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Deben ser incluidas en el Plan Nacional de Vacunación: CNDH.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades del sector salud y penitenciarias, a garantizar la vacunación contra el covid-19 a los adultos mayores que actualmente se encuentra recluidos en los centros de reinserción social bajo proceso o cumpliendo sentencias.

El organismo nacional estimó que en los penales federales y estatales se encuentra privadas de su libertad poco más de seis mil personas mayores de 60 años, que tienen derecho a la aplicación de biológico y deben ser incluidas en el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus. 

“La CNDH hace un llamado a dichas autoridades para que garanticen el derecho de las personas internas en centros penitenciarios federales, estatales y militares, a acceder oportuna y eficazmente a servicios médicos y esquemas de vacunación a los que tienen derecho en igualdad de condiciones que la población en libertad, conforme a los principios de dignidad, trato humano e igualdad; en caso contrario, el Estado Mexicano sería responsable de violaciones a los derechos humanos por omisión”, recalcó. 

 Indicó que, derivado de visitas realizadas por el organismo a diversos centros penitenciarios, ha constatado que, en algunos de ellos, las personas privadas de la libertad desconocen en qué consiste la política nacional de vacunación contra el coronavirus y cómo pueden ejercer su derecho a la aplicación.  

“Lo anterior es motivo de preocupación, dado que recientemente nuestro país inició la vacunación de personas mayores de 60 años en toda la República, previo registro en línea; lo que coloca a aproximadamente 6 mil 556 personas mayores privadas de la libertad (quienes además pueden pertenecer a uno o más grupos de atención prioritaria) en condición de vulnerabilidad respecto al conjunto de la población”, dijo.

Recordó que en el “Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19”, emitido en junio de 2020, la CNDH enfatizó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de dotar y suministrar hasta el máximo de sus recursos, de forma gradual y progresiva, insumos médicos, medicamentos, sanitarios, sanitizantes y de higiene personal, así como visibilizar en las partidas presupuestarias correspondientes, la adquisición y aplicación de pruebas para covid-19, estudios clínicos y/o vacunas (cuando estuvieran disponibles) destinadas específicamente para las personas privadas de la libertad.  

Agregó que la comisión dará seguimiento al tema, con el fin de verificar que los adultos mayores privados de su libertad en los centros penitenciarios tengan acceso a la vacunación.

El activista está desaparecido desde hace 32 años.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos solicitó formalmente a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado que incorpore a su base de datos el caso de la desaparición forzada del activista social y político José Ramón García Gómez y que realice las acciones necesarias para el esclarecimiento de su paradero.

Juliana García Quintanilla, coordinadora de la organización no gubernamental, presentó el oficio por el que pidió a la titular de la comisión, Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, que el caso de García Gómez no sea olvidado, que se logre su pronto esclarecimiento y se sienten las bases para que se apliquen políticas que garanticen que no haya repetición de casos de desaparición forzada cometidos por elementos del Estado.

José Ramón fue candidato del PRT a presidente municipal de Cuautla en marzo del 1988 y apoyó la candidatura de Rosario Ibarra a la Presidencia de la República, pero una vez que se impuso el fraude priista contra Cuauhtémoc Cárdenas, salió a encabezar la protesta en defensa de la voluntad popular.

Su liderazgo se forjó al calor de la lucha, debido a su preparación teórica como militante internacionalista en el trotskysmo, y fue nombrado parte del secretariado del Frente de Defensa del Voto.

El 16 de diciembre de 1988, cuando José Ramón, se dirigía a una reunión del Frente de Defensa del Voto, fue interceptado por una patrulla de la policía estatal y fue desaparecido.

Después de una intensa lucha social para exigir su aparición con vida, el gobierno estatal creó una fiscalía especial para investigar el caso José Ramón y se establecieron diversas líneas de investigación, que inicialmente pretendieron incriminar a compañeros de lucha pero todos los indicios apuntaron que fueron elementos policiacos quienes los privaron de la libertad y hasta hoy se desconoce su paradero.

Antonio Nogueda Carbajal y Apolo Bernabé Ríos García, quienes dirigían el extinto Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, ambos finados, fueron en su momento señalados como implicados en el caso junto con otros elementos policiacos.

A pesar de las pesquisas, reunidas en XVII tomos del expediente y dos recomendaciones de la CNDH, no se logró esclarecer la verdad, ni su paradero, al cerrarse la fiscalía especial en 1994.

A 32 años de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez, la Comisión Independiente de Derechos Humanos espera que la Comisión de Búsqueda retome en caso y se logre esclarecer su paradero.

“A pesar del paso de los años, actualmente quedan dos detenidos en Atlacholoaya, sin embargo, no han sido sentenciados por el delito de desaparición forzada, por lo que hasta la fecha este caso permanece en la impunidad.

“Es por ello que no podemos permitir que casos de desaparición como el de José Ramón queden en el olvido, ya que dicho delito es considerado como continuado y permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”, recalcó.

El presidente considera que las causas del feminicidio son las mismas que las del homicidio porque ha habido mucha desintegración en las familias y pérdida de valores

El organismo nacional descalifica los señalamientos de extrabajadores sobre presunto maltrato y violaciones a sus derechos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lanzó un comunicado para descalificar los señalamientos de varios ex trabajadores sobre presunto maltrato y violaciones a sus derechos.

Varios ex funcionarios del organismo han realizado denuncias públicas y recientemente el ex visitador José Martínez Cruz dijo  haber recibido un trato vejatorio al acudir a la sede del organismo a atender las observaciones del proceso de entrega recepción.

El reconocido activista e integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos dio a conocer una misiva en que afirmó que se dio vista al Órgano Interno de Control y a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, sobre el maltrato de que fue víctima por parte de Paolo Guiseppe Martínez Ruíz, su sucesor y actual director General de la Primera Visitaduría de la CNDH.

En respuesta, el organismo nacional señaló que los cambios internos implicaron un ajuste de personal, se privilegió el absoluto respeto a los derechos humanos y laborales de todas y todos los trabajadores y se combatió el acoso laboral con la creación de un comité especializado para tratar el tema.

Y atizó: “Este esfuerzo ha implicado también, identificar y dar de baja a quienes no están comprometidos con el servicio público y la transformación de la Comisión, por ello, algunos elementos, incluidos algunos designados en la presente administración, han sido cesados.

“Esta acción ha sido utilizada de manera equivoca, los funcionarios cesados han desinformado o malversado la verdad de la vida institucional de la CNDH, poniéndola en riesgo. Y esta ha sido una constante desde el mes de junio”.

 Insistió en que el organismo ha sido “muy respetuoso de sus derechos y discreto cuando ha detectado irresponsabilidad o desviaciones en el desempeño del cargo de alguna o algún funcionario; sin embargo, estos han aprovechado dicha discreción, con total falta de ética, para justificarse y encubrir sus omisiones y fallas con acusaciones temerarias. Hablamos de cuatro casos concretos, los de quienes, sin dudar en dañar a este organismo autónomo, han emitido declaraciones sin sustento a los medios de comunicación”.

La CNDH no mencionó nombres, sin embargo, afirmó que estos ex funcionarios actuaron con “ausencia total de principios, desviaciones en sus funciones con afectación a los recursos del pueblo, incumplimiento de su compromiso como servidores públicos, desatención de las quejas y deficiente emisión de recomendaciones, entre otras causales, todo esto reflejado en datos duros, han sido encubiertos con señalamientos de que “injustificadamente” se les cesó, cuando ha sido precisamente lo contrario”.

 Afirmó que algunos de los cesados enfrentan denuncias penales y ante el Órgano Interno de Control, “que en su momento se dilucidarán, pero es indispensable aclararlo” y “es menester aclarar que quienes han salido de ella (de la CNDH) ha sido por razones que tienen que ver con el incumplimiento de sus funciones, la falta de ética en el desempeño de las mismas y algo peor, la traición al pueblo al que se deben y espera de nosotros trabajo y compromiso”.

El ex director general de la Primera Visitaduría detalla el maltrato del que fue víctima por parte de Paolo Giuseppe Martínez Ruiz, quien fue nombrado como su sucesor en ese cargo.

El ex director general de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Martínez Cruz, denunció trato vejatorio por parte de quien fue nombrado como su sucesor, tras presentarse en la sede el organismo a solventar observaciones del proceso de entrega recepción.

Martínez Cruz, también integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos, detalló que a través de un oficio, dio vista al Órgano Interno de Control y a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, sobre el maltrato de que fue víctima por parte de Paolo Guiseppe Martínez Ruíz, director general de la Primera Visitaduría de la CNDH

“Me dirijo a usted por este medio, ya que cuando me presenté a hacer las aclaraciones personalmente en su oficina, únicamente recibí un trato soez y vejatorio por su parte, contraviniendo todas las normas reglamentarias y el más elemental trato digno que merece cualquier persona en el servicio público, más aún tratándose de la institución nacional defensora de los derechos humanos.

“Quiero dejar constancia de que le solicité a usted se me permitiera tener testigos de la entrega física de los teléfonos y que, en lugar de eso, usted de manera altanera lo impidió, a pesar de que usted tenía a dos personas a su servicio dentro de la oficina.

“A pesar de ello, le hice ver que yo había dejado el teléfono rojo dentro del escritorio, mismo que usted abrió y dijo que ahí no había nada, por lo que solicité la presencia de personal que había sido testigo de que ahí se encontraba al momento en que le entregué la oficina en la fecha acordada con la Coordinación Jurídica de la institución, por lo que una vez que insistí en contar con la presencia de un testigo “usted reconoció que había sacado del cajón el teléfono y que ya estaba en otra parte, insistiendo en cuestionar el hecho de que no estuviera asentado en el acta, mostrando en realidad el carácter punitivo que pretende realizar con el tipo de observaciones realizadas, evidenciando la falta de ética y de respeto con los procedimientos establecidos en el reglamento, razón por la cual me comuniqué al Órgano Interno de Control (OIC) y le comuniqué lo que estaba ocurriendo, justo antes de que usted cerrara violentamente la puerta de su oficina y con palabras altisonantes me dijo que no podía permanecer en ella”, narró sobre su encuentro con Martínez Ruíz .

Detalló que, ante la intolerancia de su sucesor, reiteró su disposición a hacer las aclaraciones solicitadas en el proceso de entrega recepción y dio vista  tanto al órgano interno de control como a la presidencia del organismo nacional “para que quede constancia de que nuestra labor ha sido de compromiso y buena fe en el desempeño de las actividades conferidas a mi persona como Director General de la Primera Visitaduría de la CNDH durante el período comprendido entre el primero de enero y el último día de agosto de 2020, donde me desempeñé con el compromiso y responsabilidad que se me confirió y que he entregado a usted para su continuidad”.

Asegura López Obrador que el artículo 35 de la Constitución establece el derecho del pueblo a ser consultado

Se impidió el acceso al lugar a personal del organismo defensor de derechos humanos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) inició una queja de oficio por el presunto sometimiento violento de menores al interior del Centro del Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), tras la protesta de un grupo de adolescentes. Además, la Fiscalía General del Estado anunció que investigará tanto a los menores rijosos como a las autoridades del centro.  

El ombudsman estatal, Raúl Hernández Cruz, informó que se inició la queja de oficio luego de que por espacio de 30 minutos se le impidió el acceso a personal del organismo que acudió a las instalaciones del albergue, tras conocer que estaba en curso una protesta de un grupo menores, por presuntos malos tratos recibidos del personal del CEDIF.

Indicó que cuando el visitador de la CDHM tuvo acceso al albergue, entrevistó a varios menores que participaron en la protesta y “recabó algunos indicios de que fueron objeto de malos tratos, específicamente algunos de ellos referían que recibieron coscorrones y que recibieron golpes en las pantorrillas, además de que había permanecido hincados y maniatados (permaneciendo) frente a una pared, lo cual es inaceptable, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que no merecen ese trato, bajo ninguna circunstancia”.

Indicó que el organismo investigará los hechos y la eventual actuación irregular de servidores públicos que participaron en el origen del conflicto y en el sometimiento de los menores inconformes.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno de Morelos, la protesta comenzó la noche del martes, porque el personal del CEDIF llamó la atención a un grupo de menores por violar el reglamento de la institución, pero en respuesta comenzaron los disturbios y daños al inmueble.

El personal del centro solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), para reestablecer el orden y evitar que los menores saltaran la barda y escaparan.

La Fiscalía General del Estado comunicó también que abrió una carpeta de investigación, ya que se “tienen identificados a por lo menos seis menores que son los que incitan a los actos de violencia en donde reportes preliminares señalan algunos elementos policiales con golpes al ser atacados con piedras por los infantes”.

En el escueto comunicado, la fiscalía señaló que “trabajará de manera coordinada con las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), así como del Sistema DIF Morelos, con la finalidad de establecer cualquier tipo de responsabilidad que afecten a la niñez morelense”.

En la postura oficial, ninguna autoridad reconoció que hubiesen existido vejaciones hacia los menores, la cuales la CDHM comenzó a documentar.

En conferencia mandatario dijo que a 10 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, las investigaciones se mantienen

En Morelos se trabaja de la mano con los familiares de víctimas, para que tengan acceso a una justicia pronta y expedita: Wendy Guadalupe Ruíz.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez y la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna visitaron las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.

Durante el encuentro, se expusieron los retos y perspectivas que el fenómeno de las desapariciones forzadas y cometidas por particulares representan para la Comisión Local de Búsqueda, que encabeza Wendy Guadalupe Ruíz Ramírez, como parte del Sistema Nacional de Búsqueda.

También, se abordaron mecanismos de coordinación entre ambas comisiones, por lo que el subsecretario Alejandro Encinas refrendó su apoyo desde la Secretaría de Gobernación a efecto de generar las condiciones óptimas para su funcionamiento y resultados en beneficio de las víctimas y sus familias, con apego irrestricto a los derechos humanos.

Asimismo, se informó sobre la aplicación de las ministraciones de recursos resultantes de los subsidios federal y local, como el equipamiento técnico y adquisición de bienes necesarios para la búsqueda de personas desaparecidas.

Por su parte, Wendy Guadalupe Ruíz indicó que en Morelos se trabaja de la mano con los familiares de víctimas, para que tengan acceso a una justicia pronta y expedita, por ello, desde el inicio de la actual administración se actúa con estricto apego a derecho, legalidad, transparencia y honestidad.

Integrantes del Observatorio de Derechos Humanos y Diversidad Sexual convocan a diputados a asumir su compromiso con dicha comunidad.

Integrantes de la comunidad lésbico gay bisexual travestido, transexual intersexual y más (LGBTTI+) hicieron un llamado a los legisladores locales para que aprueben la llamada "ley de identidad de género" para Morelos.
Los diputados locales pospusieron una vez más el desarrollo de la sesión ordinaria en la que se votaría el dictamen con proyecto de reforma al Código Familiar y Procesal Familiar de Morelos, a fin de que en el estado las personas transgénero puedan cambiarse de identidad.
El viernes pasado, los integrantes de la LIV Legislatura pospusieron la sesión de Pleno por falta de quórum.
Ante la falta de acuerdos entre los legisladores para avanzar en la aprobación de la citada reforma, los integrantes del Observatorio de Derechos Humanos y Diversidad Sexual convocaron a los legisladores a asumir su compromiso con la comunidad LGBTTI+ y a aprobar las reformas legales que garantizarán un derecho decretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"A las y los diputados exigimos que se apruebe la iniciativa de identidad de género, las personas trans no deben ser ciudadanas o ciudadanos de segunda en el estado de Morelos. Las personas trans requerimos igualdad en un marco de derechos humanos", señalaron en un manifiesto dirigido al Congreso del estado y al gobierno estatal, en el marco del día internacional de liberación de la comunidad LGBTTI.
Se prevé que este martes a las 10 de la mañana, finalmente se concrete la sesión ordinaria de Pleno en el Congreso, que sería la continuación de la que se suspendió el 3 de junio pasado y se iniciará una nueva para atender temas pendientes de la agenda legislativa.

La entidad mundial señaló que el 14 de Abril dará a conocer consejos estratégicos actualizados para las naciones que se enfrentan al virus.

El organismo exhorta a las autoridades educativas de todos los estados a abstenerse de implementar el programa, por ser una medida que violenta los derechos de los menores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades educativas de todas las entidades a abstenerse de implementar el llamado “Operativo Mochila”, por ser una medida que violenta los derechos de los menores, reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El organismo nacional expresó su rotunda oposición a esta medida,  porque existe el riesgo de generar excesos de aplicación, discriminación y estigmatización en las estrategias de revisión de mochilas pertenencias de los estudiantes.

“Como no existen protocolos homologados en la aplicación del operativo “Mochila Segura” se exponen todas las pertenencias del alumnado a la vista. Las revisiones las realiza personal de seguridad pública uniformado y en ocasiones armado, y se utilizan binomios caninos y detectores de metales. Lo cual genera temor e incertidumbre, y genera un clima amenazador entre los alumnos y alumnas.

“Asimismo, en ocasiones las revisiones han implicado tocar el cuerpo de las y los estudiantes o pedirles que se quiten la ropa, lo cual atenta contra su dignidad e intimidad, además de que se excluye en este tipo de revisiones al personal docente y administrativo”, recalcó.

Llamó a las Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de los gobiernos de las 32 entidades federativas a no implementar ese tipo de medidas, por considerarlas reactivas, carentes de eficacia y que pudieran propiciar violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Pidió a las autoridades a que cumplimenten y consideren las propuestas contenidas en la Recomendación 48/2019 y, en sustitución de los operativos de revisión de las pertenencias, sugirió optar por acciones preventivas y de apoyo a los menores, a sus familias y otros cuidadores, para emprender acciones que impulsen prácticas amorosas, positivas, sin violencia y que se propicien vínculos de confianza entre familias y sus hijas e hijos.

“La CNDH impulsará un acercamiento con la Secretaría de Educación Pública, para la revisión de las acciones de prevención y protocolos para la atención de la violencia en los contextos escolares con que cuenta.

“Esto con el fin de contribuir a la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes y garantizar que todas las medidas que se implementen con ese objetivo sean compatibles con la dignidad y derechos de las personas menores de edad”, concluyó.

Denuncian maltrato contra estudiantes que no pagaron la cuota escolar.

Padres de familia de la escuela secundaria técnica 44 de Cuernavaca denunciaron maltrato por parte de la directora del plantel Diana Mireya Nájera Morales y algunos docentes, en contra de estudiantes que no pagaron la cuota escolar.

La queja de las madres de familia de cuando menos tres estudiantes de dicho plantel fue presentada ante la Secretaría de Educación, en demanda de que se tomen medidas para corregir dicha situación, y evitar un conflicto mayor.

 Según el documento, los alumnos de dicha secundaria -ubicada en Lomas de Ahuatlán- han sido maltratados por maestros y la citada directiva del plantel, que ha incurrido en la falta por acción o por omisión.

Las inconformes indicaron que incluso los tres estudiantes ya no quieren ir a la escuela porque las presiones son constantes, con insultos tales como “son unos burros”.

Además, señalaron que los jóvenes son orillados a realizar tareas físicas como barrer el patio, podar y cortar arbustos y limpiar jardineras, como supuestos castigos y en supuesta “colaboración” con la escuela.

El común denominador entre los denunciantes es que son hijos de madres solteras que no pudieron pagar, desde el inicio del ciclo escolar, la cuota que se pidió, de 580 pesos por cada estudiante.

A decir de las mamás, de fondo este es el problema, pues desde el inicio del ciclo escolar les advirtieron que, de no pagar, les harían “la vida imposible”, pues nadie estaba exento de dicha cuota.

La denuncia refiere que se presentó un escrito ante la agrupación Educa y advirtieron que, de no tener una respuesta de la Secretaría de Educación, buscarán que su abogado Juan Juárez Rivas, les represente para iniciar los procesos legales correspondientes contra quien resulte responsable.

Anticiparon que, de no haber conciliación, acudirán ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, pues es inconstitucional el cobro de servicios educativos y habría una violación a las garantías de los alumnos por el maltrato.

Refirieron como ejemplo que uno de los alumnos obtuvo calificaciones de 10 en disciplina, 10 en educación física, 9 en artes, 6 en español y 5 en inglés. Pero en esa evaluación parcial, personal de la secundaria le dijo que el menor tenía “déficit de atención”, por lo que requería atención especial. La madre del alumno consideró que esta afirmación es incongruente si obtuvo el puntaje más alto, justamente en disciplina.

Reforma a legislación penal local fue invalidada por la SCJN por invadir competencias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reponer los procesos iniciados en Morelos por desaparición forzada de personas bajo la reforma a la legislación penal local, que fue invalidada por el tribunal constitucional por invadir competencias.

Al notificarse y publicarse el engrose de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 105/2017 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los procesos penales que se hayan iniciado desde la vigencia de la norma y hasta su invalidez, deberán ser repuestos atendiendo la legislación federal en la materia.

Y es que el pasado 14 de octubre, el Pleno de la SCJN declaró la invalidez de varios artículos reformados y adicionados por la LIII Legislatura en julio de 2017 al Código Penal del Estado de Morelos, para tipificar y sancionar el delito de desaparición forzada de personas.

Pero el tribunal constitucional declaró la invalidez de los artículos 272, Fracción XV, 272 Bis, 272Tter, 272 Quáter, 272 Quintus, y 297, fracción XIII, así como la la invalidez por extensión de los artículos 272, párrafo último en su porción normativa “XV”, y 297, penúltimo párrafo en su porción normativa “XII”, todos del Código penal para el estado de Morelos.

Lo anterior, por considerar que el legislador morelense excedió su competencia e invadió la esfera de las atribuciones del Congreso de la Unión, que posee la facultad exclusiva de normar todo lo relativo a los delitos de tortura y de desaparición forzada de personas.

De acuerdo con la sentencia, publicada hace unos días en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el efecto de la declaratoria de invalidez tiene efectos retroactivos, lo que significa que los procesos penales que se hayan iniciado con las normas invalidadas se encuentran viciados de origen y, por lo tanto, deberán reponerse conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,  Desaparición Cometida por Particulares o la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Lo anterior, sin que se violente el principio non bis in ídem, es decir, que un sujeto no sea sancionado dos veces por el mismo hecho.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos celebra las tres décadas de su creación.

La desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones constantes a los derechos fundamentales de la personas, afirmó la Comisión Independiente de Derechos Humanos, al conmemorar el 30 aniversario de su fundación y 31 años de la desaparición del luchador social, José Ramón García Gómez.

“Justo el tema de la desaparición forzada en nuestro país ha sido uno de los puntos principales para la creación de este organismo de derechos humanos. Seguimos apuntando en este tema de justicia y la presentación de los desaparecidos con vida.  En este caminar hemos también tomado el tema de las defensoras de los derechos humanos y nos parece fundamental, porque justo a partir del reclamo de justicia es que se han ido constituyendo muchas mujeres en activistas, en luchadoras por los derechos y por recuperar a sus hijas y sus hijos y por reclamar justicia”, afirmó Juliana García Quintanilla, coordinadora de la comisión independiente, quien ha sido impulsora de la tipificación del delito de feminicidio y de la aplicación de la Alerta de Violencia de Género en Morelos. 

A pregunta expresa de si hay cambios en materia de derechos humanos tras tres décadas de lucha social, señaló que hay mayor participación ciudadana y una evolución legislativa importante, pero lamentablemente “lo que sigue deficiente son las malas administraciones públicas sin importar partidos, no hay cambios en la administración de justicia, vemos lamentablemente un retroceso, y un incremento de la violencia.

“Eso nos parece grave y vamos a seguir insistiendo, nos vamos a mantener en la exigencia de justicia”, afirmó. 

También destacó que en los últimos años se incrementó la violencia no sólo contra las mujeres sino contra las y los defensores de los derechos humanos, quienes son reprimidos, hostigados, amenazados, desaparecidos y hasta privados de la vida. 

Durante la conmemoración de los 30 años de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, activistas y sindicalistas impartieron diversas conferencias y cerraron el día con una actividad musical en el zócalo de Cuernavaca.  

A invitación de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, José Martínez Cruz, vocero e integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), se incorporará al organismo nacional.

Con el respaldo de sus compañeros con más de 30 años en la defensa de los derechos humanos, Martínez Cruz anunció que deja la vocería de la organización independiente para acompañar a la nueva ombudsman, quien es hija de Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka y quien ha denunciado, además del caso de su hijo, decenas de desapariciones forzadas.

Al incorporarse como funcionario de la CNDH, anunció que dejará la vocería de la CIDHM, con lo cual la organización tendrá una reestructuración.

“He recibido la invitación de la compañera Rosario Piedra Ibarra y he aceptado formar parte de su equipo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Seguro estoy que ello implica un compromiso de continuar realizando las actividades que a lo largo de mi vida consciente he llevado a cabo en donde quiera que me encuentre.

“Considero importante que se lleve a cabo una serie de medidas para transformar la CNDH para que sirva realmente y a fondo como una instancia de defensa de los derechos humanos, con la participación directa de víctimas y activistas defensoras de derechos humanos, para que esté en el centro de su atención las personas que han vivido en carne propia y han demostrado actuar de manera consecuente en la lucha por lograr que los derechos humanos sean una realidad para todas y todos”, señaló y agradeció el respaldo de todos las y los compañeros de lucha durante más de tres décadas.

Por lo pronto, agregó, hay una oportunidad para concretar múltiples iniciativas y propuestas de  sociedad civil, así como atender las constantes violaciones a los derechos humanos, ante la emergencia que presentan los casos de personas desaparecidas, mujeres víctimas de feminicidio, miles de víctimas de la violencia e inseguridad, asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, e impunidad generalizada.

No obstante, continuará colaborando con la comisión independiente alternadamente con sus funciones dentro de la CNDH.

La Vigésima Cuarta Zona Militar anuncia el despliegue de mil 800 militares para colaborar con efectivos federales y estatales en labores de seguridad pública.

El titular de la Vigésima Cuarta Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, aseguró que se respetarán los derechos humanos y que las fuerzas castrenses no excederán los límites legales al anunciar el despliegue en territorio estatal de mil 800 militares que colaborarán con un centenar de efectivos federales y estatales en la prevención y combate la delincuencia.

Señaló que este despliegue (que forma parte del proyecto piloto de instauración de la Guardia Nacional propuesto por el nuevo gobierno federal) estará encabezado y coordinado por la autoridad militar.

“Anteriormente, en un momento dado, funcionaban ellos por un lado, los acompañábamos a hacer funciones cuando correspondía, pero hoy no. Hoy están en nuestro cuartel formando equipos de trabajo, para que los equipos de trabajo sean integrados y salgan a patrullar las calles donde corresponda”, dijo.

Expresó que el Ejército mexicano actuará apegado a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos, así como aclaró que los efectivos militares no realizarán detenciones ni puestas a disposición, ya que legamente ésta es facultad de las autoridades civiles.

“Hoy día no tenemos la regulación legislativa para poder detener a nadie, personal militar no está en condiciones de detener a nadie. Sin embargo, somos acompañados por personal de la CES y personal de la Policía Federal, los cuales harán el procedimiento correspondiente para integrar lo que es cadena de custodia, el procedimiento legal del informe policial homologado, todas las puestas disposición, ellos son los que la van hacer”, resaltó, y señaló que personal militar, acompañado de la Policía Federal y la Policía de la CES, saldrá a las calles a realizar  tareas de seguridad pública, especialmente en las zonas consideradas como focos rojos.  

El organismo independiente señaló omisión y negligencia en la atención de los damnificados del sismo de 19 de septiembre de 2017.

La CNDH denunció opacidad de los gobiernos federal y estatales en la aplicación de los recursos para atender a los damnificados.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) acusó omisión y negligencia en la atención de los damnificados del sismo de 19 de septiembre de 2017, y afirmó que existen al menos 116 denuncias y quejas sin avanzar en la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por fraudes y abusos cometidos contra las familias afectadas. En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció opacidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales en la aplicación de recursos para atender a los damnificados.

Al realizar una investigación y un balance sobre la situación que priva en las zonas afectadas, principalmente de la región sur del estado, la organización desmintió la versión oficial de que la reconstrucción de las áreas siniestradas lleve un avance del 80%.

Juliana García Quintanilla, coordinadora la comisión, indicó que se realizó una encuesta entre las familias damnificadas en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Jojutla, una de las zonas con mayores daños por el sismo, para dimensionar el impacto emocional, económico y laboral que provocó la tragedia y la desatención gubernamental.

La conclusión de la investigación fue contundente. De acuerdo con García Quintanilla, las familias todavía padecen estrés postraumático por la pérdida de familiares o amigos, por la destrucción de sus viviendas, por las condiciones de precariedad en las que sobreviven por la falta de servicios públicos elementales como agua potable y energía eléctrica, y por la pérdida de sus comercios o fuentes de empleo.

Explicó que han sido las propias familias damnificadas las que evidencian una serie de violaciones a sus derechos humanos, ante la incompetencia de las autoridades para atender el siniestro.

Por ejemplo, dijo, ninguna autoridad implementó un programa de atención psicológica, ni tampoco de orientación jurídica administrativa. Tan es así que los damnificados sufren todavía secuelas a un año de la tragedia y muchos de ellos fueron víctimas de defraudadores y de abusos.

Señaló que los damnificados fueron engañados por un particular que prometió, a cambio de recibir los fondos que fueron depositados en tarjetas que expidió el gobierno federal a los afectados, que les construirían de nuevo sus viviendas, pero eso no ocurrió. También hubo quejas ante la Profeco por establecimientos que aprovecharon la tragedia para encarecer productos.

Expresó que debido a la omisa y negligente atención de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, los damnificados han logrado auto-organizarse para denunciar no sólo las violaciones a sus derechos humanos, sino exigir que los gobiernos cumplan con sus obligaciones.

Al igual que la organización Morelos Rinde Cuentas, la Comisión Independiente de Derechos Humanos destacó que hubo escasa información, reticencia a entregarla o, definitivamente, fue negada, sobre los montos de las aportaciones públicas y privadas para atender los daños del sismo, así como el destino de los recursos.

Por tal razón, la comisión consideró indispensable que la FGE y la Profeco avancen en las quejas y denuncias para sancionar a los responsables de los fraudes y abusos; que los tres niveles de gobierno transparenten el uso de recursos y, de la misma forma, las instituciones privadas como fundaciones y de asistencia, den a conocer sus aportaciones, para dar claridad sobre cuánto se invierte en la reconstrucción y verificar si efectivamente los recursos se usan para ello; que se implemente un programa de empleo y apoyo psicosocial, y se genere un protocolo de seguridad y prevención, así como capacitación para la atención de este tipo de contingencias.

Cifras y recursos sin claridad: CNDH

A través de un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que a un año de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, en los cuales, de acuerdo con las cifras oficiales, 470 personas perdieron la vida y mil 372 requirieron hospitalización, no se tiene certeza del avance en la reconstrucción de 209 mil 334 viviendas, 983 unidades médicas y 16 mil 795 escuelas que los gobiernos federal y de las entidades afectadas se comprometieron a rehabilitar.

“Esta Comisión Nacional subraya que las respuestas que ha recibido de las diferentes instancias a las cuales solicitó información han sido, hasta ahora, deficientes e incompletas, ya que no atienden la integralidad de los puntos solicitados ni proporcionan datos consistentes y unificados sobre las afectaciones registradas como consecuencia de los sismos, las acciones emprendidas para su atención y el grado real de avance en las mismas, en aspectos tan relevantes como el número de inmuebles reconstruidos, cifra que inclusive varía en una misma autoridad de un informe a otro”, señaló en realación a la información requerida a autoridades federales y a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, que solicitaron la declaratoria federal de desastre.

Destacó una serie de inconsistencias en las cifras de daños que impide dimensionar objetivamente los daños ocasionados por los sismos. Por ejemplo, en materia de vivienda, los estados afectados refirieron de manera inicial 209 mil 344 lugares habitacionales dañados, de los cuales 60 mil 366 presentaron daño total y 148 mil 978 daño parcial, mientras que la autoridad federal señaló que 172 mil 26 fueron afectados e incorporados en el esquema de reparación de viviendas de la Sedatu.

“Estas diferencias en cifras y datos reportados reflejan una lamentable falta de coordinación entre instituciones para depurar, conocer y conciliar cifras acerca de  la dimensión real de lo ocurrido, así como el efecto real de la entrega de los fondos de apoyo a personas damnificadas para cumplir los ofrecimientos de reconstrucción y rehabilitación, además de que generan confusión en la sociedad y la percepción de insuficiente coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno”, destacó.

Otro rubro en el que la Comisión Nacional no advirtió avances sustantivos, ni a nivel federal o local, es la necesaria consolidación de una cultura integral de prevención de desastres que involucre tanto a las autoridades como a la sociedad, a efecto de actuar con responsabilidad y anticipación para reducir, en la medida de lo posible, las consecuencias de los fenómenos naturales que se presenten, partiendo para ello de una normativa clara y pertinente, así como de instituciones fuertes que cuenten con los recursos y capacidades necesarias para tal efecto.

Por ello, hizo un enérgico llamado a las autoridades para que asuman sus responsabilidades, den celeridad a la atención a las víctimas de los sismos de septiembre de 2017, y remitan íntegramente a la CNDH la información que les ha solicitado.