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No se le restó facultades a alcaldes, asegura Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aclaró a los alcaldes electos que la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública no invade atribuciones de los municipios. 

Ayer, cerca de 20 presidentes municipales electos acudieron al Congreso del estado para cuestionar a los diputados sobre la legislación que aprobaron el jueves pasado, a propuesta del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Al respecto, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) explicó que se trató de una información falsa "que no sabemos quién la difundió, ni con qué fin", pero aseguró que ya fue aclarado.

"Había el rumor de que se les iba a quitar el derecho de designar a unos funcionarios que la Ley Orgánica municipal los considera como una facultad del Ejecutivo municipal, especialmente los secretarios municipales, los contralores y los tesoreros, pero decirles que eso fue una mentira", declaró.

Sotelo Martínez sostuvo que la citada ley sólo generó implicaciones en la estructura del gobierno estatal, que garantizan un reajuste financiero, no así en las administraciones municipales.

Informó que se acordaron reuniones posteriores para atender la situación financiera que tienen la mayoría de los gobiernos municipales y que tendrán que enfrentar las autoridades electas. 

La mayoría aún no consigue los votos para aprobar la reforma de la ley orgánica de la administración pública.

Los diputados locales pospusieron una vez más el desarrollo de la sesión ordinaria en la que se votaría el dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

Los legisladores locales no han podido lograr acuerdos para desahogar la propuesta que impulsó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo desde la semana pasada, y con la que se pretende la fusión de secretarías de despacho, así como dar mayores atribuciones a la jefatura de la Oficina de la Gubernatura, que encabeza José Manuel Sanz Rivera.

Por lo anterior, los legisladores pospusieron para hoy la sesión que se tenía programada para el miércoles.

La coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, sostuvo que no aprobarán una reforma con la que se pretenda otorgar mayor poder a un funcionario. Sin embargo, refirió que hoy fijarán nuevamente su postura ante el Pleno del Congreso del estado.

En tanto, la líder del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Elsa Delia González Solórzano, reiteró que es necesario que se apruebe la propuesta antes citada para que se permita avanzar a la administración pública que inició hace apenas cuatro días.

Por su lado, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –con ella como única integrante- Rosalina Mazari Espín, afirmó que como fuerza política no tienen nada que negociar, pues ya definió su postura y tendrán que reconsiderar la suya los legisladores de Morena y las del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Social Demócrata (PSD).

En la sesión que se pospuso, los integrantes de la LIV Legislatura también someterían a consideración del Pleno la Ley del Notariado y una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 

Buscan aprobar hoy la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

Los diputados locales enlistarán en la sesión ordinaria de hoy los dictámenes para anular la Ley del Notariado para Morelos y la reforma con la que se garantizó pensión vitalicia a los fiscales general y anticorrupción, aprobadas a finales de la LIII Legislatura.

De igual forma, los diputados de los grupos parlamentarios del Partido Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT) intentarán incluir la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para su aprobación por la vía rápida, aun y cuando el grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidió tiempo para analizar la iniciativa que impulsó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Durante la sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, los coordinadores parlamentarios acordaron someter a votación del Pleno -este miércoles- una nueva Ley de Notariado para el Estado de Morelos que supliría a la que aprobó la pasada legislatura y que blindaba a los notarios públicos ante posibles sanciones por parte del gobernador del estado.

La citada ley fue aprobada en agosto pasado por los ex legisladores, con la que se anularon las facultades del gobernador de remover a un notario en caso de alguna falta.

De igual forma, los diputados impulsarán una contrarreforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado, a fin de eliminar la pensión vitalicia a favor de los fiscales general y anticorrupción, así como la seguridad personal de la que ahora gozan durante su retiro.

El diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez informó que buscarán concretar acuerdos con los diputados de Morena, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Social Demócrata (PSD) para que hoy se apruebe la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Sin embargo, la coordinadora de Morena, Keila Figueroa Evaristo, refirió que solicitaron una prórroga para analizar la propuesta, ya que no están de acuerdo con darle más facultades a la jefatura de la Oficina de la Gubernatura.

Un gran número nunca laboró en el Poder Legislativo; 28 serán cesados en una primera etapa.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó el despido de trabajadores que heredó la LIII Legislatura, quienes serán liquidados hasta febrero del próximo año.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) refirió que el área jurídica del Congreso inició revisión de la situación de cada uno de los trabajadores. En una primera etapa, se determinó concluir con la relación laboral de 28 empleados de confianza que fueron contratados por los exdiputados y no fueron dados de baja a su debido tiempo.

Explicó que debido a la crisis financiera que enfrenta el Congreso, y que ocasionó la pasada legislatura, se está negociando con los trabajadores para que se les pague su liquidación hasta febrero próximo, mediante un convenio firmado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para dar certeza jurídica de que sus derechos laborales quedarán cubiertos.

El presidente de la Mesa Directiva sostuvo que podría continuar la depuración de la nómina del Congreso, pues la pasada legislatura heredó una nómina de aproximadamente 500 empleados y un gran número nunca laboró en el Poder Legislativo. 

Por otro lado, el diputado local dijo que con acuerdo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, se determinó anular 19 de las 40 plazas que creó la LIII Legislatura y tres más están en revisión.

Pugna por la liberación de 3.5 millones de pesos para pagar pensiones.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Poder Ejecutivo estatal libere 3.5 millones de pesos de los casi siete millones que etiquetó el Congreso local para el pago de un bloque de decretos pensionarios de trabajadores judiciales en retiro.

En la recta final del gobierno de Graco Ramírez, la magistrada presidenta del TSJ, Verónica Cuevas López, ingresó a la SCJN un oficio por el cual solicitó al máximo tribunal del país “requerir al Poder Ejecutivo de la entidad que libere los recursos a que se refiere el oficio SH/01355-4/2018”, ya que en las sentencias de diversas controversias constitucionales relacionadas con el pago a trabajadores judiciales jubilados, no se vinculó al gobierno estatal para hacer las transferencias al Poder Judicial.

Los recursos que refiere Cuevas López son los que el Congreso local aprobó para pagar un bloque de 22 decretos pensionarios, sin embargo, la Secretaría de Hacienda estatal, dirigida hasta hace unos días por Jorge Michel Luna, sólo liberó la mitad de los recursos autorizados y, aun cuando los trabajadores beneficiarios reciben ya de manera regular sus pensiones, no existe de nuevo más recurso para hacer frente a los pagos subsecuentes, lo que obliga al TSJ a tomar recursos “no etiquetados” para no suspender las pensiones.

Incluso, en el proyecto de presupuesto propuesto para el 2019, el TSJ solicitó una partida de más de 119 millones de pesos para pagar la nómina de 309 jubilados, más 166 millones de pesos adicionales para pagar los decretos jubilatorios, tras la resolución de decenas de controversias constitucionales. 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado, con lo cual echan abajo las modificaciones realizadas por diputados de la pasada legislatura.

Durante la sesión realizada la tarde de este sábado, el legislador emanado del Partido Encuentro Social subió al pleno y presentó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía, aunque reconoció que en la pasada legislatura se dio autonomía a esa institución.

Sotelo Martínez argumentó que lo que pretenden es armonizar la legislación estatal para que esté lo más apegada a la Constitución federal.

Propone modificar el documento en el apartado en el que se otorga pensión vitalicia al Fiscal General del Estado, al fiscal Anticorrupción y al de Antisecuestro, ya que sin importar el tiempo que ocupen, se les concedía el derecho a solicitar una pensión vitalicia.

Además, señaló que las reformas realizadas por la LIII Legislatura -violando la legislación federal- no permitieron que los abogados litigantes tuvieran la oportunidad de acceder al puesto de fiscal general, anticorrupción o antisecuestro.

También eliminaron el apartado que otorgaba a las fiscalías una “supuesta autonomía presupuestal”, por lo que sólo tendrá autonomía técnica y de gestión.

Además, propusieron que la Procuraduría de la Defensa del Menor vuelva a estar a cargo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

De acuerdo a la Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en todas las designaciones que tiene como atribución realizar el Fiscal General, como la designación del Fiscal Electoral, el titular del Centro de Justicia para las Mujeres y el titular de la dirección de Bienes Asegurados, deberán llevar por ley el visto bueno del gobernador.

La designación de Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo obedece a intereses de la actual administración estatal.

Dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se encuentran en la mira del Congreso local, no sólo por los señalamientos de la Secretaría de la Contraloría, sino porque la anterior legislatura realizó maniobras legales para garantizar que Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo conservaran su adscripción a las salas especializadas en responsabilidades administrativas y el control de la presidencia del tribunal.

De acuerdo con fuentes del Poder Legislativo, se pondrá a discusión una posible revisión a las actuaciones particularmente de ambos magistrados, ante las sospechas de irregularidades o negligencia en el desempeño del cargo, luego de que la directora general de responsabilidades y sanciones administrativas de la Secretaría de la Contraloría, Ángela Ruedas Zacarías, se reunió con el diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, José Casas González, para exponer la protección a funcionarios corruptos desde el TJA y los obstáculos jurisdiccionales que enfrenta para imponer sanciones.

Según las fuentes consultadas, también podría ser motivo de discusión en el Congreso la reforma que la pasada legislatura realizó a la Ley de Justicia Administrativa el 29 de agosto, cuando los anteriores diputados fracasaron en su intento por designar a dos nuevos magistrados del TJA, debido a una suspensión federal concedida a un litigante que impugnó la convocatoria para los nombramientos.

Y es que en los artículos transitorios de la reforma publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 31 de agosto, los otrora diputados garantizaron a los “magistrados carnales” mantener su adscripción a las salas especializadas y el control de la presidencia del TJA.

En el artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa se estableció que el magistrado presidente del TJA será electo con el voto de al menos cinco de los magistrados y durará en el encargo dos años.

Pero en los artículos transitorios tercero y cuarto de la reforma, los anteriores diputados establecieron que partir del 1 de enero de 2019, y hasta el 31 de diciembre de 2020, asumirá la presidencia del tribunal el titular de la Cuarta Sala, Manuel García Quintanar, quien -antes de asumir la magistratura- fungía como coordinador general de asesores de la Secretaría de Gobierno durante el gobierno de Graco Ramírez, era militante del partido Movimiento Ciudadano y colaborador cercano del exdiputado y exsecretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros.

Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022 asumirá la presidencia el titular de la Quinta Sala, Roque González Cerezo, militante panista y quien -previo a su designación- se desempeñaba como funcionario legislativo. Hasta el 1 de enero de 2023 la elección de la presidencia será conforme a lo previsto en la ley.

Ambos magistrados, cuya designación en su momento fue considerada “a modo” del gobierno en turno, podrán permanecer en su adscripción a las Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas durante nueve años o lo que dure su encargo.

Ante la denuncia de la funcionaria de la Secretaría de la Contraloría y estas reformas legislativas, es que el Congreso analiza la situación en el TJA.

Sólo gestionó fondos federales para grupos o productores afines a funcionarios o al PRD.

Líderes del Congreso Agrario Permanente (CAP) denunciaron que en la administración saliente, el gobierno del estado -en realidad- redujo la inversión pública destinada a proyectos productivos y sólo gestionó fondos federales para grupos o productores afines a funcionarios o a su partido político. Demandaron al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo la instalación de una mesa de trabajo para colaborar en la elaboración del presupuesto del campo para el 2019.

Los representantes de las organizaciones que integran el CAP, como El Barzón, la Confederación Campesina Independiente, Alianza Campesina del Noroeste A.C. (Alcano), la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), entre otras, señalaron que en la actual gestión se disminuyó la aportación estatal de 120 millones de pesos a alrededor de 57 millones de pesos.

Aseguraron que son falsas las cantidades que con bombo y platillo anuncia el todavía titular del Ejecutivo estatal como recursos destinados al campo, ya que la mayor parte del dinero provino de gestiones adicionales hechas ante la Federación y que fueron destinadas fundamentalmente a grandes productores y organizaciones simpatizantes o allegadas a sus grupos.

Aseguraron que serán vigilantes de los programas que ha anunciado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y, en cualquier caso de corrupción, serán los primeros en denunciar, tal y como se acordó cuando estaba en campaña y se firmó el acuerdo por el campo denominado “Plan de Ayala Siglo XXI”, en el que esas organizaciones participaron.

En conferencia de prensa, llamaron al gobernador electo a que se lleve a cabo una reunión con quien será secretario de desarrollo agropecuario en su gabinete, con el propósito de atender asuntos que quedaron pendientes y exponer casos de corrupción que ellos aseguran haber documentado para que se cumpla con el compromiso de hacer justicia.

De igual forma, solicitaron que se integre una comisión con quien será el secretario de gobierno, para abordar diferentes temas sobre los que se formarían mesas de trabajo, entre ellos, lo relativo al campo en lo social, lo económico, seguridad y desarrollo.

Los líderes en Morelos de las organizaciones con presencia nacional solicitaron a los diputados locales la integración de un grupo de trabajo en el que las agrupaciones puedan hacer aportaciones en la conformación y aprobación del presupuesto de egresos del gobierno del estado para el próximo año, pues consideran que es fundamental cumplir con la promesa de campaña de darle prioridad al agro con una mayor inversión y que los recursos sean manejados con absoluta transparencia.

Vendedores que se instalaron afuera de la sede del Congreso del estado obtuvieron amparos.

A pesar de que el área de Gobernación del Ayuntamiento de Cuernavaca implementó este lunes un operativo para evitar la instalación de vendedores ambulantes afuera del Congreso de estado, no fue posible retirar a los comerciantes de la vía pública.

Al menos tres puestos permanecieron sobre la privada del Parque y la calle Guillermo Gándara de la colonia Amatitlán, debido a que sus propietarios se ampararon bajo las siglas del Nuevo Grupo Sindical (NGS).

Fueron al menos seis inspectores los que acudieron desde muy temprana hora a la sede legislativa y, a pesar de que lograron quitar algunos puestos, no pudieron retirar a todos.

Una vez más, la organización sindical amparó al comercio informal e impidió que las autoridades municipales evitaran la colocación de puestos ambulantes en la vía pública.

Incluso, un grupo de vendedores acudió a las instalaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca para hablar con el director de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública, Benjamín Hernández Ramírez.

Sin embargo, no fueron atendidos y, de acuerdo a información recabada por La Unión de Morelos, los operativos continuarán en los próximos días.

Enrique Rodríguez Zagal ofrece pruebas de cómo se reasignaron 600 de esos documentos a personas afines al PRD y se despojó a los propietarios.

Más de 600 taxistas fueron despojados de su título de concesión por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para reasignarlos a transportistas afines al Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció el presidente del Grupo Unido del Transporte "Independencia A.C., Enrique Rodríguez Zagal.
En el marco de la comparecencia del titular de la SMyT ante el Congreso local, el líder transportista protestó para denunciar dichas irregularidades ante los legisladores. 
Presentó copias de los recibos de pago de derecho de un transportista, al que se le reasignó una concesión que por años perteneció a otro prestador del servicio público, como ejemplo de muchos casos.
Rodríguez Zagal dijo que esta anomalía se cometió mediante la modificación del padrón de concesionarios y se intentó "tapar" con supuestas fallas en el sistema informático de la dependencia estatal. 
Adelantó que la próxima semana, los 600 afectados presentarán denuncias penales en contra del secretario José Ascensión Monter, a fin de que se le castigue y se les restituya su derecho.

No hay recursos estatales para apoyar a la UAEM, confirma José Manuel Sanz.

El gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó el logotipo institucional de la administración para el periodo 2018-2024, y señaló que su gabinete será dado a conocer la próxima semana. Adelantó que luego de tomar posesión del cargo, iniciará un recorrido por toda la entidad, como lo prometió en campaña.

En conferencia de prensa, Blanco Bravo dio a conocer parte de la imagen institucional de la entidad. Destacó que al mismo tiempo están trabajando en el Plan de Desarrollo Estatal que incluye las propuestas e inquietudes de la población, así como los compromisos que hizo cuando pidió el voto.

Junto con su equipo se han esforzado en gestionar recursos ante la Federación, pues desde ahora observan que las finanzas de la entidad que habrá de heredar están en crisis y con una deuda multimillonaria.

El objetivo, insistió, es impulsar proyectos de beneficio para todos los ciudadanos. "Vivimos en un estado increíble, con muchas oportunidades de crecimiento; queremos tomar esas oportunidades y transformarlas en proyectos que se vuelvan una realidad en beneficio de las familias morelenses. Buscamos mejorar todos los ámbitos que engloban la administración estatal y eso es justo lo que simboliza este logotipo. El camino que vamos a recorrer será largo, pero estará enfocado hacia el mejor de los rubros".
Explicó que el logotipo, que está conformado por pétalos de una flor de bugambilia, engloban la idea con la que el gobierno -en conjunto con la ciudadanía- trabajarán para que Morelos resurja como el gran estado que es.
Al dar su mensaje, explicó que “por sus características físicas, así como su nobleza y adaptabilidad, simboliza el florecimiento y la fortaleza con la que estamos dispuestos a trabajar por el crecimiento, el cambio y una nueva manera de hacer gobierno”.
El logotipo se encuentra compuesto por siete pétalos, número que representa la seguridad y protección, dando una clara referencia al objetivo principal del nuevo gobierno, que es regresar la paz y tranquilidad a las familias de Morelos”.

Al dar respuesta a preguntas de la prensa, el gobernador electo informó que el primero de octubre se llevará a cabo la ceremonia oficial de toma de posesión en el zócalo de Cuernavaca, a la que han sido invitados “todos”, desde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, hasta gobernadores, dirigentes de partidos políticos, dirigentes de cámaras empresariales, futbolistas y líderes de comunidades del estado.
Señaló que la próxima semana dará a conocer su gabinete, el cual no ha presentado para evitar que “algunos personajes” intenten coptarlos y comiencen ataques. "No coman ansias, es gente buena en la que yo confío", expresó Blanco Bravo.

También refirió que heredará una deuda millonaria y que los funcionarios actuales no han querido entregar información detallada de tesorería y finanzas, pues saben que hay irregularidades que habrán de tener efectos sociales a corto plazo. “Ahorita está el problema de la universidad. Va a venir el de los maestros, transportes y otros. Que la gente sepa lo que viene, que al rato no me echen la bronca a mí. Yo voy a asumir la responsabilidad y no me rajo. Vamos a buscar soluciones, pero que sepa la población que esto están haciendo para que estalle la bomba cuando entremos. Ahí está la justicia, yo me voy a dedicar a chambear, a trabajar por la ciudadanía… La próxima semana muchos de los actuales secretarios van a salir corriendo, para que no les saquemos los trapitos, por eso el país está como está”.

Se busca apoyar a la UAEM, pero hasta donde se sabe no hay fondos estatales: Sanz Rivera

José Manuel Sanz Rivera, coordinador del equipo de transición del gobernador electo, dijo que ante la crisis que enfrenta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se ha buscado apoyar con la gestión de recursos federales adicionales.

Mencionó que hasta donde tienen conocimiento (pues el gobierno actual no ha entregado información detallada de tesorería), en las arcas estatales no hay recursos para un rescate financiero a la casa de estudios que este jueves entró en huelga.  

Al respecto, también expresó que debido a que el estado quedó destrozado en lo económico, no hay posibilidad real de un rescate financiero en los primeros meses de la próxima gestión.

Por otra parte, Sanz Rivera enfatizó que la actual legislatura está trabajando fuertemente y negó que se estén aprobando reformas "en lo oscurito", como se ha dicho, ya que desde su punto de vista las sesiones han sido públicas.

Finalmente, confirmó que algunas secretarías podrían fusionarse, sin embargo, insistió en que esos detalles serán dados a conocer por Cuauhtémoc Blanco.

Reclaman diputados a contralora por falta de transparencia e impunidad.

Diputados locales afirmaron que la estrategia de seguridad del gobierno estatal, que terminará en nueve días, fue un fracaso. Durante la comparecencia del titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Francisco Javier Viruete Munguía, los legisladores señalaron la responsabilidad del excomisionado Alberto Capella Ibarra por los malos resultados en la materia.

Durante la comparecencia del encargado de la seguridad en el estado, como parte del sexto informe de gobierno de Graco Ramírez, los legisladores le cuestionaron por los altos índices de inseguridad a diferencia de otras administraciones estatales. Sin embargo, Viruete Munguía sostuvo que los delitos han disminuido en un 72 por ciento, en el caso del secuestro; 35.1 por ciento en el de robo, entre otros indicadores que, aseguró, sacaron a Morelos de entre los primeros 10 lugares en inseguridad.

Los integrantes de la LIV reconocieron a Viruete Munguía "su valor" por acudir a la comparecencia a la que se tuvo que haber presentado Capella Ibarra, responsable de la crisis que en seguridad se vive en el estado.

Ante la renuncia del excomisionado, la diputada del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, hizo un extrañamiento público por la salida del extitular de la CES, a unos días de concluir la administración estatal y de que fuera citado para comparecer ante el Congreso.

Por su lado, la diputada Rosalina Mazari Espín señaló los malos resultados del excomisionado y que la ciudadanía puede ratificar. Subrayó que por cada 100 mil habitantes se cometen 24 homicidios, y pidió al gobierno estatal dejar de engañar a la sociedad con cifras alegres.

"Estamos inmersos con estos datos en la complejidad que tienen otras entidades federativas como Baja California, Chihuahua, Colima, Guerrero, Sinaloa y Veracruz. Es urgente dejar los esquemas de engañar a través de un informe con datos, proyectos y programas y decir que hemos avanzado y mejorado, porque éstos no reflejan la realidad”, manifestó.

El comisionado Viruete Munguía también fue cuestionado por el incremento de la violencia en los Altos de Morelos, que ha obligado a la ciudadanía a crear grupos de autodefensas.

Ante ello, el funcionario informó a los legisladores que la CES ha detenido a 23 colombianos por defraudar a la ciudadanía con préstamos engañosos. Sin embargo, recalcó que no existen denuncias de los ciudadanos para ratificar la detención.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, señaló la poca efectividad de las cámaras de videovigilancia e, incluso, dijo que pareció que los aparatos sólo sirvieron para grabar al excomisionado en sus constantes vídeos para resaltar los "logros" de la CES.

Dicha comparecencia se desarrolló al final con sólo ocho legisladores.

Reclaman diputados a contralora por falta de transparencia e impunidad 

La secretaria de la Contraloría, Adriana Flores Garza, también compareció ante diputados, y confirmó que resultado de las auditorías aplicadas, 911 funcionarios públicos han sido sancionados, 215 inhabilitados y 230 suspendidos. Así mismo, la Contraloría ha presentado 50 denuncias penales, aunque no especificó las dependencias y los servidores públicos involucrados. 

Sin embargo, los diputados señalaron que la dependencia a su cargo ha sido cómplice de diversos casos de corrupción, como son obras mal hechas o no concluidas, tal es el caso de la sede del Congreso local.

Al respecto, la contralora admitió que existen irregularidades evidentes en torno al proyecto de la sede legislativa, por lo que se comprometió a iniciar una investigación, pues –además- la empresa no ha entregado el proyecto.

Diputados cuestionaron el conflicto de interés en el que se encuentra Flores Garza, quien fue secretaria de Hacienda y posteriormente contralora.

La diputada priista Rosalina Mazari Espín afirmó que la Contraloría fue una "mala obra", ya que sólo sirvió para proteger las irregularidades cometidas en la actual administración. 

Mientras que el diputado del Partido del Trabajo, José Casas González, aseveró que las auditorías que se iniciarán por la próxima administración darán la "verdad jurídica" de los malos manejos en gobierno actual.

Los salarios asignados a nuevos sindicalizados del Congreso –familiares y amigos de exdiputados- son superiores a tabulador.

A una semana de que se llevó a cabo la entrega-recepción del Congreso local, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que existen elementos suficientes para proceder legalmente en contra de los integrantes de la LIII Legislatura por diversas irregularidades durante su representación.
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) se negó a hablar sobre las irregularidades detectadas, para no prevenir a los exdiputados, aunque "hay muchas que son evidentes y están a la vista de todos", dijo. 
Señaló que en los próximos días se presentarán las denuncias correspondientes para que haya un deslinde de responsabilidades, ante los abusos que cometieron los exlegisladores.
"Ya hemos encontrado algunas irregularidades. El litigio se tiene que dar bien en los juzgados, o bien, ante la Fiscalía, las denuncias correspondientes, más que en los medios de comunicación. Hacer una declaración irresponsable hoy ante los medios, a lo mejor hasta puede alertar a quienes ya no quieran estar en Morelos o quieran sustraerse de la justicia", asentó.
Además, comentó que ya se inició la revisión de las "jubilaciones doradas" que aprobó la LIII Legislatura, así como las plazas sindicales que se asignaron a sus familiares y amigos.
Reiteró que la posible revocación de decretos pensionarios se hará apegada a derecho y sin violentar los derechos de los trabajadores que fueron beneficiados, muchos de ellos actuales funcionarios del gobierno de Graco Ramírez.
Con respecto a las plazas sindicales, señaló que su revisión se dio con el acuerdo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, ya que los salarios asignados a los trabajadores ahora de base, son superiores al tabulador del Congreso local, de acuerdo al cargo que desempeñan.

La secretaria de Salud, al igual que su homólogo de Economía, comparecieron ayer ante el Congreso.

La secretaria Salud, Patricia Mora González, admitió ante diputados locales que los resultados en salud pública no son los esperados, ante las malas condiciones que presentan algunos hospitales públicos tras el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Al comparecer ante el Pleno del Congreso, la funcionaria estatal aseveró que se ha trabajado en la atención hospitalaria, pero reconoció que las condiciones de los hospitales no son las adecuadas, aunque también responsabilizó a los usuarios que además de maltratar las instalaciones de los nosocomios, también han cometido actos vandálicos.

Es que en sus cuestionamientos, los legisladores señalaron que en los hospitales públicos se da un trato inhumano a los ciudadanos, además de la falta de medicamentos y deterioro de la infraestructura sanitaria de la entidad.

Incluso, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, felicitó a la Secretaria por reconocer que existe un problema muy grave de salud en Morelos. "Creo que hasta hoy es la única que ha reconocido que realmente sí tenemos un problema en el tema de la salud”.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, señaló el caso de al menos 10 recién nacidos que presuntamente murieron a causa de una bacteria y no ha habido un deslinde de responsabilidades. Ante tal señalamiento, la Secretaria dijo que aún continúa la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y sólo fue removida la directora del área de pediatría.

También la Secretaria fue cuestionada por que los pacientes "tienen que rogar por atención hospitalaria" y hasta pagar por los servicios que son públicos. Ante tal situación, aseveraron que el gobierno estatal fracasó en la materia y dejará severos problemas a la próxima administración.

Comparece secretario de Economía 

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Juan Carlos Salgado Ponce, secretario de Economía, manifestó su rechazo a la desaparición de los fondos para la promoción turística y la competitividad y el empleo.

El funcionario estatal pidió el respaldo de los diputados para impulsar una contrarreforma que garantice mayor participación de los empresarios en las decisiones de dichos fondos.

Los legisladores lamentaron la determinación del gobierno del estado sobre la reforma hacendaria que causó la desaparición de dichos fondos para redireccionar recursos a la FGE, aunque no abordaron la posibilidad de una contrarreforma.

Cuestionaron la mínima reducción en la tasa de desempleo, a lo que el secretario respondió que se debe a que los egresados de universidades no responden a las demandas de las empresas.

También criticaron los viajes realizados durante su gestión a países como Polonia y que no dieron resultados para los morelenses. Sin embargo, el secretario afirmó que dichos viajes estuvieron justificados y se hicieron para tener experiencias sobre competitividad e impulso económico. 

Familiares y amigos de exdiputados de la pasada legislatura fueron beneficiados con salarios que van de los 20 mil a los 31 mil pesos.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo aprobó revisar las 40 plazas que se crearon antes de que concluyera la LIII Legislatura, muchas asignadas a familiares y amigos de los exdiputados.

En asamblea, ayer, los trabajadores acordaron someter a consideración de la Mesa Directiva del Congreso local la lista de los nuevos sindicalizados, cuyos salarios ascienden de 20 mil a 31 mil pesos. 

Mientras tanto, los coordinadores de los grupos parlamentarios, en reunión de la Junta Política y de Gobierno, el martes pasado, acordaron no pagar dicha nómina hasta revisar cada una de las plazas.

Hay que recordar que en la lista de basificados se encuentran Agustín Figueroa Peralta, hermano de la exdiputada perredista Hortencia, quien fungía como vicepresidenta de la Mesa Directiva y sindicalizó a su hermano con un salario de 31 mil 292 pesos; Luis Fernando Báez Barranco, quien tiene el cargo de auxiliar, con un ingreso mensual de 18 mil 372 pesos; Francisco Javier Beltrán Carrillo, hermano de la exdiputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Edith Beltrán, quien percibiría al mes 20 mil 372 pesos. 

También el hijo de la priista Leticia Beltrán Caballero, Marco Antonio Salgado, con un ingreso mayor a 20 mil pesos; Mercedes Adriana Ríos Irra y Gabriel Irra Vázquez, hija y sobrino de la exdiputada Silvia Irra, con salarios de 20 mil y 18 mil pesos, respectivamente; José Manuel Pedraza Rosales, hijo del ex legislador perredista Anacleto Pedraza.

Alfredo Flores Tablas, sobrino del exdiputado José Manuel Tablas Pimentel, quien ganaría 16 mil pesos; Jorge de Jesús Serrano Reyes, hijo de Humberto Serrano Guevara, quien fungiera como director jurídico en la pasada legislatura, y tiene un salario mayor a 13 mil pesos.

El ex líder sindical del Congreso, Jesús Román Salgado, también sindicalizó a su hermana, con 18 mil pesos, por mencionar algunos de los nuevos sindicalizados.

La anterior legislatura aprobó la jubilación de la jueza.

El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) reclamó presupuesto para el pago de pensiones, luego de que la anterior legislatura aprobó el decreto jubilatorio de la jueza María del Carmen Filio Tinajero, pero sin etiquetar recursos para el pago.

El TUJA promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 167/2018, para demandar la invalidez por “vicios propios” del decreto 3066, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 1 de agosto, por el cual los otrora diputados otorgaron la pensión por jubilación a Filio Tinajero al 85% de su último salario como juez especializada en justicia para adolescentes en materia penal.

De acuerdo con el TUJA, la anterior legislatura aprobó el decreto pensionario pero sin otorgarle presupuesto para el pago de la jubilación de la juez, quien en julio de 2016 también fue designada como magistrada suplente del tribunal.

“(…) el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a María del Carmen Filio Tinajero a cargo del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Morelos, que represento, que no cuenta una partida para este rubro (de pensiones), ni ha sido autorizada por el Congreso de Morelos, a pesar de haber sido oportunamente solicitada”, argumentó la titular del TUJA, Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, en la promoción del recurso de control constitucional que entró a trámite ante la SCJN.

Incluso, los diputados señalan fallas de accesibilidad al salón de plenos.

Integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos y autoridades de Protección Civil estatal realizan un peritaje estructural a la sede Congreso del estado para determinar si está en condiciones de usarse, ya que los diputados han señalado fallas en el edificio.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que también se ha solicitado información técnica a la empresa para conocer las condiciones en las que se encuentra la sede legislativa, a siete meses de que se inaugurara.

El legislador local señaló que preocupa a los legisladores el riesgo que podría representar el edificio en caso de un sismo o cualquier otro desastre, si sus condiciones estructurales no cumplen con la norma.

Algunos legisladores han señalado durante las comparecencias de secretarios de despacho las malas condiciones en las que se encuentra el inmueble, pues además de cuarteaduras en las paredes, también registra humedad con las últimas lluvias y otras fallas que se han detectado a simple vista.

Aunado a la revisión que realizan ingenieros y autoridades de protección civil, el presidente de la Mesa Directiva informó que la nueva sede del Congreso local podría modificarse, para que sea más accesible a los ciudadanos que la visitan, pues mencionó que el Salón de Plenos no tiene espacios para acceder fácilmente, como rampas para discapacitados.

En servicios personales, los cuales no se especifican, el dispendio es de 31 millones.

Exdiputados locales gastaron en los últimos dos meses de la LIII Legislatura más de 64 millones de pesos, 31 millones tan sólo en servicios personales.

Antes de irse, los exlegisladores aprobaron las dos últimas cuentas públicas del Congreso local, correspondientes al gasto que realizaron en el trimestre de abril a agosto y en el bimestre de julio y agosto, al considerar que aplicaron correctamente el presupuesto.

De acuerdo al informe de la cuenta pública del segundo trimestre del año, los integrantes de la LIII Legislatura gastaron 44 millones 247 mil 101 pesos en servicios personales, aunque no se especificó cuáles; por el concepto de servicios generales, 15 millones 764 mil 414 pesos, y tampoco se estableció de qué tipo; en subsidios, 13 millones 297 mil, y en otros gastos, 319 mil 403 pesos. En total, los diputados gastaron, de abril a junio, 71 millones 794 mil pesos.

El Congreso del estado se asignó para el ejercicio 2018 un presupuesto total de 400 millones de pesos, de los cuales gastaron de julio a agosto (último bimestre de la legislatura) 64 millones 269 mil 940 pesos.

En gastos personales, los exdiputados ejercieron en dos meses 31 millones 366 mil 911 pesos; por concepto de materiales y suministros, un millón 677 mil 425; por servicios generales, 20 millones 127 mil 566 pesos; en subsidios, 11 millones 90 mil pesos, y por bienes muebles, siete mil 437 pesos.

De los informes aprobados, en ninguno se desglosan los gastos realizados. 

Aunque el informe del primer trimestre del año no se publicó, se deduce que los diputados se gastaron casi 214 millones de pesos del presupuesto total, ya que la exdiputada perredista, Hortencia Figueroa Peralta, quien fungió como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, informó que sólo dejaron un presupuesto de 50 millones a la LIV Legislatura.

Hay que recordar que durante los primeros tres meses del año, la exdiputada Beatriz Vicera Alatriste estuvo al frente de la Mesa Directiva y, en los cinco meses restantes de la legislatura, lo hizo Figueroa Peralta. 

Ayer comparecieron ante el Congreso las secretarias de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, y de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez.

Diputados locales afirmaron que la información obtenida de las comparecencias de los secretarios de despacho ante el Pleno  del Congreso servirá como elemento para iniciar procesos legales ante supuestas omisiones del gobierno estatal en materia de obra pública, educación y el ejercicio de los recursos públicos.

Ayer tocó el turno de rendir cuentas a las secretarias de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, y de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez.

En ambas comparecencias los diputados reclamaron por la entrega de datos maquillados o a medias, sin responder a dudas como el avance en la reconstrucción de viviendas y escuelas, así como la inversión que se ha hecho en este proceso. 

Los diputados cuestionaron a Patricia Izquierdo de las obras sin concluir, que para la funcionaria sólo son 187 proyectos. 

Sin embargo, los legisladores afirmaron que la mayoría de las obras inauguradas no fueron terminadas, como es el caso de la sede legislativa, que ya registra fallas como humedad y fracturas en paredes y loseta.

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, del Partido Encuentro Social (PES), aseveró que para todos es conocido que las obras desarrolladas también fueron parte de negocios familiares.

Ante tal señalamiento, los diputados pidieron una lista de las empresas beneficiadas en esta administración, que la secretaria de Obras se comprometió a entregar también por escrito.

De igual forma, el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, pidió una lista de los expedientes técnicos de cada proyecto, pues dijo que se presume se hicieron fuera de la ley, a lo que Izquierda Medina aseguró que todos los desarrollos cumplieron con la normatividad en obra pública. 

La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lamentó que Morelos "esté cayéndose a pedazos", mientras que los actuales funcionarios en menos de 15 días dejarán su encargo. 

Por la tarde, los legisladores también cuestionaron a la secretaria de Educación por el poco avance en la reconstrucción de escuelas. Sin embargo, Beatriz Ramírez Velázquez sostuvo que dicho retraso se debe a problemas burocráticos con el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que no ha liberado más de mil 900 millones de pesos. 

La secretaria de Educación aseguró que se atienden los adeudos con maestros en prestaciones, y subrayó que se resolverán antes del 30 de septiembre.

Al final de la comparecencia, los diputados lamentaron que la información proporcionada por la funcionaria "carezca de calidad moral", y el sexto informe de Gobierno se haya tratado de un "informe triunfalista".

"Nos queda a deber mucho", manifestó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales, mientras que su homólogo Alfonso de Jesús Sotelo lamentó: "Los maestros siguen de pie, los edificios no".

La diputada del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, afirmó que la información que se obtenga de la información, incluso, la que se haya omitido, servirá como elemento para iniciar procesos legales en contra de funcionarios que concluirán la administración estatal el 30 de septiembre.

Piden a Cuauhtémoc Blanco incluir a profesionistas morelenses entre sus colaboradores.

Agrupaciones de abogados conformaron un bloque para solicitar a la nueva legislatura la derogación de diversas reformas aprobadas por los anteriores legisladores y someter a revisión los decretos de varias “jubilaciones doradas”, así como exhortar al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo a que incluya a profesionistas morelenses entre sus colaboradores.

Jaime Castera Toscano, a nombre de al menos 11 organizaciones de litigantes, solicitó a los miembros de la LIV Legislatura reincorporar a la Constitución local la figura de revocación de mandato que sus antecesores derogaron pese a la oposición de la sociedad civil.

Condenó la aprobación exprés de la anterior legislatura de al menos 180 “pensiones doradas” a empleados de primer nivel y familiares de altos funcionarios sin que, al parecer, cumplieran con requisitos previstos en la Ley del Servicio Civil.

Por ello “estamos solicitando se lleve a cabo una revisión exhaustiva de cada uno de los expedientes y, en su caso, sean iniciadas las denuncias a que dé lugar y, en su momento, se abroguen los decretos de jubilación en los que existan irregularidades”.

Las organizaciones de abogados se pronunciaron contra la nueva Ley del Notariado del Estado de Morelos y la asignación de patentes de notaría a personas que no cumplen con el perfil.

Pidieron la derogación de la normatividad que permite, de manera discrecional, la enajenación de inmuebles públicos; la reforma que extendió el periodo de los magistrados de 14 a 20 años; la concesión del estadio “Agustín Coruco Díaz”; la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que estipuló que su titular durará en el encargo nueve años, así como la revocación de la designación por siete años de Juan Salazar Núñez como fiscal anticorrupción.

Los litigantes se pronunciaron por que los anteriores legisladores y el gobernador saliente sean sometidos a un juicio de responsabilidad política, por los agravios cometidos en contra de la sociedad y como parte de la cultura de combate a la corrupción.

Exhortaron a los diputados a que pongan a disposición de los profesionales del derecho los proyectos de ley que generen, con el propósito de aportar comentarios, observaciones o propuestas.

De igual forma, realizaron un llamado al  gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo para que incluya entre sus colaboradores y miembros de gabinete a profesionistas morelenses, pues en las condiciones en las que recibirá el estado es imprescindible que cuente con personas no sólo capaces y que tengan el perfil profesional, sino que conozcan a la gente y sus necesidades.

El pronunciamiento fue respaldado por Abogados Unidos por México, Amigos de Cuauhnáhuac, Asociación de Licenciados en Derecho, Colegio de Mediadores del Estado de Morelos, Consejo Estatal de Abogados, Desarrollo Gradual Directo, Barra de Abogados, Jueces Jubilados del Estado de Morelos, Federación de Asociaciones Civiles y el Cuerpo Diplomático de los Derechos de Niños, Mujeres y Hombres.