Hoy se comprueba que, conforme a la ley vigente, serán excluidos de sus plazas todos aquellos trabajadores que se nieguen a someterse a los exámenes implementados por la autoridad educativa.

Las nuevas armas jurídicas que tienen los responsables de la enseñanza pública deben utilizarse para mejorar la educación y no con fines punitivos contra los opositores.

De otra manera en lugar de encauzar adecuadamente las muestras de inconformidad las avivarán y eso afectará todo el proceso de enseñanza aprendizaje.