que el miércoles fue la última sesión del periodo ordinario, por lo que dicha reforma sería abordada hasta septiembre próximo.

Apuntó que hay fundamento legal en tratados internacionales a los que México está adherido, que contempla el reconocimiento de los derechos de las personas trans para tener una identidad legal acorde con su identidad actual. Además, destacó que hay criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llamó a los estados a armonizar la legislación de los estados a los referidos principios.

Actualmente son nueve estados del país los que tienen leyes actualizadas, que contemplan el procedimiento legal para reconocer y modificarlas actas de nacimiento de las personas transexuales, que les permita tener acceso a muchos otros derechos, como el poder cambiar su credencial de elector y poder votar con su actual identidad o el derecho a la salud, entre otros.

Apuntó que existe una figura legal que contempla la “discriminación indirecta”, que es aquella que se presenta cuando una ley o disposición reglamentaria, una cláusula contractual, aparentemente neutros, pueden ocasionar una desventaja particular a una persona respecto a otras por cuestiones de origen racial, étnico, religión orientación sexual y género. “En este caso estamos en ese supuesto donde una norma afecta los derechos humanos”.

El llamado a las y los diputados que se oponen -añadió- es “que legislen con base en la Constitución, que legislen con base a criterios establecidos por la Corte y tratados internacionales que ha firmado México y que no se dejen llevar por prejuicios personales o de grupo, porque su obligación es legislar para todos y particularmente a favor de una población históricamente discriminada, segregada, excluida”.