Detrás de la empresa “Promoción y Desarrollo Industrial EV”, que arrenda la Plaza Novum a razón de 315 mil 546 pesos mensuales para que sea sede de la Secretaría de Movilidad y Transportes del gobierno estatal, hay toda una historia de “intercambio de favores” entre un selecto grupo de empresarios y Graco Ramírez Garrido Abreu, quien dejó el cargo de gobernador el pasado 30 de septiembre. 

Este grupo de empresarios, encabezado por los hermanos Víctor y Gabriel Haddad Giorgi, se encargaron de avalar la política de Graco Ramírez tanto en materia de inversiones como de seguridad pública.

A cambio, y a pesar de que la Plaza Novum no es la mejor opción para atender a los miles de usuarios (problemas de vialidad, inundaciones, cobro de estacionamiento, entre otros), el gobierno autorizó un contrato de arrendamiento forzoso hasta el 30 de septiembre del 2018 que significó ingresos superiores a los diez millones de pesos entre renta y cuotas de mantenimiento.

Por otra parte, amparado en un tema de “seguridad”, Graco Ramírez evadió la Ley de Adquisiciones que establece la obligatoriedad de someterlo a un proceso de licitación pública nacional, y adjudicó directamente la adquisición de un sistema de cómputo a tres empresas que prometían eficientar todos los servicios que presta la Secretaría de Movilidad y Transportes, pero que resultó caro e infuncional.

LA PLAZA NOVUM, EL ENGAÑO

El 9 de mayo de 2015,  el entonces gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu cortó el listón de las nuevas instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transportes, en la Plaza Novum, ubicada en el número 16 de Paseo Cuauhnáhuac, en el municipio de Jiutepec.

“Es una demanda muy sentida, una demanda planteada siempre, una queja permanente de la mala atención y de la red de corrupción construida alrededor de un viejo inmueble, inadecuado, que servía fundamentalmente para una mala atención”, señaló durante la inauguración del inmueble.

Así justificó el dejar el vetusto edificio conocido como “Base Zapata”, ubicado en la avenida del mismo nombre, al norte de Cuernavaca, el cual, efectivamente, ya era insuficiente para atender a los miles de usuarios.

“Si queremos tener nuevas prácticas hagámoslo en un nuevo inmueble, querer hacerlo en el viejo inmueble, su propio diseño, su forma y circunstancia física nos impedía, las rutas, los métodos, las formas de poder atender mejor y con calidad”, agregó.

Lo que no mencionó en su eufórico discurso, es lo que costaría al erario la renta de estas instalaciones, y mucho menos el nombre de los arrendadores.

Apenas unas semanas después del inicio de operaciones, la gente comenzó a percatarse de las desventajas de haber elegido la Plaza Novum como nueva sede: una manifestación de transportistas bloqueó por completo el Paseo Cuauhnáhuac, principal vía de comunicación entre Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec y Cuautla; en tanto que las primeras lluvias provocaron inundaciones en las nuevas oficinas.

QUISIERON ESCONDER EL CONTRATO

La política de transparencia que tanto presumió el gobierno de Graco Ramírez no operó en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Este reportero tardó seis meses en obtener la copia del contrato de arrendamiento, ante las evasivas de la dependencia y su determinación de declarar como información clasificada dicho documento.

Fue hasta el cinco de agosto de 2016 que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) ordenó a la SMyT entregar la copia del contrato “apercibidos de que para el caso de incumplimiento serán suspendidos de su cargo sin goce de sueldo por quince días naturales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos”.

Así, después de seis meses de haber iniciado la solicitud, se tuvo a la vista el contrato de arrendamiento firmado entre el gobierno del estado (Jorge Vicente Messeguer Guillén, secretario de Movilidad y Transporte; Alberto Javier Barona Lavín, secretario de Administración; Jorge Javier Guevara Ramírez, enlace administrativo; y Ramón Velázquez Santillán, director general de Patrimonio) y la empresa Promoción y Desarrollo Industrial EV, representada por su apoderada legal María de Lourdes Castillo Flores.

“El arrendatario cubrirá por concepto de renta mensual del bien inmueble objeto de este contrato la cantidad de $98,850 (noventa y ocho mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por la superficie de 659 00 M2 correspondiente a la planta nivel Uno Torre, más la cantidad de $151,584.00 (ciento cincuenta y un mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por la superficie de 763 62 M2 correspondiente a la planta baja, lo que nos arroja una cantidad total de arrendamiento de $250,434.00 (doscientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) más lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $40,069.44 (Cuarenta mil sesenta y nueve pesos 44/100 M.N.) lo que arroja un total de $290,503.44 (doscientos noventa mil quinientos tres pesos 44/100 M.N.) cantidad que se encuentra dentro de los parámetros aprobados por la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales (CABE)”, dice el documento desclasificado.

Se agrega un pago mensual de $25,043.40 (veinticinco mil cuarenta y tres pesos 40/100 M.N.) por “mantenimiento, conservación y vigilancia del inmueble”.

En el apartado de “Vigencia” se establece que el presente contrato se celebra por el periodo de treinta y tres meses trece días, por lo que estará vigente a partir del 18 de diciembre del 2015 al 30 de septiembre del 2018, con un periodo de gracia de 105 días en los cuales se realizarán trabajos de adecuación de las instalaciones.

Ya con el contrato en mano, fue fácil ubicar a la empresa Promoción y Desarrollo Industrial EV en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Morelos.

LOS EMPRESARIOS FAVORECIDOS

De acuerdo a la escritura 227875 el 17 de julio del 2010 se constituyó la sociedad anónima “Promoción y Desarrollo Industrial EV S.A. de C.V.” por Víctor Raúl Haddad Giorgi y Armando Haddad Giorgi, quedando como administrador único Bernardo Álvarez del Castillo Vargas.

Armando Haddad Giorgi  (quien en las pasadas elecciones buscó la presidencia municipal de Cuernavaca como candidato independiente) se ostenta como dirigente de diversas organizaciones como el “Comité de Hombres de Negocios de Morelos”, la asociación civil “Morelos seguro contigo” y “Morelos Único”, entre otras. Pero su característica común es que todas en determinado momento han servido para avalar el trabajo del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

También aparece como miembro del Comité Técnico del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y del Empleo. Según la denuncia penal CUH7/2/483/15-08, interpuesta por Enrique Arias Velasco, Armando Haddad Giorgi firmó como miembro de ese Comité para autorizarse ocho millones de pesos que ejerció a través de la asociación civil “Morelos Único Sirviendo” y del Centro Educativo Comunitario Integral “Don Bosco”.

Como parte de la empresa que le renta Plaza Novum a Gobierno del Estado, aparece también el ex subsecretario de Inversiones José Ángel Ávalos y el ex funcionario de Banorte, Jorge Federico Altschuler Castro.

Son accionistas de la empresa, entre otros, las personas morales denominadas Inmuebles y Desarrollos YHI, Impulsora Empresarial de Morelos e Inmobiliaria DESI.

EL SISTEMA DE CÓMPUTO, OTRO FIASCO

Publicitado como el último grito de la tecnología por contener “códigos de barras de alta seguridad”, el 22 de marzo del 2013, el gobierno del estado firmó un “contrato de adquisición de bienes y servicios que integran la Solución de Seguridad” con tres empresas: Werner Pegasus S. de R.L de C.V.; Grupo Industrial DLV S.A. de C.V.; y COFORMEX S.A. de C.V. “a efecto de contar con una solución integral en materia de seguridad pública, de control vehicular, de apoyo ministerial y de control en recaudación fiscal”.

En el mismo documento (cuya copia obra en poder de este reportero), se establece que la contratación no se licitó, ya que la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, contempla excepciones, y una de ellas es “cuando la persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal autorice directamente el fincamiento de pedidos o la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios con fines de equipamiento de instituciones de seguridad pública, o sean necesarios para salvaguardar y garantizar la seguridad interior del Estado”.

Bajo ese argumento legal, el gobierno de Graco Ramírez entregó 25 millones 125 mil 600 pesos a Pegasus; 89 millones 233 mil pesos a DLV y 31 millones 552 mil a Coformex en un mismo paquete, ya que estas empresas firmaron a su vez un convenio de participación conjunta y designaron como representante común a José Luis Ortega Rivera.

Posteriormente, “por virtud de las necesidades del servicio, en lo relativo al rubro de la Movilidad y el Transporte, es imperioso realizar una ampliación de hasta un 20 por ciento”, dice el documento que justifica la ampliación a favor de la empresa Werner Pegasus.

Ahora, sin licitación y ya sin la necesidad de argumentar el tema de la seguridad, le fue pagado un total de 15 millones 75 mil pesos.

Con fecha 27 de abril del 2016, el Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acordó “por unanimidad” aprobar la excepción al procedimiento para adquirir un sistema digitalizado de control vehicular, placas, licencias de conducir y formatos oficiales para el uso de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

El comité está integrado y presidido por el gobernador del estado o el representante que éste designe; el secretario de Hacienda; el secretario de Administración; el secretario de la Contraloría; el titular de la unidad administrativa a cargo de los procesos de adjudicación de contratos del Poder Ejecutivo; el titular de la secretaría, dependencia o en cuyo proceso se encuentre vinculado.

“Tendrán el carácter de invitados permanentes el representante de la Consejería Jurídica, así como los demás servidores públicos que dicho comité considere necesaria su participación, quienes tendrán únicamente derecho a voz. Asimismo, podrá invitarse a observadores ciudadanos, cuya intervención estará normada en el reglamento que al efecto se expida”, dice el periódico oficial Tierra y Libertad de fecha 1 de enero de 2013 donde se publicó la creación del mismo.

Nunca hubo observadores ciudadanos y las sesiones sólo eran de trámite, para autorizar lo que ordenara el gobernador.

El 20 de mayo de 2016 el entonces secretario de Movilidad y Transportes, Jorge Messeguer Guillén, firmó el contrato que autoriza el pago de otros 12.5 millones de pesos a la misma empresa Werner Pegasus “para mejorar” el sistema adquirido previamente.

El 26 de diciembre del 2016, el mismo funcionario firmó otro contrato para que se le pagara a la persona moral denominada “Zeitek soluciones S.A. de C.V.” un total de 22 millones 527 mil 83 pesos para la adquisición de un sistema para la conformación del Registro Estatal Vehícular y Unidad de Certificación Vehicular.

Los servicios que ofrece Zeitek Soluciones son prácticamente los mismos que daba Werner Pegasus. En el contrato, Zeitek advierte que “se deberá realizar una migración de la base de datos actual a la del nuevo sistema. Para esto se deberá llevar a cabo un análisis de la información actual, para desarrollar los procesos de transferencia de información necesarios para trasladar dicha información a la nueva base de datos”.

Según la nueva administración de Cuauhtémoc Blanco, el primer sistema no funcionó bien, y en lugar de obligar a los proveedores a que subsanaran los errores, los funcionarios de Graco Ramírez prefirieron contratar otro proveedor que instaló un nuevo software, mismo que no reconoció los datos del anterior.

Pero tanto las primeras empresas como la que entró de relevo, fueron contratadas sin licitación y con precios muy por arriba de lo que cuestan realmente los productos y servicios.