Aunque es entendible que la situación económica afecta la capacidad operativa de las unidades del transporte público, la decisión de las organizaciones de concesionarios de reducir al mínimo el número de unidades disponibles propicia un ambiente favorable a los contagios pro covid-19, ya que a menor número de “rutas” mayor aglomeración.

Lo mismo se aplica las unidades del autotransporte federal. Las empresas del ramo obligan al hacinamiento y son un foco de infección por es emotivo.

La queja de los concesionarios en cuanto a que varios de los integrantes del gremio se han contaminado por el descuido de los usuarios es justificada, pero implica también responsabilidad. No basta con exigir cubrebocas y utilizar gel, se requiere que haya el suficiente servicio para evitar que los pasajeros se apretujen en las unidades y aumente el riesgo de enfermar del nuevo mal, cuyo control requiere la participación de todos.