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María Teresa Ordoñez castigó al operador por hacer público su estado de salud.
Jonathan Ortiz Gutiérrez trabajaba como chofer del transporte público en la empresa “Aliados de Morelos”, pero después de que se contagió con covid-19, afirma, la empresa le impuso una multa de cinco mil pesos por conceder una entrevista sobre su estado de salud y, al no pagar dicha cantidad, fue despedido.
El afectado por la arbitraria decisión narra que empezó con los síntomas del coronavirus -dolor de huesos y fiebre- el pasado 6 de mayo cuando llegó a casa después de su jornada laboral. Alrededor de las 23:00 horas de ese mismo día presentó problemas para respirar. Inmediatamente se comunicó con su patrón para exponerle la situación y al otro día buscó un chofer y le entregó la combi.
El 8 de mayo acudió a un centro de salud en Cuernavaca para que le realizaran la prueba y el 17 de ese mes le avisaron vía telefónica que dio positivo al Covid-19. Desde que empezó con los síntomas, Jonathan estuvo en aislamiento domiciliario para evitar contagiar a su esposa e hijos.
A mediados de junio, personal de la Secretaría de Salud, que lleva el seguimiento de pacientes contagiados, le informó que se recuperó del virus y podía regresar a sus actividades normales.
Sin embargo, cuando Jonathan se presentó a su trabajo, la presidenta de la organización, María Teresa Ordoñez, le informó que para regresar a laborar debía pagar una multa de cinco mil pesos porque concedió una entrevista sobre su estado de salud en la que mencionó el nombre de la empresa.
“Yo le dije que la entrevista fue de manera personal y nada en contra de la empresa y me respondió que la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) está al pendiente de que no regrese a trabajar en este sector; eso me dijo por teléfono y por eso tenía que pagar cinco mil pesos, y como di positivo al coronavirus, menos podré regresar a trabajar; yo creo que me está discriminando porque me dejó sin empleo y no me dieron ningún tipo de apoyo”.
El entrevistado refiere que mientras estuvo en aislamiento la empresa lo dejó a su suerte y la única ayuda que recibió fue de sus compañeros, que hicieron una cooperación para apoyarlo con la alimentación para su familia.
Jonathan no pagó la multa que le impuso la empresa y fue despedido. Aunque pensó en proceder de manera legal, no lo hizo para no afectar el trabajo de su esposa, Alondra Campos Carreto, quien se encargaba de checar el tiempo de salida de cada operador desde la base Chamilpa.
Sin embargo, Alondra cree que por el caso de Jonathan su patrona busca la manera para que ella renuncie, pues le aviso que solo le podía dar trabajo dos días por semana.
“Me redujo a dos días el trabajo, sin explicarme por qué. Ella sabe que estamos pasando una situación difícil porque despidió a mi esposo y tenemos dos hijos; no se me hace justo que me haga esto porque yo siempre mostré disponibilidad para desempeñar mi trabajo, estuve trabajando meses sin un solo día de descanso y ahora me dice que solo me puede dar dos días de trabajo”.
