Hoy sostendrán primer encuentro diputados salientes y electos en la víspera de la entrega-recepción.

A nueve días de que se concrete el cambio de Legislatura, la sede del Congreso local se encuentra sin luz, ni agua, y con varios procesos legales por enfrentar, como la denuncia que la LIII Legislatura presentó en contra de la empresa "Ago Operadores SA de CV" por el presunto delito de despojo.

Hoy se concretará el primer encuentro entre los legisladores entrantes y los salientes, en vísperas del proceso de entrega-recepción, que iniciará el 29 de agosto próximo. Dicha reunión se dará a petición de los diputados electos, quienes harán un recorrido por la nueva sede legislativa. 

Sin embargo, los integrantes de la LIV Legislatura se encontrarán con un edificio sin los servicios básicos para la operatividad del Congreso, como son agua y luz, a pesar que fue inaugurado el 9 de febrero pasado. 

La vicepresidenta del Congreso local, en funciones de presidenta, Hortencia Figueroa Peralta, confirmó que la empresa Ago Operadores S.A. de C.V. es la responsable de la falta de energía eléctrica en el Congreso, por lo que promovieron una denuncia ante la Fiscalía General del estado por el presunto delito de despojo.

Figueroa Peralta explicó que se trata de la empresa que construyó el edificio legislativo y que determinó retirar partes de la caja que suministra energía eléctrica a todas las oficinas, como medida de presión para que el gobierno del estado pague el adeudo que mantiene desde que entregó la obra.

"Hemos tomado la determinación de iniciar una denuncia penal, en razón de que se dio una ocupación parcial de las áreas administrativas y consideramos que -de manera dolosa- la empresa está restringiendo y no queremos ser omisos frente a esta situación", sostuvo.

La legisladora perredista aclaró que no hay ningún interés político detrás de la inoperatividad en la que se encuentra el Congreso del estado, a nueve días del cambio de Legislatura. "Ni tampoco se piense que por una circunstancia política nosotros dejamos la funcionalidad y operatividad de estas instalaciones a la próxima legislatura", agregó. 

A dicha denuncia se suman los amparos promovidos por abogados y asociaciones civiles en contra de los nombramientos que los actuales diputados quieren concretar, las reformas y jubilaciones que aprobaron en julio, entre otros recursos jurídicos que deberá asumir la LIV Legislatura.

Lo anterior, sin considerar las deudas con proveedores y una crisis financiera que arrastran los diputados desde hace dos años.