Reclaman que se concedieron 190 suspensiones para que circulen vehículos con permisos ilegales.

Ante la suspensión que otorgó el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) a favor de 190 transportistas que prestan servicio público con permisos para circular expedidos de manera ilegal por el gobierno que encabezó Graco Ramírez, concesionarios de "rutas" advirtieron que es el inicio de conflictos sociales.
Por más de dos horas, integrantes de la Federación Auténtica del Transporte (FAT) y de la Unión de Transportistas "Leandro Valle" de la zona oriente, protestaron en las oficinas del TJA y bloquearon la calle Gutemberg del centro de Cuernavaca.
Los concesionarios del transporte público colectivo advirtieron a los magistrados que la suspensión que otorgó la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa sólo causará enfrentamientos entre los que están a favor y los que está en contra del "pirataje".
"Nosotros lo que decimos es que va a correr sangre", manifestó uno de los más de 50 transportistas que acudieron hasta la oficina del magistrado presidente del TJA, Manuel García Quintanar, para pedirle que justifique la suspensión concedida para que unidades "pirata" operen con los permisos que se expidieron fuera de la Ley.
"Ya pueden circular con la suspensión que se les otorgó y eso va a incitar mucho a que haya conflicto con los compañeros que se oponen allá en la región oriente. Lo que les pedimos a los magistrados es que revisen bien sus determinaciones", aseveró Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte.
Posteriormente, los inconformes acudieron a la oficina del magistrado Guillermo Arroyo, titular de la Segunda Sala, que otorgó la suspensión a los 190 transportistas, a quien acusaron de haber recibido "sobornos" para emitir su determinación.
Sin embargo,  el magistrado afirmó que la suspensión se concedió porque los transportistas acreditaron la legalidad de su demanda, mediante comprobantes con los que  demostraron que por muchos años han prestado el servicio público y con las  pólizas de pago de los permisos provisionales.
En entrevista, el magistrado también sostuvo que las pólizas de pago presentadas por los prestadores del servicio público son recientes, es decir, que se aplicaron en la actual administración, por lo que los transportistas pudieron haber incurrido en otro acto fuera de la ley.
Guillermo Arroyo Cruz explicó que el juicio que promovieron los transportistas tiene muchas etapas, por lo que la suspensión no les garantiza que podrán prestar el servicio público como si se tratara de un título de concesión, que sólo expide el gobierno del estado.
Finalmente, los concesionarios que protestaron ayer confirmaron que recurrirán al TJA como terceros interesados para que puedan presentar sus alegatos en contra de quienes actualmente pueden operar con una suspensión sin que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) los detenga.