Lo anterior, para referirnos a la petición de que las secretarias de Hacienda y de Educación cumplan con los compromisos laborales contraídos con los profesores de instituciones oficiales.

La Suprema Corte de Justicia determinó que los artículos de la Ley de Educación de la entidad que hablan de preservar las prestaciones adquiridas por los trabajadores de la educación son anticonstitucionales, porque invaden las competencias del gobierno federal.

Así que el citado es un exhorto ocioso. Se necesitan acciones determinantes para evitar que la decisión de la Corte se convierta en un conflicto interno, y mediante actos propagandísticos se alientan situaciones que poco tienen que ver con la realidad.