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La Secretaría de la Controlaría del estado detectó graves irregularidades en más del 50 del padrón de beneficiarios del proceso de regularización de taxis del año 2014, que impulsó el gobierno de Graco Ramírez.

El gobierno estatal inició la querella ante la SEIDO en contra de varios funcionarios de la administración pasada.

El Gobierno de Morelos inició una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en contra de varios funcionarios de la administración pasada, por incurrir en un presunto desvío de más de 400 millones de pesos, presuntamente a través de catorce “empresas fantasmas".

Entre los exservidores públicos señalados se encuentran personas que en la administración del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu ocuparon los puestos de secretario de Hacienda, de subsecretario de Ingresos (presupuesto) y dos de tesorero.

Al respecto, el asesor Anticorrupción estatal, Gerardo Becerra Chávez Ita, indicó que se identificó que se habría tejido una red de delincuencia organizada, al tiempo de referir que entre las irregularidades detectadas se encuentra la compra de 70 millones de pesos en papelería a una empresa inexistente.

El funcionario no quiso dar nombres específicos, al destacar que se señala como probables responsables a dichos servidores pues eran los directamente encargados del manejo del erario.

“Por las investigaciones que realizamos, todo parece indicar que las compras que se hicieron aparentemente son difíciles de comprobar, son cuestiones irregulares”, mencionó. al referir que la actual gestión tardó en conformar el expediente y presentar dicha denuncia porque había muchos cabos sueltos.

Consideró que ahora ya se encontraron los elementos necesarios y la denuncia es sólida

Refirió como ejemplo de las anomalías, la compra a una sola empresa de 77 millones de pesos de papelería, u otra a la que se prepagaron casi 35 millones de pesos “por cursos”.

Becerra Chávez comentó que la denuncia se presentó ante la Seido porque el tipo de delito tiene que ver con actos de delincuencia organizada. “Se dio aparentemente un sistema en el que se usaron empresas fantasmas y cuando fuimos a ver no existían, es un esquema similar el que usó Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz”.

Este asunto no fue presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, sólo se presentó ante la Seido.

Recordó que en la administración pasada se creó una oficina de adquisiciones, que presuntamente servía para realizar dichos egresos del erario a través de las empresas inexistentes.

Añadió que seguirán el proceso hasta la última instancia, y si el siguiente paso es la ratificación, así se hará.

La justicia federal dio revés a los procedimientos que se aprobaron el año pasado y amparó a los exfuncionarios beneficiados.

El Congreso del estado inició, por segunda ocasión,  los procedimientos de cancelación de 40 "pensiones doradas" que la LIII Legislatura autorizó de manera ilegal a ex funcionarios del Congreso del estado y del gobierno de Graco Ramírez.
El diputado José Casas González, presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, aseguró que existen elementos legales para que el Congreso del estado reponga los procedimientos y sean canceladas las onerosas pensiones  con las que se beneficiaron los ex servidores públicos.
"Yo hice la denuncia de que mi compañera Tania Valentina había violentado el procedimiento. ¿Cómo lo violentó? Se subió a la tribuna y dio lectura de quiénes estaban siendo investigados en cuestión de jubilación dorada y provocó que se viniera una lluvia de amparos, el 90 por ciento de esas jubilaciones se amparó y el juez está pidiendo que se devuelvan esas jubilaciones doradas", manifestó.
El legislador dijo que la Comisión del Trabajo inició nuevas investigaciones del caso, a fin de reunir los elementos necesarios para cancelar las pensiones.
"Si bien es cierto que fueron amparados porque se les violentó el procedimiento no lo fueron por el tema de los documentos que presentaron para obtener esa jubilación. Entonces estamos haciendo un análisis y pidiendo informes de las constancias de trabajo", explicó.
El legislador adelantó que se busca que en este mismo período ordinario, que concluirá el 15 de julio, se concreten los procedimientos, pues con el amparo de la justicia federal los ex funcionarios siguen cobrando al erario público.

Aprueba Comisión de Gobernación auto de radicación de juicio político contra el exmandatario y los exsecretarios de Finanzas Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza.

Son señalados por no entregar, en el ejercicio fiscal del 2018, 120 millones de pesos a la FGE y dos millones al Impepac.

La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del estado emitió el acuerdo de radicación del juicio político en contra del ex gobernador perredista Graco Ramírez y de los ex secretarios de Finanzas, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza.
A cinco meses de que el gobierno del estado promovió dos denuncias de juicio político en contra del ex mandatario estatal y sus ex colaboradores, los diputados que integran la Comisión de Gobernación y Gran Jurado -que funge como Comisión Instructora- determinaron que existen elementos de procedencia y se instruyó a la notificación de los involucrados para garantizar su derecho de audiencia.
El diputado José Casas González, presidente de la Comisión Instructora, explicó que se trata de la  supuesta omisión en la entrega del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2018 hacia la Fiscalía General del Estado (FGE) por 120 millones 826 mil, así como al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) por dos  millones 566 mil 670 pesos.
Una vez notificado el ex gobernador Graco Ramírez y sus ex colaboradores, en un plazo no mayor a 15 días, deberán contestar los hechos que se les imputan, ya sea de manera personal o mediante su representación legal. De no hacerlo, se les declarará en rebeldía y el Congreso procederá con el juicio.
Lo anterior, con base en lo establecido en el artículo 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En la votación del acuerdo de radicación se abstuvieron las diputadas Rosalinda Rodríguez Tinoco del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo (PT); y Blanca Nieves Sánchez Arano, del Partido Nueva Alianza (Panal), que también son integrantes del órgano y que además solicitaron copia del expediente del juicio político.

Además de la seguridad, los grandes temas pendientes para Morelos son la generación de empleo y la llegada de inversiones. De hecho, el propio gobernador hace unos días los definió como sus prioridades para este 2020, aunque no dijo cómo ni qué acciones emprenderá  su administración para concretarlas.

Ante esto, llama la atención la voracidad que acreditó la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, en un comunicado de prensa que emitió su muy mermado “grupo parlamentario” del PT en el Congreso local, en el que claramente busca amedrentar a la empresa Alamos Gold, promotora del proyecto minero Esperanza, a fin de obtener raja económica del mismo.

Por diversas circunstancias, llama la atención esta intención de la, por decir lo menos, polémica legisladora. En primer lugar, porque los permisos para la operación de una minera son de carácter FEDERAL y si acaso municipales pero no estatales, por lo que ¿será ignorancia o una doble o hasta triple intención lo que mueva a Tania Valentina a cometer estas imprecisiones?

Por mera casualidad, cabe recordar que quien abiertamente mostró su desacuerdo con la operación de la minera fue el ex gobernador Graco Ramírez, pero no por ambientalista o por proteger el patrimonio natural de Morelos (como no lo hizo en diversos proyectos), sino porque la minera no accedió al “arreglo de varios ceros” a favor del ex mandatario y de Rodrigo Gayosso Cepeda, como ha trascendido en algunos medios de comunicación.

Luego entonces, cómo se especula, ¿le seguirá haciendo Tania Valentina el trabajo sucio a la dupla Graco Ramírez – Rodrigo Gayosso, o simplemente fue un anzuelo que lanzó contra la transnacional para que la visiten y ‘convenzan’ de lo viable que es el proyecto de explotación minera? La trayectoria política de Tania Valentina podría confirmar ambas hipótesis, aunque habría que agregar la de querer mantenerse vigente con una sobre exposición mediática gracias al manejo de temas polémicos más que de interés y beneficio general.

Hasta donde se ha informado, la minera Esperanza Silver que forma parte del consorcio internacional Alamos Gold, habla de invertir 10 mil millones de pesos en la zona de Tetlama y generar más de 5 mil empleos directos en una primera etapa, además de beneficios directos a la infraestructura de la zona, algo que es urgente para el estado y que no refiere en su boletín la coordinadora del PT en el Congreso estatal.

Es urgente cuidar para Morelos el entorno ambiental y cultural, pues carecemos de atractivos turísticos nuevos, de muchos inmuebles históricos afectados por el sismo de hace más de dos años y con atractivos naturales cada vez más descuidados o en riesgo, algo que tibiamente se menciona en el boletín referido.

Ante ello, lo que cabría esperar de una legisladora, cualquier actor político o funcionario estatal, es contribuir mínimo a crear las condiciones para la llegada de inversiones, después y si está en su alcance, promover el interés de inversionistas. Y si pese al clima de inseguridad que padece Morelos, hay inversionistas interesados, se debe conocer y socializar sus proyectos, valorar sus beneficios, alcances y viabilidad técnica, ambiental y social, para entonces si acompañarlos en su intención de consolidarse.

De no ser o considerar viable la inversión, lo menos es debatir públicamente con argumentos ciertos, fundados y motivados, y no con prédicas gastadas que sirvan de “anzuelos” para obtener ganancias personales, como todo indica que fue el caso del boletín emitido este lunes por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

A Morelos le urgen más inversionistas y menos políticos, funcionarios y diputados “tira anzuelos” del estilo de Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Un juez federal rechazó la petición de la defensa  de cinco ex secretarios y ex funcionarios de las secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Sustentable, para atraer la causa penal en la que se le imputó el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

Apenas doce de 70 carpetas han sido judicializadas.

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, indicó que están en espera de concretar una reunión con el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, para conocer el estado de las denuncias interpuestas contra ex funcionarios de la administración de Graco Ramírez.

Al respecto, Sotelo Salgado indicó que se formularon más de 70 denuncias y que algunas, alrededor de doce, se han judicializado, pero en otras pareciera no haber avance.

"El porcentaje del avance creemos que ha sido poco", apuntó el funcionario estatal, al tiempo de anotar que "los resultados no han sido como quisiéramos". Indicó que se busca analizar las carpetas que pudieran tener alguna deficiencia.

Explicó que en dicho encuentro solicitarán información al fiscal, para que determine que, si considera que en algunas de esas carpetas no hay elementos que sean de su competencia, entonces se les dé el trámite correspondiente y en caso contrario que se envíen al Poder Judicial.

“No creo que lo estén protegiendo, pero… hasta ahorita sí creo que el porcentaje de avance ha sido lento”, expresó Sotelo Salgado, al enfatizar que hay voluntad del Ejecutivo de trabajar en coordinación, con hechos concretos.  

Respecto al asunto del juicio político al exgobernador Graco Ramírez, el jurista consideró que los problemas internos en el Congreso local “han atorado este asunto”, pero opinó que el hecho de que haya pasado el tiempo no implica que haya riesgo de que ese proceso “se caiga”.

En otro tema, el funcionario informó que el gobierno del estado está en gestiones para reducir los adeudos derivados de laudos. Comentó que el monto podría ascender a alrededor de cien millones de pesos. Refirió que tan sólo en un caso – relacionado con un ex funcionario de la Comisión Estatal de Seguridad- hay una sentencia laboral que ordena el pago de siete millones de pesos, pero se busca conciliar con los abogados de la parte demandante para reducir el monto a cinco millones.

La escena es sólo comparable con ese video que circula en redes sociales y que frecuentemente utilizan para parodias políticas bajo el nombre de “Hitler se entera de que…”, tomado de la película “Downfall” con una magistral actuación del suizo Bruno Ganz en el papel del führer.

El trámite es parte del procedimiento de juicio político que el Congreso del estado inició en contra del exgobernador.

Es la suma que Graco saqueó del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.

La Secretaría de Movilidad y Transporte busca que se castigue penalmente a los responsables de la proliferación ilegal de permisos durante la pasada administración.

Continuarán operativos contra unidades irregulares: Mercado Salgado.  

El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, adelantó que habrá "sorpresas", en los próximos días en contra de los líderes transportistas que fueron cómplices de las irregularidades que se cometieron en la administración de Graco Ramírez en perjuicio del sector.
En entrevista, el funcionario estatal dijo que continúan los procesos de investigación de las denuncias en contra de quienes fueron responsables de la expedición ilegal de permisos provisionales para taxis y "rutas", hechos en los que están implicados líderes del transporte.
Por ello, Mercado Salgado adelantó que "habrá otras sorpresas de otras personas que están involucradas", incluso líderes y ex autoridades.
El secretario refirió que lo que se busca con los procesos legales iniciados por la SMyT es que se castigue penalmente a los responsables, pero también refirió que una vez emitida una sentencia por la justicia local, la dependencia a su cargo iniciará un proceso para la cancelación de las concesiones a los transportistas involucrados con la expedición de miles de permisos provisionales.
Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) continuará durante todo el mes de diciembre con los operativos de supervisión en contra de las unidades que prestan el servicio público de manera irregular en todo el estado, señaló el titular de la dependencia estatal.
Víctor Mercado Salgado informó que las acciones emprendidas para detener a los taxis y "rutas” pirata se llevarán a cabo aún en el período vacacional por las fiestas decembrinas.
"Vamos a seguir los operativos, no se va de vacaciones ninguna del área operativa para seguir los operativos en todos los municipios", añadió.
A pesar de las demandas promovidas por algunas organizaciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para evitar que sus unidades sean detenidas, el secretario de Movilidad y Transporte refirió que los operativos seguirán y se detendrá a los vehículos que presten el servicio público fuera de la ley.

El Congreso del estado determinó someter al proceso al exgobernador por incurrir en omisión en perjuicio de la operatividad de la FGE y el Impepac.

El ex gobernador Graco Ramírez será sometido a juicio político por el Congreso del estado, por haber incurrido en omisión en perjuicio de la operatividad de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).
La Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso dictaminó a favor las dos denuncias de juicio político que promovió la Consejería Jurídica en contra del ex mandatario y los ex secretarios de Finanzas Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, por no haber asignado todos los recursos etiquetados en el 2018 a la FGE y al Impepac.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la JPyG, el daño causado a las dos instituciones asciende a 120 millones de pesos y puso en riesgo su operatividad en el 2018, cuando se desarrollaron los comicios.
En entrevista, la presidenta de la JPyG, Alejandra Flores Espinoza, informó que el dictamen será turnado, el próximo lunes, a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para que inicie el proceso legal correspondiente en contra de Ramírez Garrido y de sus ex colaboradores.
"La denuncia cumple con lo dispuesto en los artículos 4, 8,10 y 16 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos... La Junta Política calificó que el denunciante a juicio político es procedente y ahora la Comisión de Gobernación y Gran Jurado le dará el seguimiento correspondiente", manifestó Flores Espinoza.
Sin embargo, el dictamen de juicio político en contra de Graco Ramírez fue aprobado el martes pasado, cuando la diputada morenista Alejandra Flores no había sido designada como presidenta de la JPyG por la mayoría calificada, por lo que el asunto podría carecer de legalidad.
El Pleno del Congreso ratificó a Flores Espinoza al frente de la Junta este miércoles y a su vez nombró al resto de los integrantes del citado órgano de control interno.

Reclaman que se concedieron 190 suspensiones para que circulen vehículos con permisos ilegales.

Ante la suspensión que otorgó el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) a favor de 190 transportistas que prestan servicio público con permisos para circular expedidos de manera ilegal por el gobierno que encabezó Graco Ramírez, concesionarios de "rutas" advirtieron que es el inicio de conflictos sociales.
Por más de dos horas, integrantes de la Federación Auténtica del Transporte (FAT) y de la Unión de Transportistas "Leandro Valle" de la zona oriente, protestaron en las oficinas del TJA y bloquearon la calle Gutemberg del centro de Cuernavaca.
Los concesionarios del transporte público colectivo advirtieron a los magistrados que la suspensión que otorgó la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa sólo causará enfrentamientos entre los que están a favor y los que está en contra del "pirataje".
"Nosotros lo que decimos es que va a correr sangre", manifestó uno de los más de 50 transportistas que acudieron hasta la oficina del magistrado presidente del TJA, Manuel García Quintanar, para pedirle que justifique la suspensión concedida para que unidades "pirata" operen con los permisos que se expidieron fuera de la Ley.
"Ya pueden circular con la suspensión que se les otorgó y eso va a incitar mucho a que haya conflicto con los compañeros que se oponen allá en la región oriente. Lo que les pedimos a los magistrados es que revisen bien sus determinaciones", aseveró Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte.
Posteriormente, los inconformes acudieron a la oficina del magistrado Guillermo Arroyo, titular de la Segunda Sala, que otorgó la suspensión a los 190 transportistas, a quien acusaron de haber recibido "sobornos" para emitir su determinación.
Sin embargo,  el magistrado afirmó que la suspensión se concedió porque los transportistas acreditaron la legalidad de su demanda, mediante comprobantes con los que  demostraron que por muchos años han prestado el servicio público y con las  pólizas de pago de los permisos provisionales.
En entrevista, el magistrado también sostuvo que las pólizas de pago presentadas por los prestadores del servicio público son recientes, es decir, que se aplicaron en la actual administración, por lo que los transportistas pudieron haber incurrido en otro acto fuera de la ley.
Guillermo Arroyo Cruz explicó que el juicio que promovieron los transportistas tiene muchas etapas, por lo que la suspensión no les garantiza que podrán prestar el servicio público como si se tratara de un título de concesión, que sólo expide el gobierno del estado.
Finalmente, los concesionarios que protestaron ayer confirmaron que recurrirán al TJA como terceros interesados para que puedan presentar sus alegatos en contra de quienes actualmente pueden operar con una suspensión sin que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) los detenga.

Ante la negativa de jueces locales de dictar vinculaciones a proceso u órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, fue necesario recurrir ante la justicia federal, dijo el consejero jurídico del gobierno estatal.

La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado da seguimiento en diferentes instancias, incluso a través del amparo, a las denuncias por actos de corrupción detectada en la pasada administración y hasta la fecha, ninguna ha sido desechada, aseguró el titular del área, Samuel Sotelo Salgado, quien aseguró que hasta el momento han obtenido varios fallos por parte de la justicia federal, ante la que fue necesario acudir, debido a que, en primera instancia, algunos jueces, entre otros pasos legales.

El abogado sostuvo que ninguna de las denuncias formuladas por la actual gestión por los actos irregulares encontrados en la pasada administración, está “muerta” y seguirán luchando hasta el último recurso legal posible para que no haya impunidad.

Refirió como ejemplo, que el juez había señalado que no había indicios para vincular a proceso a funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas y del campo, pero en segunda instancia y en algunos casos hasta el juicio de amparo, la parte gubernamental ha ganado.

Samuel Sotelo Salgado comentó que todavía están en proceso de integración nuevas denuncias, pero enfatizó que ahora están más concentrados en darles seguimiento a las que ya han sido judicializadas, y hay varios recursos, alrededor de seis, pendientes.  

Entrevistado sobre el proceso legal para echar abajo las llamadas “pensiones doradas”, dijo que se trata de un tema que perjudica al Poder Ejecutivo, que es el que paga, pero en realidad lo que se está impugnando son las determinaciones del Congreso del Estado.

“Están concediendo amparos, no porque estuviera mal la determinación, sino por no haber agotado la garantía de audiencia, lo que implica que el Congreso del Estado está en las posibilidades de iniciar los procedimientos agotando la garantía de audiencia. Es decir, escuchar a quien eventualmente le podría perjudicar la determinación del Congreso” explicó, al destacar que es un acto que debe promover y atender la propia Legislatura local, porque es la autoridad que ha emitido los decretos, y la votación de los dictámenes son aprobados en el pleno. “Por lo tanto, se puede reponer el proceso, si así lo considera el Legislativo”.

Hay elementos para dictaminar en esta semana como procedente la solicitud de juicio político en contra del exgobernador, señala diputada.

Concesionarios de Cuautla se manifiestan en contra de los operativos contra el pirataje.

Cuautla.- Con alrededor de 100 unidades, integrantes de la Confederación del Transporte del Estado de Morelos se manifestaron en el crucero de Cuautlixco, donde confluyen las avenidas Reforma y Insurgentes y la carretera Cuautla-Cuernavaca, para solicitar una audiencia con el gobernador del estado y exigir un alto a los operativos en contra de las unidades con permisos irregulares.

Al mismo tiempo, rechazaron que durante los operativos participe la Guardia Nacional y demandaron la regularización de alrededor de mil 500 permisos que les fueron entregados por el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu.

“Que quede claro: nosotros no tenemos diez mil, ni 15 mil permisos; exageradamente en todo el estado de Morelos tenemos mil 500 permisos”, aseguró César Yáñez Bustos, dirigente de la Confederación del Transporte en Cuautla.

Los transportistas, a quienes se acusa de ser beneficiarios de permisos que fueron otorgados durante la administración de Graco Ramírez para que apoyaran la candidatura de Rodrigo Gayosso, se congregaron en dicho crucero y colocaron sus unidades en parte de las avenidas Reforma e Insurgentes y el bulevar a Casasano, lo que entorpeció la circulación vehicular, dando paso a confrontaciones con automovilistas que tenían la necesidad de pasar por ese sitio.

Aunque la manifestación estaba programada para más tiempo, después de poco más de una hora, los dirigentes anunciaron sorpresivamente que se retiraban, pero advirtieron que sus movilizaciones continuarán en demanda de una audiencia con el gobernador del estado.

Antes de diciembre, el Congreso del estado podría iniciar un juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez, luego de que la Junta Política y de Gobierno dio entrada a la denuncia que promovió el Poder Ejecutivo el pasado jueves.

A pesar de las millonarias propiedades que adquirió al salir de su encargo, no encontraron elementos en contra del exdirector del DIF, que tuvo un salario de 30 mil pesos al mes.

Por mayoría, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de no vinculación a proceso del ex director de Administración y Finanzas del Sistema Estatal DIF, Alejandro Alonso Arreola, por no existir elementos que configuren el delito de enriquecimiento ilícito que le imputó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC)

Parte de los argumentos expuestos en la sentencia, de la cual fue ponente el magistrado Rubén Jasso Díaz, se basaron en que no fue practicada ninguna auditoría a su gestión ni hubo ninguna observación del DIF sobre un posible desequilibrio de sus finanzas del 1 de octubre de 2012 al 15 de julio de 2013, periodo en que Alonso Arreola ejerció funciones como administrador.  

También se expuso que la representación social no aportó indicios de que el imputado incrementó su patrimonio de manera ilícita en el periodo que laboró en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado,  ya que los bienes –de alto valor económico- que posee el ex funcionario, fueron adquiridos con posterioridad a su función pública.

Con los votos de Rubén Jasso y Carmen Aquino Celis se confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado a favor de Alonso Arreola por un juez el pasado 2 de julio, dentro de la causa penal JC/618/2019. La sentencia puede ser recurrida ante la justicia federal.

El magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles emitió su voto en contra de la resolución, por considerar que sí existían indicios suficientes como para dictar un auto la vinculación a proceso.

De acuerdo con la exposición de su voto particular, durante la audiencia pública realizada en la sala de juicio oral en la sede del TSJ, el imputado no justificó el incremento de su patrimonio, que fue de no tener menaje ni vehículos, a contar con un menaje de 780 mil pesos y un vehículo Jeep Wrangler, que adquirió de contado.

Y es que, de acuerdo con los datos probatorios presentados por la parte acusadora, el ex funcionario estatal en su declaración patrimonial de 2010 reportó ingresos por un millón 819 mil pesos; en el 2011, ingresos por 677 mil 222 pesos; en el 2012, ingreso por dos millones; y en el 2013, ingresos por un millón de pesos.

Además, el ex funcionario adquirió varios departamentos en el condominio Arbolada y, de acuerdo al fideicomiso creado para la creación del conjunto habitacional, tuvo que aportar más de cuatro millones de pesos por cada uno, “dinero que –explicó el magistrado- si nosotros observamos su actividad laboral y finiquito recibido, no coincide con los montos que erogó para adherirse al fideicomiso y en su caso comprar los inmuebles en comento”.

A ello, se sumó la adquisición de un lote en el poblado de Acapantzingo por un valor de un millón 500 mil pesos, más una residencia en la colonia Vista Hermosa en Cuernavaca, con un valor de siete millones 700 mil pesos, además de cuatro vehículos.

Agregó que, desde su punto de vista, hay “una presunción de ilicitud del enriquecimiento, sustentada en hechos que deben demostrarse plenamente, consistentes en que un servidor público incrementó sustancialmente su patrimonio, de manera desproporcionada a sus ingresos, lo cual en su caso es una carga procesal exigible al órgano acusador en una etapa de juicio y no de vinculación a proceso.

“Esta conclusión no es atentatoria del principio de presunción de inocencia que le asiste al inculpado, a quien debe otorgarse durante la investigación la posibilidad de probar dicha justificación, en uso de su posibilidad plena de defensa”.

En consecuencia,  recalcó, “a criterio del suscrito se encuentra debidamente integrado el hipotético punitivo de ejercicio de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 280 del Código Penal vigente, previo a ser reformado, así como la probable participación del imputado”, quien durante su encargo público recibía como salario mensual 30 mil 241 pesos con 34 centavos.

Diputada asegura que existen las condiciones políticas para que proceda la denuncia iniciada por el gobierno del estado.

De las denuncias que inició la actual administración por presuntos actos de corrupción del gobierno de Graco Ramírez, se han judicializado al menos diez.

El Ejecutivo estatal promoverá un juicio de amparo indirecto en contra de la resolución de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia, que consideró que la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, no debía ser vinculada a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones.

El Consejero Jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó al respecto que ya prepara dicho recurso legal en calidad de ofendidos.

Se utilizará el juicio de garantías y en su caso la revisión, anticipó, al sostener que la última palabra la tendrán los tribunales federales.

Dijo que junto con la Fiscalía Anticorrupción se analizan los argumentos de los dos magistrados (pues uno votó en contra) que aprobaron el dictamen.

A decir de Sotelo Salgado, no está bien sustentada la multicitada resolución: “nos parece incongruente e ilógica, que a dos ex funcionarios los hayan dejado vinculados a proceso y a dos los hayan dejado fuera, con no vinculación cuando son los mismos hechos.  

“Se trata de justificar que fue un comité de obra el que autorizó, pero quien preside esa instancia es la secretaria de Obras, por lo tanto, aseguró, no puede desvincularse la titular de la dependencia.

Como lo informó oportunamente La Unión de Morelos, el pasado 6 de mayo una juez de control resolvió vincular a proceso a Izquierdo Medina, así como a José Gonzalo Mariscal Álvarez y Hugo Rivera Tovar, ex subsecretario de Evaluación y ex director general de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, por haber adjudicado directamente y sin cumplir con los requisitos legales la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V. 

Pero la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia revocó el auto de vinculación a proceso a Patricia Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones. Sin embargo, determinó confirmar la vinculación a proceso a los dos ex subordinados por el presunto ejercicio ilícito del servicio público. 

 Sotelo Salgado expuso este jueves que el Poder Ejecutivo tiene la competencia plena para recurrir como ofendido en el asunto. Apuntó que por ley tienen quince días para presentar el citado recurso.

El consejero jurídico comentó que de las denuncias que inició la actual administración por presuntos actos de corrupción del gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, se han judicializado al menos diez. De estas se han recurrido a la siguiente instancia de cuatro a cinco por diversos motivos.

Mencionó que en algunos asuntos no se les reconoce legitimación como gobierno del estado: “eso se nos hace un poco complicado porque hay delitos (en) que efectivamente se afecta a la sociedad, pero quien resiente la afectación económica es el Ejecutivo del estado; en otras porque no se vincula a proceso, en otros más porque no se obsequian órdenes de aprehensión.

Destacó entre los asuntos que fueron recurridos el de una exfuncionaria que supuestamente estaba enferma y que no podía venir a Morelos, por ello se le otorgó un amparo para efecto de que se practicaran las diligencias en otro estado y se mandó a Tijuana, pero resulta que esa persona se presentó el pasado miércoles en el palacio de gobierno en Cuernavaca.

El funcionario estatal añadió que las denuncias formuladas van caminando, avanzan en primera instancia, se dan las vinculaciones a proceso, pero en la segunda instancia son revocadas esas determinaciones en contra de ex funcionarios, lo que despierta la sospecha de algunas irregularidades: “eso es lo que va preocupando y que hace pensar ciertas cosas, de cierta protección, pero la Consejería Jurídica va a hacer su trabajo interponiendo los recursos legales que estén a su alcance”.