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Diputada panista revela que por resolución judicial deberán tomar posesión Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez como cuarto y quinto comisionado.

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, admitió que la resolución judicial que obliga al Congreso del estado a dar posesión del cargo a Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez como comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) pudo haberse evitado con una reforma constitucional.

En entrevista, la legisladora panista recordó que desde el 2018 propuso una reforma al artículo 23-A de la Constitución Política del Estado para disminuir de cinco a tres el número de comisionados que integran el IMIPE, y con ello echar abajo la modificación que la LIII Legislatura hizo al mismo marco normativo para colocar a Alvear Sánchez y Yáñez Vázquez en dicho organismo.

"Totalmente, era un tema que  se pudo haberse evitado en su momento porque ya se había hecho el análisis que efectivamente se cumplía con los tres consejeros el trabajo que le corresponde al IMIPE  y así se hubiera quedado integrado el instituto. Hoy se da la resolución, es un tema que afecta nuevamente al Congreso del estado", manifestó.

Y agregó: "hoy ya es una realidad que nos va a afectar y no solamente en el tema del Congreso, sino en el tema presupuestal, porque entiendo que tendrá que ser retroactivo el proceso y generar la reinstalación de los comisionados".
La legisladora panista dijo desconocer los motivos por los cuales la iniciativa de reforma constitucional permaneció en la "congeladora" de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso local y que hoy, finalmente, beneficia a Roberto Yáñez, padre de los ex diputados Julio y Roberto Yáñez, así como a Marco Antonio Alvear, ex asesor del ex diputado Mario Chávez Ortega.

"No entendí cuál fue la situación de tenerlo ahí parado por quienes  han encabezado esta comisión. Entiendo que hubiera alguna situación en particular", añadió.

El Congreso del estado no sólo deberá garantizar el nombramiento de los dos comisionados, sino que tendrá que prever un aumento presupuestal para el IMIPE, a fin de que se cubran los salarios de los dos nuevos comisionados de manera retroactiva.

Quieren que sobrevivientes y deudos reciban una indemnización.

Familiares y víctimas  de la masacre registrada en un velorio de la colonia Antonio Barona de Cuernavaca el pasado primero de septiembre, anunciaron una caminata por la paz para mañana miércoles 28, con la que exigirán justicia.

Daniel Jiménez, padre de uno de los jóvenes asesinados, aseguró que la marcha será pacífica y podrán sumarse todos los ciudadanos que deseen protestar por la inseguridad en el estado.

Detalló que caminarán desde la capilla de la colonia Lomas de Cortés hasta la ayudantía de la colonia Antonio Barona, donde pretenden instalar un memorial por las víctimas de la masacre.

Los ciudadanos denunciaron que a casi dos meses de los hechos,  la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha informado de los avances de las investigaciones, mientras que la inseguridad en la colonia sigue siendo preocupante.
"Cuando nos reunimos con el fiscal (Uriel Carmona) nos dijo que en cuatro meses podría tener avances importantes, pero es la fecha en que no sabemos nada. Somos nosotros quienes nos hemos encargado de limpiar la imagen de nuestros hijos", manifestó Daniel Jiménez.

Los ciudadanos acudieron al Congreso del estado a pedir la reparación del daño por los hechos.

Tanto las víctimas como los familiares del ataque armado afirmaron que el gobierno del estado sólo les ayudó con los gastos funerarios, cuando muchos sobrevivientes aún siguen en rehabilitación o bien existen menores que se quedaron huérfanos.

El Congreso espera que la SCJN entregue el expediente completo del caso para iniciar el proceso.

El Congreso del estado sigue sin tener fecha para iniciar el proceso de designación de seis magistrados del Poder Judicial.

De acuerdo con el diputado morenista Javier García Chávez, la Junta Política y de Gobierno (JPyG) está a la espera del engrose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la resolución de la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión de  Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y que invalidó el nombramiento por 20 años de los actuales magistrados.

El legislador local refirió que el órgano de gobierno del Congreso determinó esperar el engrose, pues los alcances de dicha resolución podrían ser mayores.

"Existe la especulación de que esa determinación no alcanzaría sólo a seis magistrados, sino a 11, pero son sólo especulaciones y por eso se determinó esperar a la resolución", añadió.

La determinación que emitió la Corte en julio pasado obligó a que seis magistrados dejaran su cargo de forma inmediata; cuatro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

La semana pasada, el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, informó de la intención de algunos legisladores de impulsar una reforma constitucional para otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de proponer a los magistrados del Poder Judicial.

Al respecto, el diputado morenista dijo que hasta el momento se desconoce esa la propuesta y cuál fuerza política pretende impulsarla.

Reconoce también a personal de salud que atiende a pacientes afectados por el virus.

Al cumplir con la entrega del Reconocimiento al Mérito Médico del Estado de Morelos 2020, por acuerdo de su Consejo fue instituido un memorial para reconocer al personal médico que perdió la vida en el cumplimiento de su deber, así como también la labor de todas y todos los médicos y trabajadores del sector salud que se encuentran atendiendo a los pacientes contagiados por la covid-19. 

Al presidir el acto solemne, en el marco de la sesión ordinaria de pleno del Congreso del Estado y de la celebración del Día del Médico en nuestro país, el diputado José Luis Galindo Cortez explicó que el decreto original del Reconocimiento al Mérito Médico hace referencia a que su entrega se tiene que realizar a aquella persona que se distinga por su vocación de servicio en la formación de profesionistas en el área de medicina, por sus aportaciones a favor de la salud y por su sensibilidad humana, su disposición y entrega permanentes.

Sin embargo, el Consejo del Reconocimiento acordó, debido a la pandemia que atravesamos, instituir el memorial que, de acuerdo con el legislador, quien preside la Comisión de Salud del Congreso, “también tiene como propósito edificar un lugar simbólico que permita salvaguardar en la memoria de todos los morelenses el invaluable aporte de las mujeres y hombres en la lucha contra esta pandemia”.

Dijo que, “con el memorial, buscamos reconocer a todos aquellos quienes desafortunadamente han perdido la vida en el intento por recuperar la salud de sus pacientes, expresando así nuestro más profundo respeto y agradecimiento a todos los familiares y seres queridos de los ahora ausentes”, y solicitó a los presentes ponerse de pie y brindar un minuto de aplausos por ellos.

Tras la proyección de un video sobre el trabajo del personal de salud, al que se le reconoció por su calidad, calidez y un profundo amor, el diputado precisó que el memorial también es símbolo del reconocimiento a todas y todos los que en este momento se encuentran en la batalla para salvar las vidas de aquellos morelenses que se encuentran hospitalizados. 

Al destacar el sacrificio y profesionalismo de miles de hombres y mujeres del sector salud tanto público como privado para atender las consecuencias de Covid-19, destacó que estamos ante un desafío inédito para el cual no estábamos preparados.

“Las irreparables pérdidas de vidas humanas sigue incrementando, esta crisis de salud pública y económica sin precedentes de la época contemporánea a nivel mundial, nacional y estatal sigue presentando un gran reto para los gobiernos y ciudadanos”. 

Por ello, “este memorial también tiene como intención de que las futuras generaciones no olviden lo que a nosotros nos tocó vivir, preservando este inédito acontecimiento en la memoria histórica de la sociedad morelense”.

Como parte central del evento, se entregó dicho reconocimiento a médicos e instituciones, entre ellos, Armando Ramírez Saldívar, jefe del Departamento de Atención Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Morelos; Mónica Arriaga Arroyo, subdirector del Hospital General de Zona #7 de Cuautla, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Denise Díaz Vivanco, Médico Adscrito a Medicina Interna del Hospital General Regional #1 de Cuernavaca, del IMSS.

Asimismo, se reconoció la labor de Blanca Andrea Vega Vargas, presidenta del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos AC; Daniel Xavier Xibillé Friedmann, encargado de la Jefatura de Medicina Interna del Hospital General de Cuernavaca, perteneciente a los Servicios de Salud de Morelos (SSM) y Fernando Carrillo García, médico adscrito al Hospital Militar de Zona Cuernavaca de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En cuanto a las instituciones que recibieron el Reconocimiento al Mérito Médico del Estado de Morelos 2020, a nombre del ISSSTE Morelos, recibió el galardón Verónica Itzel Solano Flores; por el IMSS Morelos acudió José Miguel Ángel Van-Dick Puga; por el Hospital General de Zona Cuernavaca de la Sedena, Gabriel Martínez Durad; por el Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos recibió la distinción Blanca Andrea Vega Vargas, en tanto que por los SSM, acudió Héctor Barón Olivares.

Al evento asistieron representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Morelos, de los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, de los Colegios de Médicos, así como de médicos, trabajadoras y trabajadores del sector salud y de sus familias.

El Congreso estatal estudia un par de iniciativas para aumentar hasta en un 25 por ciento el Fondo General de Participaciones.

El Congreso del estado recibió dos iniciativas para aumentar hasta a un 25 por ciento del presupuesto el Fondo General de Participaciones, en favor de los 36 municipios para el 2021.

La coordinadora y única integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, afirmó que es necesario fortalecer las finanzas de los municipios para el próximo año, ante la crisis económica que causó la pandemia de covid-19.

Además, recordó que en este 2020 los municipios también registraron una reducción en sus ingresos, derivado de la disminución de los recursos de diversos programas federales y de la invalidez del Impuesto Adicional que cobraban en sus leyes de ingresos.

Advirtió que si el Congreso del estado no autoriza un incremento hasta del 25 por ciento en las participaciones federales, los gobiernos municipales podrían estar imposibilitados para prestar los servicios básicos  "y la calidad de vida que demandan los ciudadanos".

Por su lado, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, también impulsó una propuesta de reforma para modificar la Ley de Coordinación Hacendaria e incrementar  en tres puntos porcentuales las participaciones federales que al año reciben los municipios.

La diputada sostuvo que al devolverles los recursos que se redujeron a los municipios en el 2013 -cuando se creó el Mando Único en el gobierno de Graco Ramírez- "sería una forma "justa y equitativa de compensarlos por la disminución de recursos públicos".

Los legisladores buscan concretar el nombramiento durante la primera semana de noviembre.

Veinticinco aspirantes se registraron para ocupar la titularidad de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) cuyo nombramiento podría concretarse durante la primera semana de noviembre.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado, Ariadna Barrera Vázquez, indicó que el pasado sábado 17 de octubre concluyó el período de registro de los aspirantes al cargo.

Posterior a ello, explicó, esta misma semana la Comisión Calificadora tendrá que revisar cada uno de los perfiles, lo que de acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado tendría que darse en un plazo máximo de cinco días naturales.

Concluido este tiempo, la misma Comisión Calificadora tendrá que entrevistar por separado a cada uno de los aspirantes, para conocer sus propuestas de cómo desempeñar su trabajo en la ESAF, proceso que tendrá que darse en cinco días naturales también.

Finalmente, la citada ley señala que tres días naturales después la misma comisión, que está integrada por los coordinadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Encuentro Social (PES), deberá emitir una terna y presentarla ante el Pleno del Congreso del estado para su votación y la designación del nuevo titular de la ESAF.

Con base en lo anterior, se prevé que a finales de octubre o durante la primera semana de noviembre se haya concretado el nombramiento.

La diputada Ariadna Barrera Vázquez afirmó que no existe preferencia por ninguno de los candidatos y se revisará a cada uno de los perfiles para designar al más capaz en el órgano auditor.

Diputados no tienen consensos para designar al presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local.

La falta de acuerdos entre los diputados locales para designar al presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso mantiene detenido el análisis del Paquete Económico del estado y las leyes de ingresos municipales para el 2021.

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, admitió que la falta de un diputado al frente de la Comisión de Hacienda ha impedido que se puedan llevar a cabo las mesas de trabajo para revisar la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos  del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2021.

Señaló que si bien la Mesa Directiva turnó la propuesta del Paquete Económico del Poder Ejecutivo a los 20 diputados para su revisión, "sí es importante que se concrete esa designación para iniciar las mesas de trabajo", declaró.
Refirió que después de varias semanas de revisión no se han podido poner de acuerdo como fuerzas políticas para designar al diputado que presidirá la Comisión de Hacienda y adelantó que aún no existen acuerdos en concreto para que pudiera darse esta misma semana.

"Esperemos que en los siguientes (días) podamos estar poniendo sobre la mesa los nombres de los diputados que aspiran a ser presidente de esta comisión y podamos salir adelante con el presupuesto que sí fortalezca a los morelenses", añadió.

Además del presupuesto estatal, la revisión de las 36 leyes de ingresos también está detenida, así como otras propuestas impulsadas por el Poder Ejecutivo, como la solicitud de refinanciamiento de la deuda pública por cerca de seis mil 500 millones de pesos.

Ante este retraso en la revisión de las leyes fiscales se corre el riesgo de que los legisladores, una vez más, retrasen la aprobación del Paquete Económico, como sucedió con el del 2019 y el del presente año.

La emergencia sanitaria ha provocado un aumento en el uso de plásticos, unicel y popotes.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval afirmó que para el 2021 tendrá que cumplirse con la aplicación de la ley que prohíbe los plásticos de un sólo uso.

En entrevista, admitió que la emergencia sanitaria ha provocado un aumento en el uso de plásticos, unicel y popotes, con el supuesto de que permiten mayor higiene.

Sin embargo, sostuvo que las grandes empresas deben buscar productos que sustituyan dichos materiales y garanticen la seguridad sanitaria para los ciudadanos.

Refirió que ha sostenido mesas de trabajo con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno estatal para revisar el reglamento que deberá de publicarse antes del 2021 y que fijará las reglas para prevenir el uso de plásticos.

En este sentido, no descartó que pudieran establecerse excepciones en la aplicación de la norma, pero éstas no tendrán que ser una limitante para que se cumpla con la finalidad, que es inhibir el uso de plásticos.
Recordó que se trata de un proceso escalonado  y el decreto que se publicó en enero de este año sólo establece que las grandes empresas están obligados a suspender la utilización, entrega o venta de plásticos de un sólo uso.
Para el 2022, añadió, los medianos y pequeños negocios tendrán que hacer lo mismo, con lo que se reducirá de manera importante la contaminación que causa el uso de los polímeros.

"Es un gran logro lo que se tiene en el estado, el tema es convertirlo en una realidad. En otros estados donde se ha aplicado se han establecido excepciones, porque en cualquier situación las hay, pero en este sentido yo pediría avanzar en la primera etapa, que es un gran logro, es una realidad y en enero entra en vigor la primera etapa", manifestó.

Empieza ronda de entrevistas a los 34 aspirantes a dos espacios.

El Congreso del estado podría concretar a finales del mes de octubre la designación de dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

Este viernes, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias y quienes integran la Junta Política y de Gobierno (JPyG) entrevistarán a los 34 aspirantes al cargo de comisionado que sí cumplieron con los requisitos establecidos en la primera etapa del procedimiento de elección.

La pasarela iniciará con 11 aspirantes este viernes, 10 el próximo lunes y 12 el martes, cuando concluirá la etapa de las entrevistas.

De acuerdo con la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, después de las entrevistas, la Junta Política y de Gobierno iniciará con la revisión final de los perfiles, para tomar una determinación y presentar los dictámenes correspondientes para concretar los dos nombramientos en el IMIPE.

Aseguró que se trata de un tema prioritario y se cumplirá con los tiempos que marca la ley para la designación, por lo que se prevé que a finales del mes o en la primera semana de noviembre el Pleno del Congreso vote el asunto.
Ante la posibilidad de que los nombramientos se concreten con base en intereses políticos, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza (Panal) sostuvo que debe garantizarse que los dos comisionados cumplan con el perfil para trabajar por la transparencia en el estado.

Coincidió en que se trata de un tema urgente, pues el IMIPE no ha podido sesionar desde marzo pasado y atender los recursos en materia de transparencia, ya que sólo cuenta con la presidenta Dora Ivonne Rosales Sotelo.

Plantean crear Sistema de Administración de Base de Datos de las Pensiones y Jubilaciones.

Para acabar con las "pensiones doradas" que en legislaturas pasadas se aprobaron a favor de allegados de diputados y autoridades estatales, ante el Congreso del estado se propuso la creación del Sistema de Administración de Base de Datos de las Pensiones y Jubilaciones.

La diputada morenista Elsa Delia González Solorzano presentó la iniciativa de reforma a diversas disposiciones jurídicas para impulsar un sistema de pensiones con el que se pretende  garantizar transparencia en el proceso para la autorización de las jubilaciones desde el Congreso del estado.

"Buscamos erradicar las malas prácticas, los favoritismos, los compadrazgos que se han llevado a cabo en otras legislaturas y el ejemplo son las pensiones doradas, que tanto daño han causado a las finanzas públicas", manifestó la legisladora.

Añadió que con la creación del sistema se de garantía de que las pensiones se autorizarán de manera rápida y con base en la ley, para evitar lo que cientos de trabajadores han tenido que enfrentar, al esperar hasta siete años para que se les apruebe lo que por ley les corresponde, que es su retiro.
Con ese sistema también el Congreso del estado podrá identificar que la documentación del trabajador sea legal y evitar la falsificación de documentos, como presuntamente se dio en la LIII Legislatura,  cuando se autorizaron las llamadas  "pensiones doradas".

"Se tendrá un orden sistematizado de aprobación o negación de las pensiones o jubilaciones, al contar con fecha de recepción de la petición y numero consecutivo; erradicando con ello los “favoritismos” que se han venido ejerciendo", añadió.

La propuesta de reforma a la Ley del Servicio Civil, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, del Congreso del estado y a la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación,  y a la del Trabajo, Previsión y Seguridad Social para su análisis y dictaminación.

La propuesta implica ampliar el período de pago de la deuda pública heredada por administraciones estatales pasadas.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que el Poder Legislativo podría aprobar antes del 15 de diciembre la propuesta de reestructuración financiera que presentó el Poder Ejecutivo y que implica ampliar el período de pago de la deuda pública heredada por administraciones estatales pasadas.

Para ello, adelantó, en los próximos días la secretaria de Hacienda Mónica Boggio Tomasaz Merino  se reunirá con los 20 diputados locales para explicar la iniciativa que presentó el cinco de octubre pasado ante el Congreso del estado para refinanciar seis mil 500 millones de pesos de deuda.

El legislador insistió en que no se trata de un crédito nuevo. Sin embargo, admitió que algunos legisladores no están de acuerdo en ampliar a 20 años el período de pago,  cuando actualmente restan 13 años para su liquidación.
En este sentido, aseguró que se abrirá una mesa de debate entre los legisladores, pues se requiere que la propuesta sea aprobada a más tardar el 15 de diciembre, cuando concluirá el periodo ordinario de sesiones, a fin de que en enero del 2021 se inicien los trámites para la reestructuración financiera.

Sotelo Martínez refirió que la propuesta del Ejecutivo fue el tema principal de la reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien pidió el respaldo del Congreso local para avanzar en el refinanciamiento, que ayudará al manejo de las finanzas del estado para el próximo año.

Al respecto, la diputada priista Rosalina Mazari Espín afirmó que la propuesta debe ser revisada a fondo por lo que se refiere al periodo de pago del refinanciamiento y el uso que se dará a los recursos que se ahorrará el gobierno del estado por el pago de intereses, una cantidad que ascendería a cerca de mil millones de pesos.

Diputado acusa a FGE y FECC de presuntos actos de intromisión en la ESAF.

El grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso del Estado promoverá la remoción del cargo del fiscal general Uriel Carmona Gándara y del fiscal anticorrupción Juan Salazar Nuñez, por realizar presuntos actos de intromisión en la labor que realiza la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

El diputado pesedista José Luis Galindo Cortez sostuvo que es necesario revisar el actuar de los fiscales, ante una posible complicidad para evitar que la ESAF audite a la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos actos de corrupción.
"Es inadmisible, no podemos quedarnos callados como Congreso ante los excesos con los que se está conduciendo el fiscal anticorrupción y el general. Yo no sé qué pretendan con esto, aparte de interrumpir una auditoría. Quisiera que dijeran a quién quieren proteger, qué quiere ocultar", manifestó el diputado Galindo Cortez.

Afirmó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) no sólo ha cometido actos de intromisión en la ESAF, sino también en el Congreso del estado, cuando hace unas semanas varios agentes acudieron a solicitar información de los trabajadores del órgano auditor.

Con base en esos hechos, el legislador afirmó que existen elementos para que el Congreso del estado revise la permanencia de los fiscales.
Indicó que la tarde de este martes, en reunión de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) el grupo parlamentario que integra promoverá la propuesta para que se revise la vía legal por la que se iniciará un procedimiento de remoción del cargo, con base en las facultades que tiene el Congreso del estado, a pesar que la FGR y la FECC son autónomos.

De concretarse el proceso legislativo, sería la segunda ocasión en que la LIV Legislatura intenta remover a los llamados "fiscales carnales".

Incluso, el Impepac y el Tribunal Estatal Electoral recibirán menos dinero del que solicitaron.

Los Poderes públicos, así como dependencias estatales y organismos públicos autónomos deberán esperar hasta el 2022 para obtener un aumento presupuestal, debido a la crisis económica nacional y al plan de austeridad al que se ajustará el gobierno del estado para el próximo año, ante la emergencia sanitaria.

Dentro de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 que presentó el Poder Ejecutivo ante el Congreso local se establece la imposibilidad de autorizar el presupuesto que varias dependencias requirieron para el próximo año, ante la disminución en la recaudación de recursos federales y estatales.

Es el caso del Poder Judicial, que a través del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) requirió un monto presupuestal de mil 438 millones 891 mil pesos, pero el Poder Ejecutivo sólo planteó una suma de 524 millones 34 mil pesos, que estará sujeta a la aprobación del Congreso del estado.

Es el mismo caso del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) que pidió 41 millones 159 mil pesos cuando la propuesta del Ejecutivo es de 25 millones.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) requirió 51 millones 807 mil pesos, por tratarse el 2021 de año electoral, pero solo le asignaron 28 millones 25 mil pesos.

De la misma forma, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) pidió, de acuerdo a sus necesidades presupuestales para el próximo año solicitó 422 millones 865 mil pesos, pero en la propuesta del Paquete Económico sólo se le asignaron 282 millones 352 mil pesos.

En la misma situación se encuentran la mayoría de las dependencias y organismos públicos. 

El Poder Ejecutivo señaló en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2021 la necesidad de mantener un "balance sostenible y austero", con base en lo que marca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a los criterios generales de la política económica nacional.

El Congreso del estado revisará el Paquete Económico y determinará posibles ajustes para disminuir o aumentar el presupuesto de algunas dependencias y organismos.

El Congreso estatal debe garantizar operación autónoma y transparente de dicha instancia: Rojas Morgado.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Morelos, José Rodrigo Rojas Morgado, pidió a los diputados locales que los tomen en cuenta como profesionistas en el proceso de elección del nuevo titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).

En entrevista, afirmó que se trata de una obligación de los legisladores acompañarse de las asociaciones de profesionistas en la revisión de los perfiles de los aspirantes que se postularán para el cargo, con base en la convocatoria emitida el pasado dos de octubre por el Poder Legislativo.

"Las asociaciones de profesionistas, en este caso el Colegio de Profesionistas y la FECAP, a la que nosotros pertenecemos, estamos muy interesados a (sic) que se haga una buena selección,  que nos tomen en cuenta como una organización de profesionistas de la contaduría a elegir el mejor perfil en beneficio de nuestro estado", manifestó.

Rojas Morgado manifestó su confianza en que el  Congreso concretará dicho nombramiento de manera transparente y que quien resulte electo "sea un contador certificado, morelense, comprometido con el estado".
Para el presidente del Colegio de Contadores Públicos la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización también requiere de reformas importantes, que garanticen un órgano autónomo, con independencia para realizar un trabajo de manera transparente y apegado a derecho.

En este sentido, dijo, la ESAF debe estar acompañada de un mayor presupuesto  para que pueda fiscalizar todas las instituciones públicas alejada de cualquier compromiso político.
Cabe mencionar que desde diciembre del 2018, la ESAF no cuenta con un titular, tras la renuncia al cargo de Vicente Loredo Méndez, quien fue señalado por la actual legislatura de haber protegido al gobierno de Graco Ramírez.
Por otro lado, Rojas Morgado insistió en el  llamado que han hecho las asociaciones de profesionistas para que los diputados aprueben la "ley de extinción de dominio", armonizada con la legislación federal.
Explicó que el nuevo marco normativo permitirá combatir de fondo los hechos de corrupción en el estado.

para desactivar los conflictos por el malestar de empresarios.

El Congreso del estado podría entrar a la revisión de la Ley de Videovigilancia que está en vigor desde el pasado 13 de agosto y que fue impugnada por empresarios y por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), por considerar que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, aseguró que la nueva legislación se trabajó para beneficio de los ciudadanos y se cuidó que no violentará los derechos humanos.

Sin embargo, dijo que si existe la inconformidad de la iniciativa privada será revisada "y de ser necesario se harán las modificaciones correspondientes".

El legislador del Partido Encuentro Social Morelos (PESM) recordó que la ley de videovigilancia fue una iniciativa del Poder Ejecutivo y que se revisó en la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso. "Desconozco los consensos que se dieron o cómo se dieron, pero insisto, si hay que revisarla lo haremos", añadió.

El jueves pasado los empresarios junto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos se pronunciaron en contra de la ley de videovigilancia y anunciaron que pugnarán porque no sea aplicable en Morelos. Incluso, anunciaron que trabajarían en una nueva propuesta que no vulnere los derechos de los ciudadanos.

Espera la Secretaría de Administración detalles de recorte presupuestal.

La secretaria de Administración Mirna Zavala Zúñiga expresó que, al igual que los demás secretarios, está en la mejor disposición de exponer ante el Congreso los detalles respecto al proyecto de presupuesto de Egresos del 2021, pero hasta la fecha no han sido convocados. La propuesta presentada por el Ejecutivo ya contempla un ajuste por alrededor de 800 mil pesos para esa dependencia.  

La funcionaria estatal dijo que, en la iniciativa, sí hay una disminución, por lo que están a la espera de que el paquete sea discutido por los legisladores. “Cada secretario tendemos que estar priorizando nuestras acciones y determinando bien el gasto corriente y el de inversión que tendrá cada Secretaría”, anotó. 

En entrevista, Zavala Zúñiga expuso que no les han notificado en qué rubro se contempló el referido ajuste con respecto a la solicitud que se hizo a Hacienda, pero comentó que, atendiendo a las instrucciones del mandatario estatal, se va a considerar los rubros menos prioritarios. Dejó en claro que no se van a afectar las prestaciones de los trabajadores ni se pondrá en riesgo su estabilidad. 

La secretaria dijo confiar en que el paquete económico sea aprobado en tiempo y forma por el Poder Legislativo y para ello todos los funcionarios de la dependencia que encabeza están listos para atender el llamado de los diputados en caso de que sean requeridos para brindar la información correspondiente. “Sabemos que no será sencillo porque este tema de la pandemia ha implicado muchos requerimientos y una crisis generalizada y por lo tanto se dará prioridad a salud, educación, desarrollo estatal y seguridad”, concluyó.  

La plantearán al Congreso la próxima semana.

La próxima semana, los presidentes municipales formalizarán ante el Congreso del estado su propuesta para que se les asigne el 25 por ciento del Fondo Federal de Participaciones.

Luz Dary Quevedo Maldonado, alcaldesa de Tetecala y actual presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), afirmó que es urgente que los municipios reciban el cinco por ciento -de un total del 25 por ciento- del citado fondo, para atender las necesidades prioritarias de la población, por lo que impulsarán la iniciativa de reforma al artículo sexto de la Ley de Coordinación Hacendaria.

Recordó que ese recorte de las participaciones federales se concretó en la administración de Graco Ramírez, autorizado por los ex alcaldes, pero ahora los actuales ediles demandan que se les devuelva dicho recurso financiero.

"Lamentablemente no vemos apoyo para atender demandas de obra pública en los municipios por parte de la Federación por los recortes que se han tenido, pero tampoco en el estado. Entonces, queremos que los diputados nos escuchen, que podamos tener pláticas y que podamos abonar para que las condiciones en el estado sean mejores", manifestó.

Dijo que presentaron de manera formal una solicitud al presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a fin de que se instalen mesas de trabajo para que los alcaldes planteen su propuesta y sea revisada, como parte del análisis y la discusión del Paquete Económico 2021.

De acuerdo con la alcaldesa, la reducción del 25 al 20 por ciento del Fondo General de Participaciones se hizo en el 2013 para la creación del Mando Único de Graco Ramírez, pero ahora pretenden invertirlo en obra pública, alumbrado, "además de todas las necesidades que se han originado por el tema de la contingencia" y no para gasto corriente en los ayuntamientos.

Culpan a la pandemia por las fallas en la aprobación de las reformas en materia de violencia política.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado, Ariadna Barrera Vázquez, justificó con la pandemia de covid-19 la omisión que cometió el Congreso del estado para aprobar a tiempo la reforma en materia de violencia política en contra de la mujer en razón de género y de paridad.

"Posiblemente fue falta de comunicación, también la pandemia vino a quitarnos un proceso que ya traíamos en ciertas iniciativas y pues, bueno, hoy tenemos que respetar la decisión de la Corte", señaló la diputada ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar esa reforma.

Admitió que se trata de un retroceso para el estado, pero aseguró que no se debió a las diferencias políticas entre las fuerzas políticas por impulsar una reforma político electoral.
La legisladora morenista apeló a la voluntad de los partidos políticos para que atiendan el llamado de las organizaciones civiles y firmen un pacto de civilidad que garantice una contienda electoral en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, y se implementen acciones para prevenir la violencia política.

De igual forma, señaló que tendrá que ser la próxima legislatura la que apruebe las reformas en la materia y garantice que en las elecciones del 2024 se encuentre establecido  el marco normativo  para garantizar los derechos de las mujeres.

Buscan obtener más recursos federales.

Ante la crisis financiera que enfrenta el estado por la emergencia sanitaria, los 36 municipios del estado presentaron ante el Congreso del estado sus iniciativas de leyes de ingresos para el 2021, en las que no se descartan aumentos en el cobro de derechos e impuestos.

El pasado primero de octubre fue la fecha fatal para que los ayuntamientos presentaran sus propuestas sobre las tarifas que habrán de establecerse en el cobro de los servicios y derechos municipales el próximo año, las cuales empezarán a ser revisadas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública la próxima semana.

Al respecto, Adrián Cázarez González, alcalde de Zacualpan de Amilpas, afirmó que si los 36 municipios presentaron en tiempo sus leyes de ingresos fue por obligación, pero descartó que se pretendan fijar aumentos en perjuicio de los ciudadanos.

De hecho, aseguró que en la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) los ediles acordaron no aumentar impuestos ni derechos para el 2021, ante la situación financiera que enfrentan las familias morelenses.

No obstante, confirmó que insistirán en la propuesta para que se aumente de un 20 a un 25 por ciento el Fondo de Participaciones Federales para los municipios.

Adelantó que en los próximos días presentarán la propuesta formal ante el Congreso del estado y buscarán mesas de trabajo con los legisladores, pues adelantó que se prevé una crisis económica más severa, derivado de los recortes aplicados por la Federación.

Inició el juicio de procedencia en el Congreso.

El Congreso del estado inició juicio de procedencia para suspender de su encargo al diputado Marcos Zapotitla Becerro, a fin de que enfrente sin fuero la denuncia en su contra por el delito de violación, presuntamente cometido en contra de una mujer.

La tarde de este lunes, por mayoría, los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarios que integran la JPyG determinaron que existen elementos para que el diputado Zapotitla Becerro sea sujeto de formación de causa, tal y como lo solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En tal razón, el caso fue turnado a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para que lleve a cabo el juicio de procedencia, en los términos que señala el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
De acuerdo con la citada ley, una vez radicada la solicitud por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado -que fungirá como Comisión Instructora- el diputado Marcos Zapotitla será notificado para que transcurran los términos legales y se analice si existen los elementos suficientes, presentados por la FGE, para suspenderlo de su encargo.

Si el legislador logra demostrar ante la Comisión Instructora que no existen elementos para que sea llevado ante la justicia por el delito de violación, la FGE no podrá proceder en su contra, "sin perjuicio de su continuación una vez que el probable responsable haya concluido su encargo", señala la ley.

La determinación de la Junta Política y de Gobierno se dio horas después de que Marcos Zapotitla Becerro acudió a la FGE a presentar una denuncia por la supuesta "fabricación del delito" de violación en su contra.
En entrevista, el legislador afirmó que tiene las pruebas suficientes para demostrar que el caso fue “armado”.
Diversos ciudadanos acompañaron al diputado a presentar su denuncia, pues afirmaron que “es inocente”.

VÍCTIMA Y SU ABOGADO DENUNCIAN IRREGULARIDADES Y AMENAZAS

Después de una serie de videos y descalificaciones iniciadas por supuestos seguidores del diputado local Marco Zapotitla en contra de una mujer que denunció haber sido víctima de violación, ella y su abogado denunciaron amenazas con la intención de disuadirla de continuar con la querella, y que fue sustraído del Congreso el expediente de la solicitud de juicio de procedencia, presentada con el propósito de que el legislador pueda enfrentar el proceso penal por la presunta agresión sexual cometida.

En un video difundido a los medios de comunicación, la víctima –cuya identidad se resguarda- señaló que el lema feminista contra los abusos sexuales “Yo si te creo”, fue lo que le dio fuerza para atreverse a hacer la denuncia y rechazó la descalificaciones en su contra, respecto sus supuestas motivaciones políticas y económicas para señalar como presunto responsable al diputado Marco Zapotitla.

“Esto no es un tema político, nadie me dio dinero, no es mentira de la fiscalía, sino al contrario, tengo miedo a ser callada, desaparecida o las amenazas a mi familia. Es por ello que le pido a la sociedad su apoyo, que si me reconoce o en algún momento se filtra alguna foto mía, no me revictimicen. Ayúdenme a sentirme segura. Por lo anterior es que pido que se desafuere al señor Marcos, para que enfrente la justicia que estoy exigiendo”, dijo al agradecer a todas las personas que han creído en sus declaraciones, que constan ante el agente del Ministerio Público.  

El abogado Gibrán Haro, uno de los representantes legales de la víctima, denunció que en el Congreso desapareció el expediente de la solicitud de juicio de procedencia, que fue presentada a finales del mes de septiembre, con la finalidad de que el legislador sea presentado ante un juez e imputado por el delito de violación.

Exigió a las y los diputados iniciar una investigación al respecto, ya que quizá existe la intención de proteger al presunto responsable de un delito sexual.

“Probablemente (despareció el expediente) para retrasar el procedimiento para darle una semana más, dos semanas más, o tratar de controlar este tema y hacerlo un poco más mediático que, como hemos visto, se ha tornado hostil por diversos videos que han salido y donde han iniciado una guerra sucia en contra de la víctima”, dijo.

Señaló que es lamentable que pase esto en el Congreso y llamó a los diputados no solo a investigar qué pasó con el expediente e iniciar las denuncias correspondientes, para que todo se esclarezca y que se atienda debidamente el asunto.

Insistió en que el caso no es un asunto político y que se tiene que atender por la vía legal, que es justamente el camino que ha seguido la víctima y su defensa.