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La remoción de los fiscales nombrados por la administración anterior se ha convertido en un grave problema político, que ha exhibido la falta de unidad en el Congreso local.

El partido Movimiento de regeneración Nacional ha señalado que se opone a la maniobra porque está viciada de origen y sólo favorecerá a quienes se trata de destituir, mientras que otro grupo de legisladores considera que ya se han dado las condiciones legales para la remoción.

Todo indica que serán los propios hechos los que demuestren cuál de las partes tiene razón, pero esa medida incide directamente en el bienestar de los morelenses, ya que la permanencia o remoción de los fiscales tiene que ver con la aplicación efectiva de la justicia para todos.

Afirma que, de concretarse, su remoción sería un mal precedente en el país.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, acusó al Congreso de violentar su derecho de audiencia y debido proceso, al explicar su inasistencia a la comparecencia convocada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local, como parte del proceso para su remoción del cargo.

A través de un comunicado, el fiscal estatal manifestó no estar en condiciones jurídicas para presentarse a la comparecencia, porque el citatorio que fue enviado por la comisión legislativa, y que le fue entregado al mediodía del martes, no tenía anexado el escrito de solicitud de remoción presentado al Congreso por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ni tampoco fue informado de las supuestas causas graves que pudieran justificar su cese.

También alegó que el Congreso no le envió ningún documento con las supuestas pruebas en su contra (en las que algunos diputados afirmaron que carece del examen de control y confianza), ni le concedió ningún plazo razonable para defenderse ni para ofrecer pruebas, desahogarlas y formular alegatos, “sino que violando las garantías de audiencia, debido proceso y presunción de inocencia”, se le pretende destituir.

Acusó al Congreso de pretender un atentado en contra de la autonomía de la Fiscalía General y que, de proceder su remoción, sin el cumplimiento de los procedimientos y garantías constitucionales, “se estaría dejando patente un ejemplo a nivel nacional, de que la autonomía de los órganos de procuración de justicia pudiera ser una mera simulación, puesto que la autonomía del Ministerio Público debe ser ajena a los vaivenes de los intereses políticos, de grupo y especialmente de índole personal”.

El gobierno del estado entregará el sábado la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del próximo año.

El Paquete Económico 2019 para el gobierno del estado podría estar listo hasta finales de diciembre, ya que formalmente el Poder Ejecutivo entregará su propuesta el próximo sábado 15 de diciembre ante el Congreso del estado.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Rosalina Mazari Espín, refirió que el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, le comunicó que el 15 de diciembre presentará la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, de acuerdo a la prórroga que autorizó el Congreso del estado.
Aseguró que inmediatamente iniciará el análisis de la propuesta y, para ello, la comisión que preside se encuentra en sesión permanente.
Explicó que el mismo sábado se podría convocar a un periodo extraordinario de sesiones para la revisión y aprobación del Paquete Económico, que podría alargarse hasta finales del presente mes.

UAEM requiere presupuesto de 3.5 por ciento de los recursos del estado

La legisladora explicó que -mientras tanto- el Congreso local sigue abierto a las solicitudes de organismos e instituciones públicas, como fue el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuyo rector Gustavo Urquiza Beltrán presentó una propuesta de incremento presupuestal.
Mazari Espín confirmó que la propuesta del rector es incrementar de un 2.5 a un 3.5 por ciento del presupuesto del gobierno estatal y, para ello, el Congreso tendría que reformar la Constitución Política del estado.
La propuesta del rector de la UAEM coincide con la que estudiantes y consejeros universitarios presentaron hace dos meses, como una solución al déficit financiero que enfrenta la institución.

Faltan recursos para nómina y aguinaldo

A cuatro días de que concluya el primer periodo ordinario del primer año de la LIV Legislatura, diputados locales no han pagado el aguinaldo a trabajadores por falta de presupuesto.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que no han tenido respuesta a la solicitud de ampliación presupuestal por 20 millones de pesos que presentaron al gobierno del estado.
De acuerdo al legislador del Partido Encuentro Social (PES), el déficit financiero que heredó la LIII Legislatura fue de 50 millones de pesos. Sin embargo, pidieron el respaldo de la Secretaría de Hacienda estatal para que se amplíe el presupuesto al Congreso del estado, o bien, se autorice un adelanto de las participaciones, con el que pagarían prestaciones a trabajadores.
Además de la falta de pago de aguinaldos, a algunos trabajadores se les ha informado que recibirán el pago de sus salarios hasta el próximo año. De igual forma, a los empleados que fueron despedidos en las últimas semanas también se les liquidaría hasta febrero del 2019.
El Congreso del estado también arrastrará deudas con proveedores para el siguiente año, las cuales también heredó de la pasada Legislatura.

Nueve diputados trataron de sesionar para destituir a los fiscales, pero no lograron el quórum necesario.

Diputados locales intentaron sesionar en secreto la tarde de ayer y avanzar en el proceso de destitución de los fiscales general y anticorrupción Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez. Sin embargo, siguen sin reunir los votos suficientes para atender a la solicitud del Poder Ejecutivo.
Cerca de las 5:30 de la tarde, nueve legisladores se reunieron en el Salón de Plenos con el fin de reanudar la sesión del martes pasado, que suspendieron para analizar la solicitud del gobernador Cuauhtemoc Blanco Bravo de destituir a los dos fiscales.
Sin embargo, al no lograr ni los 11 votos que se requieren para iniciar una sesión ordinaria, nuevamente suspendieron la asamblea legislativa.
Los diputados que se dieron cita en el Pleno son: del Partido Encuentro Social (PES), Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Maricela Jiménez Armendáriz y Andrés Duque Tinoco; del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, José Luis Galindo, Erika García Zaragoza y Tania Valentina Rodríguez; las legisladoras de Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (Panal), Ana Gabriela Guevara Ramírez y Blanca Nieves Sánchez Arano.
Horas antes, el diputado José Casas sostuvo que el Congreso del estado continuará con el proceso de destitución de los fiscales hasta que estos hayan sido removidos.
"No es un tema de que yo pueda quitar o poner, es un tema de respeto a las instituciones, de respeto a la ciudadanía", aseveró el legislador del PT.
Informó que además del proceso legislativo para la destitución del fiscal general, como legislador acudirá el próximo lunes 10 de diciembre a presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del funcionario, por haber ocupado un cargo sin cumplir con los requisitos de ley, lo que, dijo, es obstrucción de la justicia.
Además, mediante un oficio, el legislador invitó a la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo a acudir a la PGR también, luego de que lo acusó de haber presentado elementos improcedentes para la destitución del fiscal.
Reiteró que Morena pretende proteger a Uriel Carmona Gándara y a Juan Salazar Núñez. "Es muy claro que Graco está moviendo los hilos de Morena, a través de Miguel Lucia Espejo, eso está más que claro", agregó. 

Uriel Carmona Gándara afirma que no hay causal legal para su remoción y acusa al diputado del Partido del Trabajo, José Casas González, de difundir información falsa e ilegal.

Mientras un grupo de organizaciones de abogados insistieron en la remoción o dimisión de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez como fiscal estatal y fiscal anticorrupción, el titular de la Fiscalía General del Estado afirmó que no hay causal legal para su remoción y acusó al diputado del Partido del Trabajo, José Casas González, de difundir información falsa e ilegal.

En un pronunciamiento conjunto, 12 organizaciones civiles y de abogados pidieron la salida de ambos fiscales, por considerar que además de carecer de la evaluación de control y confianza como requisito indispensable para su permanencia en el cargo,  su trabajo es deficiente y no cumple con las expectativas de la sociedad.

Señalaron que tanto el fiscal general Uriel Carmona, como tampoco el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, no han dado resultado alguno en la importante función que les fue encomendada, pues durante el ejercicio de sus respetivos cargos, sólo ha habido impunidad y corrupción, por lo que de manera voluntaria y por dignidad deberían renunciar.

Recalcaron que Carmona Gándara no puede ser fiscal y notario con licencia a la vez y que es conocido que el ex gobernador Graco Ramírez, lo favoreció con la conservación de la patente para que mientras dirige la FGE, su esposa se haga cargo de la notaria.  

Las críticas se incrementaron con el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, pues no sólo lo señalaron por haber sido colaborador de Graco Ramírez, sino por los nulos resultados y los conflictos de intereses que lo envuelven. Por ello, insistieron en que debería proceder su remoción del cargo de Uriel Carmona y Juan Salazar. 

No hay causal de remoción: fiscal

A través de un comunicado, el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara se defendió de sus detractores y aseguró que no existe causal legal para que proceda su cese.

En el documento, estableció que los artículos 79-B de la Constitución Política del Estado, 81 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y del 51 al 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establecen que la remoción de los fiscales General, Anticorrupción y de Delitos Electorales sólo podrá realizarse por 11 casuales graves.

Es decir, por incurrir en los delitos de cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, encubrimiento, desacato u obstrucción de la justicia.

“Derivado de lo anterior, y de la simple lectura de las causas graves establecidas en la normativa aplicable, se desprende que el tema de las evaluaciones de certificación y control de confianza no está contemplado en dichas causales, por lo que, tanto la solicitud del Gobernador del Estado, así como cualquier determinación del Congreso del Estado, devienen inconstitucionales”, respondió a quienes solicitan su relevo en el cargo.

Respecto a la polémica generada por el diputado del Partido del trabajo, José Casas González, quien afirmó que el fiscal estatal y el fiscal anticorrupción no cuentan con los exámenes de control y confianza, que es un requisito obligatorio para el ingreso y permanencia en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, Carmona Gándara no precisó si cuenta o no con la certificación, sólo acusó al legislador de difundir información falsa e ilegal.

“De la misma manera y en atención a los cuestionamientos sobre las evaluaciones de certificación y control de confianza, es indispensable hacer del conocimiento de la ciudadanía, que con base en el artículo 56, segundo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los expedientes de los mismos son estrictamente confidenciales, por ello, la Comisión Estatal de Seguridad no tiene acceso a los mismos, por lo que la documentación presentada por el legislador José Casas González es, además de falsa, ilegal; toda vez que el divulgar cualquier tipo de información clasificada se sanciona con una pena de 2 a 8 años de prisión, con base en lo dispuesto por el artículo 139 fracción II de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Aunado a lo anterior, es importante señalar que con base en lo dispuesto por los artículos 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 5, fracción III y 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el Gobernador del Estado, carece de toda competencia para solicitar al Congreso del Estado la remoción del Fiscal Anticorrupción, lo que vicia aún más el procedimiento multicitado”, dijo y llamó al Congreso a conducirse con apego a la legalidad y a trabajar de manera coordinada en beneficio de los morelenses.

Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez se abstienen de comparecer ante diputados.

Diputadas locales no lograron ponerse de acuerdo para destituir a los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, y el asunto se turnó a comisiones legislativas para su análisis. 
La sesión extraordinaria de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado, que se inició ayer para atender la solicitud del Poder Ejecutivo para destituir a los dos fiscales, terminó en zafarrancho.
Cerca de las 12 del día, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias lograron reunirse en la JPyG y acordaron citar a comparecer a los fiscales a las cinco de la tarde de ayer mismo, para garantizar su derecho de audiencia en el proceso de destitución.
Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez no acudieron a la comparecencia, por lo que la coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, propuso aprobar un dictamen para proceder a su destitución ante el Pleno del Congreso, mediante la sesión ordinaria que los legisladores suspendieron el martes pasado. 
Sin embargo, se encontró con la oposición de Morena. La coordinadora de ese grupo parlamentario, Keila Figueroa Evaristo, sostuvo que el proceso de destitución de los fiscales está viciado de origen y es improcedente porque no hay causales. Adelantó que de llevarse al Pleno para su aprobación, los legisladores de su partido se abstendrían de votar, a pesar que al medio día pidió que se procediera en contra de Carmona Gándara y Salazar Núñez.
"Es un tema que tristemente se ha politizado y, con ello, el nivel de argumentación y debate ha decaído enormemente. Recalcamos, Morena no está protegiendo a los fiscales, ya que –incluso- ellos, si así lo estiman, deberán acudir a las instancias que consideren para pronunciarse respecto de las acusaciones formuladas en su contra. Por nuestra cuenta no queremos exhibirnos en el momento que una instancia jurisdiccional tire un procedimiento sin sustento legal, lo cual revele la falta de pericia de quienes lo avalen", manifestó la diputada.
La reacción de la legisladora del PT fue inmediata y calificó a su homóloga de Morena como la "abogada de los abogados del diablo".
Posteriormente, Rodríguez Ruiz determinó finalizar la sesión de la JPyG al no haber acuerdos para proceder a un dictamen sobre el caso y lo turnó al Pleno del Congreso para que -a su vez- lo remita a las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, así como a la de Gobernación y Gran Jurado.
A gritos, la diputada Keila Figueroa pidió  a su homóloga del PT no terminar la sesión sin antes fundamentarla, petición que también secundó la legisladora del Partido Social Demócrata (PSD), Naida Díaz Rocas, pero Tania Valentina Rodríguez se levantó de la mesa y se retiró.
Familiares de las víctimas del delito que se encontraban presentes en la sesión de la JPyG exigieron a los diputados cumplir con su responsabilidad y remover al fiscal general, porque no ha hecho su trabajo.
Las ciudadanas calificaron como un circo y una simulación lo ocurrido en la Junta Política, pues las legisladoras no se molestaron en conocer del tema para no improvisar en la misma sesión que terminó sin ningún resultado.
Las familiares de víctimas del delito se encontraban en el Congreso desde las 11 de la mañana para presenciar un posible acuerdo sobre la remoción de los fiscales.

Promueven que prestaciones y salarios caídos sean incluidos en el presupuesto de egresos del 2019.

Las autoridades educativas actuales no han mostrado disposición real de reinstalar a los maestros cesados por no haber presentado la evaluación educativa, aseveró el Movimiento Magisterial del Bases (MMB).

Julita Villalba Arias, vocera del MMB, expresó ayer miércoles que “por la vía estatal no se ha resuelto absolutamente nada”, pese a los compromisos que se habían establecido para la reinstalación “plena” con el pago de salarios caídos desde el despido injustificado de 25 docentes.

Dijo que -por lo anterior- el próximo 14 de diciembre acudirán a una reunión con el actual secretario de Educación pública federal, Esteban Moctezuma, a la cual acudirán todos los profesores que fueron despedidos por oponerse a la reforma educativa, para buscar una solución política, tal y como lo prometió en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que sólo en Morelos fueron despedidos 25 maestros por no haber presentado la primera evaluación y, en general, hay alrededor de 800 profesores despedidos por este tema; pero hizo notar que en otras entidades los despidos ocurrieron por motivos diferentes –por ejemplo, las movilizaciones- pero con la misma causa, es decir, como represalia por luchar contra “la mal llamada reforma educativa”.

Julita Villalba dijo que en las reuniones que se han sostenido hasta la fecha con el secretario de Educación del estado, Arturo Cornejo Alatorre, no han tenido la respuesta esperada. Comentó que sólo les ha dicho que no hay recursos suficientes para llevar a cabo la reinstalación y el pago de salarios caídos y prestaciones. “Por lo tanto, no vemos que haya una disposición real, no vemos haya voluntad real de la reinstalación y de entregar esos recursos; las dos reuniones que se tuvieron con funcionarios por parte del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) fueron pérdida de tiempo, porque no tenemos una respuesta clara en lo que se refiere a los salarios”.

Manifestó que por ello buscaron la interlocución directa con los legisladores federales y senadores de las comisiones de educación, para que cuando se anule la reforma se contemple también la reinstalación plena, como parte del decreto o por acuerdo.

En los acuerdos a nivel nacional con el Congreso de la Unión se ha promovido que –incluso- el tema de las reinstalaciones y pagos de salarios y prestaciones caídos sea incluido en el presupuesto de egresos del 2019. Por ello se ha pedido a la comisión de educación del Senado de la República que se establezca comunicación con la Secretaría del Trabajo federal, con el objetivo de que este rubro sea considerado en el proyecto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del próximo año.

La vocera del MMB lamentó que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje sigan detenidos los laudos de las demandas por despido injustificado que iniciaron los 25 maestros cesados en Morelos.

Nicanor Pérez Reynoso, integrante del MMB ,apuntó que el secretario de Educación de Morelos les ofreció buscar la reinstalación y el pago de salarios caídos sólo durante un año, con el argumento de que eso contempla la ley, pero los docentes fueron separados de sus centros de trabajo desde hace dos años y medio.  

La SCJN determinó que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a dotar de seguridad social el trabajo doméstico.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a dotar de seguridad social a las trabajadoras domésticas, y ordenó al IMSS implementar un programa que facilite a los empleadores incorporarlas a un régimen especial de seguridad social.

Al resolver el amparo directo 9/2018, la Segunda Sala de la SCJN consideró discriminatorio excluir a las empleadas domésticas del régimen obligatorio de seguridad social y sostuvo que no existe alguna razón constitucionalmente válida, por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social.

Consideró que dejar fuera el trabajo doméstico del régimen de seguridad social, afecta de manera desproporcionada a la mujer, pues estadísticamente la labor del hogar es realizada preponderantemente por ellas.

De acuerdo con el Inegi, nueve de cada diez empleados del hogar son mujeres, y el trabajo doméstico es tradicionalmente objeto de condiciones laborales inadecuadas, extensas jornadas y bajos salarios.

Esta situación impide a las trabajadoras domésticas la oportunidad de un acceso real a prestaciones sociales, que le permitan encontrarse protegidas contra circunstancias e imprevistos que afecten sus medios de subsistencia e ingresos, así como poder generar un proyecto de vida en condiciones igualitarias.

Por ello, la sala concedió el amparo, entre otros aspectos, para hacer del conocimiento del IMSS esa situación discriminatoria y ordenar que dentro de un plazo prudente (primer semestre de 2019), implemente un “programa piloto”, que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar, que a su vez entregue las facilidades administrativas necesarias que permitan cumplir de manera sencilla y clara las obligaciones patronales.

Precisó que el régimen social propuesto debe tomar en cuenta las particularidades del trabajo doméstico, como lo es en algunos casos, que tenga más de un patrón y que las relaciones laborales usualmente no están establecidas mediante un contrato de trabajo.

El régimen especial debe resultar de fácil implementación para los patrones (que en su mayoría son amas de casa o padres de familia) y no puede ser de carácter voluntario, sino obligatorio. Asimismo, se deberá explorar la posibilidad de facilitar la incorporación al nuevo régimen especial, excusando a los patrones de encontrarse inscritos ante el SAT.

Detalló que en un plazo no mayor a 18 meses, a partir de la implementación del programa piloto, el IMSS estaría en posibilidades de proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones legales necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar y, en ese sentido, en un plazo no mayor a tres años, se logre obtener la seguridad social, efectiva, robusta y suficiente a la totalidad de las empleadas domésticas en el país.

Diputado confirma que se inició un proceso para remover a Uriel Carmona Gándara.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que el Congreso local inició un proceso para remover al fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, por “graves omisiones y acciones” que ha cometido durante su encargo, y que no mencionó.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación informó que se inició una investigación en contra del fiscal para sustentar su remoción, ya que su labor es altamente cuestionada por haber sido nombrado por la LIII Legislatura a propuesta del exgobernador Graco Ramírez. 
Sin embargo, contradijo la versión de sus homólogos del Partido del Trabajo (PT) que la semana pasada -en rueda de prensa- afirmaron que el fiscal general y el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, no cumplieron con las evaluaciones de control de confianza, causales para su destitución.
Zapotitla Becerro aseguró que la legislación estatal no señala nada al respecto, por lo que resulta improcedente lo sustentado por José Casas González y el resto de los integrantes del grupo parlamentario del PT.
"No podemos nosotros generar alguna determinación sobre una destitución del encargo si no reunimos o fundamentamos dos elementos, y me refiero a otorgarle audiencia previa al fiscal y nos explique sobre el tema, y después el Congreso estaría en condiciones de tomar una determinación. Dicha determinación debe tomarse a partir de una causa grave que está establecida en la Ley de Responsabilidades", explicó.
De acuerdo al diputado de Morena, ayer, en sesión de la Junta Política y de Gobierno, se presentó la propuesta para citar a comparecer al fiscal Carmona Gándara ante el Congreso del estado y garantizarle su derecho de audiencia, ante las acciones y omisiones que -de manera ilegal- cometió durante su encargo y que han sido detectadas por el Congreso del estado. 
A la par, dijo, esperan que el Poder Ejecutivo también presente una solicitud para que se inicie un proceso en contra del fiscal general y, por consecuencia, en contra de Juan Salazar Núñez. Este proceso podría concretarse antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura, el próximo 15 de diciembre.
El diputado reiteró que se requieren al menos 14 votos para poder proceder a la destitución de los fiscales, votos que aún no están garantizados en el Congreso.

Luego de rendir protesta como presidente constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que en dos años y medio someterá a consulta ciudadana su permanencia.

“Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo”, expresó Andrés Manuel López Obrador en su primer discurso tras rendir protesta como presidente constitucional de México en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Al declararse partidario del sufragio efectivo y la no reelección, Andrés Manuel López Obrador dijo que en dos años y medio someterá a consulta ciudadana su permanencia, “porque el pueblo pone y el pueblo quita, y es el único soberano al que debo sumisión y obediencia”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que está preparado para no fallarle al pueblo de México, y que está consciente de la expectativa que tienen los mexicanos sobre el nuevo gobierno, pero se dijo optimista para enfrentar  los grandes retos del país.

Ante invitados especiales, presidentes, los poderes Legislativo y Judicial, así como funcionarios del nuevo gobierno, dejó en claro que no le interesa ni le importa lo material, ni la parafernalia del poder.

Ante aplausos, López Obrador dijo que está consciente de la gran expectativa que tienen  los mexicanos y los desafíos de los grandes problemas nacionales, “pero estoy optimista y creo que vamos a salir bien porque creo en el pueblo y en su cultura”.

Promueven que el Congreso tipifique como delito grave el robo de ganado, porque ahora quienes incurren en esa conducta y son capturados consiguen fácilmente su libertad.

El presidente del Sistema Producto Bovinos Carne en el Estado de Morelos, Roberto Reza Quiroz, afirmó que es necesario que el Congreso del estado modifique el Código Penal y se tipifique como delito grave el abigeato, ya que el robo de ganado no disminuye.
Ayer, el ganadero acudió al Congreso local para insistir en que se reforme el Código Penal. Lamentó que en la LIII Legislatura no lo hayan escuchado y confió en que los actuales diputados sí atiendan las demandas de los productores de carne y agricultores.
"Hoy puedo decir que los ex legisladores fueron cómplices del abigeo (sic), no apoyaron a los que en su momento votaron por ellos y no cumplieron. Esperamos que esta legislatura sí nos haga caso y si no estarán sujetos al escrutinio y a las críticas", declaró.
De acuerdo a Reza Quiroz, el abigeato se registra en todo el estado y principalmente en la región sur y oriente de la entidad, con cifras que alcanzan el robo de 20 cabezas de ganado al mes.
"La cosa es que se meten, como alcanzan fianza y no es delito grave, pues salen. La idea es que se cumpla la ley y si no es de por vida, por lo menos que se queden unos cuantos años para que se les quite la maña", declaró.
Roberto Reza dijo que presentó a más de tres diputados la propuesta para que se tipifique como delito grave el robo de ganado, para que alguno de ellos la retome y se presente ante el Pleno para su aprobación.

El hasta ayer titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso es uno de los funcionarios que colocó Graco Ramírez para garantizarse impunidad.

El titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, presentó ayer su renuncia al cargo ante la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado.

Su nombramiento concluiría hasta el año 2023, pues en el 2015 fue designado como titular de la auditoría por ocho años, sin embargo, por presiones de los legisladores locales decidió renunciar.

Hace dos semanas, el auditor fue señalado por los diputados de haber protegido a ex legisladores integrantes de la LIII Legislatura en presuntos malos manejos de recursos públicos y por ello aseguraron que iniciarían un proceso de destitución en su contra. 

Incluso el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, aseguró que fue cómplice de las irregularidades en la pasada legislatura, que presuntamente desapareció información administrativa y financiera del Congreso del estado.

Aunque Loredo Méndez rechazó hablar sobre los motivos de su renuncia, sostuvo que es una determinación que había tomado desde hace dos meses, cuando –precisamente- inició la LIV Legislatura.

Ningún legislador local fijó postura de la renuncia del titular de la ESAF, sin embargo, el Congreso del estado deberá iniciar de manera urgente un proceso de designación en dicho cargo, más aún porque iniciarán los procesos de entrega-recepción en los 33 ayuntamientos y la auditoría deberá vigilar que se lleven a cabo conforme a la ley.

Asegura Carlos Iván Arenas Ángeles que designación de jueces viola la Constitución y daña la impartición de justicia.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, afirmó que no existirá una impartición de justicia eficiente, libre e imparcial hasta que no se respete la carrera judicial y se establezca un sistema transparente y claro de designación de jueces.

Arenas Ángeles, quien se ha mantenido como un serio crítico del sistema de administración de justicia, sostuvo que justamente una de las debilidades estructurales del Poder Judicial estatal es que no se respetan las reglas que regulan a la carrera judicial.

Ante ello y la opacidad en la que se manejan los nombramientos, especialmente la designación de jueces, es que urgió no sólo a respetar la carrera judicial, sino llevar a cabo procesos transparentes de designación de juzgadores para garantizar calidad a los ciudadanos en la impartición de justicia.

“La carrera judicial establece el sistema que regula el ingreso, permanencia, promoción, ascenso, capacitación, disciplina y otras actividades de los jueces y magistrados, cualquiera que sea su categoría o grado, con el fin de garantizar su dignidad, independencia y excelencia profesional en el ejercicio de su función jurisdiccional”.

“Hoy en el TSJ de Morelos esto desafortunadamente no se tiene. Hoy los nombramientos de jueces se hacen por designación directa, en contravención a la Constitución del estado y en detrimento de la sociedad. Hago votos para que esto cambie por el bien de la justicia y de la sociedad que requiere de jueces independientes e imparciales”, afirmó.

Sostuvo que quienes forman parte del TSJ no han sido capaces de impedir que se genere y encubra un sistema de impunidad, corrupción e ineficacia, ya que la falta de carrera judicial no garantiza el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su conjunto y su modernización.

“¿Qué objeto y fin debe tener instalar e implantar la carrera judicial en el Poder Judicial de Morelos? En mi opinión, establecer de manera transparente los nombramientos de los jueces bajo principios, normas y procedimientos, así como crear los órganos necesarios para la administración y operación de la carrera judicial”, recalcó.

La presidenta de la Junta Política afirma que se trató de un acuerdo entre todos los legisladores y cada uno debe asumir su responsabilidad.

La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinosa, propuso a sus homólogos retractarse del acuerdo que aprobó la Junta Política y de Gobierno para repartirse los puestos administrativos, ante la violación deliberada en la que incurrieron algunos de ellos al designar a sus familiares.
En entrevista, la legisladora consideró lamentable la determinación de algunos legisladores para aprovechar su posición y nombrar a sus familiares en cargos del Congreso local.
Flores Espinosa sostuvo que no sólo se afecta la imagen del Poder Legislativo, sino que se incurre en un acto ilegal que implica una responsabilidad administrativa y que fue avalada por todas las fuerzas políticas.
"No sé si por ignorancia estén violentando la ley, pero vamos a hacer las observaciones correspondientes a la Junta Política de que se respete la ley dentro del Congreso del estado. Recordemos que somos 20 diputados y que la gente no habla de un diputado, sino de la LIV Legislatura", declaró.
La diputada de Morena hizo las declaraciones a raíz del nombramiento de Gerardo Sánchez Mote en la Jefatura de Adquisiciones, pese a ser el padre de la diputada del Partido Humanista (PH), Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala.
El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Andrés Duque Tinoco, también estaría en un conflicto de interés por designar a su familiar Edgar Duque Granda en la Jefatura de Activos Fijos.
Sin embargo, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dijo que el tema tendría que revisarse, sin embargo, señaló que fue una determinación de todos los coordinadores de las fuerzas políticas y no sólo de la presidencia de dicho órgano.
"Fue un acuerdo general, pensando en que todos los lugares importantes del Congreso los tengamos que trabajar... estábamos en un Congreso donde la gente no era nuestra, entonces era muy difícil trabajar", declaró.

La disputa entre dos bandos por la administración del recién creado municipio indígena de Hueyapan, llegó hasta la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Luego de que -la semana pasada- el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos consideró fundado el reclamo del ayudante municipal José Antonio Hernández Barrios contra el Congreso local, por no reconocer su derecho a la autodeterminación, autogobierno y autonomía para elegir a sus autoridades, y ordenó al Poder Legislativo adoptar y aplicar las medidas legislativas y administrativas que sean necesarias para garantizar que la voluntad del municipio indígena de Hueyapan se refleje en la designación del consejo municipal y la adopción de su propia estructura de gobierno, se promovieron sendos recursos de reconsideración ante la Sala Regional.

Uno fue promovido por el todavía ayudante municipal de Hueyapan, quien defiende la integración y reestructura del Consejo Municipal electo en asamblea bajo el método de usos y costumbres.

Otro fue iniciado por David Montes Rosales, hermano del exdiputado Javier Montes, y quien había sido destituido por la asamblea como vocal del consejo, pero que fue nombrado por el Congreso local como titular del Consejo Municipal.

Ambos bandos se disputan el control del Consejo Municipal, órgano que será responsable de la administración del 1 de enero de 2019 al 31 diciembre de 2021, pero todo indica que será el TEPJF el que determinará el destino de la integración de dicho consejo.  

Los diputados también votaron a favor de otorgar una prórroga al Ejecutivo para la entrega del proyecto de presupuesto 2019.

Tras dos semanas de parálisis legislativa, diputados locales autorizaron una prórroga al Poder Ejecutivo para presentar el Paquete Económico 2019 hasta el 15 de diciembre y reactivaron los fondos de Promoción Turística (Fitur), de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) y el Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fidodepi).

Los legisladores locales que finalmente se pusieron de acuerdo para reanudar la sesión del 15 de noviembre suspendida en varias ocasiones, nombraron a la diputada panista Dalila Morales Sandoval como tercer secretario de la Diputación Permanente, que deberá instalarse el 15 de diciembre próximo, cuando concluirá el primer periodo ordinario de sesiones.

Por la tarde, iniciaron una nueva sesión ordinaria y aprobaron por unanimidad la prórroga que solicitó el Poder Ejecutivo, para presentar hasta el 15 de diciembre la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

Por la vía rápida, el Pleno del Congreso también aprobó modificaciones a la ley hacendaria y dio marcha atrás a las adecuaciones que impulsaron los diputados de la LIII Legislatura, a fin de reactivar el Fitur, Fidecomp y Fifodepi.

Los legisladores establecieron el mismo ordenamiento para la operación de los citados fondos y la aplicación de sus recursos para la promoción turística y fomento del empleo, que se obtiene del pago que realizan empresarios del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), el Impuesto sobre el Hospedaje (ISH) y el Impuesto sobre los Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios.

Grupos de la disidencia magisterial señalan que tras la salida de Juan Díaz de la Torre de la dirigencia nacional, también en el comité seccional debe haber cambios.

La secretaria general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada, dejó en claro que el actual comité seccional fue electo para el periodo que concluye hasta noviembre del 2019, y ratificó que en la organización sindical hay unidad. Aseguró que uno de los acuerdos recientes fue modificar los estatutos para avanzar hacia la elección de sus dirigentes por voto directo y secreto de la base.

A un día de la reunión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador con grupos del magisterio en la Ciudad de México, las dirigencias seccionales del SNTE emitieron un manifiesto que fue dado a conocer a través de los medios de comunicación ayer martes.

En conferencia de prensa, junto con integrantes del comité seccional y el representante nacional del SNTE, profesor Fredy Gutiérrez Vergara, Bañón Estrada expuso que el actual secretario general del sindicato, Alfonso Cepeda Salas, se reunió con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que su gobierno será respetuoso de la autonomía sindical.
Dijo que Cepeda Salas –quien es el líder en funciones tras la renuncia de Juan Díaz de la Torre- hizo un llamado a sus afiliados: “A todas las corrientes magisteriales para que, sin claudicar en nuestros principios y valores, construyamos y logremos las metas educativas de su gobierno”.
Refirió que en el encuentro, al que asistieron 150 dirigentes del SNTE, entre ellos secretarios generales de las secciones sindicales de todo el país e integrantes de los Órganos Nacionales de Gobierno, estuvieron también los próximos secretarios de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación del gobierno electo.
El maestro Cepeda entregó un compendio de las aproximadamente 60 mil propuestas presentadas en los foros de consulta estatal.

En la misma conferencia, la secretaria del SNTE en Morelos recalcó que el Consejo Nacional aprobó el pasado jueves varios puntos relativos a la democratización del sindicato. 
Mencionó que entre los acuerdos destacan los siguientes: Eliminar de los Órganos de Gobierno sindical la figura de la “Presidencia del SNTE, y se facultó al maestro Alfonso Cepeda Salas para asumir las funciones estatutarias asignadas a la Presidencia del SNTE”.
“Promover en el próximo Congreso Nacional la incorporación a nuestra norma estatutaria el voto universal, directo y secreto para la elección de dirigentes seccionales y nacionales, con el objetivo de profundizar la democracia”, anotó con énfasis.

Comentó que esta última reforma podría entrar en vigor en el 2024, o antes, si es que se convoca al Congreso nacional y se dan las condiciones para la reforma estatutaria.

Ante las expresiones de algunos grupos internos que demandan cambios en las dirigencias, Gabriela Bañón dijo que son respetables sus declaraciones, pero la unidad sindical está por encima de sus intereses, y se actuará conforme a los estatutos y la legalidad.

El MMB pide relevo en la dirigencia seccional

Integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) y del Comité Democrático de Trabajadores de la Educación manifestaron ayer mismo que no permitirán imposiciones y demandaron que, al igual que a nivel nacional, en la sección 19 se lleven a cabo cambios mediante un proceso democrático de voto universal y secreto.

Al respecto, y en conferencia de prensa, indicaron que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió antes con su grupo y ha expresado que no va a tolerar que las instituciones intervengan para imponer a Elba Esther Gordillo y a sus seguidores en los estados.

A decir del vocero Alejandro Trujillo González, el actual comité seccional del SNTE "tendría que emitir convocatoria para elección", en noviembre de este año.

Se espera que aprueben hoy la prórroga solicitada por el gobierno del estado para entregar la iniciativa de presupuesto del 2019 el próximo 15 de diciembre.

Tras dos semanas de parálisis legislativa se espera que los diputados locales retomen hoy la sesión ordinaria que suspendieron el jueves 15 de noviembre y aprueben la prórroga que solicitó el Poder Ejecutivo para entregar la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 el próximo 15 de diciembre.
La coordinadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, informó que la noche del lunes pasado compareció ante diputados el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, quien les explicó de las razones por las que se solicitó una prórroga para presentar la propuesta del Paquete Económico 2019 hasta el último día del periodo ordinario de sesiones.
La legisladora local confirmó que tras ese encuentro se lograron acuerdos entre la mayoría de los diputados y se determinó retomar hoy la sesión ordinaria del jueves 15 de noviembre, suspendida para poder aprobar la prórroga solicitada por el Poder Ejecutivo y designar al quinto integrante de la Diputación Permanente, entre otros temas.
Keila Figueroa no habló sobre los términos en los que se lograron los acuerdos, sin embargo, sostuvo que el bloque de los nueve diputados que paralizó las actividades en el Congreso local, accedió a avanzar en el tema presupuestal.
La legisladora de Morena informó también que dentro del análisis que iniciarán del presupuesto de egresos para el 2019, uno de los temas prioritarios será la reconstrucción del estado, tras las afectaciones que causó el sismo del 19 de septiembre del 2017, a fin de que se asigne una partida presupuestal extraordinaria.

Diputados finalmente firman convenio con el Instituto de Crédito

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que la noche del lunes también se firmó un convenio con el Instituto de Crédito para el pago de la deuda que heredó la LIII Legislatura por cerca de 24 millones de pesos y que los trabajadores puedan acceder a sus derechos.
Derivado de ese convenio, a partir del martes todos los trabajadores del Poder Legislativo ya tienen acceso a los créditos Quirografario y de Vivienda Sustentable, de los cuales éste último está destinado a la adquisición de vivienda, específicamente en la Unidad Habitacional Las Ventanas en Jiutepec.

Diputada critica tarifa por peaje en autopista Siglo XXI

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, criticó la tarifa que se cobra por el peaje de la recién inaugurada autopista Siglo XXI, que es 82% más cara que la autopista México-Cuernavaca.
La coordinadora del Partido del Trabajo (PT) hizo una comparación con los servicios que se prestan en la vía de comunicación conocida como autopista del Sol y los beneficios que otorga la Siglo XXI, y aseguró que son menores y, sin embargo, es más costosa. 
Señaló que mientras en la México-Cuernavaca la caseta tiene un costo de 98 pesos, en el tramo Jantetelco-El Higuerón es de 179 pesos.
"En la primera son cuatro carriles y en algunos tramos más extensa, mientras que en la segunda, dos carriles; se prestan servicios sanitarios, tiendas, restaurantes, gasolinera, radiocomunicación y en la Siglo XXI cero servicios", agregó. 
Ante lo que consideró un abuso para los automovilistas, la diputada del Partido del Trabajo informó que hoy presentará un punto de acuerdo para que el Pleno del Congreso exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a Caminos y Puentes Federales (Capufe), para que se reduzca el cobro de peaje en la autopista Siglo XXI, a través de una revisión con la concesionaria.
Al gobierno del estado dijo que también se le pedirá su intervención para que se apoye a las personas que circulan por la recién inaugurada autopista.

El Ejecutivo propondrá al Congreso del estado el cambio de fiscal general, confirma el jefe de la Oficina de la Gubernatura.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, indicó que revisará con los secretarios de Gobierno y de Educación el convenio firmado con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el sindicato de académicos, mediante el cual se levantó la huelga, pues expuso que la administración estatal no tiene recursos y hasta el momento no se ha considerado la aplicación de la figura de “deudor solidario”.

El funcionario estatal pidió a la comunidad universitaria paciencia, al recordar que este 1 de diciembre asume el poder el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a apoyar el rescate financiero de la máxima casa de estudios.

Apuntó que se llegó al acuerdo de que el gobierno del estado -con un gran esfuerzo- adelantaría los recursos que le correspondían a la UAEM en los tres últimos meses del año, lo cual se cumplió puntualmente.

Recalcó que para el gobierno de Morelos la universidad del estado es muy importante, y por ello se ha hecho el acompañamiento y las gestiones necesarias para que la Federación abriera la puerta al diálogo, tanto con la administración actual, como con la del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y la disposición es la misma.

Pero enfatizó que para todos es conocida la situación de crisis financiera que heredó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y, por lo tanto, “es una situación en la que lógicamente no hay recursos, ya los usaron, ya los gastaron y se esperaba una respuesta del gobierno federal que está por terminar, pero no la hubo”.

Sanz Rivera pidió paciencia a los universitarios, al comentar que el 1 de diciembre toma posesión el nuevo gobierno federal, que se comprometió a apoyar a la UAEM, y es que hoy se cumple una catorcena más y, de acuerdo con lo expuesto por el rector Gustavo Urquiza, hasta ayer no se contaba con recursos para el pago.

En otro orden de ideas, Sanz Rivera comentó que se prepara un paquete de iniciativas que serán enviadas al Congreso local; entre ellas dejó ver que se podría incluir una que permita el cambio de titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Reiteró que hay avances en el diálogo con los diputados en torno a la solicitud de prórroga que presentó el Ejecutivo para la entrega del paquete económico.

En entrevista en los pasillos del Palacio de Gobierno, el jefe de la Oficina de la Gubernatura manifestó que la delincuencia en Morelos, como en otras entidades del país, no cesa, pero aseguró que -de igual manera- no cesarán en la lucha contra los delincuentes.

Cuestionado sobre los casos en los que elementos policíacos han sido desarmados por delincuentes, expresó que los grupos criminales actúan cada vez con mayores recursos y, por otro lado, planteó que la estrategia estatal de seguridad contempla la capacitación de sus policías.

Expresó que ha habido importantes logros en el tiempo que lleva la actual administración, pero las condiciones que encontraron son graves y el problema de la delincuencia no se resolverá en un día, ni de forma mágica. Por lo tanto, ratificó que -junto con la Federación y los municipios- continuarán con todos los recursos disponibles en este objetivo de brindar seguridad a la población.

En una ceremonia privada, el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, dio posesión al directivo.

Este martes se dio a conocer la designación como nuevo rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) de Arturo Mazari Espín, hermano de la diputada priista y presidenta de la comisión de Hacienda del Congreso local, Rosalina Mazari Espín. La información oficial señala que el titular de la rectoría cuenta con amplia trayectoria en la administración pública.

La tarde de ayer martes se dio a conocer -a través de un comunicado- la toma de protesta Mazari Espín, cuya designación habría sido aprobada por unanimidad de la Junta de Gobierno de la institución educativa.

Cabe señalar que la Upemor es un organismo descentralizado del gobierno del estado y opera con recursos de doble composición: estatales y con fondos federales; siguen lineamientos académicos nacionales, pues forma parte del subsistema nacional de universidades politécnicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el cual están integradas más de 50 universidades en diferentes estados del país.

En el comunicado oficial se informa que el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, tomó protesta a Arturo Mazari Espín como nuevo rector. “Cornejo Alatorre reconoció la trayectoria académica del nuevo rector y le instruyó sumarse a los trabajos realizados en esta institución educativa, misma que ha logrado un gran prestigio en Morelos y en el país”.
“Por su parte, Mazari Espín aseveró que ser designado como rector de la Upemor tiene una gran responsabilidad, ya que se busca tener jóvenes con liderazgo y que sean expertos en diversas áreas del conocimiento”.
Mazari apuntó que la Upemor se distingue por la investigación científica y tecnológica, por lo que cumple muy bien con lo establecido en el artículo tercero constitucional, de buscar una educación superior siempre basada en la enseñanza, la investigación y de la cultura”, indica el comunicado, ya que el acto oficial de toma de protesta se llevó a cabo de manera privada, sin invitación a medios de comunicación, como se ha hecho con anteriores rectores.
La institución educativa comenzó a funcionar en el 2004 y ha ido creciendo paulatinamente. Ya en la administración del ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, fue cuestionada la designación de la rectora anterior Mireya Gally Jordá, quien es madre del que fuera diputado local del PRD Jordi Messeguer Guillén y ex esposa de Jorge Messeguer Guillén, quien fungió como secretario de Gobierno y titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes –entre otras funciones- en la gestión pasada.

De acuerdo con la Secretaría de Educación: “Arturo Mazari Espín es Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), titulado con mención honorifica; además, cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por el Colegio de Morelos”.
Se ha desempeñado como profesor universitario en la Universidad Internacional de agosto del 2001 a septiembre del 2018, abogado litigante de derecho civil, mercantil y amparo; fue jefe de departamento y subdirector jurídico de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos de septiembre de 1995 a octubre del 2000.