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Piden crear un fondo especial; aseguran que ya no recaudan y tendrán problemas para prestar los servicios básicos.

Alcaldes de Morelos pidieron al gobierno del estado la creación de una bolsa especial en apoyo a los municipios, ante la crisis financiera que se avizora por la pandemia del Covid-19.
Reunidos en el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), los ediles acordaron solicitar una mesa de trabajo urgente con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, a fin de que escuche sus planteamientos.
Sostuvieron que la situación que se prevé podría ser catastrófica porque, ante la contingencia por la propagación del virus, los municipios no tienen recaudación, ya que suspendió el cobro de  derechos y, por consecuencia, no cuentan con recursos financieros para prestar los servicios municipales más básicos.
"(Queremos) poder tener una bolsa que nos permita hacer frente a la situación que viene. Al no tener recaudación de recursos esto se tendría que establecer en una mesa de trabajo. Estamos en espera de ser convocados por el Ejecutivo y de ahí definir lo que puede venir, porque lo que hoy se presenta como un problema grave, un virus a nivel mundial, se puede convertir en un foco de infección", manifestó el edil de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes.
El edil afirmó que en el caso de Jiutepec tendrá que reactivar el cobro de los servicios municipales y los derechos, pese a la contingencia en salud, pues sin recaudación y el apoyo del estado no podría hacer frente a sus responsabilidades.
Adrián Cazárez González, alcalde de Zacualpan de Amilpas y representante ante el IDEFOMM, dijo que también pedirán el respaldo del Poder Ejecutivo para que intervenga ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y congele los cobros del servicio a los ayuntamientos, pues no cuentan con presupuesto para pagarlo.
Los presidentes municipales advirtieron que de no tener este apoyo, existe el riesgo del corte de energía eléctrica en los pozos, lo que dejaría sin abasto del líquido a la población.

Gestiona CES presupuesto para adquirir drones.

Ediles del estado han evadido su responsabilidad en materia de seguridad con la justificación del Mando Coordinado, así lo afirmó el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros.
En reunión con los representantes de la iniciativa privada que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el comisionado de seguridad expuso que son 10 municipios los que registran mayor incidencia delictiva, y que ha impactado en el desarrollo económico de la entidad.
Se trata de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Emiliano Zapata, Ayala, Temixco, Jojutla, Yautepec, Xochitepec y Puente de Ixtla.
Sin embargo, sostuvo que algunos ediles de estos 10 municipios focalizados como más violentos, se han deslindado de su responsabilidad en el combate a la delincuencia.
"El artículo 115 no ha sido modificado. Era una arbitrariedad violar la autonomía de los municipios imponiendo un Mando Único. Aquí no hay una imposición, aquí debemos trabajar coordinados, presidentes municipales y, en su caso, conmigo, porque soy el representante de la seguridad en el estado, representando al gobernador. Esta parte la estamos respetando, pero algunos presidentes dicen 'pues es que yo ya entregué mi policía a la Comisión Estatal de Seguridad... No nada más es responsabilidad de la Comisión Estatal de Seguridad, ni del gobierno, es responsabilidad de todos", manifestó el comisionado.
Ortiz Guarneros informó que el próximo martes se llevará a cabo una reunión con los 36 ediles, que encabezará  el gobernador Cuauhtémoc Blanco, para recordarles de qué trata el Mando Coordinado, y que la responsabilidad de la seguridad es del municipio y del estado.
Además, lamentó que los ediles tampoco han cumplido con el reclutamiento de policías, de ahí el rezago que existe de los elementos para el combate a la inseguridad.
Uno de los proyectos que el comisionado presentó a los empresarios fue la instalación de mil cámaras en los 10 municipios más inseguros del estado, cuya inversión será mayor a los 30 millones de pesos.
En este encuentro, los empresarios manifestaron su preocupación, pues la violencia se registra en todo el estado, y los delitos como el robo a transeúnte, a viviendas, a los negocios y la extorsión, van a la alza.
Tal situación, de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, ha impactado en el desarrollo económico de la entidad.
Sin embargo, los empresarios se comprometieron a trabajar en coordinación y a revisar el proyecto de las cámaras de videovigilancia que se pretende impulsar con recursos del Fideicomiso del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

El comisionado estatal de Seguridad informó que realiza gestiones presupuestales para la compra de nuevos drones, porque los que tiene la CES “tardamos más en echarlos a volar a que se caigan”.

Señaló que esta herramienta tecnológica resulta muy útil en las tareas de vigilancia en eventos masivos, pues ante la escasez de policías, los drones sobrevuelan los espacios y transmiten al C-5 en tiempo real los sucesos, lo que permite una acción eficaz de los elementos en caso de riñas o contingencias.

Indicó que fiestas locales y los carnavales que se han realizado en últimas fechas han culminado con saldo blanco, gracias a que los alcaldes atendieron la recomendación de la CES de contratar la renta de drones para la cobertura de cada evento, “porque nosotros, en C-5, no tenemos, deberíamos de tener, pero no tenemos, y los que tenemos, dos muy viejos, tardamos más en echarlos a volar a que se caigan”.

Agregó que insistirá ante el Poder Ejecutivo sobre la necesidad de presupuestar la compra de al menos dos drones para eficientar las labores de vigilancia de la CES.

Desmienten aumento de hasta 20 por ciento en derechos municipales; el viernes buscan formalizar el rescate financiero de los ayuntamientos.

Los ayuntamientos del estado serán revisados por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) como parte de las negociaciones que los alcaldes iniciaron con el Congreso local para impulsar un rescate financiero a favor de los municipios.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que no se trata de ninguna consigna ni de una "persecución política", sino de que los ediles garanticen una transparencia en el uso de los recursos públicos, ya que han buscado el apoyo del Congreso local para tener más ingresos en este 2020.
El legislador local aseguró que existe toda la disposición del Congreso y del Poder Ejecutivo de apoyar a los gobiernos municipales. Sin embargo, insistió en que también debe haber apertura por parte de los ediles.
"La intención es que no sea una consigna o una situación en particular, sino que tiene que ser una cultura dentro de la política en Morelos. Vamos a establecer los mecanismos para que no se piense que es una persecución. Sí, nosotros como diputados estamos poniendo el ejemplo. Si el gobernador ya dio su informe, creo que los demás funcionarios (deben hacerlo) con mucha más razón", afirmó el presidente de la Mesa Directiva.
Sotelo Martínez refirió que el acuerdo para aumentar un 15 por ciento el cobro de derechos municipales se mantiene a favor, no así el de un 20 por ciento, como se ha informado que ahora es la intención de los alcaldes.
"Lo que nosotros acordamos con los alcaldes fue que sería el 15 por ciento, eso es lo que unificó a por lo menos 10 diputados y lo que vamos a comentar, que cada alcalde pueda generar los consensos con los diputados", añadió.
Por ello, apuntó que el próximo viernes se concretará, finalmente, la mesa de trabajo con alcaldes y las autoridades del gobierno del estado.

Denuncia secretario de Hacienda intentos de extorsión a alcaldes y otros funcionarios.

El secretario de Hacienda Alejandro Villarreal Gasca reveló que hay usurpadores que desde hace varios días tratan de extorsionar a alcaldes, diputados y secretarios entre otros funcionarios, a los que piden dinero en su nombre a cambio de que se les incluya en algunos presupuestos. Aseveró que es totalmente falso y ya inició una denuncia formal con la petición a la Policía cibernética para identificar a los culpables.

El funcionario estatal dijo que ya ha conocido de al menos veinte casos de personas que les comentan que fueron contactados a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. “Pero pueden ser más casos, ahorita, por ejemplo, el presidente municipal de Cuernavaca me dijo que lo contactaron en mi nombre y de igual manera la secretaria de Economía y varios diputados me lo han avisado. Es algo que nos genera preocupación porque es algo delicado”.

Los ladrones de identidad y usurpadores piden alrededor de 60 mil pesos, les dan datos de cuentas bancarias y correos, con nombres de programas que son totalmente falsos.

Villarreal Gasca dijo que se dejó pasar algunos días para que avanzara la investigación y se decidió proceder ante la autoridad competente para ampliar la denuncia y ratificarla, porque el asunto ya escaló de nivel, ante tantas personas que han sido contactadas en su nombre.

En otro tema, el secretario informó que está en análisis la asignación de recursos del fondo de apoyo para municipios, para el cumplimiento de laudos. Comentó que, junto con la comisión de Hacienda del Congreso del estado, las autoridades laborales y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje definen las cantidades que se asignarán a cada ayuntamiento, dando prioridad a los casos que están en una situación más avanzada, es decir que ya están en ejecutoria con orden de destitución.

Explicó que seguramente este problema no terminará, porque el Congreso autorizó para ese rubro 50 millones de pesos y el adeudo supera los 400 millones de pesos.

Puso como ejemplo el caso de Atlatlahucan, que tiene 611 juicios y no todos los casos están en números rojos; en total el pasivo en ese municipio suma como 24 millones de pesos, de tal manera que solo ese municipio se estaría llevando la mitad de todo el fondo. Entonces se atenderán los asuntos más urgentes.

En otro orden de ideas, el secretario de Hacienda fue cuestionado sobre las versiones que se han publicado, relacionada con el informe que emitió la organización civil Morelos Rinde Cuentas, las cuales hablan de que se aplicaron de manera “discrecional” alrededor del 30 por ciento de los recursos, lo que equivale a 10 mil millones de pesos en el 2019. “Si ustedes observan bien esa misma nota, la de esa agrupación, verán que se trata de recursos y programas federales que se tienen que aplicar, no comparto ese término de discrecional… son acciones en las cuales se presupuesta de esta manera. Lo hemos dicho muchas veces, el presupuesto no alcanza, en el 2019 se solicitó ampliaciones por más de 10 mil millones de pesos”, aclaró.

Al respecto Villarreal Gasca dijo que no acepta ni coincide con dicho término de discrecional, porque el recurso se aplicó de manera legal. Confirmó que se trata de recursos adicionales que no estaban presupuestados, que en su mayoría provienen de programas federales en materia de salud, educación y seguridad, o los recursos que se destinaron al pago de laudos, o para el pago de pensiones a magistrados que no se cubrieron en el mismo rubro.

Además, hizo énfasis en que la ley permite al gobierno del estado hacer transferencias de recursos, en prácticamente todos los rubros.

Alejandro Villarreal expuso que, de hecho, este año de nueva cuenta será necesario hacer transferencias, en primer lugar, porque se solicitarán ampliaciones o fondos adicionales a la Federación, y en segundo porque se aprobaron recursos en el presupuesto que no alcanzan para algunos asuntos, como el pago de resoluciones judiciales, por ejemplo.

Reciben oficiales chalecos antibalas y placas balísticas 

Como parte de las acciones emprendidas para dignificar la labor de los integrantes del Mando Coordinado Policía Morelos, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) entregó chalecos antibalas y placas balísticas al personal de nueve municipios.
El titular de la dependencia, Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, informó que mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres y hombres que tienen la encomienda de velar por la seguridad de las familias es una prioridad en la actual administración.
De ahí que en esta ocasión se distribuyeron de la siguiente forma: Atlatlahucan, 31 chalecos antibalas y 62 placas balísticas; Zacualpan de Amilpas, 6 chalecos y 12 placas; Jonacatepec, 48 chalecos y 96 placas; Tepalcingo, 33 chalecos y 66 placas; Axochiapan, 42 chalecos y 84 placas; Puente de Ixtla, 20 chalecos y 40 placas; Zacatepec, 15 chalecos y 30 placas; Jojutla, 54 chalecos y 108 placas; y Tlaquiltenango, 9 chalecos y 18 placas.
Ortiz Guarneros precisó que la meta es que todos los efectivos de la estrategia de seguridad Mando Coordinado Policía Morelos cuente con uniformes, equipo y herramientas de trabajo para desempeñar sus funciones, tal como ya se hizo con Yautepec, Tetela del Volcán, Coatlán del Río, Huitzilac, Coatetelco, Amacuzac y Yecapixtla
Precisó que, en el proceso de dignificar el trabajo policial, se han tenido avances significativos, ya que por muchos años estuvieron abandonados y no contaban con las prestaciones suficientes como la seguridad social.
Por último, el comisionado estatal de Seguridad Pública señaló que en los próximos días se entregarán equipos de seguridad a los elementos de los municipios restantes, para completar el proceso de equipamiento.

Con el acuerdo se busca compensar la pérdida económica que tendrán los ayuntamientos con la eliminación de los impuestos adicionales.

El Poder Ejecutivo del estado autorizará un catálogo de obras públicas a favor de los municipios, a cambio de que los alcaldes desistan de su solicitud para recuperar un cinco por ciento del total del Fondo General de Aportaciones, que les quitó el gobierno de Graco Ramírez para la creación del mando único policíaco.
El recurso que los ediles pretendían recuperar era de un monto total de 800 millones de pesos, por lo que plantearon al Ejecutivo que el Fondo General de Aportaciones se integrara de un 25, y no del 20 por ciento que actualmente se distribuye entre los 36 municipios.
El presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, aceptó que “hubo una especie de convenio” con el gobierno del estado a fin de que ejecute obra pública en los municipios.
Para ello, los alcaldes deberán proponer al gobierno estatal un catálogo de las obras que más se necesitan, y por ayuntamiento corresponderán cerca de tres proyectos.
"Estamos viendo la fecha para la reunión con el secretario de Gobierno, no se puso un máximo ni un límite, pero obviamente el gobernador nos dijo que fuéramos conscientes de que no hay tanto dinero y que fueran tres o cuatro obras prioritarias en cada municipio", explicó el alcalde de Jojutla.
Refirió que determinaron no insistir en el 25 por ciento del Fondo General de Aportaciones, ya que se afectaría a varios rubros donde actualmente se distribuye el recurso federal.

Buscarán asignar recursos adicionales a municipios.

32 alcaldes, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y los diputados locales acordaron realizar un análisis técnico y jurídico para la asignación de recursos adicionales de algunos fondos, pero se descartó la posibilidad de entregar el cinco por ciento del presupuesto que por participaciones los municipios recibían antes del 2013.

De igual manera se planteó el compromiso de dar prioridad a las obras realizadas con financiamiento estatal que sean solicitadas por los ediles.

La tarde de este martes, 32 de los 36 presidentes municipales sostuvieron una reunión con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, así como con integrantes del gabinete y algunos legisladores locales. Este encuentro, a puerta cerrada, se llevó a cabo en respuesta a las movilizaciones hechas por la mayoría de los munícipes para demandar mayor presupuesto para este año.

Tras la mesa de trabajo, el presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Adrián Cázares González -edil de Zacualpan de Amilpas- dijo que no hubo acuerdo sobre la devolución del Fondo 5 de participaciones federales, que se les retiró en la administración pasada cuando se creó el Mando Único.

El representante del Idefomm comentó que percibió gran disposición del gobernador, pero no están satisfechos y estimó que el grado de avance logrado sería de un 60 por ciento.

Mencionó en entrevista al término de la reunión que tampoco se pactó la aprobación de las leyes de ingresos por parte de la Legislatura, en las que se solicitó ajustar el cobro de derechos y servicios en un 15 por ciento.

Cázares González expresó que los munícipes se reunirán para analizar la respuesta que recibieron este miércoles, cuando se les ofreció analizar la posibilidad de devolverles sólo el uno por ciento del fondo de participaciones y no el cinco por ciento, como lo han demandado.

Por su lado el secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas expuso en entrevista que se abordaron varios temas, ante la preocupación de los munícipes porque se redujeron de manera importante sus ingresos por la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les impide cobrar el sobreimpuesto del 25 por ciento y que en total ascendería a alrededor de 600 millones de pesos.  

Manifestó que se establecieron varios compromisos, entre ellos que se maneje con reglas transparentes y responsabilidad el Fondo de 50 millones de pesos autorizados por el Congreso del estado para enfrentar laudos, recursos que se liberarán en el orden de aquellos que tengan sentencias ejecutoriadas con órdenes de destitución.

Se instaló esta primera mesa, pero se realizarán otras de carácter técnico, para conocer cuáles son las obras de mayor impacto o más requeridas por sus comunidades, con el objeto de generar obra pública en todos los municipios, sin distinción de corrientes o colores.

Cuestionado sobre la demanda central, de regresar el cinco por ciento del Fondo de Aportaciones, el secretario de Gobierno dejó en claro que no es viable y subrayó de nueva cuenta que no se les retiró ese dinero, sino que se trata de la aplicación de la ley, la cual fue reformada desde el año 2013. “Para nosotros en este momento generar una movilización del cinco por ciento para darlo a los municipios no es viable, porque no sería responsable presupuestalmente hablando, tenemos que atender gastos de salud, de seguridad pública, desarrollo económico, hay muchas actividades que se realizan por parte del gobierno del estado” aseveró.

Comentó que se cubrirá el costo de las obras en los municipios con los recursos que autorizó para tal rubro el Poder Legislativo, aunque admitió que el presupuesto es limitado: “Tenemos limitadas las condiciones financieras. Morelos es un estado que recauda poco presupuesto, hay una deuda pública de aproximadamente 10 mil millones de pesos, siete mil millones (es) bancaria a largo plazo…”.

Además, se realizarán mesas de trabajo técnicas para atender asuntos muy particulares. Por ejemplo, el caso de Puente de Ixtla, que recibe el 60 por ciento del presupuesto que tenía, pero que se quedó con el 100 por ciento de la deuda de Xoxocotla después de la creación de este municipio indígena.

El delegado de Programas Sociales del gobierno federal, Hugo Erik Flores Cervantes, ofreció gestionar recursos y proyectos regionales federales para beneficios de los municipios.

El responsable de la política interna no descartó la posibilidad de que la legislatura apruebe las leyes de ingresos con el 15 por ciento de ajuste propuesto por los municipios. Recordó que es cuestión de revisar y de hacer un trabajo de consenso, como ocurrió con el paquete económico fiscal del estado.

Alcaldes inconformes aceptan reunirse el martes con el gobernador.

Los diputados sólo aprobaron las cuatro que no incluían aumentos en el cobro de derechos; las alcaldías ya no tienen oportunidad de presentarlas de nuevo y deberán usar las del año pasado.

Ante su intención de imponer un incremento del 15 por ciento en el cobro de derechos, 32 de los 36 municipios del estado no contarán con una ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020 y se verán obligados a aplicar la correspondiente al 2019.
Durante la reanudación de la sesión ordinaria del 15 de diciembre, los diputados locales rechazaron las leyes de ingresos de municipios como Cuernavaca, Jojutla, Jiutepec, Totolapan, Xochitepec, Emiliano Zapata, Amacuzac, Tetecala, Puente de Ixtla, Cuautla, Huitzilac y Yautepec, entre otros.
Los votos en contra de la diputada priista Rosalina Mazari Espín, del pesedista Marcos Zapotitla Becerro y de la panista Dalila Morales Sandoval obligaron a que no se lograra la mayoría calificada para que se aprobarán los dictámenes de las leyes.
Por lo tanto, los 32 municipios estarán obligados a aplicar la ley del ejercicio fiscal 2019, aunque no podrán cobrar el llamado impuesto adicional, ya que fue abrogado de la Ley General de Hacendaria, tras haber sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La diputada panista Dalila Morales Sandoval sostuvo que emitió su voto en contra de 32 leyes de ingresos pues su aplicación sería en perjuicio de la ciudadanía.
Las leyes de ingresos municipales que sí fueron aprobadas son las de Axochiapan, Temoac, Tetela del Volcán y Tlaltizapán, ya que no consideraban incrementos en el cobro de derechos.
La propuesta de incrementar un 15 por ciento el cobro de derechos fue planteada por la mayoría de los alcaldes en el estado, con el fin de generar más ingresos, ante la afectación que registrarán los municipios por la anulación del impuesto adicional.
Sin embargo, los ediles no lograron los consensos de mayoría en el Congreso, pues el grupo de oposición de siete diputadas determinó ausentarse en la sesión ordinaria de ayer para no votar las leyes de ingresos municipales.

Autoridades de ocho ayuntamientos están en riesgo de destitución por desacato de resoluciones judiciales a favor de trabajadores despedidos.

El secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, aseguró que habrá anticipo de participaciones para al menos nueve ayuntamientos con el fin de pagar laudos.

El secretario de Hacienda del gobierno estatal, Alejandro Villarreal Gasca, confirmó que dentro del Paquete Económico 2020 se contempla un recurso de 180 millones de pesos para el pago de laudos debido a que nueve alcaldes iniciaron el año con riesgo de destitución porque incumplieron con las sentencias de juicios laborales.

Aseguró que habrá por lo menos un mes de anticipo de participaciones para los ayuntamientos y se distribuirán cerca de 180 millones de pesos para evitar la destitución de los ediles. Este recurso está contemplado dentro del Paquete Económico, que falta por aprobarse en el Congreso local por la parálisis legislativa.

De esta manera, dijo Villarreal Gasca, el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, viaja a la Ciudad de México para hacer las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para generar mejores condiciones a los municipios con un anticipo de participaciones.

Señaló que la finalidad es entregar un mes de participaciones a los municipios que enfrentan problemas de laudos como Amacuzac, Jonacatepec, Ayala, Jantetelco, Temoac, Yecapixtla, Xochitepec, Tetecala y Yautepec, cuyo monto general del pasivo asciende a 438 millones 306 mil 375 pesos, con cinco mil 528 demandas vigentes.

“La idea es adelantar por lo menos un mes de participaciones y esperamos que el 14 de este mes los diputados puedan reanudar la sesión y aprobar el Paquete Económico”, expresó el funcionario.

En días pasados, la secretaria de Economía y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, dijo que mantendrán el apoyo a los ayuntamientos para que puedan alcanzar acuerdos de pago con los trabajadores debido a que son demandas de pasadas administraciones. 

Incumplen sentencias de juicios laborales; el pasivo global de los municipios por este concepto es de 438 millones de pesos.

Alcaldes de nueve municipios del estado iniciaron el año en situación de “foco rojo” por riesgo de destitución debido al incumplimiento de sentencias por juicios laborales, no obstante que algunos recibieron adelanto de participaciones.

La secretaria de Economía y del Trabajo, Cecilia Rodríguez González, expresó que la dependencia está en disposición de continuar con el apoyo a los ayuntamientos, para brindarles asesoría y mediar para llegar a la conciliación entre las administraciones municipales y los trabajadores, junto con sus abogados.

De acuerdo con el reporte más reciente, los municipios que siguen en "foco rojo" por laudos no cumplidos son Amacuzac, Jonacatepec, Ayala, Jantetelco, Temoac, Yecapixtla, Xochitepec, Tetecala y Yautepec.

El monto del pasivo que tienen los municipios en total por este rubro es de 438 millones 306 mil 375 pesos, con cinco mil 528 demandas vigentes.

Algunos municipios pidieron adelantos de participaciones y por ello lograron conciliar algunos casos, como Totolapan. La secretaria refirió que en este municipio -por ejemplo- se acordó cubrir el adeudo en uno de los expedientes que ya estaba en ejecutoria en tres pagos y por un monto menor al que se consignó en el laudo original.

Rodríguez González también refirió que seguirán apoyando a los gobiernos municipales para que lleguen a acuerdos de pago con los trabajadores, como parte de las funciones de la dependencia, especialmente porque se trata de recursos del erario.

Reiteró que la mayoría de las demandas y sus juicios fueron heredados por los actuales ediles.  

Legisladores toman posturas encontradas ante las exigencias de los alcaldes.

Descartan reasignar fondo federal del cinco por ciento; confían en aprobar leyes de ingresos antes de que acabe el año.

El Congreso del estado nuevamente se encuentra dividido ante la presión de los presidentes municipales que buscan la autorización de incrementos en el cobro de derechos, servicios e impuestos municipales para el 2020.
La tarde de ayer, los diputados que representan el grupo mayoritario en el Poder Legislativo (G-13) se reunieron, una vez más con los ediles para buscar un acuerdo en torno a la propuesta que plantearon las autoridades municipales que, además de los incrementos, buscan que se les regrese un cinco por ciento del Fondo General de Aportaciones y se cree un fondo de ayuda para el pago de laudos.
Sin embargo, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, advirtió que existe una postura dividida en el grupo de 13 diputados respecto a si se autorizan aumentos en el cobro de derechos e impuestos municipales.
"En el G-13 hay discrepancias sobre esta situación, hay quienes tendrán algunos compromisos con los presidentes municipales y tendrá que apoyar este aumento de impuestos. Que ellos paguen el costo social de lo que implica un aumento de impuestos para la ciudadanía, en lo personal no lo voy a hacer, no voy a aprobar una propuesta de aumentos disfrazada de ajustes", manifestó.
Para el legislador del PES, los alcaldes "no tienen llenadera", por todo lo que solicitaron el Congreso, pero tampoco dan una garantía de que aplicarán un plan de austeridad, como tampoco de que el recurso recaudado será en beneficio de los ciudadanos.

Por ello, Zapotitla Becerro refirió que aún y cuando se logre un acuerdo en beneficio de los ayuntamientos, en el 2020 se impulsarán auditorías especiales ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) para que la ciudadanía conozca en qué han aplicado los recursos públicos las autoridades municipales.
El coordinador parlamentario dijo que se busca la aprobación de las leyes de Ingresos y el Paquete Económico 2020 antes de que concluya el año. Sin embargo, dijo que ante las diferencias políticas, tampoco se descarta que se abra un período extraordinario para enero próximo.
El domingo pasado, los diputados abrieron la última sesión ordinaria y declararon un receso para detener el "reloj legislativo", lo que impidió la clausura del período hasta en tanto se puedan aprobar esos asuntos pendientes.

Ayer irrumpieron en la sede del Congreso y paralizaron la sesión ordinaria.

Alcaldes y personal de diferentes municipios irrumpieron en el Congreso del estado para protestar por más de ocho horas afuera del recinto legislativo, lo que obligó a los diputados locales a declarar en receso permanente la última sesión  del período ordinario en la que se aprobarían las leyes de Ingresos municipales para el 2020.
Cerca de las nueve de la mañana de ayer, los ediles bloquearon con el apoyo de ciudadanos los accesos al recinto legislativo.

Después de dos horas los presidentes municipales accedieron al Congreso y lograron que los diputados se sentaran a dialogar con ellos, después de haber iniciado la sesión ordinaria y declarar un receso.
En una sede alterna se instaló la mesa de trabajo en la que los ediles plantearon tres propuestas a los diputados como apoyo a las finanzas de los municipios para el 2020, ante la anulación del impuesto adicional que la Corte declaró inconstitucional; insistieron en incrementar los montos en derechos e impuestos municipales, que se les regrese el cinco por ciento del Fondo General de Aportaciones y que se cree un fondo de ayuda para el pago de laudos.
Sin embargo, no lograron acuerdos en concreto con los legisladores y se determinó una nueva reunión para hoy, mientras que los trabajos del Congreso se mantienen paralizados.
"La propuesta la van a analizar ellos, la que hicimos sobre las UMA's, sobre el cinco por ciento que nos corresponde y sobre un apoyo de rescate para los municipios que tienen problemas de destitución por laudos", manifestó el edil de Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma.
Mientras tanto, los legisladores informaron que analizarán las propuestas de los ediles y en las próximas horas les darán una respuesta, aunque las posibilidades de aprobar un incremento del cinco por ciento del Fondo General de Aportaciones será complicado, pues se trata de disminuir recursos al estado.

El Congreso busca crear fondo para el pago de laudos.

El Congreso del estado trabaja en la creación de un fondo especial para el pago de laudos a favor de los ayuntamientos que enfrentan una crisis financiera heredada de las pasadas administraciones, en respuesta a la solicitud de apoyo de los alcaldes ante la anulación del impuesto adicional.
La propuesta se derivó de la solicitud de apoyo de los ediles al Congreso del estado, ante una posible crisis financiera por la reducción de ingresos para el próximo año.
Desde las 10 de la mañana de ayer, numerosos alcaldes arribaron, sin cita previa, a la sede legislativa para  reunirse con los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
Por más de siete horas, los presidentes municipales, encabezados por los alcaldes de Jiutepec, Xochitepec y Totolapan, Rafael Reyes Reyes, Alberto Sánchez Ortega y Sergio Livera Chavarría, respectivamente, aguardaron a una respuesta de los legisladores.
Por la noche del viernes, los diputados confirmaron que la Comisión de Hacienda presentaría una propuesta para la creación de un fondo especial de ayuda a los ayuntamientos para el pago de laudos.
Mientras tanto, los legisladores descartaron la propuesta de aumentar un cinco por ciento los recursos del Fondo General de Aportaciones y la de incrementar los montos en derechos e impuestos en las Leyes de Ingresos municipales para el 2020.

Piden ediles no politizar la solicitud de apoyo al Congreso

El alcalde de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez, pidió a los diputados no politizar la solicitud que les hicieron para aumentar los montos en derechos e impuestos municipales para el 2020.
Lo anterior, luego de que el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, aseguró que algunos alcaldes estaban presionando y habían amenazado a los diputados para que les autoricen el aumento de impuestos para el próximo año.
El edil aseguró que no se trata de una "batalla", sino de buscar una solución "en beneficio se los ciudadanos".

La medida requiere una reforma hacendaria encaminada a resarcir la pérdida del llamado impuesto adicional.

Los diputados locales buscarán regresar a los municipios el 25 por ciento de los recursos totales del Fondo General de Aportaciones, con el fin  de evitar un impacto en sus finanzas por la anulación del impuesto adicional de sus leyes de ingresos, que fue declarado por la Corte como inconstitucional.
En diciembre del 2012, la LIII Legislatura modificó la Ley de Coordinación Hacendaria, a fin de que el cinco por ciento de las participaciones federales a los municipios fuera usado para la creación del Fondo General para la Seguridad Pública en el Estado, a fin de dar vida al Mando Único, a propuesta del ex gobernador perredista Graco Ramírez.
Este miércoles, en sesión ordinaria, la diputada panista Dalila Morales Sandoval presentó, de último momento, una iniciativa para modificar la citada ley hacendaria, con el fin de apoyar a los municipios.
La legisladora sostuvo que la anulación del impuesto adicional será un “duro golpe” a las finanzas de los municipios, que ya enfrentan problemas económicos graves por las deudas heredadas de las administraciones anteriores.
En la propuesta, la diputada expuso que con la desaparición del impuesto adicional los municipios dejarían de percibir un monto superior a los 350 millones de pesos anualmente, pero de concretarse la citada reforma legal, los ayuntamientos recibirán 485 millones de pesos más de las participaciones federales.
La propuesta que impulsó Dalila Morales Sandoval será discutida en las siguientes horas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

Serán auditadas las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018.

El Congreso del estado autorizó la aplicación de auditorías especiales a los ayuntamientos de Huitzilac y Puente de Ixtla, específicamente a las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018.
En la sesión ordinaria del miércoles pasado, el Pleno del Congreso solicitó a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) iniciar una investigación a las administraciones pasadas de dichos municipios, ante la presunción de un mal uso de los recursos.

Se trata de los gobiernos que encabezaron Antonio Cruz García y Dulce Medina Quintanilla.
El diputado José Casas González presentó al pleno el punto de acuerdo para que la ESAF audite las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018 de Huitzilac, pues advirtió de posibles actos indebidos en el ejercicio de los recursos públicos.
En tanto, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública promovió la auditoría especial en Puente de Ixtla, la que fue avalada por la mayoría de los legisladores.
La ESAF inició en octubre pasado dos auditorías especiales a los ayuntamientos de Jiutepec y Cuautla, para investigar también el uso de los recursos públicos en las administraciones que encabezaron Manuel Agüero Tovar y Raúl Tadeo Nava.

El gobierno del estado no cuenta con recursos para apoyarlos: Termignoni Apodaca.

Los diputados desahogarán esta semana los informes de resultados de las finanzas de 2016 y 2017 de 25 municipios; hay anomalías en la mayoría de los ayuntamientos, señala legisladora.

El Congreso del estado desahogará esta semana los informes de resultados de las cuentas públicas 2016 y 2017 de 25 municipios, que se encontraban rezagados en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, informó que después de meses de revisión, debido a las inconsistencias en el trabajo de la ESAF, finalmente 25  informes de resultados de las auditorías aplicadas a los municipios serán turnadas al Pleno legislativo para su aprobación.
Explicó que una vez aprobados por el Congreso, los informes de resultados serán publicados y la ESAF estará en condiciones de proceder legal y administrativamente en contra de las autoridades municipales que ejercieron de manera irregular los recursos públicos en los ejercicios fiscales 2016 y 2017.
Mazari Espín confirmó que en la mayoría de los ayuntamientos se detectaron anomalías. "Hay un municipio, por ejemplo, donde presentan un cheque por una cantidad muy fuerte pero cuando nosotros hacemos el cotejo resulta que ya no existe, lo dieron de baja en el SAT, entonces eso no está dentro del informe que nos presentó la ESAF", explicó.
La diputada refirió que, este martes, presentará dichos informes a los diputados que integran la Comisión de Hacienda, para que en esta semana se presenten al Pleno del Congreso.
Dichos informes son parte del rezago que enfrenta la ESAF desde hace una década aproximadamente, por falta de recursos humanos, pero también por la presunta omisión de los encargados del órgano.
De acuerdo con la legisladora priista, mucha información presuntamente se ocultaba, como el caso de un informe de resultados de una cuenta pública del 2011 de Cuernavaca que por varios meses se le solicitó al ex encargado de despacho de la ESAF Uriel González Sotelo, y nunca entregó al Congreso hasta que fue designada América López Rodríguez al frente del órgano.

Alcaldes planean cobrar más por recolección de basura, panteones, licencias de construcción y licencia de funcionamiento comercial, entre otros conceptos; también pretenden aumentar el predial e ISABI.

Con incrementos en una larga lista de derechos y  servicios municipales, así como en los impuestos Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) y predial, los alcaldes pretenden recuperar el 25 por ciento de los ingresos que hasta este 2019 registraban sus municipios con el cobro del impuesto adicional.
En la propuesta de la reforma hacendaria que presentaron los ediles el pasado 19 de noviembre al Congreso del estado, se plantean aumentos porcentuales en los siguientes servicios y derechos: recolección de basura, panteones, licencias de construcción, licencia de funcionamiento comercial, de uso de suelo, permisos para la colocación de anuncios comerciales, derechos de protección civil,  fomento y control sanitario, explotación de aparatos de sonido y derechos de inspección al padrón de peritos.
Así mismo, se propone una nueva fórmula para calcular el cobro del impuesto predial, con una variación a la alza mayor a los dos puntos porcentuales. Dicho cálculo se aplicaría para los 36 municipios del estado.
Los ediles también pretenden aumentar el monto que se aplica por el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI).
La propuesta ya es analizada en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso. Sin embargo, es de destacar que no fue firmada por los 36 ediles del estado, sino sólo por 28 de ellos, pese a que fue discutida con el respaldo del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm).
Los alcaldes que no firmaron la propuesta son: Ramiro Iturbe Parra de Amacuzac; Félix Sánchez Espinoza, de Axochiapan; Rafael Reyes Reyes de Jiutepec; Israel González López de Tetela del Volcán; Agustín Alonso Mendoza, de Yautepec; Norberto Zamorano de Coatetelco; y José Enríquez Pérez, concejal de Hueyapan.
Hasta octubre pasado, los ayuntamientos estaban facultados para cobrar el “impuesto adicional” sobre los impuestos y derechos municipales, que garantizaba el 25 por ciento de sus ingresos, pero  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inconstitucional. Con la propuesta que se expuso anteriormente, los ediles buscan evitar la falta de dichos recursos financieros.