Abogados laboralistas desconfían de la transición: Juárez Rivas.

Se espera que a partir de la primera semana de mayo queden formalmente aprobadas las reformas a la Ley Federal del Trabajo que prevén el paso de las juntas locales laborales al Poder Judicial, pero ya se toman medidas, por instrucciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, a fin de poder avanzar en la materia en la entidad, indicó la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Cecilia Rodríguez González.

Lo anterior es motivo de preocupación para el sector de abogados litigantes en materia laboral, porque consideran que mientras los cambios toman forma, el sistema de impartición de justicia al respecto podría sufrir un colapso.

Por lo menos eso estimó el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Juan Juárez Rivas, quien destacó que esta parte de las obligaciones legales de los gobiernos, muestra una debilidad histórica que podría enfrentar complicaciones durante la transición que se deberá dar, a fin de que el Poder Judicial se haga cargo de lo que hasta ahora desarrollan las juntas locales laborales en las entidades federativas.

Pero Rodríguez González sostuvo que se viene haciendo un trabajo de enlace con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local, a fin de ir preparando el camino para transferir las facultades que ordenará la nueva ley.

La misma prevé la instalación de salas de conciliación que serán el principal instrumento en la búsqueda de soluciones en conflictos entre trabajadores y patrones, para evitar llegar a demandas engorrosas que cuestan caro a las dos partes, dijo.

No obstante, Juárez Rivas insistió en que sólo se atiende una instrucción a fin de que en México se aplique un modelo “anglosajón” al respecto, “una cultura jurídica que no corresponde a la nuestra”.

“El propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha aceptado que se trata de una condición de su homólogo estadunidense, Donald Trump, para dar continuidad al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y consideró que localmente pudieran darse muchos problemas”.

“Por lo pronto, los abogados en la materia no consideran que se esté dando un paso en busca de mejorar la impartición de justicia laboral, son políticas impuestas por el gran capital que no siempre son favorables para países como el nuestro y menos para un estado que vive un rezago impresionante: más de 30 mil expedientes que esperan ser ventilados en esos tribunales y que pudieran sufrir más dilación por esa transición en proceso”, estimó.