Las reformas legales emprendidas por el gobernador de Puebla han dejado un mal sabor de boca a todo el empresariado, ya que en un planteamiento ambiguo la norma ahora señala en aquella entidad que los inmuebles de las escuelas privadas ahora forman parte del sistema educativo estatal, cualquier cosa que eso signifique.

Ya será la justicia federal la que termine de precisar los alcances de la reforma, pero mientras tanto una acción de ese tipo ha hecho desconfiar a la iniciativa privada de todo el país, por lo que es entendible que las viejas rencillas entre las agrupaciones de dueños de escuelas particulares finalmente hayan quedado atrás y ayer presentaran un solo planteamiento ante la propuesta para reformar la ley de educación estatal.

Esa desconfianza está más que justificada, y por más que se diga que la reforma local solo es una adecuación a la normatividad federal, el trabajo legislativo se dificultará.

Esa injerencia indeseable del gobernador de Puebla costará trabajo erradicarla.