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Concesionarios del transporte público llaman a reactivar operaciones para evitar pérdidas económicas en el sector.

A un mes de que inició la nueva administración pública estatal,  los trámites en control vehicular en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) se encuentran detenidos por una investigación que inició la Secretaría de la Contraloría del estado.

El presidente de la Coalición de Representantes del Transporte Público, Víctor Mata Alarcón, dijo que existe molestia de parte del sector porque no pueden realizar trámites “a raíz de una supuesta intervención de la Contraloría que ya se llevó un mes”.

Manifestó que los concesionarios del transporte público no pueden realizar trámites como altas de vehículos nuevos, lo que afecta directamente a su economía.

“Un compañero que compró su vehículo último modelo hace unas semanas y no puede circular porque no ha hecho el trámite de alta y ya casi se cumple el mes para que pague la primera letra”, subrayó.

El líder transportista dijo que están a favor de que se esclarezca la corrupción que se cometió en la administración que encabezó Graco Ramírez. Sin embargo, aseguró que los problemas se están acumulando en el sector transporte.

Mata Alarcón sostuvo que es necesario que el nuevo titular de la SMyT active el cobro de trámites para el pago de derechos y con ello desahogar uno de los muchos problemas en el transporte público.

De acuerdo con el secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, una de las investigaciones iniciadas está relacionada con la compra de dos sistemas informáticos para la SMyT que nunca funcionaron, pero que su contratación podría estar relacionada con un fraude superior a los 190 millones de pesos.

Anuncian para hoy el inicio de los trabajos en el libramiento de la autopista México-Acapulco.

Las adecuaciones del "paso exprés" siguen en pie, aseveró el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Fidel Giménez Valdés Román, quien aseguró que el acuerdo para llevarlas a cabo fue tomado con el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Óscar Calleja Silva. Apuntó que en los últimos días ha habido al menos tres accidentes en esa vialidad, por lo que es urgente que las autoridades federales inicien los trabajos.

El funcionario estatal manifestó que sólo a través de algunos medios de comunicación tuvo conocimiento de un supuesto oficio de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en el que se expondría que esa instancia podría llevar a cabo varios estudios técnicos sobre el proyecto, lo cual consideró sería erróneo, pues el acuerdo fue tomado desde los primeros días de octubre a nivel nacional. Comentó que –incluso- el presidente electo Andrés Manuel López Obrador conoció de dicho plan y anunció su puesta en marcha en la visita más reciente a la entidad.

El secretario dijo que hasta donde tiene conocimiento, hoy jueves inicia la remoción de los muros de carriles confinados en un tramo de siete kilómetros y el resto del plan que contempla la apertura de salidas para agilizar la vialidad de Cuernavaca y, sobre todo, que tiene como objetivo central el reducir la gran cantidad de accidentes que se registran en esa zona.

Dejó en claro que no se suspende este plan. “Tengo la palabra del subsecretario de que el retiro comienza mañana jueves y de lo contrario pues una de las cosas que debe tener muy presente la administración saliente, es que finalmente a partir del primero de diciembre entra una administración nueva y en ese caso haremos lo que sea necesario para rehabilitar ese tramo”.

Dijo desconocer la postura personal de funcionarios de la SCT en Morelos, pero reiteró que no hay nada qué estudiar y el tema ya está acordado a nivel nacional y será justamente esa institución la que deberá ejecutar los trabajos.

Expresó que espera que sea inmediata la respuesta oficial del oficio que envió a la SCT desde mediados de octubre pasado, al tiempo de dejar en claro que “no hay ruptura, pero tampoco hay nada que ocultar, porque la ciudadanía está de acuerdo en que ese libramiento se tiene que mejorar”.

El secretario recordó que dicho proyecto no implica mayor costo porque simplemente se removerán las vallas y se repintarán los carriles.

“Ese libramiento como está, en lugar de dar un servicio a los ciudadanos de Cuernavaca, nos deja ruido, contaminación del aire, provoca accidentes graves y lo que pretendemos y la instrucción del gobernador es clara, eso no debe ser visto como una tienda de propiedad privada ni de nadie, sino que debe ser un patrimonio de los morelenses y de los ciudadanos de Cuernavaca”, sentenció.

El secretario subrayó que desde que se solicitó la multicitada remoción de barreras ha habido ya tres choques. “Yo no sé cuántos accidentes más habrá que esperar, cuántos muertos más, cuántos lesionados habrá más o esperan que haya para que den una respuesta inmediata”.

Fue nombrada por Graco Ramírez y el Congreso decidió mantenerla en el cargo.

Los diputados locales recularon ante la decisión de revocar el nombramiento de la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), que aprobó la LIII Legislatura, y acordaron mantener en el cargo a Flor Dessiré León Hernández.

Las coordinadoras de las fuerzas políticas en el Congreso local acordaron ayer, en sesión de la Junta Política y de Gobierno anular el decreto por el que se revocó el nombramiento de León Hernández, en cumplimiento a una orden del Juzgado Quinto de Distrito, instancia ante la que el líder transportista Dagoberto Rivera Jaimes promovió un amparo en contra del citado nombramiento.

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, explicó que el juzgado notificó al Congreso del estado que Dagoberto Rivera se desistió del juicio de amparo, y en base a ello, determinaron mantener en el cargo a Flor Dessiré León Hernández.

"Regresaremos al origen, como estaba el Instituto de la Mujer, por lo tanto la arquitecta Flor Dessiré seguirá siendo la directora del instituto, nosotros siempre apegados a derecho y a lo que nos mandate los jueces. Entonces este decreto ya se aprobó y entrará en la próxima sesión", agregó.

A nombre de los ciudadanos de Morelos reprochó la corrupción en la fallida obra del Paso Exprés.

Exigió que, además de sanciones a implicados, se realicen las obras necesarias para subsanar fallas de seguridad.

Organizaciones civiles y empresariales respaldaron postura de legislador federal.

El diputado federal por Morelos de Morena, Alejandro Mojica Toledo, entregó el reconocimiento a  la “Ineptitud y Corrupción” al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y reclamó los agravios cometidos contra los morelenses y los millones de personas que arriesgan su vida al cruzar por el mal llamado Paso Exprés.

Durante la comparecencia de Ruiz Esparza en el Congreso de la Unión, Mojica Toledo subió a tribuna para recriminarle de frente su ineptitud y que su historial como servidor público quedará manchado de sangre por las vidas que cobró la corrupta y fallida obra.

“Ineficiencia, corrupción, soberbia, ésa es la marca que usted, Gerardo Ruiz Esparza, dejó grabada en el pavimento del mal llamado Paso Exprés.

“Pero el peor agravio, del que usted es cómplice y que mantiene sus manos sucias de sangre, es el colapso del tramo 93+857 del Paso Exprés, en el que perdieron la vida dos personas, padre e hijo, al caer en un socavón generado en la cinta asfáltica debido a la estupidez de los ingenieros que usted puso a cargo de sus negocios”, dijo y le recordó que manera inexplicable mantuvo como delegado de la SCT en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, profesor de inglés en el Estado de Hidalgo.

Dejó claro que ciudadanos, vecinos afectados por las obras del Paso Exprés, ambientalistas y la sociedad civil organizada advirtió una y otra vez a la dependencia federal de las deficiencias y daños ocasionados por la obra fallida, pero que por negligencia y corrupción fueron desoídas.

Es así que, en nombre de los morelenses y todos los usuarios afectados, Mojica Toledo entregó el reconocimiento a la “Ineptitud y Corrupción” al secretario de la SCT y afirmó que, pese a que Ruiz Esparza pretende dar carpetazo al asunto, buscará no sólo que haya sanciones y deslinde de responsabilidades en la cadena de corrupción, sino que la dependencia federal haga frente a la exigencia de los ciudadanos y subsane urgentemente  todas las fallas de seguridad que ponen en riesgo la vida de miles de jóvenes, padres de familia, trabajadores y turistas que atraviesan esta vía de comunicación.

“En su reciente comparecencia ante el Senado, declaró que la investigación del Paso Exprés es un asunto cerrado, a pesar de la existencia de la Recomendación 34/2018 de la CNDH, en la que señala la responsabilidad directa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como del Gobierno del Estado de Morelos, en aquel momento a cargo de Graco Ramírez, en este asunto. 

“Recuerdo cuando lo vi aquel 12 de julio de 2017, bajando de su helicóptero y balbuceando en televisión nacional “Pido perdón a las familias de las víctimas por el mal rato que han pasado”; debe ser enorme la culpa que usted carga sobre sus hombros”, espetó.

El reconocimiento a la “Ineptitud y Corrupción” fue entregado con el respaldo de: Guardianes de los Árboles, Cámara Nacional de Comercio  de Cuernavaca (Canaco), Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Comunidad A.C., Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra-Morelos), Asociación de Parque Acuáticos y Balnearios de Morelos (Apabam), Asociación Mexicana de Mujer (Amexme), Asociación de Discotecas y Centro de Espectáculos (Adice), G-19, Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive-Morelos), Consejo Cívico Ciudadano y Colectivo del Rescate del Paso Exprés. 

Sin licitación, el gobierno de Graco Ramírez erogó 192 millones de pesos por un sistema automatizado que no funciona

También pagó 10 millones de pesos a un grupo de empresarios “aplaudidores” por la renta de Plaza Novum

Los propietarios de vehículos tenían que ir a otros municipios por sus trámites.

Cuautla.– Después de casi un año de no funcionar con todos los servicios para los contribuyentes, los nuevos titulares de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) buscan reabrir la delegación Cuautla de esa dependencia, con el propósito de atender a miles de ciudadanos de la región oriente a quienes se obligaba a acudir a los municipios de Jiutepec, Yautepec y Jonacatepec para la realización de trámites y pagos de impuestos.

Desde antes del sismo del 19 de septiembre del 2017, la SMyT no daba los servicios de manera eficiente con el pretexto de que no había sistema, lo que se complicó por los daños causados por el temblor en el edificio del Módulo de Atención Ciudadana ubicado en la calle Batalla 19 de Febrero, donde se dejó de atender a los ciudadanos que necesitan pagar sus refrendos, tramitar la licencia de manejo, algún permiso, altas y bajas vehiculares, entre otras cosas.

Entrevistado al respecto, Javier Ríos Enríquez, director del Transporte Público y Privado de la SMyT, informó que se busca un espacio adecuado para reinstalar la delegación de Movilidad y Transporte en Cuautla, ya que el anterior edificio no cuenta con las condiciones estructurales pertinentes.

Señaló que con esa medida se pretende facilitar el trámite a los contribuyentes, ahorrándoles tiempo y dinero, pues se les obligaba a acudir a otros municipios para pagar sus tributaciones. Además indicó que se busca brindar un servicio de calidad a los usuarios, ya que la administración saliente no se preocupó por esta situación.

En cuanto a las denuncias por presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la dependencia, manifestó que se valorará la permanencia de algunos trabajadores que estuvieron en la anterior administración, tomando en cuenta el perfil y experiencia. 

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Miguel Ángel Rojas Esquivel, informó que junto con ingenieros pidieron participación en el proyecto de modificación del Paso Exprés que anunció la Secretaría de Obras del gobierno estatal, a fin de evitar más riesgos para los automovilistas en dicha vialidad.

El empresario de la construcción dijo que quieren evitar que ocurra lo mismo con el proyecto inicial del Paso Exprés, que nunca se dio a conocer, y más tarde confirmaron que hubo mala planeación que causó accidentes automovilísticos y varias muertes.

"Seguramente el secretario ya habrá hecho el análisis de las propuestas que se tienen para mejorar la circulación de los vehículos en toda la parte centro de la capital. Lo que nosotros hemos estado planteando, es que sí nos presenten el proyecto de cómo se van a desarrollar estos trabajos, para que no vaya a tener un problema como los que hemos visto", declaró. 

Rojas Esquivel se pronunció a favor de las modificaciones planteadas en el Paso Exprés por el secretario de obras Fidel Jiménez Valdez, sin embargo, reiteró que deben conocer el proyecto ejecutivo para dar su opinión técnica.
Recordó que se trata de una obra federal y que tendría que entregarse ya a Caminos y Puentes Federales (Capufe), para que como especialistas en el tema también emitan su opinión ante el organismo.

Transportistas de varias organizaciones realizaron una protesta porque la vía se había habilitado en dos sentidos, lo que afectó al tráfico.

Ruteros obligaron al gobierno de Jiutepec a normalizar la circulación de la avenida Insurgentes, que se ubica sobre el crucero de Tejalpa y que es uno de los accesos al centro del municipio, después de que el sábado pasado se abrió al tránsito vehicular en dos sentidos, lo que causó problemas de tránsito.
La mañana de ayer, transportistas de las Rutas 17, 13, 20, Interescolar y Verdes de Morelos bloquearon la vialidad antes mencionada, en protesta por la medida que tomó el ayuntamiento de Jiutepec, al abrir en dos sentidos la avenida que por años había sido de un solo sentido. 
Los ruteros denunciaron que la decisión de la autoridad causó problemas de tránsito vehicular, incluso accidentes, pues se generaba caos debido al número de unidades que circulan diariamente en la zona.
Eladio Figueroa, representante de la Ruta Interescolar, dijo que a diario circulan por la avenida unidades de al menos siete líneas del transporte público local, además de vehículos particulares que se dirigen a la zona centro de Jiutepec y abrir en dos sentidos Insurgentes "fue una muy mala decisión que además no nos fue consultada".
Después de tres horas de protesta, los transportistas acordaron con autoridades municipales normalizar la circulación en avenida Insurgentes.
Dagoberto Rivera Jaimes, de la Federación Auténtica del Transporte, solicitó al Ayuntamiento de Jiutepec que se realice un estudio de ingeniería urbana para desahogar la avenida, ya que la parada de rutas que se ubica en la vialidad, a la altura del crucero de Tejalpa, es muy pequeña para cientos de unidades del transporte público que diariamente circulan por la zona.

Esa suma se gastó en la compra de sistemas informáticos que no funcionaron: Víctor Mercado.

Víctor Mercado Salgado, secretario de Movilidad y Transporte, informó que se investiga un presunto fraude cometido en la pasada administración estatal por 190 millones de pesos en la contratación de sistemas informáticos para el cobro de derechos en control vehicular que nunca funcionaron eficientemente.

En entrevista, el funcionario estatal confirmó que se investiga el sistema que dejaron instalado sus antecesores para el cobro de derechos, que fue contratado con la empresa "Zeitek", y que es uno de los tres sistemas que adquirió la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) en el gobierno de Graco Ramírez.

Mercado Salgado afirmó que se informará a las autoridades correspondientes para que el sistema sea auditado y se proceda penal y administrativamente en contra de las exautoridades responsables de los retrasos constantes en los servicios que presta la SMyT.

"Es una cantidad como de 190 millones de pesos y se está investigando. En un sexenio se compraron hasta tres sistemas que nunca funcionaron. ¿Qué es lo que va a pasar? que se va a auditar el sistema y se va a proceder en contra del responsable de la secretaría, el exsecretario de Movilidad y Transporte", manifestó. 

El secretario informó que ya se reactivaron los cobros, aunque siguen los problemas con el sistema, de ahí que se analiza la forma en la que se solucionarán para dar un mejor servicio a la ciudadanía.

La Secretaría de Obras Públicas del estado, a través de un oficio enviado a la SCT Morelos, recomienda realizar ajustes a esta vía.

Gobierno de Morelos hizo del conocimiento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) diversas recomendaciones para mejorar la operación vehicular en la ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés).
A través de un oficio enviado por el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez-Valdés Román, al director general del Centro SCT Morelos, Héctor Armando Castañeda, se propone retirar la barrera separadora de concreto de los carriles centrales en ambos sentidos de dicha vía.
Este ajuste permitiría un mejor aprovechamiento de lo que actualmente son los carriles confinados, manifiesta el documento fechado el 17 de octubre del 2018.
Además, plantea acondicionar el quinto carril del extremo derecho de ambos cuerpos como acotamiento, que de acuerdo a la norma técnica establecida por la SCT debe contar con 2.5 metros de ancho, así como ampliar los cuatro carriles restantes para optimizar el tránsito vehicular.
Finalmente, el oficio informa que se encuentra en proceso la elaboración de los proyectos ejecutivos para conectar el Libramiento de Cuernavaca con la calle Sol de la colonia Jardines de Cuernavaca y hacia la avenida Atlacomulco, mismos que se remitirán tan pronto se concluyan.
Con dichas recomendaciones que buscan mejorar la operatividad y reducir riesgos a quienes circulan por esta vía, se da cumplimiento a los acuerdos alcanzados con la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT, según el escrito.

Sin avisar a los usuarios y el aval de la SMyT.

Puente de Ixtla.- La tarifa mínima del transporte público sin itinerario fijo (taxis) tuvo un aumento de cinco pesos en este municipio; sin embargo, un grupo de usuarios de este servicio aseguró que no se ha confirmado que el incremento esté avalado y autorizado por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT). 
De acuerdo con la información recabada por La Unión de Morelos, el incremento a la tarifa mínima de los taxis sucedió el lunes 15 de octubre, por lo que pasó de 25 a 30 pesos. 
Los usuarios dijeron estar sorprendidos, ya que aseguraron no el aumento no fue avisado previamente y las unidades no cuentan con el documento oficial por parte de la SMyT. 
Sin embargo, los conductores de este medio de transporte, al ser cuestionados, aseguraron que el aumento fue un acuerdo de las diferentes uniones de taxistas del municipio y cada unidad cuenta con el documento del acuerdo establecido el primero de octubre, en el que se determinó que se aplicaría el incremento a partir del lunes pasado.

A través de las redes sociales, se exhibió un documento que integra el acuerdo del aumento a la tarifa mínima de los taxis, en el que menciona a nueve sitios establecidos, de los cuales solo hay firmas y sellos de seis; no obstante, se garantiza que el acuerdo fue general y se ha aplicado en los nueve sitios establecidos en el municipio.
Finalmente, los transportistas no comprobaron que el acuerdo esté avalado por la SMyT.

Denuncian maltrato a pasajeros adultos mayores y mal estado de las unidades.

Vecinos de la colonia Jardín Juárez de Jiutepec exigieron a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) ponga orden en la Ruta 7, cuyo servicio público es pésimo y los choferes maltratan a los adultos mayores.

Los inconformes acudieron ayer por la mañana a las instalaciones de la secretaría, ubicada en la plaza Novum, sobre el bulevar Cuauhnáhuac, para quejarse por el último caso de abuso que se cometió por un chofer de la Ruta 7, cuya unidad tiene el número económico 45. Sostuvieron que hace tres semanas, el operador aceleró antes de que bajara la señora Carmen Carmona Ocampo, quien cayó inmediatamente y se golpeó muy fuerte su cabeza.

Los vecinos afirmaron que no es el primer caso, pero la SMyT no ha actuado pese a las constantes peticiones de los vecinos, por lo que amenazaron con radicalizar sus acciones.

Informaron que las unidades de dicha línea del transporte están sucias y viejas, en condiciones mecánicas pésimas.

Además, pidieron que se modifiquen los horarios del servicio que presta la Ruta, ya que empieza a pasar a las siete de la mañana y termina de circular antes de las 10 de la noche. 

El gobierno del estado prepara un proyecto de modificaciones al Paso Exprés con el fin de mejorar su operatividad y reducir riesgos. Así lo informó el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez-Valdés Román, quien comentó que la propuesta incluye recuperar algunas zonas como acotamiento y crear al menos otros tres accesos o zonas de incorporación.

El funcionario local hizo notar que dicha propuesta será entregada al gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con la confianza de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha expresado su apoyo para mejorar dicha vía de tránsito.

El secretario enfatizó que se trata del Libramiento de Cuernavaca, más que de un paso exprés, por sus características y las necesidades que tiene la ciudad para mejorar la vialidad.

Por ello se contempla, entre algunas otras modificaciones, abrir nuevos accesos en diferentes puntos: uno para que los vehículos se puedan incorporar hacia la Ciudad de México, otro hacia Acapulco, así como posibilitar que la gente que viene de Jiutepec y vaya hacia Buenavista pueda entrar a la altura del Seguro Social.

También se retirarían las barreras separadoras laterales de los carriles centrales en una longitud de siete kilómetros en diferentes tramos -porque hay partes donde el desnivel no lo permitiría- para que con ello la gente pueda, con oportunidad, ir a la derecha o a la izquierda en las zonas donde no sea factible quitar esas barreras.

En algunos tramos no se cumple la norma en cuanto al ancho de carriles, por lo que tratarán -junto con la SCT- de reducir un carril para que ese espacio se destine a zona de acotamiento. Este aspecto podría implicar más tiempo, ya que requiere mayores acciones de modificación y cumplimiento de normas de obras federales.

El funcionario local comentó que el pre-proyecto, que se entregará el viernes 19 de octubre a la SCT, no tiene un costo muy elevado, pero no fue precisado hasta que sea concluido y presentado el proyecto. Calculó que el tiempo de ejecución no pasaría de los 100 días de gobierno del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, y comenzaría en cuanto estén validados los proyectos y sean liberados los recursos.

Mencionó que de manera separada se analiza la reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también se busca mejorar aspectos contenidos en la misma, como cumplir con la señaléctica, es decir, mejorar los señalamientos para reducir riesgos.

La dependencia precisó que para agilizar el tránsito vehicular, el pre-proyecto contempla la creación de un acceso de entrada y salida a la altura del kilómetro 92+000; podrán ingresar los vehículos que vengan de Cuernavaca o Jiutepec y que se dirijan hacia el norte o el sur.
En el kilómetro 88+850, a la altura del hotel Holiday Inn -dirección norte  sur- se proyecta crear una nueva salida para que quienes deseen incorporarse a la ciudad de Cuernavaca puedan hacerlo.
Se buscará a las autoridades de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) para analizar y resolver el tema de drenaje de las escuelas a la altura de la colonia Palmira.

Es necesario hacer cambios a la ley del transporte para obligar a los concesionarios a otorgar un servicio más seguro, opina líder de taxistas.

Ante el incremento de delitos cometidos a bordo de taxis, transportistas plantearon que sea obligatoria la creación de una base de datos de choferes y concesionarios, en la que los usuarios puedan conocer quiénes prestan el servicio público y si son seguros.

Abimael Quiroz Pineda, presidente de Taxi Rent, dijo que si los diputados reformaran la Ley de Transporte del estado para dar nuevas atribuciones al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), como parte de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, es necesario que también atiendan las propuestas del sector.

Aseguró que una de las necesidades urgentes en el transporte público es que se establezcan normas que obliguen a los concesionarios a que otorguen un servicio público más seguro.

Para ello, propuso que se cree una plataforma en la que se encuentren todos los datos de los concesionarios del transporte y de sus unidades, así como de los choferes, para que cualquier usuario sepa quién los traslada y, en caso de que sea víctima de un delito, pueda denunciarlos.

Para ello, agregó, se debe obligar por ley a los operadores a que presenten cartas de no antecedentes penales, comprobante de domicilio, identificación personal y acreditar experiencia en el servicio.

"Es necesario que el concesionario se haga responsable de a quién contrata. Es algo que siempre nos ha marcado como transportistas, el hecho de que digan que el taxista es el ratero, el asaltante, el secuestrador, el violador, hasta el mujeriego. Es momento que nosotros como choferes del volante defendamos nuestra postura", sostuvo Quiroz Pineda.

El organismo pide abrir una nueva investigación sobre el desarrollo de la obra.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió abrir una nueva investigación y reveló que, al parecer, la reparación del socavón en el Paso Exprés corrió a cargo del erario federal y no de las empresas implicadas.

A través de un comunicado, el organismo defendió el contenido de la recomendación 34/2018, emitida el 10 de octubre, dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, por violaciones a derechos humanos y una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción ocurridos en todas las fases del proyecto de construcción del Paso Exprés.

Afirmó que “la recomendación emitida tiene sustento en una investigación de campo y documental que demuestra, con base en elementos objetivos, diversas violaciones a los derechos humanos”.

Recalcó que la CNDH busca que las autoridades involucradas federales, estatales y municipales establezcan de manera explícita la garantía de no repetición, y las acciones preventivas que ello conlleva, para tranquilidad de todos los ciudadanos que transitan por las carreteras nacionales.

Además, que se impongan sanciones ejemplares como disuasivo para que casos como el del socavón no vuelvan a presentarse, de otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente en cualquier parte del país.

Insistió también en que espera que la investigación realizada, sea considerada por las autoridades para deslindar responsabilidades penales y administrativas.

Recalcó de nuevo la resistencia de las institución públicas y las empresas implicadas en el caso para entregar información a la CNDH, no obstante, la investigación indica que “el costo de la reparación del socavón corrió a cargo del erario” y “hasta el momento no se ha informado si este costo se les cobrará a las empresas responsables que ejecutaron mal la obra”.

Precisó que enviará una copia de la investigación a la Secretaría de la Función Pública, pues independientemente de los procedimientos abiertos en curso o concluidos, “se requiere un nuevo procedimiento en el que se consideren todos los aspectos expuestos en la recomendación que deben ser considerados, tanto en contra de las empresas participantes como de los servidores públicos involucrados”.

“En un asunto que involucra empresas, falta de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la reticencia y opacidad observada para con la Comisión Nacional y por la declaración pública carente de veracidad y, en su caso, posibles actos de corrupción, se debe hacer una investigación integral que adminicule todos los hechos para llegar a un resultado general e integral de lo ocurrido en el socavón para que dichos hechos no permanezcan en la impunidad. El evento ocurrido en el socavón no puede analizarse y determinarse de manera aislada sino integral basada en todos y cada uno de los componentes que provocaron que dichos hechos ocurrieran”.

Confió en que las autoridades competentes ahonden su indagatoria por presuntas responsabilidades administrativas y penales, tomando en consideración los elementos aportados por la CNDH.

La revisión del proyecto debe reabrirse y las fallas deben ser reparadas, afirma el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de estado.

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, Alejandro Rosas López, sostuvo que el "Paso Exprés Tlahuica" todavía es peligroso para los automovilistas, por lo que debe corregirse.

En entrevista, coincidió con la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se señala que los accidentes y muertes registrados en la vía de comunicación se deben a una mala de planeación del proyecto, y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) es la principal responsable.

Recordó que como Colegio de Ingenieros realizaron un dictamen del proyecto, que fue elemento de prueba para la investigación que se inició tras la muerte de dos hombres que cayeron a un socavón que se formó en la vialidad el 12 de junio del año pasado.

Sin embargo, refirió que la Secretaría de la Función Pública determinó cerrar el caso.

Rosas López consideró que la revisión del proyecto debe reabrirse y corregirlo, ya que persisten fallas que ponen en riesgo la vida de los automovilistas, sobre todo los que circulan por los carriles locales.

"Notamos que en el caso de los carriles locales siguen algunas situaciones. Se cuenta con tres carriles, pero realmente no caben los tres. Ahí sí es de modificar, se tiene que ver que funcione con carriles (sic)", agregó.

El ingeniero también subrayó que la SCT no ha cumplido con la señalización que obligue a respetar la velocidad con la que deben circular.

Aunque admitió que no ven condiciones para que se cumpla con dichas correcciones, debido a que en poco más de un mes se dará el cambio de la administración pública federal.

En coordinación con el gobierno federal electo, se elaborará un estudio para mejorar las condiciones de esa vialidad, anuncia el jefe de la Oficina de la Gubernatura.

El gobierno del estado acatará la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno al Paso Exprés, afirmó el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, quien adelantó que ya se realiza un estudio por parte de la Secretaría de Obras Públicas para mejorar las condiciones de esa vialidad y, de hecho, se dialogó sobre el tema con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en su reciente visita al estado.

“En el Paso Exprés hay una serie de situaciones, son carriles pequeños, falta luz en la noche, entonces vamos a ver cómo solucionar esta situación de forma coordinada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, expresó el funcionario, al dejar en claro que la actual administración acatará la recomendación cuando sea notificada oficialmente a la entidad.

Apuntó que antes de que fuera emitida dicha recomendación, había interés del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por abordar este asunto, dadas las condiciones en las que se realizó dicha obra, el caso ya conocido del socavón y ante el número de accidentes que se han registrado.

Por lo tanto, la actual administración de la Secretaría de Obras Públicas ya inició un informe detallado sobre dicha vía de comunicación, que será entregado a la SCT en el gobierno federal del ahora presidente electo AMLO.

Mencionó que se habrán de considerar las diferentes alternativas, con el objetivo de garantizar la seguridad para quienes circulan por el Paso Exprés; no descartó ninguna de las posibilidades, incluso la de ampliar a más carriles, pero subrayó que esas medidas se tomarán con base en estudios técnicos y en coordinación con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

En otro orden de ideas, Sanz Rivera comentó que se sostendrán encuentros cada mes con los alcaldes actuales y los electos, para abordar diversos aspectos. Entre otros dijo que en el encuentro del miércoles, se solicitó a los ediles que se lleve a cabo un proceso de entrega recepción transparente “sin poner piedras”.

Ante los problemas financieros que enfrentan los ayuntamientos al cierre de esta administración, el jefe de la oficina de la gubernatura comentó que se buscará a través de la Secretaría de Economía y Trabajo, apoyarles con asesoría jurídica, en lo relativo a los laudos. Recordó que la administración pasada dejó muchas deudas y no hay liquidez, por lo que en este momento no se cuenta con posibilidad de rescates financieros adicionales.

Mencionó que todavía se tendrá que cuantificar el monto de laudos que tiene por cumplir el gobierno del estado, cuya cifra podría ascender a alrededor de 500 millones de pesos.

Posible esquema de corrupción público y privado, señala el organismo, que fija en cuatro las muertes por la obra; la SCT obstaculizó la investigación.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “el socavón no fue un accidente sino una cadena de ineptitudes administrativas”, las que tienen que ser investigadas integralmente, al advertirse que existe “un posible esquema de corrupción” que involucra a instituciones públicas y privadas, y aplicar sanciones ejemplares no sólo para que el caso no quede impune sino para que no se repita en cualquier parte del país.

Al presentar la Recomendación 34/2018 dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, el segundo visitador general Enrique Guadarrama López destacó que la investigación de oficio realizada por el organismo, a raíz de la muerte de dos hombres el 12 julio de 2017,  fue obstaculizada reiteradamente por la SCT, lo que evidenció que algo extraño sucedía y que se pretendía ocultar.

Señaló que en la investigación centrada en la transgresión al derecho humano a la vida de las víctimas y el acceso a la información a sus familiares, la CNDH acreditó falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción por parte de la SCT y Banobras, pues la vialidad no contaba con los estudios necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no 8 como originalmente se había previsto.

Por ejemplo, no se contó con los permisos o exenciones ambientales al momento de iniciar los trabajos de construcción. La exención ambiental se otorgó meses antes de que se contara con la versión final del Proyecto Ejecutivo a 10 carriles, es decir, se exentó respecto de un proyecto distinto al construido. Esto evidenció la falta de debida diligencia de las empresas constructoras, pues iniciaron los trabajos sin contar con uno de los requisitos para hacerlo.

De acuerdo con la CNDH, a más de un mes de haber iniciado los trabajos del Paso Exprés, la SCT solicitó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) que informara si existían líneas de agua potable y drenaje que interfirieran con los trabajos, lo cual debió ser previsto desde la planeación y diseño del Proyecto Ejecutivo, pues las afectaciones debían considerarse al momento de hacer el trazo y establecer los aspectos técnicos de diseño de la obra contemplados en dicho proyecto.

Detalló que al revisar la información básica de los cuatro contratos celebrados por la SCT con cuatro empresas constructoras, se detectó que dichos contratos fueron modificados en al menos nueve ocasiones, y esto provocó el aumento del costo de la obra con respecto a su estimación original, equivalente a un 67.9% más de lo presupuestado (más de 535 millones de pesos), además del retraso de la obra por siete meses.

De los 41 procedimientos administrativos iniciados por la obra del Paso Exprés, casi la mitad fueron archivados o concluidos en no sanción. De los muchos funcionarios de todos los niveles que intervinieron en la obra irregular, sólo nueve servidores públicos fueron sancionados y ninguna de las empresas ha sido sancionada.

Es por ello que la CNDH insistió en que las autoridades están obligadas a investigar y aplicar sanciones ejemplares a “toda la cadena de mando”, es decir a todos los servidores públicos que de una u otra forma permitieron la corrupción, la violación de derechos humanos de la población y que una obra irregular cobrara la vida de cuatro personas. Esto, incluyó también a las empresas corresponsables.

A esto se sumó que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), observó irregularidades en la ejecución y pagos de los trabajos de tres de las empresas contratadas como: pagos sin justificación, por trabajos no previstos, incumplimiento de las especificaciones del contrato y por servicios no prestados.

La empresa encargada de la construcción fue instruida para modificar el proyecto original sin aprobación y autorización de las áreas responsables. La obra carecía de retornos, acotamientos y acceso a vehículos de emergencia. La empresa contratada para la supervisión usó una bitácora convencional sin autorización de la Secretaría de la Función Pública, en lugar de la bitácora electrónica correspondiente exigible en este tipo de obras.

Respecto a las autoridades locales, la CNDH advirtió que el Ayuntamiento de Cuernavaca omitió dar mantenimiento al drenaje, dejó acumular la basura en el alcantarillado que cruza el socavón y fue rebasado en su capacidad de respuesta durante el hundimiento que, incluso, produjo la suspensión del abasto de agua potable a la población de la zona.

En tanto el Gobierno del Estado de Morelos, a través de Protección Civil, omitió asumir el mando ante el accidente de las dos personas que perdieron la vida y por no generar condiciones de seguridad que impidieran los accidentes de dos personas más que también perdieron la vida: un joven motociclista que fue golpeado por un cable de alta tensión sobre la cinta asfáltica; y otro joven que cayó de un paso peatonal que no tenía barandal, ni algún tipo de señalamiento de peligro, a un costado del Paso Exprés.

Por lo anterior, la CNDH recomendó al titular de la SCT que en coordinación con Banobras, Conagua, el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, repare el daño a las víctimas directas e indirectas de las cuatro personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; y ofrecer disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.

También, generar mecanismos legales que obliguen contractualmente a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren, y colaborar con la denuncia y queja que la CNDH presente ante autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos e involucrados responsables de los hechos.

Además de capacitar al personal sobre los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas”, y continuar la atención directa a vecinos de las zonas afectadas y garantizar la seguridad de los habitantes y usuarios de la zona. 

A Banobras se le pidió generar mecanismos para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos, e incorporar sanciones en caso de incumplimiento; adecuar normas para que, a partir de 2019, la operación y otorgamiento de financiamiento a empresas privadas se ajusten a las sanas prácticas y usos bancarios para que acrediten la factibilidad en derechos humanos. 

A la Conagua, en coordinación con el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, pidió identificar los puntos de riesgo hidráulico en el Paso Exprés, para establecer medidas preventivas inmediatas y permanentes, estableciendo un registro específico.

El gobernador del estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca deberán realizar mesas de trabajo con autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para implementar mecanismos de coordinación que permitan reacción inmediata ante fenómenos perturbadores; verificar, actualizar y mejorar el equipamiento y capacitación de las corporaciones de Protección Civil a nivel estatal y municipal; atender, programar y realizar gestiones para identificar y atender posibles riesgos para la población civil; y tener presupuesto para optimizar la capacidad de respuesta de los cuerpos de Protección Civil.

La recomendación también fue entregada al Congreso de la Unión para que considere posibles modificaciones normativas planteadas en el documento, así como a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para la formulación de políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos.

Además, se presentará tanto a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Morelos, para que se tome en cuenta los elementos recabados por la CNDH respecto a las irregularidades para que se finquen las responsabilidades.

El visitador resaltó que CNDH tuvo que realizar también una investigación sui generis más allá de la violación al derecho a la vida para determinar las fallas técnicas e irregularidades administrativas de un proyecto carretero, y hacer un análisis integral y concatenado de los hechos y las evidencias, y llegar así a las conclusiones que hoy son públicas por el riesgo de que de no exhibirse la verdad y buscar que el caso no quede impune, corremos el riesgo de que casos análogos se sigan repitiendo.

Recalcó que es importante que las autoridades competentes investiguen de manera global y vayan más allá de un enfoque parcial o fragmentado, cuyo saldo ha sido la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas

Y es que, asestó, “el socavón no es un mero accidente sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Banobras y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas, el hecho continúa impune al no haber aún responsables penalmente”.

“Del caso se desprenden elementos e indicios de un posible esquema de corrupción que la Comisión Nacional pide se investigue por las autoridades competentes en los ámbitos penal y administrativo”.

Destacó que en su momento, la SCT tuvo la oportunidad de cumplir con su obligación de explicar de manera suficiente las causas de la falla y quiénes eran los responsables. Pero no lo hizo, por el contrario, su titular Gerardo Ruiz Esparza realizó declaraciones faltas de verdad ante el Senado de la República y de deslinde de responsabilidad en medios de comunicación.

Además, los servidores públicos de la SCT no proporcionaron a la CNDH de manera oportuna la información solicitada para la investigación, al grado de enviar información desordenada y confusa contenida en cajas, lo que representó un esfuerzo adicional de análisis que pudo haberse simplificado, conducta que en sí misma creó obstáculos adicionales a la labor de la CNDH.

Víctimas sin reparación del daño

Aun cuando las familias de Juan Mena Romero y Juan Mena López, padre e hijo que murieron al caer en el socavón que se abrió en el Paso Exprés, recibieron una indemnización, la CNDH consideró que la reparación del daño no ha sido integral.

En el caso de los familiares de la tercera y cuarta víctimas, no han obtenido debida reparación, ni hay responsables, por lo que el organismo enviará copia de la recomendación a la Fiscalía de Morelos, a efecto de que acelere la investigación y se determinen las responsabilidades a quien corresponda a la brevedad.

A partir de la semana pasada.

Jojutla.- Las funciones que la Dirección de Control Vehicular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) había pasado a la de “rentística” apenas al inicio de este año, como el cobro de diferentes contribuciones por vehículos particulares, regresaron nuevamente a la primera dependencia.

El jefe del departamento de rentística, en el municipio de Jojutla, Everardo Barrera Catalán, confirmó que los trámites de placas, altas, bajas, cambio de propietario, tarjeta de circulación y licencias de conducir ahora estarán a cargo nuevamente de Control Vehicular, de la delegación de la SMyT, ambas ubicadas en la Plaza Bonita.

“Acaba de salir el decreto la semana pasada, donde los servicios de control vehicular regresan a Movilidad y Transporte. En rentística nos quedamos con los servicios de atención al contribuyente, los servicios de hacienda. En esta oficina se maneja todo el régimen de incorporación fiscal”.

Agregó que hacienda se encarga de los trámites de declaraciones de facturas, requerimientos y multas, a eso le habían incorporado los servicios de control vehicular, pero con el nuevo gobierno estatal estos servicios regresan a Movilidad.

Mencionó que aunque el decreto se publicó el cuatro de octubre, todavía no se hace el proceso de entrega, por lo que están a la espera de que las autoridades marquen los lineamientos para hacerlo.

Por lo pronto mencionó que luego de la transición de gobierno, la semana anterior no se podían realizar trámites debido a los cambios de firma de los nuevos funcionarios, pero a partir de esta semana ya se terminaron de actualizar y ya se pueden realizar todos los servicios que ofrecen.

“Estamos a un 90 por ciento. Todos los trámites de placas, estamos al 100 por ciento (altas de vehículo nuevo, foráneo, tarjeta de circulación, etcétera), en los trámites de hacienda estamos al 100 por ciento y sólo en licencias de conducir falta la firma digital del secretario”.

Dirigentes de diversas organizaciones de la entidad piden una nueva convocatoria apegada a la ley.

Ruteros y taxis de todo el estado se unieron para pedir al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo que cancele el proceso de regularización de unidades del transporte público que el gobierno de Graco Ramírez inició en el 2014 y se "limpie" toda la corrupción que existe en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte; Rodolfo Tiscareño Martínez, presidente de la Ruta 13 de la zona oriente, entre otros líderes de las regiones sur, oriente y metropolitana del estado, manifestaron su respaldo al secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, para que revoque todas las concesiones y permisos otorgados a partir del proceso 2014 y se emita una nueva convocatoria apegada a la ley.

El grupo de liderazgo surgió como oposición a la Coalición de Representantes del Transporte Público, a cuyos integrantes señalaron de haber sido cómplices del gobierno de Graco Ramírez para beneficiarse con una concesión o con permisos provisionales.

"Es un grupo que deja Graco y Gayosso para que finalmente estén en un golpeteo constante ante las autoridades, y nosotros decimos que eso no lo vamos a permitir, eso es lo que nos ha obligado a juntarnos... No estamos de acuerdo en que se cristalice la corrupción de Graco Ramírez, por lo tanto se tiene que revisar bien todo lo que dejó la administración pasada porque sabemos que fue mucha corrupción", manifestó Rivera Jaimes.

Dijeron que de reponerse el citado proceso, tiene que beneficiarse a los transportistas de todo el estado.

Además, solicitaron al titular de la SMyT que regrese los títulos de concesión a los transportistas, pues mediante irregularidades en el sistema, las exautoridades reasignaron dicho derecho a transportistas allegados.