Así lo dio a conocer el jurista Cipriano Sotelo Salgado al ser entrevistado durante el programa de televisión “Quien Resulte Responsable”, en el que dijo tener conocimiento de que hay más militares que podrían ser requeridos por el Ministerio Público Militar, por lo que incluso algunos ya interpusieron sus respectivos juicios de amparo para evitar ser detenidos.

Explicó Sotelo Salgado que el “incidente de incompetencia” que promoverá está fundado en el artículo 13 de la Constitución federal. Al ser cuestionado sobre si esto no significaría una aplicación retroactiva de una ley, el abogado aseguró que no pues lo único que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue interpretar una norma que ya existía.

De acuerdo a este criterio, apuntó el litigante, el juez militar deberá declararse incompetente y remitir los autos a uno de los seis juzgados de distrito que se encuentran en la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, o bien enviarlos a un juzgado de juicios orales del primer distrito judicial, en virtud de que el homicidio es un delito que puede ser sancionado tanto por una ley federal como una del fuero común.

Esta controversia de jurisdicción podría ser resuelta por un Tribunal Colegiado, para que sean tres magistrados federales los que determinen qué juez y bajo cuál ley deberán ser juzgados el teniente José Guadalupe Orizaba Guerra y el subteniente Raziel Aguilar Guerrero.

Lo anterior cambiaría radicalmente la sanción a la que se harían acreedores. Si son juzgados por el tribunal militar, la máxima pena que contempla el Código Penal del Fuero Militar es de 20 años de cárcel en una prisión castrense, la cual puede ser reducida hasta la mitad, de tal forma que en 10 años estos oficiales podrían estar libres.

Si es un juez federal no militar el que los juzgue, la pena máxima aplicable es de 50 años de prisión y serían reubicados en cualquier penal que la autoridad federal considere conveniente, pero no en la que actualmente se encuentran.

Finalmente, si el Tribunal Colegiado considera que se trata de un homicidio del fuero común, serían trasladados al penal de Atlacholoaya y su caso sería resuelto por un juez de juicio oral en una audiencia pública, con la posibilidad de que pasen 70 años tras las rejas.