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El secretario de Movilidad y Transporte denuncia que ya están identificados los que comercian con documentos falsos; exhorta a transportistas a no comprarlos porque “nunca serán concesiones”.

El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, confirmó que ex funcionarios del área y líderes transportistas están coludidos para la venta de más permisos provisionales para taxis y rutas en todo el estado, por lo que se procederá penalmente en contra de los responsables.

En entrevista, el funcionario estatal hizo un llamado a los transportistas a no dejarse engañar y a no comprar permisos falsos, ya que no tienen ninguna validez para que puedan prestar servicio público.

"Siguen vendiendo permisos, tenemos esa información y los están vendiendo como si fuera una concesión. Yo les hago un llamado a que ya no compren permisos, siguen comprando permisos en Cuautla, Jojutla… Sí hago un llamado serio porque no van a ser concesiones", declaró el secretario de Movilidad y Transporte.

Refirió que ya tienen identificados a los ex funcionarios responsables de vender permisos apócrifos -con su firma, como si aún trabajaran en la SMyT- y que supuestamente garantizan a los compradores que recibirán placas y un título de concesión, por lo que adelantó que en los próximos días se presentará una denuncia penal.

Los diputados pretenden también que la magistrada presidenta del TSJ explique la liberación de más de mil presos del sistema penitenciario estatal en un periodo de enero a la fecha.

Diputados locales analizan citar a comparecer al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, para que informe al Congreso del estado sobre los resultados de su trabajo durante el último mes.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, dijo que en las últimas semanas no se le ha visto al fiscal general, ni tampoco se ha conocido sobre su trabajo, tras la conclusión de la administración estatal que encabezó Graco Ramírez.
Además, consideró que Carmona Gándara también debe explicar sobre la liberación de más de mil presos del sistema penitenciario estatal, en un periodo de enero a la fecha, como integrante del gabinete de seguridad y justicia en el gobierno anterior.
Rodríguez Ruiz dijo que propondrá en la próxima sesión de la Junta Política y de Gobierno, se cite a rendir cuentas a Uriel Carmona Gándara, para que con el resto de los coordinadores de los grupos parlamentarios acuerden la fecha del encuentro. 
Por su lado José Casas González, diputado del Partido del Trabajo, señaló que también buscarán una reunión con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Verónica Cuevas López, y proporcione información respecto a los motivos y fundamentos por los que se liberaron a más de mil presos.
Dijo que como Congreso del estado cuentan con información respecto a la liberación de los procesados y detalló que se trata de 180 liberaciones por compurgamiento, 350 por detención ilegal, 140 por libertad condicionada y 350 con medidas cautelares.

Inició la segunda semana de la gira de trabajo y acercamiento con la gente.

Devolver la seguridad y la tranquilidad a Morelos es la principal tarea de este gobierno, y no vamos a parar hasta tener paz, aseguró el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo al iniciar la segunda semana de la gira de trabajo y acercamiento que mantiene por todo el estado.
Los hechos de violencia registrados las últimas semanas en la entidad, son resultado de la liberación de integrantes de grupos delictivos, los cual ocurrió previo a que concluyera la pasada administración.
Se va aplicar la ley, los responsables de que esos delincuentes estén libres deben enfrentar la justicia. "No me va a temblar la mano", indicó el Gobernador.
Así también anunció que se van teniendo avances en el proceso de hacer justicia y se iniciarán seis juicios en contra del ex gobernador, Graco Ramírez, por actos presuntamente constitutivos de delito.
Blanco Bravo arrancó el recorrido en el municipio de Xochitepec, donde señaló que su gobierno atiende los problemas de seguridad pública, salud, educación, desarrollo económico y otros, que heredó el gobierno anterior.
"Esta administración no espera a que ustedes vayan a buscarnos, nosotros salimos a buscar a nuestra gente para escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones", mencionó Cuauhtémoc Blanco.
En la gira de trabajo y acercamiento con la gente, el Gobernador es acompañado de su esposa y presidenta del Sistema DIF Morelos, Natalia Rezende Moreira; el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera y los titulares de las secretarías de despacho.
De Xochitepec, el mandatario estatal y su equipo de trabajo se trasladaron a los municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec, donde reiteró que su administración tiene las puertas abiertas y trabaja con todos los municipios por igual, sin ningún distingo generado por razones de partidos políticos.
Blanco Bravo subrayó que el representa a un gobierno de gente honesta, cuya prioridad es atender a la gente de cerca y no fallarle, así como trabajar de manera coordinada los tres niveles de gobierno.
"Aquí no hay municipios con prioridad, aquí todos somos iguales, ya se terminaron las campañas y ahora trabajamos juntos para sacar a Morelos adelante", afirmó.
Cuauhtémoc Blanco recibió el respaldo de los presidentes municipales de Xochitepec, Alberto Sánchez Ortega; Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma y el edil electo de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, quienes asumieron el compromiso de trabajar en coordinación por el bien de todos los morelenses.
Al final, recordó que el problema de inseguridad que se vive en Morelos se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo, por lo que el compromiso de gobierno actual es firme, devolver la paz y la sonrisa a las familias.
La gira concluyó en el municipio de Jiutepec; con lo que suman 12  municipios visitados, escuchando de primera mano a los ciudadanos, quienes se acercan a saludar al Gobernador y a entregarle sus principales demandas.

Alberto Capella dejó una crisis de equipamiento.

Diputados locales manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia en el estado. Sin embargo, señalaron como principal responsable al gobierno que encabezó Graco Ramírez. 
El diputado Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, afirmó que el excomisionado de seguridad, Alberto Capella Ibarra, mantiene a policías infiltrados en la dependencia estatal para desestabilizar al estado y señalar como único responsable de la violencia al actual gobierno.
El legislador local aseveró que además de la sospechosa liberación de más de mil presos del sistema penitenciario en Morelos de enero a septiembre de este año, también se detectó que está por vencer la licencia que permite operar a las cámaras de videovigilancia en todo Morelos, y las torres denominadas "nidos de águila" no funcionan, como parte de la crisis que en equipamiento dejó Capella Ibarra.
Por su lado, el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, sostuvo que el Congreso del estado pedirá al Poder Judicial una explicación de la liberación de más de mil presos, en un periodo de ocho meses, que pudiera ser la causa de la crisis de violencia en el estado.
En tanto, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, hizo un llamado al gobierno estatal a atender el problema de la seguridad, a pesar de la crisis que heredó la pasada administración estatal.
Refirió que el problema es grave y preocupante, por lo que debe atenderse lo antes posible, para lo que manifestó la disposición del Congreso para trabajar en coordinación.

El gobierno del estado presentó 17 expedientes ante la Fiscalía Anticorrupción; no se darán nombres “para cuidar el debido proceso”.

El hombre que recibió las denuncias fue impuesto por Graco Ramírez, de quien fue funcionario.

El gobierno del estado presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 17 denuncias por hechos que podrían constituir ilícitos cometidos por ex servidores públicos de la administración pasada, por el manejo de recursos en obras públicas que sumarían más de mil 640 millones de pesos.

La semana pasada se inició un proceso igual relativo a los Servicios de Salud de Morelos, pero podrían sumarse más en los próximos días, adelantó el jefe de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera.

Este lunes acudieron a las instalaciones de la Fiscalía los representantes del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo: Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura; el consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado, y el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez-Valdés, quienes entregaron 17 expedientes relacionados con varias obras que contienen indicios de posibles delitos. Estimaron que las posibles anomalías podrían sumar mil 648 millones de pesos.

Ante el fiscal Juan Salazar Núñez, Sanz Rivera señaló que las denuncias están relacionadas con obras públicas “contra ex funcionarios”, y es sólo el comienzo de lo que habrá de suceder en este gobierno, ya que continúan las auditorías y revisiones en las diferentes áreas y cada semana se abrirán más casos. Adelantó que la consejería jurídica ya trabaja en alrededor de 27 expedientes que se darán a conocer en su momento oportuno.

“No es que sea el compromiso que se hizo, porque nos habría encantado que no fuera necesario. Habríamos deseado tener un gobierno de Morelos anterior transparente. Pero como estamos viendo las cosas y, como ustedes lo han sabido, habrán de salir muchísimo más, porque hay muchas situaciones preocupantes, como el hecho de que el Congreso del estado no tiene ni archivo y en el tema de seguridad, otros temas”, abundó Sanz Rivera.

Samuel Sotelo explicó que se entregaron 17 denuncias para determinar quienes pudieron haber tenido participación en los hechos, y consideró que están debidamente sustentadas. Posteriormente se presentarán más expedientes por hechos relacionados con quienes han sido servidores públicos.

Las conductas deberán ser tipificadas o encuadradas por el ministerio público como delitos, entre los cuales comentaron “ejercicio indebido de la función pública”, “cohecho”, entre otros.

El fiscal anticorrupción –quien en su momento fue señalado por ser “cercano” e “impuesto” por el entonces gobernador Graco Ramírez-, aseguró que se actuará en apego a derecho. Dijo que en la integración de las carpetas de investigación participarán los abogados que designe el Ejecutivo en calidad de víctima, en condiciones de igualdad a la defensa de los posibles imputados. Dejó en claro que ambas partes tendrán acceso a las diligencias y expedientes como lo señala la norma.

Exhortó a los medios de comunicación a que sean vigilantes, pero dejó ver que se mantendrá hermetismo respecto a los procesos, al exponer la petición de que se le permita hacer su trabajo en los términos que la ley lo indica, “cuidando el debido proceso”, reservando identidades y demás datos o detalles. “La única forma de dar a conocer es una vez judicializado y en audiencia pública cuando se puede dar a conocer los nombres de los imputados y algunos otros detalles”, subrayó.  

Aseguró que el consejero jurídico tendrá total transparencia y actuarán para llegar a la verdad y, de ser procedente, llevar los casos ante las instancias legales pertinentes.

Sanz Rivera comentó que se deberá guardar la confidencialidad, “porque si mencionamos nombres y más datos, mañana saldrán algunos de los responsables amparados”.

Sostuvo que la ciudadanía debe saber que el actual gobierno cumplirá lo que marca la ley. “Nos damos cuenta día a día de las cosas que han ocurrido en el gobierno de Graco Ramírez… estamos hablando de cosas graves, no sólo administrativas, sino también sociales, como este clima de inseguridad que vivimos y que nos dejaron sembrado en el gobierno anterior. Las cuestiones administrativas serán analizadas secretaría por secretaría, porque no se pueden imaginar todo lo que hay. Tenemos que sustentarlo para que el fiscal haga su trabajo y que haya justicia”.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura reiteró que el estado se encuentra “en situación de quiebra financiera”, en condiciones graves de inseguridad y otras condiciones propiciadas por el anterior gobierno del estado. “Es increíble que en este momento haya situaciones, como mensajes de Whats App de Elena Cepeda a los empleados del DIF diciéndoles: a ver si soy tu amiga y a ver si me comunicas cosas, es algo increíble. Ustedes no saben lo que se vive dentro del gobierno del estado, que quieran crear una inestabilidad total en el estado y no lo vamos a permitir, tenemos la fuerza, la voluntad de trabajo, aunque sea 24 horas… para hacer justicia y los ciudadanos se sientan y comprendan que en este gobierno habrá justicia de principio a fin”.

Cuestiona la conducta de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

La administración de Graco Ramírez dejó en libertad, en tan sólo nueve meses, a mil 20 personas que estaban recluidas en cárceles, denunció el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien manifestó que esa decisión tuvo como fin desestabilizar a su gobierno y sería un factor en la situación de inseguridad que enfrenta la entidad.

Este lunes el mandatario reanudó su gira de agradecimiento y de trabajo por el estado, con visitas a los municipios de Xochitepec, Emiliano Zapata y Jiutepec, donde dio especial énfasis al compromiso de trabajar de manera conjunta con todos los ayuntamientos y los diferentes niveles en el rubro de seguridad.

En entrevista, el titular del Ejecutivo dijo que descubrieron que de enero a septiembre fueron liberados mil 20 internos de diferentes cárceles, lo cual no tiene precedente en Morelos ni en otra entidad.

Expuso que para la actual administración, esa decisión tiene relación con la inseguridad que se enfrenta hoy cada día en el estado. Dijo que se analizará cada expediente y, de identificar que hay irregularidades, buscarán echar atrás la preliberación o excarcelación de esas personas, porque entre ellas “hay algunos criminales… Vamos a investigar a fondo porque no se vale, si fueron jueces o magistrados vamos a actuar porque no se vale. Morelos necesita tranquilidad, paz, seguridad”.

Cuestionado sobre el papel de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas, dijo que se debe hacer una investigación a fondo. "Sé que es muy allegada al exgobernador, pues fue quien me inició el juicio político cuando estaba el anterior gobernador y primero Dios que se ponga a trabajar por Morelos. Como te digo, vamos a investigar y vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias".

Blanco Bravo hizo notar que se cuenta con el apoyo de la zona militar y de la Policía Federal y se trabaja en una estrategia. Recordó que Morelos no cuenta con suficientes policías y ya se trabaja en contrataciones, pero explicó que por esa misma situación no ha sido posible dejar a los municipios solos y echar atrás el Mando Único, pues no hay suficientes recursos humanos.

Insistió en que se han hecho esfuerzos importantes para atraer el turismo y reactivar la economía, pero para atraer inversiones y a los visitantes se necesita atender el tema de la seguridad.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, manifestó que se deberá revisar expediente por expediente de cada una de las personas que fueron sacadas de la cárcel en tan poco tiempo. Explicó que este dato se obtuvo de un análisis que hizo la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

“Es una situación que tenemos que analizar junto con el Poder Judicial para determinar si esta gente cumplió con sus condenas o por qué las dejaron en libertad. Creo que es parte de una situación para desestabilizar el estado cuando entrara el gobernador Cuauhtémoc. Por si fuera poco, la situación financiera que nos dejaron, nos dejan un clima de inseguridad total en el estado; además, el archivo del gobierno del estado nos lo dejaron todo tirado, prácticamente no existe”, externó.

Informó que se va a estudiar a fondo por qué delito habían sido encarceladas, si forman o formaban parte de grupos delictivos, y si cumplieron con la norma de reinserción social.

Dejó en claro que no se puede “poner a la gente en la calle sin haber trabajado y cumplido con la reinserción con la sociedad y se les debería dar seguimiento, porque si se puso a esta gente libre antes de lo debido, vamos a buscar que se rindan cuentas claras… Llama mucho la atención que haya sido justo nueve meses antes de que acabara el gobierno y que sean tantas personas”.

Apuntó que resulta sospechoso este acto porque han recibido cartas y peticiones de madres y familiares de algunos presos que piden libertad anticipada por delitos menores y no se les otorgó en su momento.

Sanz Rivera también aseguró que desde la noche de ayer se reuniría con integrantes del gabinete de seguridad, con mandos del Ejército y de la Policía Federal para tomar decisiones y plantear una reacción inmediata ante la violencia que se ha observado recientemente.

"No me va a temblar la mano", indicó el gobernador, al anunciar que se van teniendo avances en el proceso de hacer justicia y se iniciarán seis juicios en contra del exgobernador Graco Ramírez, por actos presuntamente constitutivos de delito.
Blanco Bravo arrancó el recorrido en el municipio de Xochitepec, donde señaló que su gobierno atiende los problemas de seguridad pública, salud, educación, desarrollo económico y otros que heredó el gobierno anterior.
"Esta administración no espera a que ustedes vayan a buscarnos, nosotros salimos a buscar a nuestra gente para escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones", mencionó Cuauhtémoc Blanco.
En la gira de trabajo y acercamiento con la gente, el gobernador estuvo acompañado de su esposa y presidenta del Sistema DIF Morelos, Natalia Rezende Moreira; el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, y los titulares de las secretarías de despacho.
De Xochitepec, el mandatario estatal y su equipo de trabajo se trasladaron a los municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec, en donde reiteró que su administración tiene las puertas abiertas y trabaja con todos los municipios por igual, sin ningún distingo generado por razones de partidos políticos.

En amañada licitación, fueron favorecidas empresas foráneas con malos antecedentes

En cambio, las locales fueron eliminadas por no tener un buzón de quejas o escribir con abreviaturas.

A finales del sexenio anterior, la Secretaría de Movilidad y Transporte repartió más de cinco mil permisos con fines electorales, afirma el líder de taxistas.

La venta indiscriminada de permisos durante el sexenio agudizó la sobresaturación del servicio y el pirataje, señala.

“Los niveles de corrupción con los que se manejaron extitulares de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el sexenio anterior hacen que todavía en la mayoría de los rincones de esa dependencia apeste”, señaló Víctor Mata Alarcón, miembro de la Coalición de Representantes de Transportistas de Morelos.

Para comenzar, abundó, son más de cinco mil los permisos o supuestas concesiones que a finales del sexenio se comprometieron con algunas agrupaciones, a fin de sacar ventajas electorales, pero que jamás fueron regularizados y se dejaron como herencia.

Al respecto, aclaró: “Nosotros no tenemos ningún inconveniente en el sentido de que la SMyT intensifique los operativos para ubicar a todas esas unidades irregulares y, conforme a los antecedentes, sacarlas de circulación o llegar a alguna definición, pero a decir verdad, ya se le tiene que dar vuelta a esa hoja”.

Reconoció que esos autos suelen ser utilizados por maleantes para delinquir y dijo que “pudimos darnos cuenta con un supuesto taxi en el que viajaban ladrones que despojaron a unas mujeres de sus bolsos por el rumbo de Acatlipa, en Temixco, y, como ese, se han dado un sinnúmero de casos”.

“Insistimos, hay muchos olores nauseabundos en torno a la dependencia y esperamos que el secretario en turno, Víctor Mercado Salgado, quien tiene mucha experiencia en el ramo, logre desarrollar un trabajo distinto y así regresarle la legalidad al sistema estatal del transporte en todo el estado, porque la anarquía alcanza todos los rumbos de la entidad”.

Mata Alarcón agregó que en el servicio de transporte sin itinerario fijo hay una sobreoferta, consecuencia de la venta indiscriminada de concesiones y del uso faccioso de facultades para hacer negocio por parte de quienes han pasado por la secretaría en referencia.

Desde la administración de Antonio Riva Palacio, destacó, se hizo del tema un negocio, “pero con el exgobernador Graco Ramírez esto llegó a su máxima perversión, porque fue literalmente, no la caja chica, sino la caja grande, desde donde se obtuvo mucho dinero, sobre todo para asuntos político-electorales, aunque al final miles de interesados fueron engañados porque las promesas no se cumplieron”.

Pero consideró que se trata de decisiones institucionales, no personales, por eso se deberán aplicar las acciones que correspondan para poder combatir los vicios e irregularidades que son causa de conflicto al interior de las organizaciones del ramo.

La presidenta del Congreso dice que es complicado verificar los expedientes.

El Congreso del estado aún no tiene avances de la investigación que inició para anular las "pensiones doradas" aprobadas a favor de exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez y que autorizaron los exdiputados de la LIII Legislatura, afirmó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Mientras los ex funcionarios beneficiados intentan ampararse ante la justicia para no perder sus pensiones onerosas, cuya legalidad ha sido cuestionada por presuntamente haber entregar documentos falsos para cumplir con los requisitos que marca la Ley del Servicio Civil, la también presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social dijo que se solicitó apoyo de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal para revisar los expedientes.

Afirmó que el caso no se ha olvidado por parte de la LIV Legislatura pero sostuvo que la revisión de cerca de 10 expedientes que se encuentran dentro de la investigación es complicada. 

"Estamos trabajando para dar una solución rápida y general sobre el tema de las jubilaciones... no es fácil, checas expedientes, checas constancias, tienes que ir a los municipios, no es fácil", reiteró.

La diputada del Partido del Trabajo (PT) manifestó que el amparo que promovió el ex secretario de Finanzas Jorge Michel Luna contra actos del Congreso del estado no afectará en las investigaciones que inició el Poder Legislativo con apoyo del gobierno estatal.

Rodríguez Ruiz garantizó que ningún ex funcionario de la administración de Graco Ramírez ha cobrado su "Pensión dorada", pues se encuentran congeladas en tanto concluye la citada investigación.

Además del ex secretario de Finanzas, otros funcionarios que se beneficiaron con su pensión son:  Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); Francisco Velázquez Adán, del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm); Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del ex diputado perredista Francisco Navarrete Conde; y Stephanie Guzón André. 

Evitaría el paso por Cuernavaca; la SCT se encargará de retirar las barreras del Paso Exprés.

Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del gobierno del estado acordaron que el próximo lunes estará listo el dictamen técnico del proyecto que contempla el retiro de las barreras en el llamado "paso exprés". Además, se busca reactivar el plan de construcción del libramiento norponiente.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Obras Públicas estatal, Fidel Giménez Valdés, quien apuntó que en la reciente reunión con funcionarios de la SCT también se abordó el tema de transferencia de operación del tramo ya citado a la entidad.

Al respecto, apuntó que durante el encuentro celebrado el pasado martes, las autoridades también se comprometieron a que será la propia SCT la que retire los llamados muros laterales en carriles confinados y en las zonas donde se proyecta abrir vías de incorporación, tal y como lo contempla el plan estatal.

El secretario de Obras Públicas indicó que para el retiro de vallas no hay fecha de inicio porque se tiene que cubrir el requisito del estudio técnico, pero comentó que ya es prácticamente un hecho.

Reiteró que cuando se logre la transferencia de ese tramo al gobierno del estado por parte de Caminos y Puentes Federales y por Banobras, se trabajará en el plan de creación de un bulevar. Dijo que en esa reunión se enteró de que el objetivo del gobierno pasado de construir las barreras era poner en marcha un proyecto de interés económico relacionado con transporte, y no agilizar la circulación como se dijo en su momento.

Giménez Valdés anotó que de igual manera, se dialogó sobre la reactivación del libramiento norponiente, "que fue enlatado por un capricho del ex gobernador Graco Ramírez".

Mencionó que se trata de una mega obra de 42 kilómetros de longitud y que tiene como fin desahogar el tránsito de largo itinerario que viene desde la Ciudad de México y que va hacia Guerrero y al sur de Morelos, sin tener que pasar por Cuernavaca.

Apuntó que ese proyecto ya está terminado, tiene el cien por ciento de realización del proyecto y el 80% de liberación de los derechos de vía.

El libramiento podría estar sujeto a concesión por el monto elevado de inversión; además, destacó que ese libramiento podría ser un ramal hacia el aeropuerto Mariano Matamoros que se ha convertido en una alternativa real al de la Ciudad de México y al de Toluca.

Comentó que el costo de una vía de comunicación de cuatro carriles como la que se proyectó es de alrededor de 100 millones de pesos por kilómetro, es decir que el monto aproximado sería de 4 mil 300 millones de pesos e incluye dos obras importantes que son túneles, en el área cercana al campus Chamilpa de la universidad del estado para no impactar la zona estatal ambiental que tiene bosque.

En la zona de Cuentepec, Tetlama hacia Xochicalco, el derecho de vía ya está liberado.

“Es una obra que va a detonar la economía, va a generar empleos directos e indirectos y a futuro va a generar acceso rápido al aeropuerto, a la autopista del Sol y destinos como Xochicalco”, expresó al apuntar que el libramiento –en el proyecto-, comienza en el poblado de Chamilpa a la altura de la universidad, antes de la curva donde existen anuncios espectaculares; pasa por Santa María, por Tetela del Monte, Tetlama, Cuentepec y Xochicalco hasta el aeropuerto.

Afirmó que el proyecto estaba en cartera desde hace diez años y el objetivo es reactivarlo y concretarlo, con la idea de lanzarlo inicialmente en el año 2019.

El gobierno anterior también tenía 400 “aviadores” en la nómina de Unidos por Morelos y aumentó el gasto corriente en tiempo electoral.

Durante el gobierno estatal que encabezó Graco Ramírez, se habrían desviado 500 millones de pesos para la campaña del ex candidato a la gubernatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rodrigo Gayosso Cepeda. 

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, afirmó que existen documentos que comprueban dicho desvío de recursos, además del registro de 400 "aviadores" del Fondo "Unidos por Morelos" que nunca trabajaron por la reconstrucción del estado, tras el sismo del 19 de septiembre, pero prestaron sus credenciales de elector sin ninguna justificación.

Además, se detectó un incremento del gasto corriente de dos mil 500 millones de pesos a tres mil 500 millones, que coincidió con el proceso electoral del 2015.

Informó que dicha información fue presentada al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y en los próximos días serán elementos para sustentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Zapotitla Becerro adelantó que el Congreso del estado tiene proyectado aumentar el presupuesto de la Comisión Estatal de Seguridad, a solicitud de su titular José Antonio Ortiz Guarneros, a fin de impulsar una auditoría especial a la dependencia estatal por irregularidades cometidas en la administración pasada, como el haber informado de la contratación de cinco mil policías y sólo contar con mil 600 elementos.

El legislador de Morena sostuvo que no confían en el fiscal general Uriel Carmona Gándara, para el desahogo de las denuncias que se promoverán en contra de ex autoridades estatales, por lo que insistió en que buscan su remoción, a pesar que se amparó para que el Congreso no reformara la Ley Orgánica de la Fiscalía que le otorga beneficios como una pensión vitalicia. 

El exgobernador y su comisionado de seguridad afirmaban que eran miles los uniformados en funciones; investiga la CES la existencia de cada elemento reportado.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, José Ortiz Guarneros, informó que se lleva a cabo un proceso de cotejo de la nómina para identificar a cada elemento, puesto que el número de policías en realidad es mucho menor al que reportó el gobierno anterior.
Mencionó que el “estado de fuerza” (la totalidad de los elementos) que se tiene actualmente es de alrededor de mil 600 efectivos y no los más de cinco mil que en su momento declararon el ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y las autoridades de seguridad pasadas.
Explicó que se ha mandado llamar a los policías de cada municipio desde esta semana, para que cada uno de ellos se identifique con su credencial de elector; de hecho, los uniformados de Zacatepec fueron convocados en las instalaciones del Centro de Control conocido como C5 desde ayer martes.

El comisionado indicó que la cifra que reportó la pasada gestión es falsa y consideró que quizá se incluyó a personal de urgencias médicas, de tránsito, de protección civil y otras áreas, pero el estado de fuerza es de apenas mil 600 efectivos.

Anunció que abrirán un proceso de contratación de policías; por el momento se tienen 60 espacios para la Policía del estado y 80 para la bancaria.

Adelantó que para mediados de noviembre se espera la llegada de integrantes de las fuerzas federales, aunque no precisó la cantidad, y se analiza bajo qué esquema estarán apoyando los trabajos de seguridad.

Recordó que desde el primer día de la administración se cuenta con la coordinación y apoyo del gobierno federal.

De igual manera Ortiz Guarneros informó en entrevista en el palacio de gobierno ayer martes, que se pondrá en práctica una estrategia de rotación de mandos en todos los municipios.

Además, se redistribuirá a los policías para cubrir las zonas donde había menor presencia, como en el caso del municipio de Huitzilac.

El comisionado rechazó que se trate de un pretexto, puesto que han comenzado a dar algunos resultados y el propósito es revisar detalladamente las condiciones en las que se encuentra la entidad, para diseñar y poner en práctica las estrategias que el estado requiere en este rubro.

No es posible que Morelos tenga problemas tan grandes, afirma.

Cuautla.- Luego de precisar que el gobierno anterior que encabezó Graco Ramírez dejó varias lagunas en todos los sectores de la población, Gilberto Alcalá Pineda, secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, señaló que hablar del mal trabajo de la anterior administración no tiene mucho caso, pero sí lo tiene observar los errores cometidos para buscar la manera de salir adelante en beneficio de los morelenses. 
Además refirió que es fundamental cambiar las mentalidades a través del trabajo y acciones que se comienzan a implementar desde la actual administración, pues señaló que "no es posible que Morelos siendo un estado tan pequeño, tenga problemas tan grandes", por lo que subrayó que se estará trabajando en todos los ámbitos para mejorar los servicios y condiciones de vida de los morelenses. 
Asimismo, dijo que visitará cada uno de los municipios con el propósito de conocer las necesidades de los morelenses a fin de comunicárselas al gobernador, para que de manera inmediata sean atendidas.

Señaló que el respeto e inclusión de toda la ciudadanía es fundamental, por lo que el fomento de los valores es uno de los principales ejes rectores de este nuevo gobierno.
Finalmente, dijo que en torno al posible paso de la caravana de migrantes centroamericanos por el estado de Morelos, se están analizando las posibilidades de apoyarlos durante su trayecto hacia la frontera norte del país.

La Barra de Abogados exige la revocación de las designaciones y convocar a un nuevo concurso de oposición.

Organizaciones de abogados protestaron por la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos días la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María de Carmen Cuevas López, no sólo porque no fueron sometidos a un concurso de oposición sino porque los nuevos juzgadores son familiares o allegados de varios magistrados, y se discriminó a litigantes y personas con carrera judicial.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, señaló que la designación evidenció el nepotismo y el amiguismo que prevalece en el TSJ, lo cual explica porque hay jueces con capacidades cuestionables y que haya rezago en la administración de justicia.

Consideró no sólo inmoral sino discriminatoria la designación, pues se excluyó de la oportunidad de ocupar alguna de esas plazas a personal del TSJ con una larga trayectoria judicial y a los litigantes que tienen experiencia, trayectoria académica y capacidad para impartir justicia.

También recordó que el año pasado se anuló una convocatoria y luego se emitió una nueva, que quedó trunca, para concursar 13 plazas de jueces de primera instancia y menores, en las que se gastó más de 600 mil pesos que fueron triangulados entre Carmen Cuevas López, el otrora titular del Secretariado Estatal de Seguridad, Omar de Lassé Cañas; y su hermano Orlando, del Instituto Nacional de Administración Pública, organismo que “calificó” parte de las evaluaciones aplicadas a los aspirantes.

Velasco Alcocer exigió la revocación de las designaciones y convocar a un nuevo concurso de oposición, para que el personal del TSJ y litigantes puedan competir en igualdad de condiciones.

Dijo que, probablemente, algunos de los que fueron nombrados jueces tienen la capacidad y el conocimiento para ejercer la función jurisdiccional, sin embargo, el nepotismo y compradrazgo, al que deben su nombramiento, pone en duda su reputación.

Insistió en que la forma de darle confiabilidad a las designaciones es necesariamente a través de un nuevo concurso de oposición, que permita en plazos razonables cubrir los requisitos para registrarse como aspirantes y ser evaluados.

Agregó que en caso de que la postura de la Barra de Abogados sea ignorada por el TSJ, se recurriera a las vías legales.

También el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, criticó los nombramientos de los ocho jueces, por estar basados en nepotismo y simpatías de la presidenta del TSJ.

Un ejemplo, señaló, es el nombramiento como juez de primera instancia de Manuel Jiménez Aquino, hijo de la actual magistrada y ex colaboradora de Graco Ramírez, Carmen Aquino Celis.  

“Gran parte de los jueces que designó, tienen relación o tienen familiaridad con magistrados de su grupo como es el licenciado Aquino, que es justamente hijo de la magistrada Aquino, cuando existen diferentes perfiles”.

“A mí me gustaría saber qué se tomó en cuenta para designar a estos jueces, porque existen secretarios de acuerdos que tienen 28 o 30 años de carrera y han estado a la espera de que se les pueda dar la oportunidad. Y, por supuesto, como no son hijos de ninguna magistrada o no tienen relación con ningún político encumbrado, entonces no pueden ser tomados en cuenta”, recalcó.

Al igual que su homólogo de la Barra de Abogados, cuestionó por qué no fue concluido el proceso para la asignación de plazas de jueces convocado el año pasado, o por qué no fue convocado un nuevo concurso de oposición, e insistió en esto es una muestra de cómo prevalecen los intereses de grupo y corrupción en el TSJ.

Hasta el momento, el TSJ no ha fijado una postura sobre las inconformidades e inquietudes que surgieron y, de acuerdo con fuentes consultadas, hay un acuerdo entre magistrados para ignorar el tema y dejar que al paso de los días se olvide, al menos en los medios de comunicación.

Desde agosto no aportó la parte que le correspondía al estado en programas bipartitas para el desarrollo de proyectos.

Ante el riesgo de que se perdieran fondos federales porque la administración pasada no aportó la parte que le correspondía, la actual administración decidió destinar alrededor de diez millones de pesos para el campo, con lo que se recuperarán más de 40 millones de pesos.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Guillermo López Ruvalcaba, comentó que hasta ahora muchos de los programas para este sector operan de manera bipartita, pero el exgobernador no entregó los recursos que le correspondían en varios de ellos y se perderían si no son rescatados en este mismo mes.

Explicó que en este momento se busca recuperar los recursos de Apoyos para Concurrencia, que son usados para apoyar proyectos tales como construcciones de pequeños invernaderos, para infraestructura en ganadería, mejoramiento de establos, apoyar a viveristas con equipamiento como bombeo, entre otros.

“De hecho, Graco Ramírez anunció en agosto pasado que se retiraba y retiraba los recursos. Nosotros, por instrucción del gobernador, Cuauhtémoc (Blanco), estamos haciendo todo lo necesario para rescatar ese recurso disponible”, expresó al destacar que el Ejecutivo local actual decidió destinar los diez millones de pesos que se requieren para obtener aproximadamente 43 millones de pesos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Dijo que hay cerca de dos mil solicitudes de diversos productores –tanto ganaderos, como viveristas, agricultores de aguacate, entre otros– que se van a revisar en estos meses, una vez que se logre desahogar el proceso administrativo.

Explicó que el dinero entraría en un fideicomiso entre enero y marzo y se tiene que recuperar en este mes, aunque sería factible ejecutarlos y justificar su aplicación ante la Federación en los primeros meses de 2019.

Activista demanda acciones urgentes para abatir los feminicidios y la desaparición de mujeres.

La representante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en Morelos, Susana Díaz Pineda, demandó ayer jueves que se tomen acciones urgentes para abatir los feminicidios y lamentó la ratificación de la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), Flor Dessiré León Hernández.

La activista dijo que en su momento se reunieron con los legisladores actuales, a quienes les expusieron la situación que guarda el estado en el tema de la violencia feminicida y de desaparición de personas, y mostraron la inactividad del IMEM sobre el tema, en especial porque la directora actual es también la responsable de dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género.

En conferencia de prensa, Díaz Pineda expuso que para la organización es ilógico que sea la misma funcionaria quien ocupa ambas responsabilidades. “Lo que nosotros cuestionamos es que da la casualidad, ella es la titular de la secretaría técnica de la AVG, entonces ¿cómo va a ser juez y parte…? y encima ¿a quién le va a rendir cuentas esta mujer?”

Díaz Pineda sostuvo que la referida funcionaria, designada en ese cargo en el sexenio del exgobernador Graco Ramírez, nunca levantó la voz por los asesinatos de mujeres.

Expuso que de acuerdo con el recuento que ha hecho la organización social, en lo que va de este año suman ya 62 feminicidios, y desde el primero de octubre seis casos y 21 mujeres desaparecidas.

De tal manera que son temas que deben ser atendidos de manera urgente, tal y como lo prometió el titular del Ejecutivo. “Pero con ella ahí, no creemos que lo vaya a hacer… Nos quieren engañar las diputadas diciendo que el juez federal lo ordenó, pero sabemos que eso no es cierto… Cuando le llevamos a las diputadas el documento en el que expusimos la situación, había 53 feminicidios, y entre que ella hace berrinche, se enoja y dice que no hay titular del instituto y saca a las mujeres del instituto a hacer manifestaciones, se registraron nueve feminicidios más”.

Apuntó que uno de los compromisos era que no se permitirían las designaciones unilaterales de funcionarios hechas en la pasada legislatura, pero en este caso no sólo se sostiene a la funcionaria, sino que habrá de permanecer por tres años más.

También dejó en la nómina a familiares de  funcionarios.

El titular de la Secretaría de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, reveló que al continuar con el proceso de recepción por el cambio de administración, se encontró nepotismo en los Servicios de Salud; cuando menos se ha identificado a diez familiares de funcionarios, quienes estaban en la nómina oficial, la cual continuará bajo revisión.

En entrevista, aseguró que todavía continúa el proceso de análisis sobre las condiciones en las que se encuentra la dependencia y por lo tanto han salido varios datos de presuntas irregularidades.

Afirmó que en los Servicios de Salud se observó que había cuando menos diez personas que eran familiares o parientes de quienes ocupaban puestos administrativos y que no cumplían el perfil para el puesto que supuestamente debían desempeñar: “trabajar es una palabra muy grande, hemos detectado que había personas que estaban incrustadas, había una red de personas mezcladas consanguíneamente, algunas de ellas estaban físicamente, otras en nómina… no puedo adelantar nombres porque sería afectar el proceso legal, pero hay de todo, al interior de los Servicios de Salud y ahí es donde estamos rascando más, la próxima semana tendremos más datos”. Puntualizó que ya se depuró, es decir que esas personas ya fueron separadas de la institución.

El secretario comentó que otro de los asuntos que están analizando, es el de obras inconclusas tales como la construcción del hospital de Axochiapan, en donde observan que no hay equipamiento, sólo está “el cascarón”, no obstante que estaba contemplado en el contrato. Apuntó que la obra no había sido entregada a la Secretaría de Salud, por lo que este trabajo se lleva a cabo de manera conjunta con la Secretaría de Obras, “y en teoría debía estar completamente terminado, la asignación presupuestal es federal, por eso nos preocupa que no esté completa”.

El secretario de salud se reunió este miércoles con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial.

En el encuentro Cantú Cuevas comentó que se debe hacer un diagnóstico situacional para conocer la incidencia e impacto de algunas afecciones, como la insuficiencia renal y como esas enfermedades en términos de Salud Pública impacta en el rubro presupuestal.

Indicó que se hará un censo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para avanzar en la estrategia, en particular en la prevención, pues es una de las enfermedades en aumento y cuyo costo es igualmente creciente.

Los empresarios plantearon al secretario, y a su equipo de trabajo, el trabajar de manera conjunta en temas tales como la prevención y aplicación de la legislación que prohíbe el consumo de tabaco en establecimientos, además de operativos de verificación de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos (Coprisem).

Por su parte, Cantú Cuevas dejó en claro que no se puede suspender la verificación de no consumo de tabaco en sitios públicos, ya que se trata de una ley y por lo tanto es aplicable mientras esté vigente, además subrayó que su obligación es ver por la salud de la población.

De igual forma, se comprometió a realizar campañas de prevención y sensibilización dirigidas a clientes de restaurantes, discotecas, bares y hoteles, entre otros, en torno al daño que provoca el tabaco.

En el mismo encuentro, estuvo presente Héctor Barón Olivares, director general de Servicios de Salud de Morelos (SSM); y Francisco Osuna Sánchez, titular de la Coprisem; Cantú Cuevas manifestó a los empresarios la intención de la actual administración de brindarles el acompañamiento y apoyo necesario desde las diferentes secretarías.
Detalló que en la Secretaría de Salud será la Coprisem un pilar donde muchos de los miembros del Consejo encontrarán sostén y orientación respecto a las supervisiones y normatividad, ya que resaltó la importancia de hacer cumplir con las leyes de manera justa.
“Probablemente en las pasadas administraciones el apoyo haya sido mínimo o nulo, incluso me han comentado respecto a persecuciones hacia diversos tipos de negocios. Hoy les digo que nuestra labor es vigilar que se cumpla la normatividad que dicta la ley, por lo anterior solicité al doctor Francisco Osuna que, sin dejar de ser la mano rectora, evite convertir a la Coprisem en un organismo inquisidor”, añadió.
 

Reportó el gasto de diez millones para un corral que no se realizó.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario detectó irregularidades en la aplicación de recursos para la obra de construcción del Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) en Miacatlán, pues durante la pasada administración se reportó la erogación de 10 millones de pesos para un corral que no existe, por lo que se prepara la presentación de denuncias de tipo administrativo y penal.

El titular de la dependencia Guillermo López Ruvalcaba denunció que durante la revisión que se realiza en la dependencia, se ha encontrado diversas anomalías, entre ellas destacó dicho proyecto.

Se consideró un monto total de inversión de obra por 58 millones de pesos y de esos 10 millones se tuvieron que reinvertir por la mala construcción, en la documentación se encontró además que se erogaron 10 millones de pesos para la creación de corraletas en un predio ubicado a un lado del propio rastro.

“Hay un olor a corrupción y no lo vamos a permitir. Vamos a presentar las denuncias correspondientes porque no hemos terminado la revisión y ya encontramos varios asuntos”, expresó el funcionario al destacar que el ex gobernador Graco Ramírez “presumía que estaba ayudando al campo y se abandonó”.

Comentó que en la investigación, se habrá de tomar en cuenta tanto posibles actos de corrupción de funcionarios, así como de las empresas que en su momento habrían participado.

Enfatizó que el referido rastro se proyectó y se edificó durante varios años, pero resulta que al momento no opera y el dinero de los corrales se pagó, a pesar de que la obra la realizó la Secretaría de Obras Públicas.

Desde el punto de vista del secretario, fue un error poner ese rastro en ese predio, porque lo ideal sería rastros más pequeños en una zona pertinente: “En Morelos sí tenemos pasto y granos para podernos recuperar y tener ganadería adecuada, pero hasta ahora no hay tanto ganado en esa zona; por ejemplo, en Yecapixtla la carne angus que se consume ahí, de registro viene de Texas; entonces la tenemos que producir aquí y ese es nuestro reto. Pero ese rastro fue mal ubicado y lo llevaron ahí por desorden, mal sobre las rodillas y con un terrible olor a corrupción”.

Fue nombrada por Graco Ramírez y el Congreso decidió mantenerla en el cargo.

Los diputados locales recularon ante la decisión de revocar el nombramiento de la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), que aprobó la LIII Legislatura, y acordaron mantener en el cargo a Flor Dessiré León Hernández.

Las coordinadoras de las fuerzas políticas en el Congreso local acordaron ayer, en sesión de la Junta Política y de Gobierno anular el decreto por el que se revocó el nombramiento de León Hernández, en cumplimiento a una orden del Juzgado Quinto de Distrito, instancia ante la que el líder transportista Dagoberto Rivera Jaimes promovió un amparo en contra del citado nombramiento.

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, explicó que el juzgado notificó al Congreso del estado que Dagoberto Rivera se desistió del juicio de amparo, y en base a ello, determinaron mantener en el cargo a Flor Dessiré León Hernández.

"Regresaremos al origen, como estaba el Instituto de la Mujer, por lo tanto la arquitecta Flor Dessiré seguirá siendo la directora del instituto, nosotros siempre apegados a derecho y a lo que nos mandate los jueces. Entonces este decreto ya se aprobó y entrará en la próxima sesión", agregó.

Diputados dan entrada a juicio político en contra de Graco Ramírez.

El Congreso del estado investiga el destino que tuvieron 18 millones de pesos que pertenecían a los Fondos de Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) y que supuestamente se redireccionaron al presupuesto de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, la diputada Rosalina Mazari Espín, consideró que lo que hicieron los exdiputados con los fondos fue un desvío de recursos, por lo que adelantó que promoverán acciones legales una vez que concluya la investigación.

"Estamos analizando dónde quedó este fondo, nos queda claro que se desvió para otros fines. De repente se hizo la transferencia de esos recursos y que fueron a parar a otro rubro y en próximas fechas tendremos la oportunidad de decirles a dónde fue a parar este fondo", agregó. 

Aseveró que en próximas fechas señalarán a los exlegisladores que deberán asumir la responsabilidad por supuestamente haber desviado el recurso que se recauda del pago de los impuestos sobre la nómina y sobre el hospedaje.

Sin embargo, la diputada priista dijo que aún se analiza la viabilidad de que se reactiven el Fitur y Fidecomp, como lo han solicitado empresarios, pues sostuvo que se trata de acciones que impulsó el gobierno de Graco Ramírez.

"Van a ser considerados (los empresarios), pero realmente lo que decidan los diputados y diputadas de diferentes partidos políticos en base al análisis, a la discusión y a la aprobación del presupuesto, para ver si va a haber la oportunidad de que subsisten estos dos fideicomisos", agregó.

Señaló que se revisará si los fondos fueron bien utilizados durante el sexenio pasado y si cumplieron su objetivo de atraer turismo y generar empleos. "Aquí no nada más se trata de venir a pedir, sino basta el ser responsables al momento de analizar los pro y contras, atendiendo lo que dice la Ley de Responsabilidad Hacendaria en este tema", agregó. 

Diputados dan entrada a juicio político en contra de Graco Ramírez

La Junta Política y de Gobierno también determinó turnar la denuncia de juicio político que promovieron abogados y ciudadanos en contra del exgobernador Graco Ramírez por haber retenido 100 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el año pasado.

La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz refirió que el caso se turnará a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para su análisis y determinar si es procedente.