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Abogan por reforma legal correspondiente.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos afirmó que el Congreso de la Unión y los Congresos locales deben debatir sobre la reducción de la edad penal, en virtud del contexto actual en que cada vez más menores cometen o participan en delitos de alto impacto.

Iván Velasco Alcoser, presidente de la Barra de Abogados, señaló que es un tema que los barristas han planteado desde tiempo atrás, y hasta hubo capacitaciones en Estados Unidos sobre el tema de justicia penal para adolescentes; sin embargo, hubo organismos de derechos humanos que pugnaron por un esquema de protección a favor de los menores en conflicto con la ley.

“La propuesta de la reducción de la edad penal la trajimos la Barra de Abogados cuando era fiscal general, en ese tiempo se le denominaba procurador general de justicia, Pedro Luis Benítez Vélez, ex presidente de la Barra de Abogados. Fuimos a una capacitación al estado de Arizona, en Estados Unidos; se propuso al Congreso y debido a que derechos humanos decía que no era procedente, no se pudo lograr”, explicó.

Sostuvo que ante las nuevas circunstancias, “esperamos trabajar en conjunto como se ha hecho con los diputados de la actual legislatura, para que se haga la propuesta para la reducción de la edad, por cuanto a los menores infractores, para cuando cometan delitos de alto impacto y éstos sean juzgados con las penas que se les impone a los adultos”.

Indicó que el tema está en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, pues se requeriría reformar la Ley General de Justicia Penal para Adolescentes y luego armonizar las leyes en las entidades federativas. 

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, se pronuncia por mayor castigo para adolescentes que cometan delitos graves.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, pidió retomar el debate sobre la necesidad de reducir la edad penal, para que adolescentes que cometan delitos graves sean juzgados como adultos y con ello eliminar la protección legal que -en muchos casos- es aprovechada por grupos delictivos para reclutar a menores.

Ejemplificó su postura con el caso del feminicidio de Mariana, la estudiante universitaria que fue ultrajada y asesinada por dos estudiantes de la Preparatoria 1 de la UAEM, pues mientras uno de los presuntos responsables -por tener 17 años- podría enfrentar una pena máxima de cinco años de internamiento en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), el otro imputado, de 18 años, enfrentaría una pena hasta de 70 años de prisión.

“Podemos observar que las penas son diferentes para una y otra persona, porque mientras el menor de edad es regido por la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, puede alcanzar una sanción de máximo cinco años. Por el otro lado, el adulto, de 18 años, que se rige por el Código Penal del Estado de Morelos, la ley es muy clara y la sanción es 40 a 70 años de prisión”.

Yo creo que se hace necesario que el Legislativo analice la posibilidad de reducir la edad para el menor, el adolescente que cometa delito grave, para que éste pueda ser juzgado como adulto, porque aquí vemos que cometieron el mismo hecho, pero las penas son completamente opuestas, porque uno es menor de edad y uno es adulto (por diferencia de menos de un año)”, explicó.

Explicó que es indispensable reabrir el debate sobre la reducción de la edad penal, en los casos en que adolescentes cometan delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro y violación, y enfatizó que los grupos criminales justamente por esta causa (la protección legal en materia penal de que gozan los menores de edad), usan a los adolescentes para ejecutar delitos.

“En Morelos debemos entender el acontecer social y no ha sido el primer caso, han sido de manera permanente los casos en que los jóvenes son utilizados para la delincuencia para cometer todo tipo de delito, justamente porque la sanción es mucho menor comparada con la sanción o la pena que tiene un adulto”.

Exhortó al Poder Legislativo a analizar la propuesta y debatir la necesidad de reducir la edad penal, únicamente cuando se trate de la comisión de delitos graves.  

Llaman a Fiscalía del Estado a asumir responsabilidad, ante niveles de impunidad.

Empresarios y organizaciones de derechos humanos y de abogados coincidieron en que debe replantearse el plan de seguridad estatal y auscultar el desempeño tanto del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, como del Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, tras el trágico ataque de un presunto “asesino solitario” que privó de la vida a dos líderes sindicales y lesionó a dos personas más a un costado del Palacio de Gobierno, la mañana del miércoles.

Jorge Mátar Vargas, presidente de la delegación de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que el sector económico de Morelos está preocupado por el tema de la seguridad y dolido por el asesinato de los líderes de la CTM, Jesús García Rodríguez, y Roberto Castrejón Calderón.

Previo al cónclave de cámaras empresariales, señaló que pedirán audiencia con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y su gabinete para escuchar de la autoridad qué acciones tomarán, luego del hecho violento que colocó de nuevo a Morelos en la escena nacional e internacional.

“Nosotros lo que queremos es que nos digan qué va a pasar, sentarnos a escuchar para tomar acciones inmediatas. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos y decir que no pasó nada o es un hecho aislado o es un hecho de la delincuencia organizada.

“Nosotros no sabemos porque no somos autoridad, nosotros lo que queremos es que nos expliquen cómo van a avanzar las investigaciones. Hay responsable intelectual, obviamente la persona que lo hizo está detenida, pero en función de eso nosotros necesitamos que nos digan hoy en día qué vamos a hacer, cómo vamos a transitar”, dijo.

Dijo que el sector económico mantiene la confianza en el gobierno estatal, pero también pidió ser escuchado y, si es necesario, pugnar por el arribo de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Marina para reforzar la seguridad en la entidad.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, pidió evaluar el desempeño de Ojeda Cárdenas y Ortiz Guarneros por considerar que ambos han fallado no sólo por desconocer la geografía territorial, política, social y criminal en la entidad, sino porque no han dado resultados.

“Les hemos dado el voto de confianza, pero me parece que lo ocurrido ayer (miércoles) es el clímax del grado de violencia que vivimos. El hecho de que haya ocurrido a unos cuantos metros de gobierno del estado (sic) es significativo, porque es un desafío de cualquier delincuente para perpetrar un delito y privar de la vida a una persona o las personas, y que no ocurra absolutamente nada”.

Tras los hechos, señaló que es necesario “pensar seriamente generar cambios en el gabinete de seguridad, porque la estrategia que se está siguiendo evidentemente no está dando resultados”, pues, mientras Ojeda Cárdena ha fungido más como una figura decorativa que como un operador real de la política interna, Ortiz Guarneros fracasó con sus políticas de prevención del delito.   

También llamó al alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, a dejar el encono político con el gobierno de Morelos y considerar sumarse al Mando Coordinado, porque las rencilla suelen abrir brechas que aprovechan los delincuentes para cometer delitos en contra de los ciudadanos.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, se sumó a las condenas por el hecho y consideró que es tiempo de que el gobierno federal entre de inmediato en auxilio de las autoridades estatales, como ellas mismas lo han reclamado.

Consideró que ante el reconocimiento público del titular de la CES respecto a que la autoridad local no tiene la capacidad para hacer frente al fenómeno delictivo, es necesario que la Federación -con fuerzas federales, el Ejército y la Marina- tengan presencia en Morelos.

Dijo que ya sea por conducto del delegado federal, Hugo Eric Flores Cervantes, o a través del gobernador del estado o, si es preciso, los abogados y ciudadanos viajen a la Ciudad de México, se debe pedir el apoyo del gobierno de la república para frenar la ola de violencia.

“La Barra de Abogados del Estado Morelos nos encontramos totalmente indignados ante los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Cuernavaca. Es notoria la inseguridad en que vivimos, por lo cual solicitamos más apoyo por parte de las autoridades federales, Ejército, marinos y Policía federal, ya que nos encontramos en un estado en el cual impera la violencia”, sostuvo.

Susana Díaz Pineda, representante del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, lamentó los hechos en que dos personas perdieron la vida y consideró que las autoridades estatales están obligadas a reconocer que la estrategia de seguridad es fallida y que necesita ser replanteada, ante el mensaje de desafío que dejó la delincuencia al atreverse un sujeto a perpetrar un ataque a plena luz del día y ante una multitud frente a la sede del Poder Ejecutivo.

Cuestionó el papel de la Fiscalía General del Estado (FGE), que tampoco ha contribuido a la estrategia de seguridad, al mantener los altos niveles de impunidad y procurar justicia selectiva, particularmente, en la investigación de homicidios.

“Sí nos hace reaccionar de manera indignada cuando dice el fiscal que solamente aquellos homicidios relevantes, como el caso de Cuautla y, supongo que también el día de ayer, son los que se investigan a fondo, y los demás están ahí durmiendo el sueño de los justos”. 

Al igual que la CIDH, la organización de litigantes critica que la fiscalía no investigue todos los delitos que se denuncian.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos y la Comisión Independiente de Derechos Humanos coincidieron en que es grave que la Fiscalía General del Estado (FGE) procure justicia de manera selectiva, porque evidencia que la fiscalía permanece anquilosada y que persiste la impunidad que fomenta la violencia, al permitir que criminales delincan una y otras vez.

Luego de que el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, aceptó que la FGE “prioriza” e investiga de manera selectiva los homicidios, el líder de los abogados barristas, Iván Velasco Alcocer, dijo que si bien es cierto que la institución sólo cuenta con 300 elementos de la Policía Investigación Criminal (PIC), el número no puede ser justificación de la ineficiencia e ineficacia, porque hasta podría ser menor la cantidad de agentes pero si fueran efectivos se verían los resultados.

Afirmó que pese a las reformas legislativas, la conversión a una fiscalía autónoma y el reciente incremento de presupuesto, la institución sigue anquilosada con sus viejos vicios.

Sostuvo que prevalece la corrupción y para que avancen los casos los ciudadanos tienen que dar dádivas, pero lo peor es que la estructura de la fiscalía permanece intocada y no hay un reingeniería que permita hacer operativas las áreas y desterrar las malas prácticas.

Lamentó las declaraciones del fiscal sobre la incapacidad de la institución para esclarecer los delitos, particularmente la investigación selectiva de homicidios, y que no tenga el control sobre la FGE, pues no sólo mantiene como colaboradores a gente de la cuestionada administración graquista sino que la estructura permanece intocada, a pesar de que no hay resultados significativos en el combate y persecución del delito.

Afirmó que el fiscal está obligado a realizar cambios estructurales y dar resultados, de lo contrario, él mismo debería fijarse un plazo y si no puede con las expectativas, que renuncie al cargo.

Agregó que mientras prevalezcan los altos índices de impunidad, se mantendrá el nivel de violencia en la entidad, porque los criminales saben que nadie los investigará ni los perseguirá para hacer frente a la justicia.

José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, también fue crítico con la postura del fiscal y afirmó que se expuso la grave situación en la que se encuentra la procuración de justicia.

“Es grave no sólo por lo que afirma el fiscal, sino porque hay una falta de procuración de justicia y los delitos siguen en impunidad. Entonces ante qué problema estamos, estamos en estado de indefensión, hay un problema estructural profundo”, expresó.

Resaltó que es preocupante que la fiscalía seleccione qué casos investiga, porque entonces su actuación se ciñe sólo a los casos que se considera “importantes” y deja en indefensión y sin justicia a muchas familias que han perdido a un ser querido.

Coincidió en que la FGE debe ser sometida a una reingeniería, pero igualmente las instituciones responsables de la prevención del delito y sanción delito.

Además, agregó, existen una serie de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre cómo reestructurar las fiscalías y ayudar a cumplir con su misión.

La transición de las facultades de las juntas laborales locales al Poder Judicial costará recursos que Morelos no tiene, dice el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Juan Juárez Rivas.

Es necesario que el gobierno del estado comience a establecer contactos con el gremio de abogados laboralistas para ir preparando el camino hacia la transferencia de las juntas locales en la materia hacia el Poder Judicial, indicó el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Juan Juárez Rivas.

Sostuvo que “nosotros continuamos insistiendo en que el nuevo sistema de justicia adversarial ha sido un verdadero fracaso; más aun, todavía no acaba  de concluirse ese proceso y nos encontramos en medio de dos sistemas que no resuelven las demandas de justicia y tenemos elementos para advertir que lo mismo pasará en materia laboral”.

Recordó que “hace unas semanas, asistimos a una reunión con el titular nacional de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), y el señor decía que para poder iniciar el nuevo sistema a través de los diversos Tribunales Superiores de Justicia se requerirá de un capital mínimo de 380 millones de pesos por estado”.

Y destacó que “¿de dónde se va a sacar, en el caso de nuestra entidad? porque a nivel local, el TSJ enfrenta de sí, serios problemas presupuestales para el desempeño de sus actuales responsabilidades, pero pronto deberá hacerse cargo de la justicia laboral”.

Incluso, calculó que el presupuesto requerido pudiera alcanzar los 500 millones de pesos, ya que se tiene que construir  un espacio como Centro de Conciliación que deberá ser el corazón y espíritu del nuevo sistema.

Pero hizo hincapié en que el gobierno estatal debe iniciar un acercamiento con los abogados laboralistas a fin de empujar un trabajo conjunto y buscar tomar decisiones de manera colegiada si es que se desea comenzar con el pie derecho.

“Lo que tenemos entendido –abundó- es que en el estado no hay mucho presupuesto del cual echar mano, habría que ver si la Federación está dispuesta a hacer algunas aportaciones a las entidades federativas, lo cual sería lo más lógico si se desea acelerar el proceso, pero aún así, la transición llevaría dos o tres años, no es cosa de semanas o meses”.

Y abundó en el sentido de que “lo que a nosotros nos preocupa es que la titular del Tribunal Superior  de Justicia no tiene ni idea de lo que es la justicia laboral y será la encargada de darle forma al nuevo modelo; ojalá se deje ayudar”.

Abogados laboralistas desconfían de la transición: Juárez Rivas.

Se espera que a partir de la primera semana de mayo queden formalmente aprobadas las reformas a la Ley Federal del Trabajo que prevén el paso de las juntas locales laborales al Poder Judicial, pero ya se toman medidas, por instrucciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, a fin de poder avanzar en la materia en la entidad, indicó la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Cecilia Rodríguez González.

Lo anterior es motivo de preocupación para el sector de abogados litigantes en materia laboral, porque consideran que mientras los cambios toman forma, el sistema de impartición de justicia al respecto podría sufrir un colapso.

Por lo menos eso estimó el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Juan Juárez Rivas, quien destacó que esta parte de las obligaciones legales de los gobiernos, muestra una debilidad histórica que podría enfrentar complicaciones durante la transición que se deberá dar, a fin de que el Poder Judicial se haga cargo de lo que hasta ahora desarrollan las juntas locales laborales en las entidades federativas.

Pero Rodríguez González sostuvo que se viene haciendo un trabajo de enlace con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local, a fin de ir preparando el camino para transferir las facultades que ordenará la nueva ley.

La misma prevé la instalación de salas de conciliación que serán el principal instrumento en la búsqueda de soluciones en conflictos entre trabajadores y patrones, para evitar llegar a demandas engorrosas que cuestan caro a las dos partes, dijo.

No obstante, Juárez Rivas insistió en que sólo se atiende una instrucción a fin de que en México se aplique un modelo “anglosajón” al respecto, “una cultura jurídica que no corresponde a la nuestra”.

“El propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha aceptado que se trata de una condición de su homólogo estadunidense, Donald Trump, para dar continuidad al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y consideró que localmente pudieran darse muchos problemas”.

“Por lo pronto, los abogados en la materia no consideran que se esté dando un paso en busca de mejorar la impartición de justicia laboral, son políticas impuestas por el gran capital que no siempre son favorables para países como el nuestro y menos para un estado que vive un rezago impresionante: más de 30 mil expedientes que esperan ser ventilados en esos tribunales y que pudieran sufrir más dilación por esa transición en proceso”, estimó.

El presidente del organismo considera necesario un cambio de estrategia y reforzar las acciones para frenar la inseguridad.

Zona surponiente.- Durante su visita al municipio de Jojutla, el presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Cristian Iván Velasco Alcocer, señaló que es urgente que se haga una reestructuración en el interior de la Fiscalía General del Estado (FGE) y así sacar a la gente que trabajó durante el periodo de Graco Ramírez.

Respecto del tema de la inseguridad, señaló que no es propio de un municipio o una región, sino un problema general en el estado. “No es exclusivo de la zona sur; el problema es a nivel estatal. Se pidió más elementos. A pesar del esfuerzo, la situación ha rebasado a las autoridades estatales; necesitamos que si hay un recurso, que sea bien aplicado y que haya asociaciones civiles que vigilen que se aplicó el recurso, mayor número de fuerzas federales y una reestructuración en el interior de la Fiscalía General del Estado”, refirió.

Agregó que para que se pueda tener mejores resultados, las corporaciones policiacas deben contar con gente de confianza; que los titulares sepan que les van a responder y que van a dar resultados.

“Porque seguir con la gente que dejó Graco Ramírez es como tener una fruta podría en una caja que sigue dañando a los demás y no habrá resultados”, insistió.

El jurista aseguró que será necesario un cambio de estrategia y reforzar las acciones para frenar la inseguridad que ha rebasado prácticamente a las autoridades.

Convocan a foro sobre empoderamiento de la mujer el viernes en la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, apoyó la petición del mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco Bravo al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para el envío de fuerzas federales al estado ante la ola de violencia.

Tras anunciar el foro organizado por abogadas barristas, que se realizará en la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN, a las 10 de la mañana de este 8 de marzo, señaló que es preciso que el estado de Morelos reciba refuerzos de la Federación para frenar la inseguridad, que, en un acto de sinceridad, ha reconocido tanto el gobernador como la Comisión Estatal de Seguridad.  

“Es necesario que la Barra de Abogados de Morelos nos pronunciemos, a unos días que se celebre el Día Internacional de la Mujer, debido a que en el estado hemos tenido varios homicidios de mujeres y feminicidios, toda vez que el gobierno del estado ha solicitado, a través de nuestro gobernador, el apoyo de las fuerzas federales para salvaguardar la integridad física y la seguridad de todas las mujeres que viven en el estado de Morelos”.  

“Esta inseguridad que tenemos, solicitamos que a la mayor brevedad el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, envíe el apoyo de las autoridades federales, militares, gendarmería y Policía Federal, ya que en todo el estado de Morelos nos encontramos con miedo ante la ola de inseguridad que se vive”, dijo.

Respecto al foro, las mujeres barristas convocaron a sus homólogos y público en general a asistir a la Casa de la Cultura Jurídica, donde abogadas y especialistas en diversos temas abordarán temas relacionados con el empoderamiento de la mujer.

Uriel Carmona Gándara ha sido incapaz de conducir a la FGE para cumplir la misión de perseguir y combatir el delito, plantea el líder barrista.

El presidente de la Barra de Abogados, Iván Velasco Alcocer, puso en duda la capacidad y liderazgo del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, para estar al frente de la institución, porque desde que asumió la titularidad de la institución, no se observan mejoras ni una reestructuración de fondo.

Explicó que nunca antes había ocurrido un conflicto laboral, ni un paro de labores similar al que hace unas semanas protagonizó el personal de la fiscalía para exigir aumento salarial y mejorar en sus condiciones laborales, ni tampoco una postura tan endeble del fiscal para dar solución a la problemática de los trabajadores.

Consideró que el fiscal no ha realizado una reestructura en los puesto clave, ni se ha allegado personal capacitado para cumplir la misión de perseguir y combatir el delito.

Afirmó que si bien es relevante el factor presupuestal para hacer mejoras a la procuración de justicia, también es relevante que haya un líder, pero hasta el momento Carmona Gándara parece estar desprovisto de esa cualidad y se le ve pasivo.

“Es increíble que a estas fechas, ya después de haber pasado tanto tiempo, no haya hecho una modificación a la estructura de cómo tiene organizado a su personal, y que el personal de trabajo, que son realmente los que llevan toda la carga, son peritos, ministerios públicos, Policía de Investigación Criminal y otros elementos que son necesarios, no sean tomados en cuenta y no les sean respetados sus derechos”.

“¿Cómo queremos que haya una impartición de justicia pronta, expedita y gratuita si ni siquiera les dan o les respetan los derechos que han adquirido con antelación? Eso de que se pierdan evidencias –dijo en referencia al caso Samir- habla de la falta de organización, falta de un personal de confianza capacitado. Si el señor tiene una estructura que no le está funcionando, o la cambia, o sí sería necesario que se vaya él”, afirmó.

Por ello, el líder de los abogados barrista sentenció que si el fiscal no asume el papel que le corresponde y no realiza un reestructura en la fiscalía con personal capaz, que renuncie y deje el puesto libre para que llegue alguien con las cualidades para dirigir la institución ante el vacío de liderazgo que se percibe.

Foro Morelense cuestiona las declaraciones del fiscal general, Uriel Carmona Gándara, al vincular el crimen con la delincuencia organizada, sin que hayan avanzado las investigaciones.

El Foro Morelense de Abogados cuestionó las declaraciones del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, y lo acusó de revictimizar al activista asesinado Samir Flores Soberanes, al vincular el crimen a la delincuencia organizada sin que hayan avanzado las investigaciones.

El presidente de la organización de litigantes, Pedro Martínez Bello, señaló que “el hecho que él refiera que el homicidio de Samir Flores fue producto de la delincuencia organizada, sin llevar a cabo una investigación previa, pues evidentemente trae como consecuencia una doble victimización: no solamente privan de la vida a este activista sino que además a su muerte es criminalizado”.

Lamentó que en Morelos y en el resto del país los defensores de derechos humanos y activistas sean blancos de agresiones por su actividad, pero además que sean víctimas de la violencia institucional al ser de facto criminalizados.

Consideró que tras las declaraciones oficiales que vinculan el asesinato de Samir Flores a la delincuencia organizada, su familia está en la posibilidad de demandar a la FGE la reparación de daño, “porque no se puede permitir que quien está a cargo de procurar justicia en el estado de Morelos, sea quien revictimice de un solo plumazo, de una sola declaración, y sin llevar a cabo una investigación previa, diga que (el asesinato) es producto de la delincuencia organizada. Porque ahora resulta muy sencillo que todo aquel homicidio que se comete en el estado de Morelos, bajo el argumento de que es derivado de la delincuencia organizada, el Ministerio Público omite investigar”. 

La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial  debería estar en funciones desde abril de 2018; acusan a la magistrada presidenta del TSJ de incurrir en omisión.

El Foro Morelense de Abogados exigió la inmediata instalación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura, ya que desde abril de 2018 legalmente se extinguió la Comisión de Transición, pero en los hechos sigue en operación.

El presidente de la organización, Pedro Martínez Bello, acusó a la magistrada presidenta, Carmen Cuevas López, de ser omisa e incurrir en responsabilidades, al no instalar la Junta de Administración.

Explicó que para Cuevas López esta situación es muy conveniente porque mantiene el control absoluto y discrecional de los recursos económicos, materiales y humanos del Poder Judicial.

“Mientras esto no ocurra, la presidenta del tribunal tiene la posibilidad de seguir haciendo la designación de los jueces y del personal, pero –además- puede seguir manejando los recursos de manera discrecional y los recursos públicos no pueden ser discrecionales. Desde luego que por ello incurre en responsabilidad jurídica y es materia de juicios (político)”, advirtió.

Con las reformas legislativas al Poder Judicial realizadas en diciembre de 2017, se extinguió el Consejo de la Judicatura y se estableció una Comisión de Transición en tanto se instauraba la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, la cual debía entrar en funciones en abril de 2018, y estará integrada por el presidente en funciones del TSJ, por un magistrado y un juez.

Hace unas semanas, un grupo de magistrados pidió una sesión de Pleno para discutir este tema, que está vinculado con la designación de jueces, pero la petición fue maratónicamente ignorada por Cuevas López. Incluso, La Unión de Morelos reiteradamente solicitó entrevistas sobre el asunto, pero tampoco hubo respuesta.

Bello Martínez consideró que la titular del TSJ es omisa y pone en riesgo la legalidad, porque al operar una comisión fuera de la ley,  los actos emitidos por este órgano pueden ser recurridos y declarados nulos.

Llamó a la representación del Poder Judicial a instaurar a la brevedad la junta y también conminó a todos los magistrados a asumir la responsabilidad que tienen de velar por la legalidad para que el nuevo órgano colegiado se instale urgentemente.

De acuerdo con versiones extraoficiales, la junta no se instaló porque Cuevas López enfrenta presiones de sus correligionarios que aspiran a formar parte de este órgano, que -como ocurría en el Consejo de la Judicatura- es un importante coto de poder. 

El representante del Consejo Estatal de Abogados solicita que se reactive el concurso de oposición para la designación de jueces, trunco desde finales de 2017.

El Consejo Estatal de Abogados (CEA) pidió a las autoridades presentar pruebas contra los jueces bajo sospecha de irregularidades en su desempeño, y exigió a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, reactivar el concurso de oposición para la designación de jueces, trunco desde finales de 2017.

Luego de que hace unos días la Comisión Estatal de Seguridad reveló que en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, integrada por autoridades estatales y federales de seguridad pública, se desvelaron casos y nombres de jueces que habrían  liberado a imputados aparentemente sin causa justificada, el director general del Consejo Estatal de Abogados, Ricardo Popoca González, expresó que no basta con hacer acusaciones, es necesario que se ofrezcan pruebas para que se deslinden responsabilidades e impongan sanciones a los juzgadores que efectivamente hayan incurrido en un desempeño anómalo.

“Pugnamos por que se aplique la ley. Si algunos jueces han incurrido en algunas faltas a su encargo, tendrán que ser sancionados. Pero también es cierto que se tienen que aportar las pruebas. Considero que hoy en día tenemos que actuar con elementos de prueba para poder castigar, porque tal parece que señalamos o nos lamentamos sin actuar”, recalcó.

Explicó que si de verdad hay seguimiento a la presunta liberación injustificada de imputados a través del sistema penitenciario, entonces las autoridades deben tener elementos para que desde el Tribunal Superior de Justicia también se investigue si efectivamente ocurre alguna actuación irregular de los juzgadores.

También pidió transparentar los resultados de las quejas administrativas que se inician contra jueces y funcionarios judiciales, pues la opacidad pone en entredicho que haya una verdadera investigación y, en su caso, imposición de sanciones.

En cuanto a la asignación de jueces, Popoca González pidió reactivar el concurso de oposición, trunco desde el 2017, para la designación de 13 plazas de jueces de primera instancia y menores, y que se acabe con las designaciones directas e interinatos, porque muchas ocasiones se pone en esos cargos a los incondicionales de la administración en turno y no a los mejores perfiles.

“Ese examen no debe quedar ahí, debe de reactivarse porque varios abogados se han preparado para participar por esos cargos. Creo que el TSJ debe retomar, y esos jueces interinos fueron designados para cumplir un encargo y no son definitivos. Si exigimos que se reactive, que se concluya ese procedimiento y que surjan los jueces, podríamos pedir que se abra otra convocatoria, pero existe ya un proceso que quedó en una etapa casi para concluirlo”, señaló. 

En la estrategia de Paz y Seguridad se necesita la colaboración de todos, señala el comisionado estatal de Seguridad Pública.

Con el objetivo de construir una relación de diálogo y comunicación cercana, el comisionado estatal de Seguridad Pública, Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, se reunió con integrantes de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, a quienes expuso parte del trabajo desarrollado en la dependencia y la forma de trabajar entre los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad.
En el encuentro celebrado en el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), el funcionario escuchó también las propuestas e inquietudes de este sector y precisó que en la estrategia de Paz y Seguridad se necesita la colaboración de todos.
Ortiz Guarneros señaló que este tipo de acercamientos abonan a trabajar de la mano a favor de los morelenses, tal como se ha hecho con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco Cuernavaca), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), entre otros.
Por su parte, Cristhian Iván Velazco Alcocer, presidente de la mesa directiva de la Barra de Abogados, expresó su apoyo al trabajo institucional que se ha realizado y manifestó la disposición del gremio para trabajar en conjunto y fortalecer las acciones en materia de seguridad.
Finalmente, el Vicealmirante aseguró que hoy en día se trabaja en la profesionalización de la corporación, en el reforzamiento de operativos coordinados con el Ejército Mexicano y la Policía Federal, con el propósito de atender todos los puntos estratégicos de la entidad y para ello se requiere la vigilancia y colaboración permanente de la sociedad civil organizada.

El presidente de la organización señala que la falta de exámenes de control de confianza puede subsanarse.

El presidente de la Barra de Abogados, Iván Velasco Alcocer, afirmó que el fiscal general Uriel Carmona Gándara podría subsanar el requisito del examen de control de confianza, pero el fiscal anticorrupción, por honor, debería renunciar al cargo no sólo porque carece de evaluación sino porque en tres años su desempeño ha sido vergonzoso.

Luego de que el Poder Ejecutivo estatal solicitó la remoción de ambos fiscales al Congreso local, el jurista afirmó que efectivamente la Ley General del Sistema Nacional Seguridad Pública, en su artículo 65, establece que las personas que ingresen a las instituciones de procuración de justicia, deberán contar con el certificado y registro correspondientes, y nadie podrá ingresar o permanecer en el cargo sin contar con el certificado y registro vigentes.

Dijo que en el caso del fiscal estatal –a quien diputados del Partido del Trabajo acusan de no contar con tal certificación al no haber sido sometido al examen de control y confianza-, podría subsanar el requisito de permanencia en el cargo, que ocupa desde hace más de nueve meses.

Pero en el caso del fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, la situación es insostenible ante su desempeño vergonzoso y carente de resultados, pues no sólo carece de la certificación, sino que hasta ahora no hay un solo ex servidor público condenado y sancionado.

“De manera moral y por honor el fiscal anticorrupción debería renunciar ya, no ha dado resultados y la prueba es que ningún imputado está cumpliendo una condena, producto de que no hay una buena integración de las carpetas de investigación. Por vergüenza, debería dejar el cargo, antes que la exhibición de su incompetencia sea mayor”, afirmó.

Observó que aun cuando Salazar Núñez tiene tres años en el cargo (ya que fue designado en agosto de 2015 por la LII Legislatura), el fiscal general, en su calidad de superior jerárquico, debió exigirles cumplir con el requisito de certificación.

En caso de prosperar la remoción, dijo, ambos fiscales podrían recurrir al juicio de amparo para defender su encargo y entonces sería del Poder Judicial de la Federación quien definiría y sentaría precedente sobre si la carencia o la caducidad de la certificación, a través de los exámenes de control y confianza, es causal para cese, ya que en la legislación existen lagunas jurídicas.  

Funcionarios sirven a intereses de la anterior administración: Juárez Rivas.

La falta de definición respecto a las estructuras burocráticas tanto en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), como en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), lleva a serios conflictos en la impartición de justicia al respecto, sostuvo el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Morelos, Juan Juárez Rivas.

“Como que nos encontramos en el limbo, unos no acaban de irse y los otros de llegar. Quienes están al frente de ambos tribunales todavía sirven a intereses del pasado y no hay confianza en ellos, pero quizás por falta de dinero para liquidarlos, los siguen aguantando, pero ellos mismos se sienten ya fuera, lo que los lleva a una especie de parálisis”, consideró.

En cada cambio de gobierno es lo mismo, agregó, sólo que ahora se viene prolongando mucho, y mientras la acumulación de expedientes sin resolver crece exponencialmente y falta lo más importante: la llegada masiva de laudos laborales, porque son muy pocos los que se han resuelto, casi la totalidad continúan sin avance, con todo lo que ello representa para los demandantes.

Juárez Riva admitió que en los años anteriores, sobre todo durante la administración del exgobernador Marco Adame Castillo, se hizo un esfuerzo por modernizar y actualizar algunos equipos. “Ya casi no se usan aquellos gruesos expedientes que ocupaban mucho espacio y tiempo, y en buena medida se dispone de computadoras y de algo de tecnología, el principal obstáculo sigue siendo el recurso humano”.

Reiteró que no se dispone de unidades vehiculares para la entrega de notificaciones. El personal calificado, independientemente de insuficiente en número, es escaso y no corresponde a la demanda, pero claro, aclaró, “quien sea un buen abogado acepta trabajar por tres o cuatro mil pesos al mes, son salarios de hambre y así están las cosas ahí”.

Manifestó que los colegios, asociaciones y barras de abogados están atentos, pero igualmente inconformes con todo lo que ocurre, “se requiere prudencia, compromiso y vocación de servicio para salir adelante y no les vemos nada”.

La SCJN determina que los litigantes deberán exhibir cédula profesional y otras evidencias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que para reclamar el pago de honorarios por servicios de defensa o representación legal, los abogados deberán acreditar ante los tribunales su carácter de profesionales del derecho con su cédula profesional y otras evidencias.

A propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la Primera Sala de la SCJN resolvió la solicitud planteada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de sustitución de la jurisprudencia 6/2018, respecto de la tesis 1ª./J. 16/2005 de rubro: “Honorarios. La acción de pago derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales, requiere para su procedencia que el actor exhiba la cédula profesional que acredite su calidad de licenciado en derecho”.

La Primera Sala consideró que la acción de pago de honorarios, derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales, requiere para su procedencia que el actor exhiba la cédula profesional que acredite su calidad de licenciado en derecho u otras evidencias que generen al juzgador la convicción de que dicha cédula se expidió al profesionista.

La acción de pago de honorarios derivada del contrato, tiene como elemento esencial que la parte actora esté autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por lo que para su procedencia es necesario que el actor acredite fehacientemente, que tiene tal calidad.

Dicha circunstancia debe probarse de manera idónea a través de la cédula profesional o a partir de otros medios de prueba que generen en el juzgador suficiente convicción de que se expidió al actor la respectiva cédula profesional, como lo serían, por ejemplo, la inscripción del profesionista en el “Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito”.

También, a través de las evidencias que demuestren que una persona fue reconocida por un juzgador como autorizada por una de las partes en un juicio de garantías, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, previa acreditación de encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado.

De este modo se aprobó la sustitución de la tesis por la de rubro: “Honorarios. La acción de pago derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales, requiere para su procedencia que el actor exhiba la cédula profesional que acredite su calidad de licenciado en derecho u otras evidencias que generen al juzgador la convicción de que dicha cédula se expidió al profesionista”.

La Barra de Abogados exige la revocación de las designaciones y convocar a un nuevo concurso de oposición.

Organizaciones de abogados protestaron por la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos días la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María de Carmen Cuevas López, no sólo porque no fueron sometidos a un concurso de oposición sino porque los nuevos juzgadores son familiares o allegados de varios magistrados, y se discriminó a litigantes y personas con carrera judicial.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, señaló que la designación evidenció el nepotismo y el amiguismo que prevalece en el TSJ, lo cual explica porque hay jueces con capacidades cuestionables y que haya rezago en la administración de justicia.

Consideró no sólo inmoral sino discriminatoria la designación, pues se excluyó de la oportunidad de ocupar alguna de esas plazas a personal del TSJ con una larga trayectoria judicial y a los litigantes que tienen experiencia, trayectoria académica y capacidad para impartir justicia.

También recordó que el año pasado se anuló una convocatoria y luego se emitió una nueva, que quedó trunca, para concursar 13 plazas de jueces de primera instancia y menores, en las que se gastó más de 600 mil pesos que fueron triangulados entre Carmen Cuevas López, el otrora titular del Secretariado Estatal de Seguridad, Omar de Lassé Cañas; y su hermano Orlando, del Instituto Nacional de Administración Pública, organismo que “calificó” parte de las evaluaciones aplicadas a los aspirantes.

Velasco Alcocer exigió la revocación de las designaciones y convocar a un nuevo concurso de oposición, para que el personal del TSJ y litigantes puedan competir en igualdad de condiciones.

Dijo que, probablemente, algunos de los que fueron nombrados jueces tienen la capacidad y el conocimiento para ejercer la función jurisdiccional, sin embargo, el nepotismo y compradrazgo, al que deben su nombramiento, pone en duda su reputación.

Insistió en que la forma de darle confiabilidad a las designaciones es necesariamente a través de un nuevo concurso de oposición, que permita en plazos razonables cubrir los requisitos para registrarse como aspirantes y ser evaluados.

Agregó que en caso de que la postura de la Barra de Abogados sea ignorada por el TSJ, se recurriera a las vías legales.

También el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, criticó los nombramientos de los ocho jueces, por estar basados en nepotismo y simpatías de la presidenta del TSJ.

Un ejemplo, señaló, es el nombramiento como juez de primera instancia de Manuel Jiménez Aquino, hijo de la actual magistrada y ex colaboradora de Graco Ramírez, Carmen Aquino Celis.  

“Gran parte de los jueces que designó, tienen relación o tienen familiaridad con magistrados de su grupo como es el licenciado Aquino, que es justamente hijo de la magistrada Aquino, cuando existen diferentes perfiles”.

“A mí me gustaría saber qué se tomó en cuenta para designar a estos jueces, porque existen secretarios de acuerdos que tienen 28 o 30 años de carrera y han estado a la espera de que se les pueda dar la oportunidad. Y, por supuesto, como no son hijos de ninguna magistrada o no tienen relación con ningún político encumbrado, entonces no pueden ser tomados en cuenta”, recalcó.

Al igual que su homólogo de la Barra de Abogados, cuestionó por qué no fue concluido el proceso para la asignación de plazas de jueces convocado el año pasado, o por qué no fue convocado un nuevo concurso de oposición, e insistió en esto es una muestra de cómo prevalecen los intereses de grupo y corrupción en el TSJ.

Hasta el momento, el TSJ no ha fijado una postura sobre las inconformidades e inquietudes que surgieron y, de acuerdo con fuentes consultadas, hay un acuerdo entre magistrados para ignorar el tema y dejar que al paso de los días se olvide, al menos en los medios de comunicación.

El 20 de septiembre de este año, como ya todos hemos constatado, estalló la impostergable huelga de nuestra querida alma mater la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

A todas luces pareciera más que obvio, un asunto de gran relevancia para que el Estado haga prevalecer el mandato constitucional que a la letra dice: Artículo 3o.: Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el 29 de enero de 2016) 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011).[i]

Es así que, este derecho humano debiera ser tutelado, en primacía por el propio Estado.

Nuestra UAEM, sí lo resguarda, ya que desde gestiones anteriores va cumplimiento su función social, toda vez, que al ir creciendo en su matrícula, así como en su infraestructura humana y material y fortaleciendo su planta docente de acuerdo a las políticas educativas tanto nacionales como internacionales, además de que los egresados de sus programas se suman a esta gran e importante labor en productividad científica, posicionándose en la actualidad a nuestra alma mater como una de las Universidades que cuenta con un ya alto número de posgrados reconocidos por el Conacyt  en su Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Ahora bien, al crecimiento de toda esta infraestructura humana, administrativa y material, se suman cuestiones inherentes a las relaciones laborales tanto de su planta docente, como de sus administrativos, en donde en su momento las jubilaciones fueron también van en ampliación de estas relaciones laborales.

Luego entonces, pareciera que el
Estado mexicano debiera atender presupuestariamente toda esta infraestructura, sin embargo y el día de hoy lo están sufriendo esta casa de estudios, así como otras nueve universidades más una déficit financiero estructural en cantidades exorbitantes, los recursos otorgados por la Federación son insuficientes, aunado a que al caso UAEM,  la omisión y negligencia con que en el propio estado de Morelos se han manejado los recursos que se debieran proporcionar a esta universidad.

Desde nuestra opinión, aspiramos dejarle a usted lector, con nuestra participación en esta publicación la invitación a preguntarnos:

¿Qué nos ha proporcionado a nosotros los morelenses egresados de las diversas unidades académicas nuestra máxima casa de estudios?, ¿qué podemos el día de hoy agradecerle?, ¿qué más es posible hoy para nuestra Universidad?

Hasta siempre apreciado lector, desde cualquier parte del mundo.

[i]https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos#10538

Un grupo de abogados y ciudadanos lo acusan de haber retenido 100 millones de pesos de las participaciones federales de la UAEM en el 2017.

Un grupo de abogados y ciudadanos solicitaron juicio político en contra del exgobernador Graco Ramírez ante el Congreso del estado. Lo acusan de haber retenido, de forma indebida y dolosa, 100 millones de pesos de las participaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el año 2017.

Como catedráticos de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, los abogados acudieron al Poder Legislativo y presentaron la demanda para enjuiciar políticamente al exmandatario, pues afirmaron que la retención de las participaciones federales de los meses de julio y agosto del año pasado fue lo que agravó la situación financiera de la institución.

"Esta retención vulneró los derechos de 40 mil estudiantes y trabajadores de la Máxima Casa de Estudios, al violentar los derechos humanos a la educación y al trabajo que se contemplan en el artículo 3 y 5 de la Constitución Política federal", sostuvo el abogado Enrique Paredes Sotelo.

Los catedráticos presentaron como pruebas en contra del exgobernador perredista, el corte de caja y los informes financieros que demuestran que la determinación del gobierno estatal afectó gravemente la operatividad de la universidad. 

Paredes Sotelo pidió a los diputados locales imparcialidad en la revisión de su demanda, pues dijo que el año pasado no la promovieron porque estaba en funciones "una legislatura a modo y creímos que no iba a prosperar".

El también integrante de la Federación de Asociaciones Civiles, Organizaciones y Movimientos Sociales explicó que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Morelos establece un año para que se pueda someter a proceso a los exfuncionarios que cometieron algún tipo de violación. 

Además, refirió, para poder enjuiciar a un servidor público que tuvo fuero, primero se debe iniciar proceso de desafuero; de lo contrario, ningún proceso legal podría prosperar.

La solicitud de juicio la firmaron también el abogado Bismarck Rentería Flores y el líder transportista Enrique Rodríguez Zagal.

La Barra de Abogados señala que hay dudas sobre la aplicación de recursos durante la gestión anterior.

El presidente de la Barra de Abogados, Iván Velasco Alcocer, llamó al nuevo comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, a realizar una auditoría al sistema de seguridad, porque hay dudas sobre la aplicación de recursos.

Señaló que es notable la falta de elementos en los municipios y ciudades de la entidad para garantizar el servicio de seguridad pública, además de que las Policías locales carecen de armamento adecuado y la administración saliente dejó grandes pendientes, como la promesa de mejorar y homologar salarios de los agentes.

Dijo que las deficiencias con las que opera el sistema de seguridad dejan en entredicho que el presupuesto asignado a la seguridad pública fuera utilizado adecuadamente, pero la única forma de saber si el recurso fue aplicado o no, es con una auditoría profunda.

“Solamente se desvió el recurso que era para los municipios y él (el excomisionado Alberto Capella) lo absorbió, pero en ningún momento vimos la aplicación del mismo. Ya llegó el vicealmirante (Ortiz Guarneros). Esperamos también una auditoría para ver que el recurso haya llegado tal cual, porque sí fue bastante la cantidad que se estuvo destinando para el rubro de seguridad pública”.

Explicó que hay municipios resguardados por un pequeño grupo de policías y en las grandes ciudades también hay deficiencia en el número de elementos para proporcionar el servicio de seguridad pública.

“Esperemos que haya documentos que puedan acreditar el valor de las cosas que se hayan comprado. Puede ser en tecnología, armamento, vehículos. Pero que se vea con nota contra la cantidad que se gastó y que sea coherente, porque también pueden poner una nota inflada, cuando sabemos el costo de cada cosa y cuánto es”, afirmó.