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El equipo, que debería servir para evitar que internos del Penal de Atlacholoaya utilicen teléfonos celulares para extorsionar gente, sólo duró un año funcionando. Al intentar hacer efectiva la garantía, personal de la Subsecretaría de Readaptación Social se encontró con que la empresa proveedora había desaparecido.
A raíz de esa información, La Unión de Morelos se dio a la tarea de investigar los pormenores de esa transacción millonaria, logrando obtener a través de la Ley de Información Pública del Estado de Morelos, documentos que evidencian un fraude similar al llamado “Caso Gemtel”, pero a diferencia de aquel, en este caso las autoridades no han iniciado ningún procedimiento al respecto, e incluso la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (instancia de la que ahora depende el Penal de Atlacholoaya) contestó a nuestra solicitud de información indicando que dicho equipo “se encuentra en buenas condiciones físicas y no se han recibido reportes de irregularidades”.
POWER PRINT, UNA EMPRESA DEMASIADO VERSATIL
La investigación inició solicitando a la Secretaría de Seguridad Pública que informara el nombre de la empresa que vendió e instaló el sistema inhibidor de servicios de comunicación celular, a lo que la dependencia contestó que fue la compañía proveedora fue “Power Print S.A. de C.V.”
En respuesta a otra solicitud de información, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno estatal entregó a este reportero copia simple de las dos facturas pagadas por la administración pasada a dicha empresa.
Según esos documentos, se trata de la firma Power Print S.A. de C.V. con domicilio en Cerrada Reforma 142 Col. Tlacopac San Angel, en el Distrito Federal.
Con esos datos se obtuvo el folio mercantil en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal de Power Print.
La sociedad anónima de capital variable “Power Print” fue constituida por Miguel Larios Méndez como accionista mayoritario con la mitad de las acciones y quedó en calidad de apoderado. El resto se divide entre Juan Carlos García Prieto Amezcua, Benito García Prieto Amezcua, Ricardo García Prieto y como comisario Alejandro Castro García. Quedó registrada el 6 de octubre de 1997 con un capital de 50 mil pesos.
En el apartado donde la empresa especifica el giro al que se dedicará, dice lo siguiente:
“Compra venta, arrendamiento de maquinación, edición, impresión y distribución de todo tipo de impresos, folletos, libros, panfletos, promociones, participaciones, bolos, y en general todo tipo de impreso social”.
De hecho, su accionista mayoritario, Miguel Larios Mendez, aparece en la página de Internet de la Unión de Industriales Litógrafos de México como gerente de ventas de dicha organización.
Sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad del DF aparece una inscripción de fecha 16 de noviembre del 2006 en la que la Asamblea de Accionistas de Power Print modifica el artículo segundo de los estatutos sociales para que, en el objeto de la empresa se agregue, además de lo ya mencionado, “instalación, mantenimiento, garantizar, producción, suministro de equipos de cómputo, sistemas de circuito cerrado, redes y equipos de radiocomunicación, inhibición de señales de tecnologías celulares analógicas (AMPS, A AMPS) y digitales (TDMA,CDMA,IDEN, NEXTEL, GSM, PCS) así como impresos de seguridad”. La empresa reportó que esa modificación se acordó en Asamblea de Accionistas desde el primero de enero del 2004, pero hicieron la inscripción correspondiente hasta casi tres años después.
A juzgar por la fecha, cuando Power Print recibió el primer cheque, el 24 de agosto del 2006, todavía no tenía establecido como giro la instalación de equipos de radiocomunicación, sino de todo tipo de impresiones. Su ampliación de giro quedó debidamente registrada hasta casi tres meses después.
Todavía más sospechoso resulta que el 6 de octubre del mismo año, (16 días después de cobrar el segundo cheque) “Miguel Larios Méndez vende sus acciones al señor Guillermo Gómez Betancourt” y renuncia a ser apoderado, así como a la empresa, lo cual quedó registrado en el RPPCDF el 4 de junio del 2007 según consta en otro de los documentos obtenidos.
A partir de ese momento, Power Print S.A. de C.V. no aparece en ningún directorio o página de internet, ni como empresa dedicada a los impresos, y mucho menos a la venta de equipos para bloquear llamadas de teléfonos celulares. En Cerrada Reforma 142 de la colonia Tlacopac, sólo hay casas habitación y nadie sabe de ninguna empresa que haya existido en ese lugar.
Es decir, su único cliente en ese giro fue el gobierno del estado de Morelos, a quien le cobró más de 15 millones por un equipo inservible, y después desapareció.
IRREGULARIDADES, DESDE EL CONTRATO
La Secretaría de Finanzas y Planeación también entregó a este reportero el contrato firmado entre el gobierno de Morelos y Power Print.
“Contrato de suministro, colocación, implantación y puesta a punto del proyecto de inhibición del uso de servicios de comunicación celular para los reclusorios del Gobierno del Estado de Morelos, que celebran por una parte, el Gobierno del Estado de Morelos, representado en este acto por el señor Germán Castañón Galaviz, en su carácter de secretario de Gobierno y el contador público Eugenio Alfonso Pedroza Ugarte, en su carácter de Oficial Mayor, a quienes en lo sucesivo se les denominará como “El Ejecutivo”; y por la otra parte, la empresa denominada Power Print S.A. de C.V. representada en este acto por el señor Miguel Larios Méndez, en su carácter de apoderado legal, a quien en lo sucesivo se le denominará como “El Proveedor””, dice el documento.
En el contrato se especifica que no hubo licitación para la adquisición de este equipo, sino que se manejó como “excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Además, se asienta que dicha erogación fue aprobada por el Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado, celebrada el 18 de julio del 2006.
Ninguno de los funcionarios que conforman dicho comité (prácticamente todos los titulares de las dependencias relacionadas con la administración pública) objetó que se hiciera la compra a una empresa que por el simple nombre no tenía nada que ver con el equipo que se requería comprar.
Tampoco pusieron en tela de duda lo que declaró en el contrato Power Print:
“Que cuenta con la capacidad jurídica, experiencia profesional y técnica, infraestructura, solvencia económica, organización y elementos suficientes para cumplir eficientemente con el suministro, colocación, implantación y puesta a punto de un sistema de inhibición del servicio de telefonía celular al interior del Cereso Morelos y cárceles distritales del Estado de Morelos”.
También menciona que cuenta con la distribución exclusiva de los productos Macrowelle en la región celular concesionada 9 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según contrato de distribución exclusiva en el interior, suscrito en el Consorcio Macrowelle Inc. Y Power Print S.A. de C.V.
La única empresa Macrowelle que se puede encontrar en el internet, es una fábrica de electrodomésticos alemana.
En cambio, se encontraron por lo menos cinco empresas que ofrecen bloqueadores de llamadas celulares con precios que oscilan entre los 70 mil pesos cada uno. Otra referencia es una nota periodística en la que el gobierno de Veracruz anuncia una partida de 3.2 millones de pesos para instalar equipos que inhiban las llamadas vía celular desde los penales de esa entidad.
NADIE INVESTIGA EL PRESUNTO FRAUDE
A pregunta expresa ante la Secretaría de la Contraloría sobre si existe alguna investigación en contra de la empresa Power Print o su apoderado legal, la dependencia contestó que no hay tal, pero aclaró que en caso de que hubiera, “el procedimiento administrativo de responsabilidad tendrá lugar con motivo de las faltas cometidas por los servidores públicos”, no contra los particulares.
Y a continuación, los nombres de los servidores públicos que tuvieron relación con la compra del equipo inhibidor de llamadas celulares:
Sergio Estrada Cajigal, gobernador (hoy empresario); Germán Castañón Galaviz, secretario de Gobierno (hoy presidente del PAN en Morelos); Alfonso Pedroza Ugarte, oficial mayor (hoy jefe de Servicios Administrativos de la Subdelegación Acapulco del IMSS, y con una sanción de 12 años de inhabilitación para ocupar cargos en Morelos por el caso Gemtel).
El encargado de recibir el equipo como subsecretario de Readaptación Social fue Antonio Tallabs Ortega, hoy representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
Y PARA LA SSP, TODO BAJO CONTROL
La inoperancia del equipo bloqueador de llamadas de teléfonos celulares en el Penal de Atlacholoaya es ya del dominio público. Los empleados de los juzgados ubicados en el interior del Cereso Morelos recuerdan que en el 2006 ellos mismos no podían hablar por celular desde sus oficinas, pero desde hace dos años lo hacen sin ningún problema.
Varios ex subsecretarios de Readaptación (hoy Reinserción) Social confirmaron a este reportero que el equipo para bloquear llamadas de celular está dañado, y que cuando buscaron a la empresa proveedora para exigir su reparación no la encontraron.
De igual manera, internos del Penal de Atlacholoaya dirigieron un escrito a este medio de comunicación en el que denuncian que hay decenas, quizás cientos, de aparatos celulares que los mismos custodios les venden a los reos que pueden pagarlos, y que por la noche los líderes de cada dormitorio hablan por celular a todas sus anchas.
En contraposición, la Secretaría de Seguridad Pública, de la que depende el Penal de Atlacholoaya, contestó así a las interrogantes de La Unión de Morelos:
En cumplimiento a los artículos 71, numerales 1, 6, 7, 10, 82 y 89 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, artículo 15 de su Ley Reglamentaria y en atención a su solicitud de acceso a la información pública, con número de folio 00233610, de fecha primero de julio del año en curso, recibida por medio del sistema INFOMEX Morelos, en la cual requiere textualmente lo siguiente:
“Que me informe el estado físico en que se encuentra el sistema de inhibición del servicio de telefonía celular del Cereso Morelos, y en caso de que no funcione la fecha en que se reportó tal irregularidad”
En base a la información proporcionada, por el L.A. David Amajur Luna Méndez, Director General de Servicios a Centros Penitenciarios, hago de su conocimiento que el Sistema de Inhibición de Celulares, instalado en el CERESO Morelos, se encuentra en buenas condiciones físicas y no se han recibido reportes de irregularidades.
CRONOLOGIA DE LOS HECHOS
25 DE JULIO DEL 2006.- El Gobierno de Morelos firma contrato con la empresa Power Print que hasta ese momento estaba registrada con el giro “todo tipo de impresos” para la adquisición e instalación de bloqueadores de llamadas de celular en las cárceles de la entidad.
24 DE AGOSTO DEL 2006.- La Tesorería del Gobierno Estatal libera el pago de una primera factura por 7 millones 811 mil 628 pesos.
20 DE SEPTIEMBRE DEL 2006.- La Tesorería del Gobierno Estatal libera otro pago por la misma cantidad, haciendo un total de 15 millones 623 mil 256 pesos.
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006.- Concluye el gobierno de Sergio Estrada Cajigal.
06 DE OCTUBREL DEL 2006.- Miguel Larios Méndez, apoderado legal de Power Print, y quien firmó el contrato con el gobierno de Morelos, vende sus acciones y se retira de la empresa.
16 DE NOVIEMBRE DEL 2006.- Power Print inscribe en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal que ahora, además de hacer todo tipo de impresos, también venden equipos de inhibición de señales celulares.
JUNIO DEL 2008.- El equipo instalado por Power Print deja de funcionar.
ENERO DEL 2009.- Buscan al proveedor para que responda por las fallas, no lo encuentran.
JULIO DEL 2010.- La Secretaría de Seguridad Pública afirma que el equipo inhibidor de llamadas de teléfonos celulares “se encuentra en buenas condiciones y no se han reportado irregularidades”.
