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La Reforma a la Ley del Infonavit traerá consigo nuevos productos de crédito, los cuales se definirán en una segunda etapa basada en las políticas y reglas que está trabajando el organismo, así lo dio a conocer Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto, en conferencia de prensa. 

“Las reglas salen el 16 de abril, nosotros esperamos que los productos se presenten entre mayo y noviembre, habrás algunos que queden pendientes para enero del siguiente año, pero los más relevantes respecto a la Reforma se darán a conocer en esos meses; estamos trabajando en todos los aspectos, sistemas, interfases, etc. para hacer estas presentaciones”. 

Uno de los créditos que se anunciaran en este año es para aquellos trabajadores itinerantes, de acuerdo con el director general son los que cotizan por temporadas, que por la naturaleza de su trabajo no tienen continuidad completa del año en su cotización. Lo anterior “hacia que se impidiera el acceso al crédito, este esquema que vamos a presentar toma en cuenta esta naturaleza itinerante del trabajo”.

Cabe señalar que el Consejo de Administración del Infonavit tiene hasta el 16 de abril del 2021 para aprobar las políticas de crédito y las reglas para el otorgamiento de crédito de la Reforma a la Ley del Instituto. “Es importante que se tengan claras qué son y no esas reglas, van a definir parámetros bajo los cuales en Infonavit va a prestar dinero y requisitos de acceso”. 

Es por ello que se encuentran colaborando en dos documentos con el acompañamiento de los tres sectores que integran el organismo que son el gobierno, empresarios y sindicatos, “estamos trabajando para tener un reglamente secundario de la Ley del Infonavit”. 

Según el titular, el día de ayer iniciaron mesas de negociación con los sectores, y que  previo al inicio de estos encuentros se estuvieron rebotando documentos, adicional recibieron comentarios por escrito del sector sindical, empresarial y de gobierno; señaló que seguirán en las rondas hasta que se concluya el documento y se pueda aprobarse en tiempo y forma en el Consejo de Administración. 

Recordó que la visión de la Reforma en primera instancia en sobre el mercado inmobiliario en México, “durante años fue una Institución de monoproducto porque solo tenía básicamente el crédito tradicional hipotecario que se financiaba con recursos del Fondo y sus derivados […] Vamos a pasar de un portafolio de monoproducto a uno multiproducto, se empezarán a ver créditos para distintas poblaciones, edades, etc. por lo que nos va a interesar es cómo atender a toda la población que tiene derecho a un crédito, con esto se permitirá disminuir el rezago de vivienda de manera rápida”.  

Adicionalmente, Carlos Martínez comentó que en unos meses presentarán el nuevo esquema de crédito tradicional, que tocará diversos puntos desde cómo se utiliza la subcuenta, cómo se paga el crédito e incluirá muchas novedades; destacó que “por el momento es una información que nos gustaría anunciar muy detalladamente cuando corresponda”.

Es una realidad que fijar el precio de venta de una vivienda no es una tarea fácil, ya que son diversos factores que se deben evaluar

Está diseñado para los derechohabientes en activo de base y de confianza que desean potencializar su crédito por hasta 4.8 millones de pesos.

Tener reportes positivos puede ayudar a conseguir mejores tasas de interés o plazos de pago.

Un trabajador tarda hasta tres años en alcanzar este puntaje; sin embargo, este periodo puede acortarse si se realizan Aportaciones Extraordinarias

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Conocer el saldo es posible a través de un mensaje SMS, llamada o correo electrónico

Casi la mitad de los créditos que otorgó el instituto en 2020 fue para trabajadores que ganan menos de 4.1 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Incumplen pago de adeudos ante el Instituto de Crédito.

Por incumplimiento en el pago de sus adeudos ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), varios ex secretarios de despacho del gobierno de Graco Ramírez deberán devolver la vivienda que adquirieron en el desarrollo habitacional “Las Ventanas”, ubicado en Jiutepec.
En entrevista, la directora del ICTSGEM Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, informó que la lista de incumplidos se compone de seis ex funcionarios de la pasada administración estatal, en la que figuran ex secretarios, subsecretarios y directores.
Explicó que pese a la prórroga que les otorgó el organismo para el pago de su crédito, desde el año pasado, los ex servidores públicos ya se encuentran en cartera vencida y se inició una demanda en su contra por requerimiento de la propiedad.
Aunque  la directora del ICTSGEM rechazó proporcionar los nombres de los ex funcionarios involucrados, dijo que una vez que se les cite al juicio hipotecario tendrán que presentar la cantidad del costo total de la vivienda, que fue de 800 mil y 900 mil pesos, o entregarla de forma inmediata.
"Tenemos una cartera vencida de aquellos créditos para adquisición de vivienda que a manera exprés escrituró la pasada administración estatal  y hoy se encuentran seis ex servidores públicos ya en cartera vencida judicial, es decir tenemos la demanda para que entreguen la vivienda o cubran el adeudo”, declaró.
La directora recordó que la entrega de las casas de "Las Ventanas" se encuentra bajo investigación, pues el proceso estuvo viciado de origen, ya que la entrega de los inmuebles se hizo de manera acelerada, sin atender a lo que marca la ley, por lo que también habría un deslinde de responsabilidades en contra de los ex servidores públicos involucrados.

Se concederá a un plazo máximo de dos años y una tasa de interés del 10% anual sobre saldos insolutos.

En el marco de la quinta sesión extraordinaria del H. Congreso Directivo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), se aprobó y autorizó el “Crédito Especial Navideño 2018”.
Lo anterior, derivado de la política pública implementada en beneficio directo de los trabajadores afiliados, así como la disposición y el compromiso con las familias que dependen laboralmente de ellos, al contar con condiciones apropiadas para su mejor desempeño.
El “Crédito Especial Navideño 2018” permitirá tener recursos económicos que solventen los gastos propios durante esta época navideña y fin de año, así como el apoyo adicional para iniciar el año 2019.
La directora general del ICTSGEM, Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, aseguró que este crédito especial estará disponible hasta por la cantidad de 30 mil pesos, sin exceder el 80% de la capacidad de pago del afiliado, a pagarse en un plazo máximo de dos años, con una tasa de interés del 10% anual sobre saldos insolutos; podrá tramitarse a pesar de contar con otros créditos especiales.

El incumplimiento en la transferencia del pago de cuotas al instituto de crédito del gobierno estatal, tanto por parte del ayuntamiento capitalino como del Congreso local, llevó a los empleados de ambas instancias a perder sus derechos para la adquisición de créditos y apoyos económicos, indicó la dirigente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo, Ana Lilia Ocampo Castrejón.

Es una injusticia porque las deducciones se hacen desde el pago de nóminas, lo que indica que los afectados no tienen opción, a ellos les descuentan lo correspondiente al compromiso con la institución, pero el dinero no llega a su destino, destacó.

En lo relacionado al Congreso local, estimó que el rezago provocado en la materia por la legislatura anterior es en relación a 20 millones de pesos, pero en lo referente al ayuntamiento en mención, hace ya cerca de nueve años, porque el primer edil que dejó de cumplir fue Manuel Martínez Garrigós.

Es decir, en éste último caso no se ve cómo se pueda remontar un pasivo acumulado por tantos años, son muchos millones de pesos y entonces ahí el cobro tendría que haber sido ya suspendido para no continuar afectando la economía de los agraviados, consideró.

Ocampo Castrejón señaló que todo lleva a pensar que el Poder Legislativo, con la actual directiva, sí buscará resolver las cosas, “entendemos que en eso andan, incluso iniciando denuncias contra los presuntos responsables, pero por lo que toca a la alcaldía es muy difícil”.

Por otra parte, manifestó que financieramente, el instituto de crédito ha superado la coyuntura de la transición y viene cumpliendo con sus derechohabientes, a pesar de que entró en una situación de inestabilidad con el arranque del nuevo gobierno.

Reconoció que manejar esa institución no es cosa sencilla, ya que en el consejo de administración o junta de gobierno están representados diversos frentes, como en el caso de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como sindicatos y patrones, y hay quienes piensan diferente, lo cual lleva a conflictos permanentes para alcanzar acuerdos.

No obstante, admitió, lo anterior también se traduce en un candado para que los funcionarios no caigan en actos de corrupción, porque esos contrapesos impiden cualquier irregularidad, venga de donde venga. Y recordó que a ellos como jubilados se intentó sacarlos del consejo. “Nos tuvimos que defender hasta con las uñas para conservar a la silla, pero se logró”, sentenció.

Hortencia Figueroa Peralta, Francisco Moreno Merino, Silvia Irra Marín, Julio Espín Navarrete y Beatriz Vicera Alatriste dejaron de pagar las aportaciones al Instituto de Crédito, que sí fueron descontadas a los trabajadores.

Integrantes de la LIV Legislatura presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra de varios ex diputados locales por los delitos de peculado, desvío de recursos y ejercicio indebido del servicio público.

Hortencia Figueroa Peralta, Francisco Moreno Merino, Silvia Irra Marín, Julio Espín Navarrete y Beatriz Vicera Alatriste fueron acusados de haber retenido las aportaciones de los trabajadores del Congreso del estado durante los años 2016, 2017 y 2018, que debieron haberse enterado ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM).

El diputado del Partido del Trabajo, José Casas González, uno de los siete diputados que promovieron la denuncia, señaló que los legisladores firmaron convenios con el ICTSGEM, con el aval del gobierno estatal para no entregar las aportaciones de los trabajadores. Incluso, dijo que desviaron recursos del Congreso local para cubrir una parte de la deuda.

Sostuvo que la denuncia fue sustentada con el apoyo de asociaciones de abogados y colegios de contadores, por lo que existe la confianza en que habrá castigo para los ex diputados.

Los legisladores del PT, Valentina Rodríguez Ruiz, José Luis Galindo Cortés, Erika García Zaragoza; Blanca Nieves Sánchez del Partido Nueva Alianza (Panal); de Movimiento Ciudadano (MC), Ana Guevara Ramírez; y Marcos Zapotitla Becerro de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también firmaron la denuncia que se presentó ayer por la mañana ante la fiscalía sin el acompañamiento de la Mesa Directiva.

Ordenan a la ESAF inicie procedimientos sancionadores en contra de ex diputados

Más tarde, el Pleno del Congreso local ordenó al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) iniciar procedimientos sancionadores, imposición de multas, juicios y acciones jurídicas en contra de las ex diputadas Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, ex vicepresidenta de la Mesa Directiva y ex presidenta del Comité de Vigilancia, respectivamente, por negar información financiera y contable al órgano auditor para realizar allá la auditoría especial que la LIII Legislatura ordenó antes de que concluyera.

Los procedimientos también se iniciarán en contra de Martha Patricia Bandera Flores, ex secretaria de Administración y Finanzas, responsable de la información correspondiente a las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018.

Derechohabientes dicen que sí hay dinero.

La directora general del Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Estado, Fabiola Urióstegui Alvear, sostuvo una reunión con líderes de agrupaciones sindicales, tanto de la administración pública estatal, como del Ayuntamiento de Cuernavaca, a fin de tomar acuerdos con el propósito de reactivar las líneas de crédito a los derechohabientes luego de un periodo de suspensión por presunta insuficiencia de fondos.

Tras el encuentro, mencionó que los planteamientos recibidos serán analizados al interior del Consejo de Administración o Junta de Gobierno, para que de inmediato se abran ventanillas y los interesados puedan volver a contar con ese beneficio, sobre todo ahora que viene fin de año y buena parte de los contribuyentes recurren al apoyo de la institución para superar compromisos de la época.

Sobre el tema, la dirigente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del gobierno estatal, Ana Lilia Ocampo Castrejón, aseguró que las finanzas del instituto tienen solvencia suficiente para seguir cumpliendo con su compromiso.

Calculó, de acuerdo a los más recientes cortes financieros, que el capital promedio que se tiene alcanza casi los mil millones de pesos, suficientes para mantener las prestaciones a flote e, incluso, dijo que en algunos de los rubros nunca se llega a ejercer el cien por ciento del dinero, como ocurre en lo relacionado a préstamos para autos o vivienda.

Y ello es entendible, agregó, “los requisitos son distintos, hay que tener mayores ingresos o aportaciones para lograr un crédito hipotecario; hablamos de un millón y medio de pesos, no todos pueden con algo así y aunque la compra de autos requiere de menos capital, de todos modos pagar unos 400 mil pesos es pesado para la mayoría, por eso siempre sobran recursos en esos dos conceptos”. Los más demandados son los préstamos quirografarios.

Insistió en que desviar o malversar recursos en el instituto es cosa muy complicada, “ya que ahí se trabaja bajo las firmas de un cuerpo colegiado, con uno de ellos que no esté de acuerdo en la autorización de alguna liberación, simplemente no pasa, de ahí que sólo sean especulaciones aquellas que hablan de grandes desvíos”.

El fiscal anticorrupción no pudo probar que el exsecretario de Administración y Finanzas desviara recursos públicos.

Un tribunal de juicio oral resolvió absolver a Alfredo Jaime de la Torre, exsecretario de Administración y Finanzas en el gobierno del panista Marco Adame, de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, al comprobarse que nunca desvió recursos dirigidos al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado (ICTSEM).

Víctor Javier Hernández Vega, quien encabezó la defensa del exfuncionario panista, detalló que la exoneración de los cargos se realizó con base en las pruebas aportadas por la propia fiscalía y ni siquiera fue necesario presentar elementos adicionales.

Acusó que el proceso penal estuvo viciado de origen, porque en la denuncia iniciada por el entonces procurador fiscal y actual fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, no se aportaron pruebas del supuesto desvío de 173 millones de pesos correspondientes a las cuotas aportadas por los burócratas al ICTSEM.

“Fuimos claros y precisos al demostrar que el señor Alfredo en ningún momento desvió ningún recurso, en ningún momento dejó de pagar al instituto, que al contrario, en su momento, el  procurador fiscal, hoy fiscal anticorrupción, presentó una denuncia sin sustento en la cual no se demostró que efectivamente él haya tomado algún dinero del instituto, (incluso) ocultaron mucha evidencia", dijo, y señaló que, por el contrario, se demostró que los recursos sí fueron depositados al instituto.

Precisó que durante la audiencia de desahogo del juicio oral, la fiscalía presentó a ocho testigos cuyas declaraciones fueron suficientes para demostrar la inocencia del exsecretario, y resaltó que este es un nuevo golpe para el actual fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, quien evadió comparecer ante el tribunal oral pese a que fue emplazado.

Solicitudes de trabajadores jubilados son ignoradas por ese organismo, denuncian profesoras en retiro.

Maestras jubiladas protestaron este lunes dentro de las instalaciones del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos (ICTSGEM), al calificar como “injusto” el préstamo que se autorizó al gobernador actual Graco Ramírez por más de 600 mil pesos (735 mil, exactamente) para la compra de un automóvil de lujo, en tanto que muchos servidores públicos llevan décadas de servicio y no les han autorizado préstamos por montos mucho menores y para conceptos prioritarios.

Por más de tres horas, las profesoras estuvieron apostadas en las oficinas de la institución, pidiendo hablar con la directora, Paula Trade Hidalgo, quien permanecía “escondida sin dar la cara”. Exigieron una audiencia para conocer si las reglas de operación de los créditos cambiaron y demandar que se revisen y autoricen muchas de las solicitudes que han hecho profesores en retiro.

Y es que aseguraron que habitualmente el Instituto sólo otorga préstamos para vehículos con un tope máximo de 200 mil pesos, y se solicitan una serie de requisitos que implican largo tiempo.

Además, expusieron su inconformidad porque consideran que conforme a la ley, el gobernador “es patrón” y, por lo tanto, no tiene derecho a dicha prestación.

Cansadas de esperar, las más de cuarenta maestras jubiladas se colocaron en las puertas para evitar que la funcionaria estatal saliera del inmueble sin explicar si ese crédito otorgado a Graco Ramírez Garrido Abreu había sido aprobado con la modificación correspondiente, autorizada por el consejo del instituto.

Ante la falta de respuesta, irrumpieron en la sala de juntas y exigieron una audiencia. “Tenemos derecho, después de cotizar por más de treinta años, a que nos reciban, que nos atiendan y hagan la recepción formal de un documento que trajimos”.

Denunciaron que -por el contrario- “un chamaco” identificado como Salvador López Morales, presunto secretario particular de la directora del instituto, salió de una de las oficinas a “regañar” y “menospreciar” a las maestras, a las que señaló como “señoras groseras” y trató de sacarlas de las oficinas.

Por más de una hora intentaron evitar que la directora Paula Trade saliera, cubriendo la salida de vehículos “por el temor fundado de que sacaran a la directora Paula en la cajuela de un coche con tal de no dar la cara”.

Expresaron su rabia al sostener que no es justo que se autorice un crédito al titular del Ejecutivo en tan poco tiempo, y por tanto dinero, habiendo muchos trabajadores que no son beneficiarios por la gran cantidad de requisitos que les imponen.

Llamaron a las autoridades entrantes a aplicar auditorías sobre el manejo de recursos, pues consideran que podría haber otros créditos autorizados en circunstancias irregulares o injustas, como el caso ya referido.