La esposa del gobernador no fue electa para ningún cargo público y sólo desempeña de forma oficial y de forma honorífica -se supone- la presidencia del DIF, aunque tradicionalmente a sus decisiones se somete la dirección de ese organismo de asistencia social.

Sin embargo, la señora ejerce una influencia alegal o quizá ilegal sobre la forma de operar de una gran parte de las instituciones, que ha traído diversas consecuencias a Morelos, por lo que el gobernador -su esposo- incurre en graves responsabilidades.

No por nada Graco Ramírez incumplió su promesa de someterse a la ratificación popular cada dos años. La corrupción y la elevada violencia han marcado el sexenio y el intervencionismo de Elena Cepeda es parte de ese escenario.

Para colmo, ni siquiera hay congruencia en sus palabras, pues mientras aboga porque la gente trabaje de manera honorífica (sin sueldo) ella y su familia disfrutan a manos llenas de los recursos públicos, lo cual se puede ver, simplemente, en lo que cuesta su aparato de seguridad, un insulto en una entidad donde la gente vive atemorizada por los homicidios y toda clase de delitos que no se previenen y  menos se persiguen.