Los comerciantes que fueron desalojados de la avenida Plan de Ayala insisten en perjudicar a la ciudadanía para mantener lo que consideran su derecho a ocupar la vía pública, pero no tienen compasión a la hora de impedir el derecho al libre tránsito de cientos de miles de personas.

Aunque “suavicen” sus protestas al permitir de forma intermitente el paso de vehículos, sus acciones carecen de justificación, porque reclaman como propio lo que es público.

Hasta antes del desalojo, las personas con movilidad reducida tenían que sufrir por la falta de espacio en la banqueta que forzosamente se debe cruzar para acudir a los servicios del hospital del lugar.

Ahora, los comerciantes que se dicen afectados mantienen su postura de regresar al lugar donde tantas molestias causaban. Si acaso, ofrecen hacer pequeñas concesiones –como no usar bancos para que se siente su clientela- pero se niegan a aceptar un nuevo sitio para ejercer su oficio.

Aunque ellos dicen sufrir por los ingresos que dejaron de percibir, los daños económicos que han provocado a la economía de Cuernavaca supera con creces cualquier cifra.

Basta con preguntar a los transportistas que han quedado varados en esa zona acerca de su gasto de gasolina.