La única certeza es que están a salvo los derechos adquiridos por los trabajadores jubilados y pensionados. De allí en adelante la determinación no deja lugar a dudas, por lo que tocará a las autoridades educativas ofrecer un escenario que impida nuevos brotes de inconformidad.

De entrada los responsables del sector han señalado que hay un convenio con la Federación que ampara los derechos adquiridos en los estados.

Ya hay ahora suficiente materia de discusión y tanto la representación sindical como las autoridades educativas locales y federales deben asumir un manejo responsable de la situación que se avecina.