Familiares de las víctimas, sus organizaciones y los representantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que participan en la exhumación e identificación de los cuerpos de las fosas clandestinas de Tetelcingo, denunciaron que la Fiscalía del Estado de Morelos no cumplió los acuerdos establecidos en función de los protocolos internacionales en materia forense.
En conferencia de prensa realizada en el predio “El Maguey”, lugar donde se realiza la exhumación de los cuerpos de las fosas clandestinas en Tetelcingo, Cuautla, Amalia Hernández -tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, víctima de secuestro y homicidio, cuyo cuerpo fue encontrado en estas fosas- denunció que la Fiscalía General del Estado de Morelos no proveyó la maquinaria para descubrir las fosas y cavar las canaletas para drenar el agua con la que deben ser lavados los cuerpos.
Además, la maquinaria para extraer los restos de las fosas no es la adecuada, “ya que al tratar de utilizar un trascabo, los peritos consideraron que se podrían alterar las evidencias y lastimar los cuerpos”.
Los familiares de las víctimas denunciaron que con plásticos oscuros se intentó impedir la observación del escenario de trabajo para impedir que los familiares de las víctimas y los medios de comunicación atestiguaran la diligencia, contraviniendo la obligatoriedad de la transparencia.
“Estos incumplimientos originaron un retraso de seis horas, para iniciar los trabajos que habían sido programados a las 6 horas del día de ayer (lunes), lo cual representó una medida dilatoria para sabotear la exhumación e impedir que se develen los crímenes que, cometidos por comisión u omisión, deberán ser investigados y castigados”.
En la lectura de su comunicado, familiares de las víctimas subrayaron que la Fiscalía del Estado de Morelos “no tenía la ubicación exacta de las fosas, ni la profundidad en la que se encuentran los cuerpos. Esto confirma, una vez más, que se trata de fosas clandestinas en las que presumiblemente se configuran crímenes de lesa humanidad”.
Solicitaron que el gobierno y la Fiscalía de Morelos no continúen obstruyendo la diligencia y faciliten las condiciones para que ésta se desarrolle con transparencia y oportunidad, en aras de hacerles justicia a las víctimas y a sus familiares.