*Además de laudos*

El presidente municipal electo de Puente de Ixtla, Mario Ocampo Ocampo, informó que recibirán una deuda financiera de 250 millones de pesos, además de laudos que pagar por más de 50 millones de pesos.

Ante tal situación, advirtió que prevén un inicio complicado de administración y sobre todo por la separación de Xoxocotla, con lo que le quitarán a Puente de Ixtla 85 millones de pesos.

Respecto a la deuda publica, refirió que el decreto de creación del nuevo municipio señala que sí debe distribuirse, pero para ello deben ponerse de acuerdo los dos gobiernos municipales y hasta el momento no ha encontrado condiciones para ello.

Comerciantes del mercado Adolfo López Mateos (ALM) y ruteros amenazaron con enfrentamientos, si mañana trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) determinan continuar con sus bloqueos.

En rueda de prensa, Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), dijo que registraron afectaciones económicas del 80 por ciento.

Por su parte, Emilio Rosas Rico, líder de los comerciantes del ALM, refirió que el daño financiero fue del 90 por ciento, pues la gente prefirió no acercarse a la central comercial.

Ante la amenaza de que mañana volverán a realizar bloqueos los trabajadores universitarios, Rosas Rico advirtió que se movilizarían y obligarían al retiro de la protesta.

De igual forma, Rivera Jaimes apuntó que también bloquearían con sus unidades y dejarían de prestar el servicio público de transporte.

El alcalde electo de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, sostuvo que el actual edil, Manuel Agüero Tovar, está obligado a resolver el conflicto con los trabajadores.

Al respecto, refirió que el presidente municipal en funciones pretendió que este conflicto laboral explotara en enero cuando tomara protesta, pero debido a la crisis que enfrenta el Ayuntamiento, los trabajadores no pudieron esperar y decidieron salir a las calles.

Reyes Reyes también acusó que Agüero Tovar creó un sindicato alterno para generar conflictos al interior del gobierno municipal, por lo que tomará acciones jurídicas para echarlo abajo.

Finalmente, adelantó que pedirá rescate financiero con el gobierno del estado, pues el déficit que enfrenta el Ayuntamiento de Jiutepec es grave y se complicará cuando inicie su gobierno.

Ramiro Iturbe Parra, alcalde sustituto de Amacuzac, confirmó que buscan amnistía para Alfonso Miranda Gallegos, electo el 1 de julio como presidente municipal.

Al respecto, informó que tomará protesta el próximo 4 de enero, una vez que lo hagan la síndico y regidores, quienes en sesión extraordinaria lo llamarían como edil sustituto.

Iturbe Parra también anotó que a través del Senado de la República buscan que se otorgue perdón a Miranda Gallegos, pues hay elementos para que sea liberado y pueda asumir el cargo.

A más tardar mañana, el TEEM deberá resolver la integración de los concejos que fungirán como autoridades administrativas a partir del 1 de enero.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso del estado, Marcos Zapotitla Becerro, dijo que se advierten posibles conflictos sociales en los próximos días si no se establecen condiciones para la instalación de los municipios indígenas el próximo 1 de enero.
El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) informó que -hasta el momento- autoridades del Poder Ejecutivo no han respondido al llamado que hizo el Congreso del estado para que se instale una mesa de trabajo en la que se establezcan las condiciones sociales para el inicio de los municipios de Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan.
Refirió que si bien ya fueron aprobadas sus leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2019, el problema prevalece en la integración de los Concejos Municipales, que se han judicializado.
Zapotitla Becerro explicó que a más tardar el 20 de diciembre, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) deberá emitir una resolución en torno a la integración de los concejos, que fungirán como autoridades administrativas a partir del 1 de enero. "Lo que nos ordene el tribunal electoral, lo tenemos que acatar", agregó.
Sin embargo, sostuvo que si la resolución del tribunal no favorece a un grupo social mayoritario, podría haber conflictos sociales en los municipios indígenas.
El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, declaró el lunes pasado que podría posponerse la instalación de los municipios debido a los problemas que existen para la integración de los Concejos Municipales.
Ante tal postura, el legislador de Morena sostuvo que si la propuesta del Poder Ejecutivo es posponer la instalación de los municipios, deberá enviar una propuesta lo antes posible para que el Congreso del estado tome una determinación en un plazo no mayor a los 13 días.
"El Congreso no va a paralizar la entrada en vigencia, eso depende del Ejecutivo si pretende paralizarla, pero el tema es que nos haga una propuesta muy específica del por qué no pueden entrar en vigencia. Hay una fecha fatal, me refiero a que todo acuerdo debe publicarse y, en un caso de extrema urgencia, tendríamos que darle al Ejecutivo 48 horas para que publique el acuerdo", refirió el legislador.

Plantean apegarse a la política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impulsará la reducción de salarios a funcionarios de alto nivel en Morelos, incluido el gobernador del estado, cuyo ingreso mensual es de 100 mil pesos.
La coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Keila Figueroa Evaristo, informó que en el marco de la discusión del Paquete Económico 2019, propondrán la disminución de salarios en base a la política de austeridad que impulsó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a nivel federal.
"Pedirle al gobernador y a todo su gabinete que implementen el plan de austeridad. Yo creo que eso va a beneficiar a los morelenses en torno a la credibilidad y que ese recurso se pueda etiquetar en otro rubro", declaró. 
La diputada local señaló que la propuesta de Morena se basará en revisar y modificar el tabulador salarial 2019, que no ha sido modificado desde hace muchos años. "Estaremos revisando ese tema y otros más, porque hay muchos rubros que requieren más recursos y otros reducción", agregó.
De acuerdo al tabulador salarial propuesto para el 2019 en el Paquete Económico, el gobernador seguiría percibiendo un ingreso mensual de 100 mil pesos; el secretario de Gobierno, 90 mil; un secretario o secretario técnico, 70 mil pesos; un coordinador general, 65 mil; un subsecretario, coordinador, asesor "A", secretario ejecutivo o jefe de unidad, 60 mil; director general, asesor "B" o profesionista especializado, 45 mil 300 pesos; coordinador de área, asesor "C", secretario particular o profesionista "A", 29 mil; director de área, asistente o profesionista "B", 22 mil; subdirector, técnico profesional o asistente "B", 17 mil pesos, y jefe de departamento, auxiliar técnico o auxiliar administrativo, 12 mil pesos.

Analizan viabilidad de otorgar el 3.5 del presupuesto estatal a la Máxima Casa de Estudios del estado.

Legisladores locales analizan la viabilidad de incrementar el presupuesto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a fin de ayudar a resolver la crisis financiera que enfrenta, en base a la propuesta que presentó el rector Gustavo Urquiza Beltrán de aumentar de 2.5 a 3.5 el porcentaje que corresponde a la institución de los egresos totales del gobierno estatal.
El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que la propuesta, que también impulsaron estudiantes y consejeros universitarios, es revisada en base a las necesidades que existen en los distintos rubros, para determinar si hay condiciones financieras para impulsar la reforma constitucional que garantizaría un incremento presupuestal para la UAEM.
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) lamentó la situación que enfrenta la máxima casa de estudios, pero reiteró que es un problema que está en manos de la Federación para que pueda resolverse.
Sin embargo, Sotelo Martínez sostuvo que es necesario que a la par de un posible rescate financiero que se negocia con la Federación y de un incremento presupuestal, la UAEM debe ser auditada para determinar las causas de la crisis financiera que enfrenta, y sancionar a los responsables.
"No es nada más ir, rescatar y pagar el problema que se tiene, y también saber si hay denuncias iniciadas, porque definitivamente no puede ser que haya un déficit tan grande y que no haya responsables y que no se haya fincado algún tipo de responsabilidad", manifestó.

*Efectúan un bloqueo en Tejalpa*

Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Jiutepec se manifiestan, este martes, para exigir el pago de prestaciones diversas.

Se trata de trabajadores del Sindicato Único y Sindicato Democrático que exigen el pago de prestaciones pendientes, como becas a sus hijos y apoyo funerario, además del aguinaldo.

En total son mil 100 trabajadores y la deuda que tiene el gobierno del presidente municipal, José Manuel Agüero Tovar, asciende a 15 millones de pesos, aproximadamente.

Los inconformes llevan a cabo un bloqueo a la circulación vehicular, en el bulevar Cuauhnáhuac y a la altura del crucero de Tejalpa, en los carriles en ambos sentidos; exigen diálogo con el alcalde o permanecerán en el lugar.

Cabe agregar que posteriormente el Ayuntamiento de Jiutepec señaló mediante un comunicado lo siguiente:

"1.-Que el Ayuntamiento de Jiutepec respeta el derecho a la libre manifestación de los trabajadores adscritos a dos de los Sindicatos del municipio, pero rechazamos los perjuicios causados a la ciudadanía, el comercio y la industria, por los bloqueos realizados a las vías de comunicación. 2.-Que se encuentra instalada y vigente una mesa de diálogo encabezada por la Coordinación del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos y en la que participan los líderes e integrantes de los Comités de cada sindicato, para acordar el cumplimiento de las prestaciones de trabajo. 3.-Que está programada y confirmada con antelación una reunión más, a celebrarse el día de mañana 19 de diciembre, donde precisamente habrían de tratarse las inconformidades de ambos sindicatos. 4.-Que desde el inicio de esta administración 2016-2018 cada quincena se ha cumplido puntualmente con el pago del salario de los trabajadores sin que haya existido mínimo retraso. 5.-Que las prestaciones que demandan los sindicalizados están sujetas a la suficiencia presupuestal del Ayuntamiento. 6.-Se hace un llamado a la clase trabajadora del Ayuntamiento de Jiutepec a que sea mediante la vía del diálogo, por los canales institucionales adecuados, como se dirima este conflicto de carácter laboral".

Finalmente y tras varias horas de bloqueo, los manifestantes se retiraron, sin que hubiera acuerdos; además, amenazaron con repetir el día de mañana las acciones para cerrar la vía.

*Por protesta de trabajadores de la UAEM*

La Federación Auténtica del Transporte (FAT) registró este día afectaciones del 80 por ciento por bloqueos de trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Al respecto, Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de esta agrupación, informó que se vieron obligados a parar el 50 por ciento de las unidades por el cierre de vialidades.

También lamentó la falta de sensibilidad del gobierno del estado, que convocó hasta las 19:00 horas a una mesa de diálogo.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Antonio Sánchez Purón, reportó afectaciones en la actividad económica hasta del 60 por ciento, a causa de los bloqueos a vialidades y carreteras que realizan trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), este martes.

El empresario lamentó las acciones promovidas por los integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), además de la falta de respuesta por parte de las autoridades estatales y federales a la crisis financiera que enfrenta la institución educativa.

También señaló que es urgente se resuelva la situación y se pague a los trabajadores, pero también sostuvo que es necesario se transparente el uso del presupuesto de la UAEM.

También se programaron recursos para la beca salario, pero sólo para la aportación estatal, pues el 90 por ciento restante debe llegar del gobierno federal.

El gobierno del estado daría continuidad el próximo año a los programas "Beca Salario" y el de "Uniformes Escolares Gratuitos para Educación Primaria".
En la propuesta del Paquete Económico 2019, en el rubro de educación, se estableció un monto presupuestal por 45 millones de pesos para la entrega de los uniformes escolares gratuitos. Sin embargo, llama la atención el monto asignado para "Beca Salario", pues sólo se contempló una partida de 21 millones 527 mil pesos.
Dicho monto presupuestal para el apoyo a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, corresponde sólo a la aportación que hace el gobierno del estado y no se incluyeron los recursos de la Federación por 200 millones de pesos, que es el 90 por ciento del total del presupuesto que hace funcionar el programa en Morelos.
De acuerdo a la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, el Presupuesto de Egresos para el 2019, propuesto por el Ejecutivo, podría sufrir cambios no sólo por las consideraciones que haga el Congreso del estado, pues estaría sujeto al presupuesto que apruebe el Congreso de la Unión para el gobierno federal.
De tal forma, se espera que el presupuesto federal contemple presupuesto para la Beca Salario que se distribuiría en estados, como  Morelos.
Este año, el programa "Beca Salario" benefició a 120 mil estudiantes de nivel medio y superior de todo el estado.

La diputada Tania Valentina Rodríguez admite críticas por la intención del Congreso local de mantener el mismo monto del 2018, a pesar de que la presente Legislatura tiene menos integrantes.

Los 20 legisladores locales y autoridades del gobierno estatal instalaron mesas de trabajo para el análisis de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019. Diputados locales afirmaron que nada está definido y que podría haber modificaciones en el Paquete Económico que aprobarán antes del 31 de diciembre. 
El encuentro con los integrantes de la LIV Legislatura se llevó a cabo en la residencia oficial del gobierno estatal, y la encabezaron el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, y el secretario de Hacienda, Alejandro Villareal Gasca.
El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, sostuvo que hay confianza en que se logren los consensos necesarios para avanzar en el tema antes del plazo definido, que es el 31 de diciembre, ya que ayer lograron reunirse los 20 legisladores.
Sin embargo, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, adelantó que podría haber cambios en la propuesta que presentó el Poder Ejecutivo si así se considera conveniente, incluso, en el presupuesto que se proyectó para el Poder Legislativo, por 420 millones de pesos, ante las críticas que se han generado, pues se trata del mismo monto de este 2018 y son menos diputados que la LIII Legislatura.
"Queremos un presupuesto social y hay que analizar bien los rubros. Es muy importante que estén los que valen la pena, que es seguridad, salud... hay muchos pendientes y por eso estamos en ese análisis", refirió la diputada, quien insistió en que no aprobarán ningún rubro que no esté justificado. 
El presidente de la Mesa Directiva adelantó que podría cambios en el presupuesto asignado al Poder Judicial, que es menor al de este 2018, pero para ello se continuará con las mesas de trabajo con autoridades del gobierno estatal y legisladores.

Analizan Ejecutivo y Legislativo proceso de remoción de fiscales
Por otro lado, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno confirmó que analizan otras vías jurídicas para proceder con la remoción de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.
Informó que legisladores sostuvieron este lunes una reunión con el consejero jurídico del gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado, para atender el tema y en los próximos días se dará a conocer la determinación tomada por los dos Poderes del Estado.

Esta mañana, los 20 legisladores locales se reunieron con el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, y el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, para analizar la propuesta del paquete económico 2019.

Tras haber recibido la iniciativa el sábado pasado, este día los diputados conocieron detalles de la misma por los integrantes del gabinete estatal.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que se trató de un encuentro informativo y posterior a éste se instalarán mesas de trabajo con la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para continuar con la revisión del presupuesto.

Rodríguez Ruiz sostuvo que nada está definido, al tiempo de anotar que tienen hasta el 31 de diciembre para aprobar dicho paquete.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, dijo que se tiene la confianza de lograr los consensos suficientes con los 20 diputados para aprobar el paquete económico en los próximos días.

Integrantes de la Unión General de Obreros y Campesinos de México "Jacinto López" se quejaron por presuntos abusos cometidos por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), en los operativos de verificación que lleva a cabo en todo el estado.

Al respecto, Ángel Estrada Rubio refirió que se han reunido con autoridades de la SMyT para evitar más abusos, porque la detención de cada unidad les cuesta hasta 20 mil pesos para sacarla del corralón.

Además, los inconformes pidieron que se reconsidere la cancelación de los permisos provisionales y se haga un estudio de factibilidad, para que se regularicen las unidades en zonas donde sean necesarias.

*En la ofrenda colocada frente a Palacio de Gobierno*

Este lunes, familiares de las víctimas del delito instalaron un buzón informativo en la ofrenda colocada afuera de Palacio de Gobierno, en Cuernavaca.

Lo anterior, para que la ciudadanía que tenga información de alguna persona desaparecida deje su reporte, según señalaron.

Angélica Rodríguez, madre de Viridiana Morales, anotó que hasta el momento han encontrado las mismas trabas en las autoridades estatales que en las del gobierno de Graco Ramírez, para atender sus casos.

Por ello, determinaron recurrir a la ciudadanía para que aporten cualquier información de alguna víctima del delito.

Roberto Salinas Ramírez, codirector del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, hizo un llamado a los diputados para que analicen a fondo la propuesta del paquete económico 2019.

Este lunes, Salinas Ramírez pidió a los legisladores que realicen dicho análisis antes de aprobar el paquete económico y que "no firmen un cheque en blanco".

Refirió que es cuestionable el presupuesto que se pretende asignar a algunas dependencias, por lo que de autorizarse por el Congreso del estado tendría que justificarse.

Para el Congreso del estado se plantea mantener el monto de presupuesto de este año; para el Poder Judicial se reduce

La UAEM mantiene el 2.5 por ciento del presupuesto estatal  

La propuesta del Paquete Económico 2019 que presentó el Poder Ejecutivo este fin de semana plantea evitar la contratación de más deuda pública por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos públicos autónomos y las entidades. Sin embargo, busca dar continuidad al proyecto del gobierno pasado en materia de tratamiento de residuos sólidos, para quitarle esa facultad a los municipios.

La Unión de Morelos pudo acceder a la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, por 24 mil 603 millones de pesos, que entregó el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, el sábado pasado ante el Congreso del estado, la cual sí contempla una reducción en el gasto corriente del gobierno estatal mayor a los 53 millones de pesos, además de un incremento en la inversión pública por 810 millones,  en comparación con el ejercicio fiscal 2018.

El presupuesto que se plantea para el Congreso local es de 418 millones 500 mil pesos, igual al que se ejerció en este 2018; sin embargo, para el Poder Judicial, el presupuesto proyectado es de 586 millones de pesos, 24 millones menos que el de este año, que fue de 610 millones de pesos; mientras que al Poder Ejecutivo se le propone asignar más de tres mil 804 millones de pesos (integrados los recursos federales), a comparación del monto ejercido en 2018, que fue de tres mil 595 millones.

El presupuesto para gasto corriente que se ha proyectado para el gobierno del estado es de dos mil 241 millones, mientras que el ejercido este año fue de dos mil 294 millones de pesos, es decir, 53 millones menos. Sin embargo, el tabulador salarial no registra cambios a la baja, por lo que el gobernador y altos mandos continuarán con las mismas percepciones que este 2018.

De acuerdo a la iniciativa, la Oficina de la Gubernatura sería una de las dependencias del gobierno estatal con mayor presupuesto, ya que ejercerá un monto cercano a los 222 millones de pesos. 

Para la Comisión Estatal de Seguridad se ha proyectado un presupuesto por mil 98 millones de pesos, superior al de este año, que fue de 683 millones.

En el rubro de salud se estableció un monto mayor a los dos mil 436 millones de pesos, que sin embargo es inferior al de este año, que fue de dos mil 839 millones de pesos. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recibiría un presupuesto superior a los 616 millones de pesos, que corresponden al 2.5 por ciento en base a su autonomía constitucional.

Dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo busca darle continuidad al proyecto anterior en materia de residuos sólidos, ya que se plantea autorizar a los municipios firmar convenios con el Poder Ejecutivo para ceder su facultad en el tratamiento de la basura hasta por un periodo de 30 años, al igual que la entrega de los predios que se tienen para tal fin.

A su vez, el proyecto propone al Congreso del estado autorizar la firma de convenios con empresas para la instalación de plantas de valorización (separación) de residuos sólidos en el estado.

En cuestión de ingresos, no se contemplan incrementos en impuestos y cobros de derechos, a excepción del nuevo cobro en canje de placas (reemplacamiento) a partir de febrero del 2019, por el que el gobierno estatal tendría ingresos superiores a los 500 millones de pesos.

Hoy se reunirán con el secretario de Hacienda

Diputados locales se reunirán este lunes con el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, para iniciar el análisis del Paquete Económico 2019.

Los legisladores han adelantado que podría haber condiciones políticas para que esta semana se apruebe el presupuesto.

La legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinosa, afirmó que no aprobarán la propuesta del Poder Ejecutivo "a ciegas", por lo que han solicitado se les explique el proyecto y se pueda votar en los próximos días. 

Mientras tanto, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública sesiona de manera permanente para el análisis y dictaminación del Paquete Económico.

Se espera que este lunes la Junta Política y de Gobierno sesione para impulsar el acuerdo por el que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones en el que se apruebe el Presupuesto 2019 y, además, se aborden otros temas.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, manifestó su confianza para que se generen los consensos políticos para que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se apruebe en los próximos días.

Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez están amparados por la justicia federal    

Los diputados locales siguen diversas líneas de investigación para lograr remover al fiscal general y al fiscal  anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, respectivamente, este año.

Ahora que los citados funcionarios nombrados por Graco Ramírez están amparados por la justicia federal, los legisladores locales no podrían concretar la destitución de los fiscales en los próximos días. Sin embargo, en al menos dos comisiones del Congreso del estado –entre ellas la de Puntos Constitucionales y Legislación- se investiga al fiscal general Uriel Carmona por omisiones y acciones fuera de la ley cometidas durante su encargo.

Mediante esos nuevos procesos, los legisladores buscarán generar los consensos para que sí avance la remoción de los fiscales, a diferencia de la solicitud del Poder Ejecutivo, sustentada en que los funcionarios no cumplieron con los exámenes de control de confianza.

El asunto podría incluirse como uno de los temas a abordar en el periodo extraordinario de sesiones que se abrirá en las siguientes horas para aprobar el Paquete Económico 2019.

El Pleno del Congreso del estado conoció la iniciativa de reforma a la Ley General de Hacienda del estado de Morelos, para incluir a los municipios indígenas en el reparto de las participaciones federales y de aportaciones estatales para el ejercicio fiscal 2019.
En sesión ordinaria que se desarrolló la tarde de este viernes, la diputada del Partido Social Demócrata (PSD), Naida Díaz Roca, propuso incluir en la distribución de los recursos municipales a Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan.
Dicha iniciativa fue turnada a comisiones. Sin embargo, deberá analizarse y someterse a votación este sábado, para que los nuevos municipios indígenas sean incluidos a su vez en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019, que podría votarse en las próximas horas.
De aprobarse la reforma hacendaria, se generarían las condiciones financieras para que los municipios indígenas se instalen el primero de enero, como lo establecen los decretos de su creación.
La protesta de reforma señala que la distribución de las participaciones federales y de las aportaciones estatales se hará en base al número poblacional de cada municipio, a fin de no generar inequidad en el reparto de los recursos financieros.
Los municipios de Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla presentaron su propuesta de leyes de ingresos, que también se espera sean votadas este sábado.

Son de la facción que espera hacerse con el poder desde el primero de enero pero que fueron desplazados por una decisión del Tribunal Electoral.

Habitantes de Xoxocotla irrumpieron en el Congreso del estado y el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), causando destrozos en los inmuebles. Protestaron en contra de la resolución del órgano electoral local que modificó la integración del concejo municipal que gobernará el próximo 1 de enero.
Alrededor de las 10 de la mañana de este viernes, los pobladores del futuro municipio indígena arribaron a la calle Doctor Guillermo Gándara, donde se ubica la sede del Poder Legislativo y bloquearon la vialidad con autobuses.

Los elementos de seguridad del Congreso impidieron el acceso a los inconformes y cerraron las puertas con cadena y candado.
A empujones, los pobladores doblaron los barrotes de una de las puertas y con un mazo rompieron el candado.
"Estamos inconformes porque el gobierno metió las manos para que el tribunal le diera el triunfo a alguien que no ganó", manifestó Gregorio Jiménez Solano, secretario del Concejo Municipal electo en febrero pasado, quien encabezó la irrupción al Congreso del estado.
Los ciudadanos tomaron toda la sede legislativa. Con mesas, lozas de concreto y cualquier objeto que encontraron, bloquearon los accesos a las oficinas para impedir la salida o entrada de los trabajadores y diputados locales, aunque éstos últimos no se encontraban en las instalaciones.
"Nadie entra ni sale", gritaron los pobladores al cerrar finalmente con candado la entrada principal del Congreso del estado.
Cerca de las 12 del día, un grupo de habitantes de Xoxocotla se movilizó al TEEM, donde causó destrozos en las instalaciones. Los inconformes nunca pidieron audiencia con los magistrados y unos minutos después regresaron al Congreso local.
Al mismo tiempo, en la sede legislativa los trabajadores que habían sido retenidos a la fuerza por los manifestantes, lograron salir de las oficinas del Poder Legislativo.
Minutos antes de las 2 de la tarde arribó a la sede del Congreso Leonel Ceferino Díaz, quien por la mañana se reunió con autoridades del gobierno estatal. Informó a sus compañeros que impugnarán la resolución del TEEM ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con el respaldo del Poder Ejecutivo estatal esperarán a que el fallo sea a su favor. 
El tribunal electoral habría favorecido a un nuevo Concejo Municipal, encabezado por José Flores y Juan López. 
Minutos después los pobladores abandonaron el inmueble y regresaron a Xoxocotla, sin haber dialogado con los diputados que sesionarían por la mañana y pospusieron la sesión ordinaria hasta las cuatro de la tarde, aunque al final declararon un receso que se prolongó el resto del día.

*También en el TEEM*

Este viernes, habitantes de Xoxocotla irrumpieron en el Congreso del estado, para exigir diálogo con los diputados.

Los inconformes rompieron el candado y la puerta; además, amenazaron con cerrar el inmueble y no permitir la salida de legisladores.

Alrededor de las 11:30 horas cerraron todas las oficinas, con trabajadores en el interior; sin embargo, no hay diputados en la sede legislativa.

Pedro Alonso Pérez, secretario del Concejo Municipal de Xoxocotla, acusó a la autoridad estatal de meter las manos en el proceso de instalación del municipio.

Lo anterior, al señalar que el tribunal electoral resolvió a favor del grupo contrario al concejo para que sea el que gobierne.

Alonso Pérez advirtió que si no se respetan las elecciones de febrero pasado tomarán el Congreso local, además de efectuar otras acciones más radicales como evitar la instalación del municipio en enero próximo.

Los manifestantes bloquearon los dos accesos principales al inmueble: "Nadie entra ni sale", advirtieron, luego de cerrar con candado y una loza de concreto.

Al mediodía y después de permitir la salida del inmueble a comunicadores, un grupo de pobladores se movilizó al Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), en donde causaron destrozos.

Por su parte y tras llegar a la sede legislativa, la diputada Keila Selene Figueroa Evaristo informó que podrían sesionar en sede alterna, ante las condiciones sociales en el Congreso.

Posteriormente, trabajadores del Congreso lograron salir a la fuerza de la sede legislativa tomada por habitantes de Xoxocotla, quienes después permitieron que también sacaran sus automóviles.

Poco antes de las 14:00 horas, los manifestantes comenzaron a retirarse del Congreso.

Leonel Ceferino Díaz, presidente del Concejo Municipal, informó que impugnarán la resolución del TEEM ante la Sala Regional; añadió que el gobierno estatal les ha garantizado que intervendrá para que la resolución sea a favor del concejo ganador en febrero.

El Legislativo hace llamado al gobierno del estado a resolver el asunto en mesas de trabajo.

El Congreso del estado solicitó de manera urgente al Poder Ejecutivo iniciar mesas de trabajo para resolver la instalación de los municipios indígenas de Xoxocotla, Coatetelco y Hueyapan.
Mientras el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, requirió al Poder Legislativo información respecto a la situación territorial, patrimonial y poblacional de los nuevos municipios para que se proceda al proceso de entrega-recepción y a la asignación presupuestal, a 16 días de que concluya el año, ayer, diputados locales respondieron que no es facultad del Congreso y solicitaron se instalen mesas de trabajo como un asunto de corresponsabilidad.
Mediante un acuerdo emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Territorial y Pueblos Indígenas aprobado este jueves, los diputados locales hicieron la solicitud al Ejecutivo, ya que no existen condiciones para que se instalen los municipios indígenas.
En el oficio enviado al secretario de Gobierno, los diputados hacen hincapié en que el próximo sábado concluye el periodo ordinario de sesiones, por lo que el tema de los municipios indígenas deberá atenderse en las próximas horas.

Ni siquiera hay presupuesto para el pago de aguinaldo de los trabajadores sindicalizados y de confianza, señala.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, garantizó que como diputados no se asignarán bono de fin de año, pues no cuentan con presupuesto para el pago de aguinaldo de los trabajadores sindicalizados y de confianza.
"No tenemos esa calidad de empleados del Poder Legislativo. Ni siquiera va a ser un tema de doble discurso, que vamos a salir a los medios a decir una cosa y a hacer otra. Decirlo de manera categórica, ni siquiera completamos para los empleados para pagarle su aguinaldo y nadie de los diputados se me ha acercado para decirme algo", aseguró.
El legislador del Partido del Encuentro Social (PES) refirió que el Poder Ejecutivo sigue sin responder a la solicitud de ampliación presupuestal por 20 millones de pesos que el Congreso del estado planteó desde hace un mes, por lo que requerirá una mesa de trabajo para que se revise el tema de manera urgente.
Por otro lado, rechazó que el Poder Legislativo pretenda asignarse un presupuesto de 500 millones de pesos, como se acordó en la Junta Política y de Gobierno desde hace dos meses.
Sotelo Martínez sostuvo que fueron rumores y que se apegarán a un plan de austeridad, como se busca a nivel federal.
Refirió que revisarán que el Paquete Económico a aprobar para el 2019 sea austero y social, el cual se desahogará en los próximos días, cuando reciban la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno del estado.

Exigen que se asigne una partida presupuestal para el pago de su prima de antigüedad.

Maestros jubilados protestaron en el Congreso del estado para pedir el respaldo de los legisladores para que asignen una partida en el Presupuesto 2019 para el pago de su prima de antigüedad y, por enésima vez, fueron ignorados por los legisladores.
La mañana de este jueves, los maestros irrumpieron en la sede legislativa porque no se les permitía el acceso. Molestos, amenazaron con tomar las oficinas de los diputados.
"No es justo. Somos compañeros ya con una edad avanzada y que no merecemos esto. Este pago nos lo han estado negando por años y queremos que hoy que se negocia el presupuesto para el 2019 pues se nos dé", manifestó uno de los profesores jubilados inconformes por el trato de los diputados.
Los maestros que acudieron al Congreso dijeron que desde la semana pasada se les prometió que esta semana se atendería el tema en la sesión ordinaria de ayer, la cual no se llevó a cabo, y "así ha sido desde hace varias semanas", agregó el maestro.
Los docentes en retiro advirtieron que si este viernes no se les atiende y se les garantiza que se asignará presupuesto para el pago de la prima de antigüedad al magisterio, tomarán las instalaciones del Poder Legislativo.

Sigue atorada la remoción de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, admitió que el divisionismo que hay en el Congreso del estado podría paralizar los asuntos pendientes por desahogar en las horas restantes a la conclusión del período ordinario de sesiones, como es la remoción del fiscal general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.
La coordinadora del Partido del Trabajo (PT) convocó a sus homólogos a la unidad para sacar adelante los temas de la agenda legislativa, sobre todo a los legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se oponen a la destitución de los 'fiscales carnales'.
A pesar que Tania Valentina Rodríguez Ruiz creó un grupo de nueve diputados en favor y en contra de varios temas, también pidió a sus compañeros morenistas trabajar en conjunto, ante la intención de ese grupo parlamentario de removerla de la Junta Política y de Gobierno.
"Yo no creo que vale la pena cambiar al presidente de la junta, porque no creo que haya ingobernabilidad en el Congreso, creo que hay puntos de vista distintos y están en su derecho de querer la junta, pero me preocuparía más por decirles que nos unamos para sacar a los fiscales el día de mañana", agregó. 
La legisladora, sin embargo, rechazó que las diferencias entre las fuerzas políticas durante los primeros cuatro meses de la LIV legislatura hayan sido causa de que no hayan dado los resultados esperados por la ciudadanía. 
"La agenda legislativa fue rápida(...) tuvimos comparecencias, entrega-recepción, la verdad es que ha sido muy poco tiempo, creo que la agenda da para más y tendremos que cambiar con Morena, que entiendan que no es personal", aseveró la presidenta de la Junta Política y de Gobierno.

*De fin de año*

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, rechazó que se vayan a autorizar aguinaldo o bono de fin de año los diputados.

Al respecto, mencionó que no cuentan con recursos para cumplir con ese derecho a los trabajadores, aún menos para los legisladores.

Por otra parte, confirmó que al día de hoy el Ejecutivo no ha respondido a la solicitud de ampliación presupuestal por 20 millones de pesos que solicitaron como Congreso local.

En cuanto a la discusión del paquete económico 2019, Sotelo Martínez mencionó que convocarán a periodo extraordinario o bien dejarán abierto el primer periodo el próximo sábado.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que será mañana cuando sesionen y suban al Pleno el asunto sobre la destitución de los fiscales general y anticorrupción.

De igual modo, la legisladora admitió que aún no hay los consensos necesarios para que el tema sea aprobado.

Sin embargo, Rodríguez Ruiz anotó que si no se logran dichos consensos, los fiscales seguirán en su cargo y los diputados revisarán el tema a futuro.

Maestros jubilados protestaron por enésima ocasión en el Congreso del estado, este jueves, para exigir el pago de su prima de antigüedad.

Los docentes inconformes piden que se asigne una partida presupuestal para el 2019.

Al negarse su acceso, los maestros irrumpieron y amenazaban con tomar las instalaciones; tras varios minutos de protesta, los profesores jubilados se retiraron sin ser recibidos.

Amenazan con parar labores desde hoy si no les dan fecha de pago.

Trabajadores sindicalizados del Congreso del estado encararon a los diputados y exigieron el pago de su aguinaldo. Amenazaron con parar labores si no se les cumple con dicha prestación laboral.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Erick Alejandro Reyes Chávez, informó que aún se les deben dos de los tres meses de aguinaldo a los que tienen derecho, ya que la LIII Legislatura pagó un mes de los dos que estaba obligada a cubrir. 
Sin embargo, dijo que los legisladores sólo les han respondido que el Congreso del estado no tiene presupuesto para cumplir con dicha obligación.
"Nosotros creemos que eso no puede ser el impedimento que nos haga valer nuestro derecho que ya está por ley. Ellos tienen que darnos una certeza de qué va a pasar con nuestro aguinaldo. No podemos llegar al día en que por ley nos tienen que hacer el pago y no nos lo hagan", manifestó el líder sindical. 
Reyes Chávez no descartó un paro de labores si los diputados no cumplen con el adeudo a trabajadores, pues además del aguinaldo, se les deben -desde la legislatura pasada- otras prestaciones acordadas en el convenio contractual.
El plazo para que se les cumpla con el pago de aguinaldo, según el líder sindical, es el 20 de diciembre. 
Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que están a la espera de una respuesta de la Secretaría de Hacienda a la solicitud de ampliación presupuestal por 20 millones de pesos, para cumplir con el pago de aguinaldos a los trabajadores sindicalizados y de confianza.

Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez se abstienen nuevamente de comparecer ante la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Congreso estatal.

A unas horas de que concluya el periodo ordinario, diputados locales buscarán concretar la remoción del fiscal general y del fiscal anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, respectivamente.
Por la vía rápida y a puerta cerrada, los legisladores del Partido Encuentro Social (PES) y José Casas González, del Partido del Trabajo (PT), convocaron a sesión de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, en la que comparecerían los fiscales, que fueron citados con tan sólo 48 horas de anticipación (el 10 de diciembre). 
Sin embargo, Carmona Gándara no acudió a la cita y Salazar Núñez determinó enviar un escrito en el que señaló los elementos por los que considera es improcedente su destitución.
Ante la ausencia de los dos funcionarios, los legisladores citados acordaron proceder a la dictaminación del caso, con el voto en contra de la legisladora del Partido Humanista (PH), Cristina Xochiquetzal Sánchez Arano, tercera integrante del órgano legislativo, y quien también se opuso a que la sesión se realizara en privado.
El presidente de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, sostuvo que no se violentó ningún derecho de los fiscales, pues se les garantizó audiencia para presentar sus alegatos en el proceso de destitución que solicitó el Poder Ejecutivo.
Pol tal razón, la comisión antes citada presentará este jueves ante el Pleno un dictamen en el que se establecerá si hay motivo o no para la destitución de Uriel Carmona y Juan Salazar.
Casas González informó que el dictamen se integrará en base a si los fiscales cumplieron o no con los requisitos para estar en el cargo, luego de que no se sometieron a los exámenes de control de confianza.
Mientras tanto, diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reiteraron que votarán en contra de la remoción de los funcionarios mencionados, por tratarse de un proceso viciado de origen.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local,  Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que mañana se votará en el Pleno el dictamen de la solicitud de destitución de los fiscales.

En entrevista, el diputado informó que ante la determinación de los fiscales de no acudir a la comparecencia a la que fueron citados, este miércoles, la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas dictaminará si procede o no su remoción.

"Mañana todos conocerán el sentido de la dictaminación", manifestó Sotelo Martínez, al tiempo de anotar que no se recibió notificación de alguna justificación de inasistencia.

Finalmente, el legislador destacó que esperan poder generar el consenso entre los diputados, para avanzar en los temas de interés público.

Trabajadores sindicalizados del Congreso del estado amenazaron con realizar paro de labores, este jueves, si legisladores no les garantizan el pago de aguinaldo.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Morelos (SUTSPLEM) Erick Alejandro Reyes Chávez, manifestó que no es válido que los diputados digan que no cuentan con presupuesto, cuando se trata de un derecho laboral.

Por lo que hoy estarán presentes en la sesión de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos; si no hay respuesta, mañana dejarán de laborar.

Reyes Chávez refirió que a los sindicalizados les adeudan dos de los tres meses que les corresponden por ley, ya que la LIII Legislatura sólo les cubrió un mes de los dos a los que estaba obligada.

Previo a la comparecencia a la que fueron citados los fiscales, el diputado José Casas González señaló que, aún y cuando no acudieran los funcionarios estatales, hoy se dictaminará el proceso de su remoción.

Adelantó que la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Congreso local se encargará de dictaminar al respecto.

Casas González también agregó que se espera que hoy o mañana haya sesión ordinaria, especialmente para tratar este tema.

La sesión de la comisión dio inicio alrededor de las 12:45 horas de este miércoles, a puerta cerrada; poco antes de las 13:30 horas, fue declarado un receso.

El Congreso volvió a citar a comparecer al fiscal general Uriel Carmona Gándara

La notificación al fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, fue fijada en puerta

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, se pronunció hoy por fijar un acuerdo definitivo entre todas las fuerzas políticas, para evitar que la división afecte aún más el trabajo legislativo.

La diputada refirió que han sido las formas en cómo se han tomado o pretendido tomar decisiones las que han afectado a la generación de consensos entre las fuerzas políticas.

También confió en que si se logran acuerdos pueda avanzar el tema del fiscal y otras cuestiones pendientes, antes de que concluya el periodo ordinario.

En tanto, se confirmó que el Congreso local volvió a citar a comparecer al fiscal Uriel Carmona Gándara, para garantizar el derecho de audiencia, en el marco de su proceso de destitución.

El gobierno del estado entregará el sábado la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del próximo año.

El Paquete Económico 2019 para el gobierno del estado podría estar listo hasta finales de diciembre, ya que formalmente el Poder Ejecutivo entregará su propuesta el próximo sábado 15 de diciembre ante el Congreso del estado.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Rosalina Mazari Espín, refirió que el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, le comunicó que el 15 de diciembre presentará la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, de acuerdo a la prórroga que autorizó el Congreso del estado.
Aseguró que inmediatamente iniciará el análisis de la propuesta y, para ello, la comisión que preside se encuentra en sesión permanente.
Explicó que el mismo sábado se podría convocar a un periodo extraordinario de sesiones para la revisión y aprobación del Paquete Económico, que podría alargarse hasta finales del presente mes.

UAEM requiere presupuesto de 3.5 por ciento de los recursos del estado

La legisladora explicó que -mientras tanto- el Congreso local sigue abierto a las solicitudes de organismos e instituciones públicas, como fue el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuyo rector Gustavo Urquiza Beltrán presentó una propuesta de incremento presupuestal.
Mazari Espín confirmó que la propuesta del rector es incrementar de un 2.5 a un 3.5 por ciento del presupuesto del gobierno estatal y, para ello, el Congreso tendría que reformar la Constitución Política del estado.
La propuesta del rector de la UAEM coincide con la que estudiantes y consejeros universitarios presentaron hace dos meses, como una solución al déficit financiero que enfrenta la institución.

Faltan recursos para nómina y aguinaldo

A cuatro días de que concluya el primer periodo ordinario del primer año de la LIV Legislatura, diputados locales no han pagado el aguinaldo a trabajadores por falta de presupuesto.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que no han tenido respuesta a la solicitud de ampliación presupuestal por 20 millones de pesos que presentaron al gobierno del estado.
De acuerdo al legislador del Partido Encuentro Social (PES), el déficit financiero que heredó la LIII Legislatura fue de 50 millones de pesos. Sin embargo, pidieron el respaldo de la Secretaría de Hacienda estatal para que se amplíe el presupuesto al Congreso del estado, o bien, se autorice un adelanto de las participaciones, con el que pagarían prestaciones a trabajadores.
Además de la falta de pago de aguinaldos, a algunos trabajadores se les ha informado que recibirán el pago de sus salarios hasta el próximo año. De igual forma, a los empleados que fueron despedidos en las últimas semanas también se les liquidaría hasta febrero del 2019.
El Congreso del estado también arrastrará deudas con proveedores para el siguiente año, las cuales también heredó de la pasada Legislatura.

*Este jueves*

El líder del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM), Mario Cortés Montes, confirmó que este jueves podría haber paro de labores de manera indefinida en la institución, ante la falta de pago de salarios.

Al respecto, refirió que mañana se llevará a cabo el consejo general de representantes para determinar las acciones que realizarán, a raíz de que no hay una solución a la crisis financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Cortés Montes indicó que aunque hay una promesa de asignar recursos para la UAEM, en los próximos días por parte de la federación, ya no pueden esperar más a que se cumpla.

Cabe agregar que de manera previa al inicio del evento que encabezó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador en Jojutla, trabajadores de la UAEM se manifestaron en dicho municipio por la falta de pago de su salario.

El presidente de la la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Jorge Mátar Vargas, sostuvo que es lamentable lo que ocurre en el Congreso del estado, que no ha dado resultados a tres meses de que inició la LIV Legislatura.

En entrevista, el empresario dijo que, en la "lucha de poderes", los legisladores no han podido cumplir con sus promesas de campaña y los únicos afectados son los ciudadanos: "Estamos en espera de que nos generen los resultados de los compromisos que ellos mismos adquirieron, al ser nombrados por todo el pueblo de Morelos", anotó.

Mátar Vargas también se pronunció porque la remoción de fiscales avance, siempre y cuando haya elementos y no se violente la ley en ese proceso.

Los diputados se pronuncian por aumentar el número de verificentros y por incentivos fiscales para los automovilistas.

El Congreso del estado exhortó al gobierno del estado a revisar la operatividad del programa de verificación vehicular y a reconfigurar sus bases y lineamientos, a fin de corregir las fallas e irregularidades que se cometieron en el gobierno que encabezó Graco Ramírez. 
Durante la sesión ordinaria de ayer, los legisladores aprobaron un punto de acuerdo impulsado por la panista Dalila Morales Sandoval, quien cuestionó la estrategia que implementó la administración pasada en el tema de protección al medio ambiente.
Sostuvo que el gobierno de Graco Ramírez erró al haber reducido de 50 a 10 verificentros instalados en todo el estado, pues disminuyó cinco a uno la capacidad de atención del citado programa.
"El programa de verificación vehicular en el estado carecía de elementos vinculantes y mecanismos eficaces de sanción, ya que la Secretaría de Desarrollo Sustentable no contaba con la estructura operativa y de vigilancia necesaria para verificar su cumplimiento", explicó la legisladora, en tribuna.
Actualmente, dijo, además de no tener la capacidad para atender a todos los automovilistas, los verificentros no cuentan con el equipo que se requiere para su operación, como es la instalación de un software cuyo costo supera los dos millones de pesos.
"Acudir a un centro de verificación se traduce en un calvario que hay que sufrir para llevar a cabo la revisión técnico-mecánica y obtener la calcomanía con holograma aceptable, por lo que –lamentablemente- dada la configuración actual del programa, éste es únicamente contemplado cuando los automovilistas desean transitar a la Ciudad de México, de otro modo los usuarios lo consideran irrelevante”, agregó la legisladora. 
El Pleno del Congreso consideró urgente que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), reconfigure el programa de verificación vehicular para contar con un programa sólido y estructurado.
Además, los diputados solicitaron al Poder Ejecutivo que gestione los recursos financieros necesarios para que el número de los centros de verificación aumenten y cuenten con la infraestructura adecuada, y para los automovilistas se implementen incentivos fiscales.

El avance de la reconstrucción en Morelos es mínimo, establecen diputados.

Los diputados locales acordaron solicitar información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto de los resultados de las revisiones aplicadas a los ejercicios fiscales del 2017 y 2018 sobre los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) destinados al gobierno de Morelos para la reconstrucción del estado, a causa del sismo del 19 de septiembre del año pasado. 
En sesión ordinaria, los legisladores locales señalaron que la información que se requerirá a la ASF es para conocer las irregularidades detectadas en la aplicación de las auditorías a los recursos asignados al gobierno del estado que encabezó Graco Ramírez, ya que el avance en reconstrucción es mínimo.
De acuerdo a la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, la Federación asignó para Morelos del Fonden más de cinco mil millones de pesos, recursos que a la fecha se desconoce en qué se aplicaron. 
"A más de un año del sismo no es posible identificar el panorama de la reconstrucción en Morelos con la información publicada", explicó la diputada, al referirse también al fondo "Unidos por Morelos".
Figuera Evaristo señaló que es importante que se conozcan los resultados de las auditorías aplicadas para sustentar la investigación que lleva a cabo la Comisión Especial para la Reconstrucción del Estado, creada por la LIV Legislatura, e iniciar de manera inmediata un proceso en contra de las exautoridades responsables de que afectados por el sismo del 2017 hayan sido presuntamente defraudados.
De igual forma, la legisladora de Morena dijo que se investiga qué hizo el gobierno de Graco Ramírez con los apoyos destinados en despensas, cobertores y, en general, la ayuda que llegó a Morelos tras los daños que causó el terremoto del 19 de septiembre.

Acusan a Uriel Carmona Gándara de haber impuesto a su esposa en notaría.

En medio de enconos y acusaciones sobre un proceso viciado y a "capricho" de los legisladores, el Congreso del estado avanza en la remoción de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.
Ayer, los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidieron a la Mesa Directiva se revise el proceso que se inició en contra de los fiscales, por estar viciado de origen. Incluso, el legislador Marcos Zapotitla Becerro sostuvo que dichas violaciones reiteradas a la ley por el Congreso se han cometido a propósito, con el fin de que los fiscales puedan impugnar el proceso y permanezcan en el cargo. Por tal razón, se pronunció por proceder de manera correcta y reunir las causales necesarias para la destitución de los funcionarios.
Sin embargo, los legisladores del Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) advirtieron que el proceso continúa y que la destitución de Uriel Carmona y Juan Salazar se concretará en las próximas horas. 
La coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, afirmó que han actuado en base a la ley e insistió en que existen elementos jurídicos suficientes para concretar la destitución de los dos funcionarios antes mencionados.
José Casas González, diputado del PT, advirtió que iniciarán un juicio político en contra de sus homólogos de Morena por oponerse a que se cumpla con la ley y se remueva a quienes fueron impuestos de manera ilegal y no han cumplido con su trabajo.
Ayer, finalmente reinició la sesión ordinaria suspendida el martes 4 de diciembre pasado y el proceso de remoción se turnó a la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, con la oposición de Morena, PRD y el Partido Social Demócrata, que pidieron que se analizara en la Junta Política y de Gobierno para que todas las fuerzas políticas determinen si hay elementos para avanzar en el tema.

Zapotitla Becerro acusa a fiscal general de haber impuesto a su esposa en notaría

En tribuna, los legisladores manifestaron posturas encontradas sobre la destitución de los fiscales. Sin embargo, Marcos Zapotitla también aprovechó para denunciar el conflicto de interés en el que incurrió el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, al haber propuesto como su suplente en la Notaría 6 a su esposa María Luisa Sánchez Osorio.
Zapotitla Becerro dijo que dicha imposición se concretó pese a que la la ley señala que para ocupar una notaría se tiene que contar con una experiencia de 18 meses en práctica notarial, cuando la abogada se desempeñó hasta en enero pasado como juez tercero civil de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

*Por parte de la federación*

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, informó este lunes que hay compromiso de la Federación para expedir una ampliación presupuestal para que la institución pueda cubrir adeudos con trabajadores, proveedores y otros compromisos financieros.

Dicha ampliación presupuestal sería por 490 millones de pesos, según anotó Urquiza Beltrán.

En entrevista, el rector refirió que tras la reunión que sostuvieron la semana pasada con el subsecretario de Educación Superior se garantizó que habrá asignación presupuestal extraordinaria, en los próximos días.

Finalmente, pidió a los trabajadores tener paciencia, al tiempo de indicar que hay garantía de que se les pague.

Trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) advirtieron que podrían protestar mañana en Jojutla, en la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigir recursos para la universidad; no descartan realizar un paro de labores.

Lo anterior, tras la protesta de este lunes; alrededor del mediodía, sindicalizados administrativos esperan reunirse con el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, para que les explique la falta de pago de la última catorcena y una más que se sumará este miércoles.

Carlos Sotelo Cuevas, líder del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), no descartó un paro de labores si no se les paga su salario, al afirmar que "ya no tenemos para comer".

Este lunes, reinició la sesión ordinaria suspendida el martes 4 de diciembre en el Congreso del estado.

En la referida sesión del martes, el proceso de remoción de los fiscales general y anticorrupción fue turnada a la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas.

La solicitud de los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de regresar a la Junta Política y de Gobierno (JPyG) el proceso, no fue aceptada.

Diputados del Partido del Trabajo (PT) respondieron, cerca del mediodía de este lunes, a la postura de los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), respecto al tema de la remoción de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.

Al respecto y en rueda de prensa, los legisladores José Casas González y Tania Valentina Rodríguez Ruiz afirmaron que Morena pretende obstruir un asunto que es de derecho, por lo que procederán en consecuencia; advirtieron que iniciarán juicio político en su contra.

Por su parte, Casas González respondió ante la denuncia hecha en su contra por el fiscal anticorrupción y sostuvo que en ningún momento violó la ley, al tiempo de destacar que mucho menos cometió un delito.

Anotó que la información respecto al caso de los fiscales se ha presentado "de manera institucional" y fue obtenida en su calidad de diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, así como de secretario de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Congreso del estado.

Como se informó con oportunidad, Keila Figueroa Evaristo, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, insistió en que sus homólogos han actuado de manera arbitraria y fuera de la ley con el fin de destituir a los fiscales, proceso que sostuvo se ha iniciado "a capricho" de legisladores del PT y Partido Encuentro Social (PES).

Diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) reiteraron hoy su postura en contra de la remoción de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.

Keila Figueroa Evaristo, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, insistió en que sus homólogos han actuado de manera arbitraria y fuera de la ley con el fin de destituir a los fiscales, proceso que -según sostuvo- se ha iniciado "a capricho" de legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Encuentro Social (PES).

De igual modo, señaló que Morena impulsará el cambio de la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, por su actuar irregular en el órgano legislativo.

Figueroa Evaristo pidió que el proceso se regrese a la JPyG y se vuelva a analizar conforme a la ley, además de que se revise si existen elementos para la destitución de los fiscales.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, presentó esta mañana una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, por delitos en contra del funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Salazar Núñez sostuvo que el legislador cometió un delito grave al haber divulgado información, que presuntamente obtuvo de manera ilícita del SNSP, que señala que no cumplió con la evaluación de control de confianza como fiscal anticorrupción.

De igual modo, refirió que esos datos nunca debieron divulgarse, pues el proceso de evaluación lleva su tiempo, y Casas González tergiversó la información como presión política para impulsar su remoción, según anotó el fiscal.

ONG reporta que el Congreso local ni siquiera tiene página web y se niega a proporcionar información de la administración anterior y de la propia

Incumple también las obligaciones federales que le obligan a hacer públicos sus datos

A más de tres meses de su inicio, la LIV Legislatura fue señalada por el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" como opaca y poco transparente en el ejercicio legislativo y financiero. 

Roberto Salinas Ramírez,  codirector del centro, informó que desde el inicio de la legislatura (en septiembre pasado) a la fecha han presentado siete solicitudes de información sobre la situación financiera y administrativa del Congreso, así como del trabajo legislativo, y sólo han tenido una respuesta "poco profesional" sobre el proceso de entrega-recepción.

"Si la anterior legislatura no nos dio información ésta tampoco nos está entregando de la anterior, incluso de esta legislatura no hay información. No nos han respondido, incluso nos han entregado información muy deficiente, incluso poco profesional, donde nos dan datos de una parte de la entrega-recepción de Hortencia donde dice que en ninguna legislatura ha dejado información sobre el uso de recursos. Esto nos parece grave, porque ya deberían entregar información de los dos primeros meses", mencionó.

Refirió que además de no contar con un sitio oficial en internet (una página del Congreso del estado), el Poder Legislativo tampoco ha cumplido con lo que obliga la ley en materia de transparencia, pues no ha subido información a la plataforma nacional. 

"Esto tiene que cambiar, si tanto se ha criticado a la anterior legislatura, ésta tiene que dar muestras de trabajo, de transparencia, de trabajo, de apertura ciudadana, de participación, que fue lo que ellos mismos mencionaron al llegar a su cargo y que no se ha dado. Entonces, me parece que tiene que venir un cambio radical en la forma de transparentar", sostuvo Salinas Ramírez.

El Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" promovió durante la LIII Legislatura 200 solicitudes de información que no fueron respondidas, por lo que Roberto Salinas informó que promoverán juicios de amparo para obligar al Congreso del estado a que transparente su trabajo.

La fractura entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso nuevamente tiene paralizada la actividad legislativa

La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso  del estado convocó por tercera ocasión a los diputados a reanudar la sesión ordinaria que suspendieron el martes 4 de diciembre.

Los diputados locales pretenden reanudar la sesión para turnar a las comisiones de Justicia, Derechos  Humanos y Atención a Víctimas, y a la de Gobernación y Gran Jurado, la solicitud de destitución de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, presentada por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), principales promotores de la remoción de los fiscales, no han logrado los consensos necesarios para concretar dicho proceso antes del 15 de diciembre, cuando concluirá el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura.

La fractura entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso ha ocasionado que por segunda ocasión se genere una parálisis legislativa, ya que desde el viernes pasado no se ha podido reanudar la sesión ordinaria.

La primera ocasión que se paralizó el trabajo en el Congreso local fue por la solicitud de prórroga que presentó el Poder Ejecutivo para presentar hasta el 15 de diciembre la propuesta del Paquete Económico.

Entonces, el Partido del Trabajo, Nueva Alianza (Panal), de la Revolución Democrática, (PRD) Social Demócrata (PSD) formaron un bloque opositor que solo terminó por ceder cuando se repartieron plazas administrativas.

Los funcionarios de la administración que encabezó Graco Ramírez desaparecieron todos los expedientes y borraron la información del sistema de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Así lo informó el secretario Víctor mercado salgado, quien anunció que la dependencia volverá a utilizar las instalaciones de la antigua Base Zapata, para dar servicio al público.
El funcionario dijo que allí se abrirá una dirección de placas, donde anteriormente se encontraban las oficinas de la Dirección General de Transportes.
El funcionario realizó un recorrido por las viejas oficinas que se encuentran totalmente desmanteladas, ya que días antes de que concluyera la administración de Graco Ramírez, los ex funcionarios se llevaron equipo de cómputo, muebles y hasta ventanas y tazas de baño.
El secretario de Movilidad y Transporte reveló la pérdida de documentación y de placas, a causa del desorden que se dejó en dichas instalaciones.
La jefa del archivo, Patricia Yáñez Santiago, mostró el desorden en las oficinas y cómo dejaron expuestos paneles y placas a las que pudieran dar un mal uso.
Ante dichas irregularidades, Mercado Salgado informó que procederá legalmente en contra de los ex funcionarios responsables.

Por otro lado, dijo que a partir de febrero del 2019, cerca de 700 mil automovilistas de Morelos estarán obligados a renovar las placas de sus vehículos, en un trámite cuyo costo no rebasará los mil pesos.

De acuerdo al funcionario estatal, el padrón de vehículos es de 700 mil en todo el estado y el 20 por ciento es de la Ciudad de México.

Habitantes de Hueyapan exigieron al Congreso del estado establecer las condiciones para que el municipio indígena se pueda instituir a partir del 1 de enero, como lo marca el decreto de creación.  Advirtieron que no permitirán que se apruebe una prórroga para el inicio de la nueva administración municipal.
Los pobladores, que acudieron ayer al Congreso local, dijeron que desde hace tres semanas los diputados locales se han negado a recibirlos para que el Pleno reconozca al Concejo Municipal electo, después de las primeras votaciones en las que supuestamente se impuso a David Montes Rosales, hermano del ex diputado periodista Javier Montes. "Han legislado sobre otros temas, pero el asunto de Hueyapan no lo han subido y hemos venido a entregarles una responsiva para que atiendan el tema", explicó Jesús Manuel Pérez Martínez, integrante del Concejo Municipal.
Además, las autoridades electas de Hueyapan dijeron que es necesario y urgente que el Congreso local establezca las bases para que se determine el presupuesto que manejará el nuevo municipio y las normas administrativas reglamentarias para la operación de la administración que empezará a funcionar en enero.
"Existe una incertidumbre en la comunidad, tanto de las autoridades a nivel estatal acerca de este asunto porque por una parte comentan una cosa y por otra parte comentan otra. Nosotros no vamos a permitir una prórroga.  Nosotros vamos exigir que inicien a partir del primero de enero los municipios indígenas, (concretamente) Hueyapan", explicó Pérez Martínez.

Nueve diputados trataron de sesionar para destituir a los fiscales, pero no lograron el quórum necesario.

Diputados locales intentaron sesionar en secreto la tarde de ayer y avanzar en el proceso de destitución de los fiscales general y anticorrupción Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez. Sin embargo, siguen sin reunir los votos suficientes para atender a la solicitud del Poder Ejecutivo.
Cerca de las 5:30 de la tarde, nueve legisladores se reunieron en el Salón de Plenos con el fin de reanudar la sesión del martes pasado, que suspendieron para analizar la solicitud del gobernador Cuauhtemoc Blanco Bravo de destituir a los dos fiscales.
Sin embargo, al no lograr ni los 11 votos que se requieren para iniciar una sesión ordinaria, nuevamente suspendieron la asamblea legislativa.
Los diputados que se dieron cita en el Pleno son: del Partido Encuentro Social (PES), Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Maricela Jiménez Armendáriz y Andrés Duque Tinoco; del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, José Luis Galindo, Erika García Zaragoza y Tania Valentina Rodríguez; las legisladoras de Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (Panal), Ana Gabriela Guevara Ramírez y Blanca Nieves Sánchez Arano.
Horas antes, el diputado José Casas sostuvo que el Congreso del estado continuará con el proceso de destitución de los fiscales hasta que estos hayan sido removidos.
"No es un tema de que yo pueda quitar o poner, es un tema de respeto a las instituciones, de respeto a la ciudadanía", aseveró el legislador del PT.
Informó que además del proceso legislativo para la destitución del fiscal general, como legislador acudirá el próximo lunes 10 de diciembre a presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del funcionario, por haber ocupado un cargo sin cumplir con los requisitos de ley, lo que, dijo, es obstrucción de la justicia.
Además, mediante un oficio, el legislador invitó a la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo a acudir a la PGR también, luego de que lo acusó de haber presentado elementos improcedentes para la destitución del fiscal.
Reiteró que Morena pretende proteger a Uriel Carmona Gándara y a Juan Salazar Núñez. "Es muy claro que Graco está moviendo los hilos de Morena, a través de Miguel Lucia Espejo, eso está más que claro", agregó. 

El presidente del Consejo de la Masa y la Tortilla en Morelos, Antonio Vázquez Quezada, confirmó que habrá incremento en el precio de la tortilla, hasta de un peso por kilogramo.

Al respecto, el empresario refirió que esta alza se debe al incremento en los precios de los insumos; también agregó que espera que se puedan nivelar las costos.

Entre dichos insumos, Vázquez Quezada mencionó el del precio de la tonelada de maíz, que representa arriba del 50 por ciento en costos de producción; además el del gas y la gasolina, en los que "no va a haber bajas, como lo habían dicho", apuntó.

Esta mañana, autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) llevaron a cabo un recorrido por las antiguas instalaciones de la dependencia estatal; confirmaron que el archivo de la dependencia se encuentra totalmente abandonado y expuesto a que pueda ser útil para darle un mal uso.

El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, explicó que tienen el reporte que documentos y placas se perdieron durante la pasada administración, por lo que se procederá legalmente.

Por su parte, la jefa de Archivo de la SMyT, Patricia Yáñez Santiago, reportó el robo de documentación, muebles, sistema informático y hasta ventanas.

Mercado Salgado también refirió que se abrirá un módulo para trámites de placas en dichas oficinas.

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Víctor Mercado Salgado, confirmó que el próximo año habrá reemplacamiento en Morelos.

Al respecto, el funcionario estatal refirió que el proceso podría iniciar en el mes de febrero; no especificó costos, pues se establecerán en la Ley de Ingresos 2019.

En Morelos hay más de 700 mil vehículos en el padrón; el 20 por ciento pertenecen a la Ciudad de México que vienen a reemplacar a la entidad.

Por contener incrementos desmedidos en el cobro de impuestos y derechos, los legisladores echaron abajo los proyectos para 2019.

Los diputados locales desecharon las iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 de 28 municipios, por contener incrementos en impuestos y derechos, así como la creación de nuevos conceptos.
Durante la sesión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública (CHPyCP) del Congreso local, ayer, los legisladores que la integran acordaron que los municipios aplicarán las leyes de ingresos vigentes (del ejercicio fiscal 2018), a fin de evitar incrementos injustificados en los conceptos municipales. En la misma situación se encuentran los cinco ayuntamientos restantes, ya que no presentaron su propuesta de ley.
Los municipios que pretendían incrementos desmedidos son Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Ocuituco y Temixco. Sin embargo, a 23 ayuntamientos más la Comisión de Hacienda también les hizo observaciones por pretender un alza en el cobro de sus derechos.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, informó que aún y cuando en enero los municipios aplicarán la misma tasa en el cobro de derechos e impuestos que la de este año, las nuevas administraciones municipales podrán presentar su propuesta de Ley se Ingresos a más tardar en febrero ante el Congreso del estado, con los ajustes que crean convenientes los hoy alcaldes electos.

Dictaminan leyes de municipios indígenas

Por el contrario, los diputados locales aprobaron las iniciativas de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 de los nuevos municipios indígenas de Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan, que empezarán a funcionar el 1 de enero.
De acuerdo a Mazari Espín, los ingresos proyectados para los municipios indígenas son: 30 millones 357 mil pesos para Coatetelco, para Xoxocotla 85 millones 847 mil pesos y para Hueyapan 35 millones 618 mil.
Sin embargo, esos ingresos estarán sujetos a la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 que presentará el Poder Ejecutivo.

Se declara en sesión permanente la CHPyCP

Los legisladores se declararon en sesión permanente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública en espera de recibir el Paquete Económico 2019 del Poder Ejecutivo, que sucederá antes del 15 de diciembre.
Rosalina Mazari Espín adelantó que se abrirá un periodo extraordinario de sesiones para aprobar el presupuesto del gobierno estatal.

Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez se abstienen de comparecer ante diputados.

Diputadas locales no lograron ponerse de acuerdo para destituir a los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, y el asunto se turnó a comisiones legislativas para su análisis. 
La sesión extraordinaria de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso del estado, que se inició ayer para atender la solicitud del Poder Ejecutivo para destituir a los dos fiscales, terminó en zafarrancho.
Cerca de las 12 del día, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias lograron reunirse en la JPyG y acordaron citar a comparecer a los fiscales a las cinco de la tarde de ayer mismo, para garantizar su derecho de audiencia en el proceso de destitución.
Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez no acudieron a la comparecencia, por lo que la coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, propuso aprobar un dictamen para proceder a su destitución ante el Pleno del Congreso, mediante la sesión ordinaria que los legisladores suspendieron el martes pasado. 
Sin embargo, se encontró con la oposición de Morena. La coordinadora de ese grupo parlamentario, Keila Figueroa Evaristo, sostuvo que el proceso de destitución de los fiscales está viciado de origen y es improcedente porque no hay causales. Adelantó que de llevarse al Pleno para su aprobación, los legisladores de su partido se abstendrían de votar, a pesar que al medio día pidió que se procediera en contra de Carmona Gándara y Salazar Núñez.
"Es un tema que tristemente se ha politizado y, con ello, el nivel de argumentación y debate ha decaído enormemente. Recalcamos, Morena no está protegiendo a los fiscales, ya que –incluso- ellos, si así lo estiman, deberán acudir a las instancias que consideren para pronunciarse respecto de las acusaciones formuladas en su contra. Por nuestra cuenta no queremos exhibirnos en el momento que una instancia jurisdiccional tire un procedimiento sin sustento legal, lo cual revele la falta de pericia de quienes lo avalen", manifestó la diputada.
La reacción de la legisladora del PT fue inmediata y calificó a su homóloga de Morena como la "abogada de los abogados del diablo".
Posteriormente, Rodríguez Ruiz determinó finalizar la sesión de la JPyG al no haber acuerdos para proceder a un dictamen sobre el caso y lo turnó al Pleno del Congreso para que -a su vez- lo remita a las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, así como a la de Gobernación y Gran Jurado.
A gritos, la diputada Keila Figueroa pidió  a su homóloga del PT no terminar la sesión sin antes fundamentarla, petición que también secundó la legisladora del Partido Social Demócrata (PSD), Naida Díaz Rocas, pero Tania Valentina Rodríguez se levantó de la mesa y se retiró.
Familiares de las víctimas del delito que se encontraban presentes en la sesión de la JPyG exigieron a los diputados cumplir con su responsabilidad y remover al fiscal general, porque no ha hecho su trabajo.
Las ciudadanas calificaron como un circo y una simulación lo ocurrido en la Junta Política, pues las legisladoras no se molestaron en conocer del tema para no improvisar en la misma sesión que terminó sin ningún resultado.
Las familiares de víctimas del delito se encontraban en el Congreso desde las 11 de la mañana para presenciar un posible acuerdo sobre la remoción de los fiscales.

La tarde de este jueves, la Junta Política y de Gobierno (JPyG) reanudó la sesión que inició por la mañana en el Congreso local y en la cual se acordó citar a comparecer a los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez; los fiscales no comparecieron.

Fue poco después de las 17:30 horas cuando reinició la sesión de la JPyG, en la que comparecerían dichos fiscales; elementos de seguridad confirmaron que no habían llegado y las diputadas comenzaron la lectura de citatorios.

Por su parte, la coordinadora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, acusó de viciado de origen el proceso de destitución en contra de los fiscales general y anticorrupción.

Al respecto, la diputada refirió que desde la notificación para garantizar derecho de audiencia hasta las causas para su remoción eran improcedentes; sostuvo incluso que el continuar con el proceso podría implicar sanciones penales en contra de los legisladores.

De igual modo, aseguró que Morena no defiende a los fiscales, pero afirmó que no serían "comparsa" de dicho proceso irregular: "No culpen a Morena de sus errores", dijo la legisladora

Además, Figueroa Evaristo pidió a los diputados proceder por otras vías si los fiscales violentan la ley; adelantó que si se continúa con el proceso se abstendrán de votar ante el Pleno.

La sesión de la JPyG concluyó de manera abrupta; la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz determinó concluirla ante la falta de acuerdos para proceder a la dictaminación para la destitución de los fiscales.

A gritos, las diputadas de Morena y del Partido Social Demócrata (PSD) pidieron a la legisladora del PT que fundamentara su determinación para terminar la sesión, cuando no se votó ningún punto.

Familiares de las víctimas señalaron a la diputada Keila Figueroa, por supuestamente defender a los fiscales; acusaron de una simulación la sesión de la JPyG y lamentaron la ignorancia de los legisladores.

*General y anticorrupción*

Este jueves al mediodía sesiona la Junta Política y de Gobierno (JPyG) en el Congreso local; se acordó citar a comparecer a fiscales general y anticorrupción.

Durante la sesión, coordinadoras de las fuerzas políticas votarán el acuerdo para remover a los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez.

En el marco de esta reunión, familiares de las víctimas del delito se encuentran presentes para respaldar la determinación del Ejecutivo de que sea removido el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), por no cumplir con su responsabilidad.

Cerca de las 13:30 horas, las coordinadoras acordaron citar a comparecer a los fiscales, hoy por la tarde, para darles el derecho de audiencia, como parte del proceso de remoción que solicitó el Poder Ejecutivo.

Al término de la reunión y en entrevista, el diputado José Casas González rechazó que se trate de un acto de alevosía y ventaja en contra de los fiscales, al tiempo de apuntar que les están dando el derecho de audiencia; añadió que de no presentarse continuarán con el proceso de destitución.

Además, el legislador informó que el fiscal especializado en delitos electorales de la FGE, Jesús Meza Tello, presentó su renuncia con carácter irrevocable.

Poco después de las 17:30 horas reinició la sesión de la JPyG, en la que comparecerían fiscales; elementos de seguridad confirmaron que los fiscales no habían llegado y las diputadas dieron inicio a la lectura de citatorios.

*Como jefe de Adquisiciones*

La diputada del Partido Humanista (PH), Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, confirmó que su padre Gerardo Sánchez Mote continúa como trabajador del Congreso del estado.

Añadió que además analiza si permanecerá en el cargo de jefe de Adquisiciones.

Al respecto, la legisladora sostuvo que no se trata de nepotismo, como se le ha señalado, pese a que sí lo propuso para que permaneciera en el cargo, como una posición que le correspondió al PH.

Incluso, Sánchez Ayala dijo que esa decisión no la tomó sola sino que la respaldaron el resto de los diputados.

*Ante caso del fiscal general*

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, adelantó que iniciarán un proceso de deslinde de responsabilidades al ex gobernador Graco Ramírez.

Lo anterior, por haber permitido que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) fuera designado y permaneciera en el cargo pese a no haber cumplido con los requisitos de ley, según refirió el legislador.

"La salida del fiscal Uriel Carmona es cuestión de tiempo, porque está de manera irregular; está violando la ley nacional de seguridad pública", manifestó Casas González.

*Dictamina leyes de ingresos municipales*

Este jueves, en el Congreso del estado, sesiona la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; diputados dictaminan las leyes de ingresos municipales, para su aprobación antes del 15 de diciembre.

En la sesión, los legisladores acordaron rechazar iniciativas de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Ocuituco y Temixco, por contener incrementos en impuestos y derechos no justificados; de tal forma, continuarán en enero próximo aplicando la ley vigente 2018.

En el mismo caso se encuentran otros 23 municipios, a los que también se hicieron observaciones; además, fueron aprobados dictámenes de leyes de ingresos de Xoxocotla, Hueyapan y Coatetelco.

La diputada priista Rosalina Mazari Espín anotó que en enero las nuevas administraciones podrán presentar sus propuestas de leyes de ingresos, con los ajustes que crean convenientes los alcaldes electos.

Mazari Espín también adelantó que habrá periodo extraordinario para aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 del gobierno estatal; la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública se declaró en sesión permanente.

El titular de la SMyT dijo que se iniciaron denuncias penales contra transportistas que han incurrido en delitos, incluida la retención de trabajadores de la dependencia.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) detuvo en los últimos dos meses cerca de 80 unidades del transporte público que operaban de manera irregular. Además, promovió denuncias en contra de transportistas por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos.
El titular de la SMyT, Víctor Mercado Salgado, informó que los operativos de supervisión han sido constantes y se han aplicado en todo el estado, con la finalidad de detener a los vehículos del servicio público que operan con permisos provisionales vencidos o falsos.
Sin embargo, dijo que ha habido resistencia de quienes operan las unidades irregulares, como sucedió ayer en Cuautla, donde algunos trabajadores de la dependencia fueron retenidos por varios minutos por operadores de las unidades que se oponían a que fueran llevadas al corralón, por lo que se pidió el apoyo de la Policía estatal y el Ejército.
Refirió que tras el operativo, se detuvieron 14 vehículos de la Ruta 14 de Cuautla y además se inició una denuncia ante la Fiscalía por la retención ilegal de los trabajadores de la SMyT. 
Mercado Salgado informó que en los últimos meses se ha detenido a cerca de 80 unidades, la mayoría por operar con permisos vencidos o falsos. Al respecto, dijo que se presentaron denuncias en contra de transportistas, por la complicidad en la que presuntamente actuaron con ex funcionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez.
Por otro lado, el secretario de movilidad informó que la SMyT colaborará con las autoridades de seguridad pública para inhibir delitos como el robo de vehículos y asaltos.
Afirmó que los operativos serán constantes y también se establecerán medidas de seguridad en la Dirección de Control Vehicular para abatir, por esta área, el robo de automóviles.

Nuevas diferencias entre grupos de legisladores tienen detenida la remoción de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.

La solicitud de remoción de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez -que presentó el Poder Ejecutivo ante el Congreso del estado- se encuentra detenida, a causa de nuevas diferencias entre los legisladores.
Una vez más, una sesión ordinaria (la del martes pasado) se encuentra suspendida por diferencias entre las fuerzas políticas para impulsar la destitución de los fiscales.
Ayer, en rueda de prensa, legisladores del Partido del Trabajo (PT) acusaron a sus homólogos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de negarse a avanzar en un tema que es "prioritario" para el estado.
"Yo sí quiero hacer un llamado enérgico, pero también respetuoso, a los diputados del partido hermano Morena... el fiscal es el primero que debe tener la mano dura de la izquierda en Morelos. Pedimos que los compañeros de Morena den la cara al pueblo de Morelos, Andrés Manuel ya no quiere falsos políticos, ni falsos que dicen amar a Morelos", manifestó la coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
José Casas González señaló la supuesta intromisión del exdirigente estatal de Morena, Miguel Lucia Espejo, quien habría pedido a los legisladores de ese partido ausentarse el martes pasado del Congreso local y no acudir a la reunión de la Junta Política y de Gobierno para resolver la solicitud que envió el Ejecutivo, por lo que se les convocó a una nueva reunión hoy por la mañana.
"A estas personas que se están entrometiendo, que así como aspiraron a cargos públicos y no lo lograron; a Miguel Lucia, que ya está ostentando un cargo a nivel nacional en la Secretaría de Gobernación, a que deje de meter las manos en el estado de Morelos y deje de estar manipulando a los diputados a través del partido Morena", aseveró Casas González.
La diputada Rodríguez Ruiz admitió que sin el voto a favor de los diputados de Morena, el tema no avanzaría, de ahí el llamado a que aprueben la destitución de los fiscales que no cumplieron con la evaluación de control y confianza, y han cometido una serie de irregularidades en el cargo y sin resultados favorables para la ciudadanía.

*General y anticorrupción*

Diputados del Partido del Trabajo (PT) convocaron a sus homólogos a respaldar la solicitud del gobernador Cuauhtemoc Blanco Bravo de remover a los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, por no cumplir con los requisitos que marca la ley para permanecer en el cargo.

En rueda de prensa, la coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, acompañada del vice coordinador, José Casas González, sostuvieron que existen elementos para remover a los fiscales, no sólo por no haber aprobado las evaluaciones de control de confianza, sino porque no han dado los resultados esperados.

Rodríguez Ruiz dijo que ayer pretendían concretar un acuerdo para destituir a los fiscales; sin embargo, los diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no acudieron a la convocatoria de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), por lo que no se tuvieron los votos para avanzar en el tema.

Casas González también acusó que actores políticos externos se han entrometido en el tema, por lo que pidió sacar las manos del Congreso local.

El diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, advirtió que municipios indígenas podrían entrar en funciones el próximo 1 de enero, pero sin las condiciones financieras y administrativas para que trabajen conforme a la ley.

En entrevista, el legislador confirmó que el Ejecutivo no ha remitido al Congreso local una propuesta para prorrogar la institución de los municipios indígenas.

Zapotitla Becerro también advirtió un conflicto social en los próximos días.

Además sostuvo que el Congreso del estado no impedirá que los municipios entren en funciones, pero reiteró que no hay condiciones para que funcionen.

*Realizaban un operativo*

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Víctor Mercado Salgado, confirmó, la mañana de este miércoles, que 10 trabajadores fueron retenidos en Cuautla, donde llevaban a cabo un operativo para detener a unidades de la ruta 13 que operaban con permisos para circular vencidos.

Al respecto, el funcionario estatal informó que pidieron el apoyo de la fuerza pública, aunque anotó que la situación de los trabajadores es estable; además explicó que el conflicto inició porque los transportistas no permitían que fueran llevadas al corralón las unidades que operan de manera irregular.

Posteriormente y mediante un comunicado, la autoridad estatal dio a conocer lo siguiente:

"Con el objetivo de que los transportistas locales brinden un servicio de calidad a la población, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) realizó un operativo de supervisión en Cuautla, donde contó con el apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un puesto instalado en la carretera Cuautla-Yautepec, se detectaron ocho unidades de Ruta 14 que no cumplían con los requisitos para circular. En un segundo punto, en la carretera Federal México-Oaxaca, se detectaron seis unidades de la organización “Águilas Doradas”, donde los conductores no contaban con la documentación necesaria para prestar servicio.
 
Transportistas de dicha agrupación se opusieron a que sus unidades fueran remitidas a un corralón, para lo cual intentaron bloquear la carretera México-Oaxaca; sin embargo, tras un diálogo en el que participaron elementos de la Policía Federal, terminaron por aceptar su responsabilidad.

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado señaló que los 14 vehículos en referencia fueron trasladados a un corralón. Agregó que los operativos continuarán, con la finalidad de que mejore el servicio que se ofrece a los ciudadanos tanto de transporte colectivo como de taxi."

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Víctor Mercado Salgado, confirmó la realización de operativos de seguridad constantes para abatir la violencia en el transporte público.

Esta mañana, el secretario participó en la reunión del gabinete de seguridad del gobierno estatal, en la que se abordó la problemática en el servicio público debido a los constantes asaltos a bordo de las rutas, además de lo relacionado con el robo de unidades.

El funcionario estatal indicó que no cuenta con cifras sobre la problemática, pues dicho registro lo lleva la Comisión Estatal de Seguridad (CES); sin embargo, refirió que se acordó la realización de operativos constantes para atender el tema.

Por otro lado, informó que también se han reforzado los operativos de verificación para detener a las unidades que operan de manera irregular en el estado; añadió que hasta el momento han sido detenidas 65 unidades, mismas que se han enviado al corralón.

Posteriormente, cerca de las 11:00 horas, Mercado Salgado dio a conocer que debido al operativo realizado en Cuautla, este día, fueron retenidos 10 trabajadores de la dependencia estatal por transportistas, por lo que se efectuarán las acciones correspondientes.

La mañana de este miércoles se registra el cierre de la calle Amador Salazar, en el centro de Cuernavaca; en el sitio, trabajadores laboran con maquinaria en obras de rehabilitación.

Cabe recordar que a principios del año, en enero, cerca de diez vecinos de la calle Salazar impidieron el asfaltado de la misma y solicitaron que se efectuara una reparación profunda, al denunciar las malas condiciones en las que se encontraba dicha vía.

Este día, en el sitio, vecinos señalaron que la rehabilitación de la calle era necesaria desde hace muchos años, al tiempo de anotar que al parecer los trabajos durarán "tentativamente, cuatro meses".

El tráfico en las calles aledañas, rumbo al zócalo de Cuernavaca, es complicado por el cierre a la circulación y debido al tránsito del transporte público; se recomienda elegir vías alternas.

En la esquina con la calle Francisco Zarco está colocada la señalización de la obra que se efectúa, por parte del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas.

Los diputados le atribuyen complicidad en irregularidades cometidas por la pasada legislatura.

El Congreso del estado iniciará un proceso de deslinde de responsabilidades en contra del extitular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, por su presunta complicidad en el mal manejo de los recursos del Congreso del estado y protección a exdiputados de la LIII Legislatura.

Luego de que Loredo Méndez presentó su renuncia ante el Congreso del estado, el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, informó que se inició una investigación por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado que preside, a fin de determinar la posible responsabilidad del exauditor en un presunto mal manejo de recursos del Congreso local a unas semanas de que concluyera la LIII Legislatura.

El legislador local recordó que los exdiputados solicitaron un adelanto del presupuesto en septiembre pasado, que fue autorizado por el exsecretario de Finanzas, Jorge Michel Luna, cuyo ejercicio no fue transparentado y la ESAF tampoco reportó alguna anomalía.

Aunado a lo anterior, Casas González dijo que se presume una posible protección de Loredo Méndez a favor de exlegisladores como Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta y Francisco Navarrete Conde, como exalcaldes de Puente de Ixtla, Jojutla y Tepoztlán, respectivamente, ya que durante su ejercicio como ediles la ESAF no hizo observaciones al ejercicio presupuestal.

"Tenemos un retraso en la revisión de las cuentas públicas en algunos casos de hasta ocho años y sorprendentemente en los casos de los diputados que fueron alcaldes sus cuentas ya están hasta dictaminadas", agregó.

En lo que respecta a la persona que ocupará la titularidad de la ESAF, informó que en enero se emitirá una convocatoria para el registro de aspirantes al cargo, y en febrero, cuando inicie el segundo periodo ordinario de sesiones, se procederá al nombramiento.

Mientras tanto, señaló que quien fue designado como encargado de despacho es el auditor especial de la Hacienda Pública Estatal, Uriel González Sotelo.

Uriel Carmona promovió un juicio de amparo en contra de actos del Congreso del estado.

El Congreso del estado recibió la solicitud del Poder Ejecutivo para que proceda a la destitución de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, por no cumplir con los requisitos para ocupar el cargo. Sin embargo, la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas impidió que ayer se concretara dicho proceso. 
Durante la sesión ordinaria de la tarde de ayer, el Pleno del Congreso del estado conoció el oficio que remitió el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que los diputados removieran a los fiscales que fueron designados durante la LIII Legislatura y a propuesta del exgobernador Graco Ramírez.
La solicitud del mandatario estatal se sustentó en un informe que el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, le remitió la semana pasada, y en el que se señala que ni el fiscal general del estado ni el fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción cumplieron con la aplicación y aprobación de la evaluación de control y confianza, requisito necesario que marca la Ley General de Seguridad y la Constitución Política federal para ocupar y permanecer en dichos cargos.
Sin embargo, al dar trámite a la petición del gobernador, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva se decretara un receso para atender dicho oficio, que fue decretado hasta por una hora.
La coordinadora del grupo parlamentario del PT explicó -en entrevista- que no conocían el fondo de la solicitud y por tal razón se convocó ayer mismo a sesión de la Junta Política y de Gobierno.
Sin embargo, después casi tres horas de receso se confirmó que la sesión de ayer se reanudará hasta nueva convocatoria de la presidencia de la Mesa Directiva. 
De manera extraoficial se informó que no existen coincidencias entre las fuerzas políticas en la vía jurídica que se tomará para proceder en contra de los fiscales.
Además, se confirmó que el pasado lunes el fiscal Uriel Carmona promovió un juicio de amparo en contra de actos del Congreso del estado.

Designan a director de Instituto de Investigaciones Legislativas
Diputados locales designaron ayer a Omar Alfonso Barrera Hernández como director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del estado.
Se trata de uno de los nombramientos acordados en la repartición de espacios administrativos del Poder Legislativo, que correspondió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Durante la sesión de la Junta Política y de Gobierno del lunes pasado, las coordinadoras ratificaron los nombramientos que acordaron la semana pasada, con la recomendación a sus homólogos de evitar designar a familiares en dichos cargos.
Además, determinaron nuevas designaciones, como es la del director del Instituto de Investigaciones Legislativas, propuesta de la diputada de Morena, Alejandra Flores Espinoza, que fue votada mediante cédula y aprobada con 16 votos por el Pleno del Congreso.
Además de dicho nombramiento, aún está pendiente la designación del secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, tras la renuncia de Jaime Juárez López. 
A pesar de que la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz dijo, que se pidió a los legisladores evitar cometer nepotismo al designar a sus familiares en los cargos que les correspondieron a cada uno, hasta el día de ayer ningún diputado confirmó que se hayan anulado los nombramientos de Gerardo Sánchez Mote, padre de Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, del Partido Humanista (PH), en la Jefatura de Adquisiciones, y de Edgar Duque Granda, familiar del diputado del Partido Encuentro Social (PES), en la jefatura de Activos Fijos.

*Iniciado por la LIII Legislatura a Cuauhtémoc Blanco, en 2016*

El Pleno del Congreso del estado aprobó por unanimidad un punto de acuerdo por el que se solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el sobreseimiento del juicio político que inició la LIII Legislatura en diciembre del 2016 a Cuauhtémoc Blanco Bravo, por supuestamente no haber cumplido con los requisitos de elegibilidad cuando fue electo alcalde de Cuernavaca.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso local, José Casas González, presentó dicho punto al señalar que dicho juicio resulta improcedente.

Lo anterior, cuando la justicia electoral ha determinado que el hoy gobernador sí cumplió con el requisito de elegibilidad para ser candidato a un puesto de elección popular en Morelos, y la muestra es que el pasado 1 de octubre tomó protesta como titular del Ejecutivo.

En la misma sesión, el Pleno del Congreso conoció del escrito que envió el gobernador y en el que se señala que los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no cumplen con los requisitos para ocupar el cargo.

Se especula que esta misma tarde, la Junta Política y de Gobierno (JPyG) emitirá acuerdo para su remoción.

Por otra parte y con 16 votos a favor, el Pleno designó a Omar Alfonso Barrera Hernández como director del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Posteriormente se decretó receso de hasta una hora en la sesión ordinaria, para analizar el oficio que remitió el titular del Poder Ejecutivo estatal y por el que se solicita se remueva de inmediato a los fiscales referidos.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez, destacó hoy la importancia de "socializar los temas" respecto a las estrategias de seguridad que las autoridades llevarán a cabo para que el orden y la tranquilidad de la ciudadanía esté garantizada.

Admitió que preocupa a la iniciativa privada la estrategia de seguridad que implementará el gobierno federal por el uso de marinos y militares para garantizar seguridad en las calles; sin embargo, señaló que existe el respaldo de los empresarios, con la confianza de que haya resultados en la materia y se garantice la paz social.

Finalmente, Adame Jiménez indicó que hay que revisar los protocolos de seguridad, además de capacitar y dar presupuesto a los elementos "para que puedan desarrollar su actividad de la mejor manera posible".

*En los últimos dos meses*

La secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, confirmó que 650 trabajadores de la pasada administración estatal fueron dados de baja en estos últimos dos meses.

Aseguró que los despidos se han dado conforme a la ley, y podrían continuar en las siguientes semanas.

Refirió que también continúa una revisión en los bienes muebles e inmuebles que dejó la pasada administración; añadió que en el caso del parque vehicular, se encontró un rezago grave.

En cuanto a la venta de inmuebles, la funcionaria estatal apuntó que se encontró sólo la enajenación de una propiedad por tres millones de pesos, en la colonia San Cristóbal.

El centro de investigación Morelos Rinde Cuentas pidió al Congreso del estado que se inicie un procedimiento para fincar responsabilidades en contra del ex titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, por omisión durante los tres años que estuvo en el cargo.

Roberto Salinas Ramírez, representante de dicho centro de investigación, sostuvo que la ESAF no ha dado resultados y sólo ha servido presuntamente para proteger a ex autoridades municipales y estatales.

Por su lado, el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, informó que será hasta el próximo año cuando se emita la convocatoria para designar al nuevo titular de la ESAF.

Sin embargo, el legislador confirmó que ya se inició investigación en contra de Loredo Méndez, por omisión y acción, al haber protegido a ex legisladores y ser presuntamente cómplice de irregularidades en el manejo de recursos.

Integrantes de la Asociación Cívica Morelense "Gustavo Alejandro Salgado Delgado" protestaron esta mañana y se instalaron en plantón durante cerca de dos horas, afuera del Congreso local, sobre la calle Guillermo Gándara.

Gabriel Rivas Ríos, representante de la asociación, dijo que pese a las movilizaciones que han llevado a cabo, los diputados no los han tomado en cuenta para el análisis de las leyes de ingresos municipales y el presupuesto del gobierno del estado.

Los inconformes mostraron cartulinas en las que se leía: "Nuestro pueblo no debe pagar más corruptelas" y "Cárcel a Graco. Fuera corruptos".

Cerca de las 12 horas, los manifestantes se retiraron de su plantón, con el compromiso de los legisladores de que serían recibidos la próxima semana; de no ser así, advirtieron que se instalarán en plantón permanente.

Este martes, se reúnen integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con la titular de la Secretaría de Administración estatal, Mirna Zavala Zúñiga.

En el encuentro, empresarios solicitaron mayor transparencia en los procesos de licitaciones y adjudicación gubernamental.

Además criticaron la opacidad en la pasada administración, que sólo sirvió para hacer ricos a ex funcionarios; señalaron al ex secretario de Administración, Alberto Barona Lavín.

Por su parte, Zavala Zúñiga se comprometió a garantizar transparencia e inclusión de la iniciativa privada en los proyectos gubernamentales.

Diputado confirma que se inició un proceso para remover a Uriel Carmona Gándara.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que el Congreso local inició un proceso para remover al fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, por “graves omisiones y acciones” que ha cometido durante su encargo, y que no mencionó.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación informó que se inició una investigación en contra del fiscal para sustentar su remoción, ya que su labor es altamente cuestionada por haber sido nombrado por la LIII Legislatura a propuesta del exgobernador Graco Ramírez. 
Sin embargo, contradijo la versión de sus homólogos del Partido del Trabajo (PT) que la semana pasada -en rueda de prensa- afirmaron que el fiscal general y el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, no cumplieron con las evaluaciones de control de confianza, causales para su destitución.
Zapotitla Becerro aseguró que la legislación estatal no señala nada al respecto, por lo que resulta improcedente lo sustentado por José Casas González y el resto de los integrantes del grupo parlamentario del PT.
"No podemos nosotros generar alguna determinación sobre una destitución del encargo si no reunimos o fundamentamos dos elementos, y me refiero a otorgarle audiencia previa al fiscal y nos explique sobre el tema, y después el Congreso estaría en condiciones de tomar una determinación. Dicha determinación debe tomarse a partir de una causa grave que está establecida en la Ley de Responsabilidades", explicó.
De acuerdo al diputado de Morena, ayer, en sesión de la Junta Política y de Gobierno, se presentó la propuesta para citar a comparecer al fiscal Carmona Gándara ante el Congreso del estado y garantizarle su derecho de audiencia, ante las acciones y omisiones que -de manera ilegal- cometió durante su encargo y que han sido detectadas por el Congreso del estado. 
A la par, dijo, esperan que el Poder Ejecutivo también presente una solicitud para que se inicie un proceso en contra del fiscal general y, por consecuencia, en contra de Juan Salazar Núñez. Este proceso podría concretarse antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura, el próximo 15 de diciembre.
El diputado reiteró que se requieren al menos 14 votos para poder proceder a la destitución de los fiscales, votos que aún no están garantizados en el Congreso.

El Impepac acompañará asambleas a nivel municipal, distrital y estatal con las organizaciones ciudadanas interesadas.

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) abrirá un proceso de creación de nuevos partidos políticos. En enero próximo, organizará asambleas a nivel municipal, distrital y estatal para las organizaciones de ciudadanos que pretendan crear su instituto.
La consejera presidenta Ana Isabel León Trueba informó que después de los resultados del proceso electoral del 1 de julio pasado, a nivel nacional y estatal se abrirá un nuevo proceso de registro de partidos, y para ello los ciudadanos pueden acudir desde ya a solicitar información de los requisitos que se deben cumplir. 
Refirió que hasta el presente mes se ha recibido un gran número de consultas de ciudadanos que buscan crear un partido político, a fin de conocer los requisitos que deben cumplir.
"Se van a llevar a cabo en los grupos que así lo decidan. Ciudadanos que quieran integrar un nuevo partido político, se requieren hacer asambleas en la mitad de los municipios o distritos y el Impepac va supervisar y a garantizar que estas  asambleas se lleven de acuerdo a como dice la ley", explicó.
Dichas asambleas se organizarán a partir de enero próximo, y para ello deberán reunirse un 0.26 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, según lo establecido en el reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos.
Previo al desarrollo de dichas asambleas, los ciudadanos que busquen integrar un partido político deberán cumplir con los siguientes requisitos: la denominación de la organización, los nombres de los representantes autorizados que mantendrán la relación con el instituto durante el procedimiento para la obtención del registro como partido político local, y el domicilio para oír y recibir notificaciones.
Además, de acuerdo al reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como partidos políticos, el citado escrito deberá estar acompañado de una declaración de principios, programa de acción, estatutos, convocatoria a las asambleas y programación de las asambleas municipales y estatal.

Titulares de todos los organismos acuden al Congreso para presentar sus proyectos de ingresos 2019 y justificar los incrementos solicitados.

A unos días de que se venza el plazo para la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019, el Congreso del estado ha recibido varias solicitudes de ampliación presupuestal de instituciones y órganos públicos. 
Ayer, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) fueron recibidos por las coordinadoras de las fuerzas políticas en reunión de la Junta Política y de Gobierno, ante quienes presentaron su Programa Operativo Anual (POA) 2019, que plantea un incremento presupuestal.
De la misma forma, consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) presentaron su POA, que se basa en egresos por arriba de los 95 millones de pesos para gastos operativos y más de 80 millones para los partidos políticos.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe) también presentó su propuesta, al igual que otros organismos e instituciones.
Aseguró que dichos planteamientos serán atendidos para la integración del Paquete Económico 2019, que será aprobado en los próximos días. 
De acuerdo a la Constitución Política del Estado, el plazo para que el Congreso apruebe la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos es el 15 de diciembre, sin embargo, el Poder Ejecutivo solicitó un prórroga para presentar ese día su iniciativa, por lo que se espera que el paquete sea aprobado en días posteriores.

Admite diputada que cometieron errores en nombramientos en el Congreso 
Por otro lado, la también coordinadora del Partido del Trabajo (PT) admitió que cometieron un error al permitir que familiares de diputados recibieran nombramientos en el Congreso del estado. 
La legisladora sostuvo que se "permite equivocarse, pero lo más importante es que se permita corregir", por lo que aseguró que la diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala reconsideraría en la contratación de su padre, Gerardo Sánchez Mote, como jefe de Adquisiciones.
Incluso, pidió "no sean tan duros" con la diputada, quien demostró su inexperiencia al intentar colocar a su papá en el Congreso del estado.
Afirmó que al igual que la diputada del Partido Humanista, también tendría que reconsiderar el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Andrés Duque Tinoco.

*De distintos organismos e instituciones*

Integrantes de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) reciben este lunes a autoridades de distintos organismos e instituciones que solicitan ampliación presupuestal para el próximo año.

Fue el caso de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y de consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

La presidenta de la JPyG, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, apuntó que recibirán a las autoridades que lo soliciten, a fin de poder integrar el presupuesto 2019 con base en las necesidades de cada institución.

Añadió que también esperan a que el Poder Ejecutivo presente su propuesta de paquete económico antes del 15 de diciembre, y poder aprobarlo lo antes posible.

Este día, consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) acuden al Congreso del estado para plantear el presupuesto 2019.

La consejera presidenta del Impepac, Ana Isabel León Trueba, informó que solicitó un presupuesto de 95 millones de pesos, 40 millones menos a los de este año.

Trueba León explicó que se requiere este presupuesto, aunque no es año electoral, ya que en el 2019 se llevarán a cabo varios ejercicios de participación ciudadana.

Además anotó que para los partidos se solicitaron 82 millones de pesos.

El diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que iniciará el proceso de remoción del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, pero para ello primero se debe justificar legalmente.

Al respecto, el legislador anotó que hoy se presentará ante la Junta Política y de Gobierno (JPyG) una propuesta para citar a comparecer al fiscal general ante el Congreso local.

Zapotitla Becerro también señaló que desde la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación se detectaron acciones y omisiones que cometió Carmona Gándara, que sustentarían su destitución.

De igual modo, el diputado refirió que el no haber aplicado los exámenes de control de confianza no es elemento para la remoción del fiscal, pero insistió en que sí hay causales que deben sustentarse.

Integrantes del Movimiento Antorcha Campesina se manifiestan, la mañana de este lunes, en el Palacio de Gobierno para pedir a autoridades estatales cumplan con demandas que nunca respondió el gobierno de Graco Ramírez.

Dijeron que es urgente se retome la construcción de un albergue en Cuernavaca para estudiantes de otros estados, para el que se gestionaron siete millones de pesos ante la federación y que podrían perderse si no se ejercen.

Soledad Solís Córdova, líder de los antorchistas, dijo que es la obra más urgente, aunque quedaron pendientes apoyos en pavimentación y alumbrado, entre otros.

Burocracia y elevadas tarifas ahuyentan inversión en desarrollos habitacionales: Rojas Esquivel

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Miguel Ángel Rojas Esquivel, pidió a los legisladores evitar incrementos en los costos de las licencias de construcción en los municipios para el ejercicio fiscal 2019, pues impactaría en el desarrollo habitacional del estado, que se encuentra en proceso de reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre del 2017.

El empresario afirmó que para que haya incrementos en estos conceptos tiene que existir una justificación técnica que los sustente y no por la sola determinación del gobierno municipal. 

"No es nada más incrementar así, son estudios que se tienen que hacer para que eventualmente las cosas se den y es lo que se va a manejar. Se ha manifestado abiertamente que debe haber una ventanilla única donde todos los ingenieros tendrían que estar evaluando todos los proyectos que se van a construir y eventualmente ayudándole al municipio para que esto se dé. El incremento no es nada más porque el municipio quiera, obedece a un arancel que se tiene que respetar", declaró.

El presidente de la CMIC dijo que de acceder los diputados a estos incrementos, el impacto sería mayor, pues de por sí algunos municipios ponen trabas para entregar las licencias de construcción, lo que ha ahuyentado la inversión en desarrollos habitacionales, por ejemplo.

"El promedio en una casa habitación es de tres meses, en una obra ya de gran magnitud, como los desarrollos habitacionales se llegaban a tardar hasta un año, entonces las inversiones no se daban", explicó.

Los municipios con los trámites más engorrosos para la construcción de desarrollos habitacionales, de acuerdo al empresario, son Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. Estos ayuntamientos son justamente los que propusieron aumentos en los costos de licencias de construcción en sus proyectos de leyes de ingresos 2019.

Los legisladores también impulsarán una contrarreforma a la Ley Orgánica de la FGE para eliminar la pensión vitalicia a los fiscales

Los diputados locales podrían concretar esta semana la remoción del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, así como la del fiscal especializado en el Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez.

Esta semana, los legisladores también podrían aprobar una contrarreforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que aprobó la LIII Legislatura, para eliminar la pensión vitalicia que otorgó la LIII Legislatura a los fiscales, después de dos meses de un supuesto proceso de dictaminación en comisiones legislativas.

El miércoles pasado, el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, presentó un punto de acuerdo ante el Pleno del Congreso que fue aprobado por mayoría por el que se exhortó al fiscal general del estado a pronunciarse sobre la contrarreforma, como una facultad que le otorga la ley.

El legislador local señaló en tribuna que el fiscal no había respondido a la petición que hizo desde hace más de un mes el Congreso del estado, por lo que el Pleno determinó que se procedería con el dictamen para su votación en el Pleno.

Aunado a dicha contrarreforma, esta semana también un grupo de diputados impulsaría un proceso de remoción del fiscal general y el fiscal anticorrupción, bajo el argumento de que no cumplen con un requisito constitucional que es la evaluación de control de confianza.

Los diputados pretenden concretar en los siguientes días dichos temas, ya que el 15 concluirá el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura.

A un gran número de trabajadores del Congreso se les pagará dicha prestación como parte de su liquidación

El Congreso del estado solicitó al Poder Ejecutivo una ampliación presupuestal para este año por 20 millones de pesos para poder pagar el aguinaldo a los trabajadores antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre próximo. 

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que presentó de manera formal la solicitud al Ejecutivo, ante el déficit financiero de 50 millones de pesos que heredó la LIII Legislatura.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) confirmó que aún no cuentan con recursos financieros para el pago del aguinaldo, a pesar que en varias instituciones gubernamentales y empresas privadas desde el pasado 15 de noviembre pagaron una parte de dicha prestación laboral.

Sotelo Martínez dijo que existe la confianza de que el Ejecutivo autorice dicha ampliación presupuestal.

Incluso, dijo que se ha planteado que se autorice como un adelanto presupuestal y que puedan pagarlo el próximo año.

Se calcula que son cerca de 300 los trabajadores a los que se les debe pagar el  aguinaldo antes del 15 de diciembre.  

Sin embargo, por acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, a un gran número de los empleados se les pagará dicha prestación como parte de su liquidación, pues se les dará de baja este mismo año mediante un convenio que contempla cubrir el pago total de sus derechos hasta febrero del próximo año, debido a la insuficiencia presupuestal que enfrenta el Congreso del estado.

Promueven que el Congreso tipifique como delito grave el robo de ganado, porque ahora quienes incurren en esa conducta y son capturados consiguen fácilmente su libertad.

El presidente del Sistema Producto Bovinos Carne en el Estado de Morelos, Roberto Reza Quiroz, afirmó que es necesario que el Congreso del estado modifique el Código Penal y se tipifique como delito grave el abigeato, ya que el robo de ganado no disminuye.
Ayer, el ganadero acudió al Congreso local para insistir en que se reforme el Código Penal. Lamentó que en la LIII Legislatura no lo hayan escuchado y confió en que los actuales diputados sí atiendan las demandas de los productores de carne y agricultores.
"Hoy puedo decir que los ex legisladores fueron cómplices del abigeo (sic), no apoyaron a los que en su momento votaron por ellos y no cumplieron. Esperamos que esta legislatura sí nos haga caso y si no estarán sujetos al escrutinio y a las críticas", declaró.
De acuerdo a Reza Quiroz, el abigeato se registra en todo el estado y principalmente en la región sur y oriente de la entidad, con cifras que alcanzan el robo de 20 cabezas de ganado al mes.
"La cosa es que se meten, como alcanzan fianza y no es delito grave, pues salen. La idea es que se cumpla la ley y si no es de por vida, por lo menos que se queden unos cuantos años para que se les quite la maña", declaró.
Roberto Reza dijo que presentó a más de tres diputados la propuesta para que se tipifique como delito grave el robo de ganado, para que alguno de ellos la retome y se presente ante el Pleno para su aprobación.

El hasta ayer titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso es uno de los funcionarios que colocó Graco Ramírez para garantizarse impunidad.

El titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, presentó ayer su renuncia al cargo ante la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado.

Su nombramiento concluiría hasta el año 2023, pues en el 2015 fue designado como titular de la auditoría por ocho años, sin embargo, por presiones de los legisladores locales decidió renunciar.

Hace dos semanas, el auditor fue señalado por los diputados de haber protegido a ex legisladores integrantes de la LIII Legislatura en presuntos malos manejos de recursos públicos y por ello aseguraron que iniciarían un proceso de destitución en su contra. 

Incluso el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, aseguró que fue cómplice de las irregularidades en la pasada legislatura, que presuntamente desapareció información administrativa y financiera del Congreso del estado.

Aunque Loredo Méndez rechazó hablar sobre los motivos de su renuncia, sostuvo que es una determinación que había tomado desde hace dos meses, cuando –precisamente- inició la LIV Legislatura.

Ningún legislador local fijó postura de la renuncia del titular de la ESAF, sin embargo, el Congreso del estado deberá iniciar de manera urgente un proceso de designación en dicho cargo, más aún porque iniciarán los procesos de entrega-recepción en los 33 ayuntamientos y la auditoría deberá vigilar que se lleven a cabo conforme a la ley.

El presidente del Sistema Producto Bovinos Carne del estado de Morelos, Roberto Reza Quiroz, acudió este viernes al Congreso local a presentar su propuesta para que se reforme el Código Penal y se tipifique como delito grave el abigeato.

Sostuvo que la pasada legislatura no atendió su petición, pese al incremento del robo de ganado en la entidad, sobre todo en la zona sur y oriente del estado.

Al respecto, Reza Quiroz refirió que al mes se han registrado de 10 a 20 robos de cabeza de ganado.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, esta mañana se lleva a cabo el foro "Líderes por la Inclusión".

En el encuentro que se desarrolla en el Congreso del estado, el presidente del Movimiento Nacional por la Inclusión y Democracia para y por Personas con Discapacidad, Alejandro Gallardo López, dijo que no hay nada que conmemorar, sin embargo, sí mucho que exigir en derechos a personas con alguna discapacidad.

Explicó que dicho foro es para analizar lo que hace falta en materia legislativa para abatir la discriminación e impulsar la inclusión de las personas con discapacidad, en diferentes sectores de la sociedad.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Andrés Duque Tinoco, rechazó tener antecedentes penales o vínculos con la delincuencia organizada.

Este día se publicó a nivel nacional una nota en la que se informa que el legislador estuvo preso, del 2002 al 2005, por posesión de armas de fuego y vínculos con el grupo criminal Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ante ello, el legislador admitió que sí fue detenido por portación de armas, pero es inocente de cualquier delito; sostuvo que si no, se lo comprueben.

Integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos (CICEM) se reúnen este viernes con el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdés.

El presidente del CICEM, Alejandro Rosas López, señaló al funcionario la preocupación de que el gobierno del estado se haga cargo del paso exprés, por lo costoso que resultará y porque se trata de una responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Añadió que es un proyecto que debe corregirse de manera urgente, pero para ello se requiere que el gobierno federal asuma su responsabilidad; también solicitó que la Secretaría de Obras los tome en cuenta en todos los proyectos que se pretendan desarrollar en este sexenio.

Por su parte, el secretario de Obras señaló que se han presentado ya 17 denuncias por presuntas irregularidades en obra pública, aunque han encontrado trabas por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Informó que en el tema de la reconstrucción del estado a causa de las afectaciones que causó el sismo, se encontró un rezago importante.

Sin embargo, apuntó que en el 2019 se prevé que haya avance importante con los recursos que se proyectan llegarán a Morelos para la reconstrucción; además, refirió que preocupa la infraestructura educativa, porque muchos niños toman clases en carpas.

Sostuvo que a la par se llevará a cabo un nuevo censo de afectados, que se calcula en 15 mil personas; a la par, agregó, se investiga el manejo de los recursos que aplicó la anterior administración estatal.

Por otra parte, adelantó que propondrán una nueva ley de obra pública en el estado.

De igual forma, ante los ingenieros, el funcionario estatal informó que presentará denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el proyecto del paso exprés, en contra de autoridades de la administración federal que está por concluir.

Aseveró que el paso exprés es el monumento al fracaso, por lo que el gobierno estatal corregirá el proyecto sin que resulte costoso para el estado.

Giménez Valdés admitió que el puente Apatlaco no estará listo este año, pero dijo que se trabaja para que sea una conexión con el aeropuerto "Mariano Matamoros", próximamente.

Dentro de la lista de proyectos, comentó que estará construir una central camionera para sacar del centro de Cuernavaca a las terminales de autobuses que generan problemas de tránsito vial.

En entrevista, el secretario de Obras abundó en la denuncia que presentará ante PGR en contra de autoridades por presuntos delitos por omisión, ya que ayer se registró el accidente número 48 en el paso exprés, en este año, y cuatro muertos en los últimos seis meses.

La presidenta de la Junta Política afirma que se trató de un acuerdo entre todos los legisladores y cada uno debe asumir su responsabilidad.

La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinosa, propuso a sus homólogos retractarse del acuerdo que aprobó la Junta Política y de Gobierno para repartirse los puestos administrativos, ante la violación deliberada en la que incurrieron algunos de ellos al designar a sus familiares.
En entrevista, la legisladora consideró lamentable la determinación de algunos legisladores para aprovechar su posición y nombrar a sus familiares en cargos del Congreso local.
Flores Espinosa sostuvo que no sólo se afecta la imagen del Poder Legislativo, sino que se incurre en un acto ilegal que implica una responsabilidad administrativa y que fue avalada por todas las fuerzas políticas.
"No sé si por ignorancia estén violentando la ley, pero vamos a hacer las observaciones correspondientes a la Junta Política de que se respete la ley dentro del Congreso del estado. Recordemos que somos 20 diputados y que la gente no habla de un diputado, sino de la LIV Legislatura", declaró.
La diputada de Morena hizo las declaraciones a raíz del nombramiento de Gerardo Sánchez Mote en la Jefatura de Adquisiciones, pese a ser el padre de la diputada del Partido Humanista (PH), Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala.
El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Andrés Duque Tinoco, también estaría en un conflicto de interés por designar a su familiar Edgar Duque Granda en la Jefatura de Activos Fijos.
Sin embargo, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dijo que el tema tendría que revisarse, sin embargo, señaló que fue una determinación de todos los coordinadores de las fuerzas políticas y no sólo de la presidencia de dicho órgano.
"Fue un acuerdo general, pensando en que todos los lugares importantes del Congreso los tengamos que trabajar... estábamos en un Congreso donde la gente no era nuestra, entonces era muy difícil trabajar", declaró.

Asegura José Casas que ninguno se sometió al examen obligatorio de control de confianza.

Diputados locales del Partido del Trabajo (PT) se pronunciaron por la remoción del fiscal general y del fiscal anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, respectivamente, por no haber cumplido con las evaluaciones de control de confianza, como lo ordena la Constitución federal.
En rueda de prensa, el legislador José Casas González, acompañado de sus compañeros de bancada, informó que derivado de dos solicitudes de información que presentó ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y ante la Comisión Estatal de Seguridad, se confirmó que los dos fiscales no se sometieron a ningún examen de control de confianza, requisito obligatorio para recibir el nombramiento y permanecer en el cargo. 
"Nos informa el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las instituciones de procuración de justicia sin contar con el certificado y registro vigentes, por lo que se entiende que los fiscales generales y especializados laboran en una institución de procuración de justicia y deben contar con sus exámenes", declaró el diputado.
Refirió, que derivado de dicha información, el pasado miércoles planteó un punto de acuerdo para iniciar un proceso de remoción de ambos funcionarios, sin embargo, no recibió el apoyo de la mayoría de los legisladores para aprobarlo.
Ante tal situación, dijo que informó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo de la violación en la que han incurrido los fiscales y éste se comprometió a revisar la permanencia en el cargo de los fiscales.
Ambos fiscales fueron propuestos por el gobierno que encabezó Graco Ramírez y designados por la LIII Legislatura, la cual en julio pasado aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para autorizar pensión vitalicia a los funcionarios y seguridad personal al terminar su encargo.

*Anticorrupción y general*

Diputados del Partido del Trabajo (PT) se pronunciaron, este jueves, por la remoción de los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por no haber cumplido con las evaluaciones de control de confianza que exige la ley.

En rueda de prensa, los legisladores expusieron que de una solicitud al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y posteriormente a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), se confirmó que ninguno de los dos funcionarios cumple con dichos requisitos.

Por tal razón, anunciaron que impulsarán un punto de acuerdo en el Congreso local para la remoción de ambos fiscales; de igual modo, pidieron la intervención del gobernador para que haga valer sus facultades y también inicie el proceso de remoción.

La diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, se pronunció porque se revise el acuerdo que sostuvieron coordinadores de las fuerzas políticas para distribuirse los distintos cargos en el Congreso local.

"No vamos a ser omisos en ignorar este tema (...) no abona en nada a una transparencia y legalidad, dentro de una institución tan desprestigiada que es el Congreso", manifestó Flores Espinoza, al tiempo de agregar que "es un tema de ilegalidad".

Lo anterior, ante el conflicto de intereses al que se enfrentan por haber accedido a la contratación de Gerardo Sánchez Mote, padre de la diputada del Partido Humanista, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, en la jefatura de Adquisiciones, así como de familiares de otros legisladores.

Finalmente, sostuvo que la imagen del Congreso no sólo se ve afectada sino que incurrirían en un acto de ilegalidad, pues se trata de nepotismo.

Por su lado, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz dijo que es un asunto que debe revisar la diputada del Humanista, aunque admitió que fue un acuerdo de todos los coordinadores.

*Tras crisis que dejó la pasada administración*

El titular de la Secretaría de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, refirió que el gobierno del estado cerrará el año con complicaciones financieras, debido a la crisis que dejó la pasada administración estatal y a que no pudieron gestionar más recursos ante la federación.

Sin embargo, el funcionario también señaló que se trabaja para cumplir con el pago a trabajadores y otras obligaciones financieras.

De igual modo, confirmó que será antes del 15 de diciembre cuando presenten el paquete económico 2019, una vez que conozcan el presupuesto que a nivel federal se aprobará, en los próximos días.

Villarreal Gasca sostuvo que será un presupuesto austero, con reajustes en el gasto corriente.

Integrantes de la Asociación Cívica Morelense "Gustavo Alejandro Salgado Delgado" protestaron, la mañana de este jueves, en el Congreso del estado.

Los ciudadanos se manifestaron para exigir, por segunda ocasión, a los diputados que se les tome en cuenta en el análisis de las leyes de ingresos y presupuesto del gobierno estatal.

El vocero de la agrupación, Gabriel Rivas Ríos, señaló que hace dos semanas protestaron por el mismo tema y los diputados se comprometieron a darles información respecto al análisis de las leyes de ingresos; sin embargo, es la fecha en que no han tenido respuesta.

Autoridades estatales y diputados se reúnen, este jueves, con autoridades eclesiásticas en la catedral de Cuernavaca.

En esta reunión, las autoridades de la iglesia católica ofrecen su apoyo a los diputados para el buen desarrollo de su legislatura.

El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, convocó a los legisladores a la unión, pues dijo que es necesario su trabajo para un mejor desarrollo del estado.

De igual modo, el obispo les pidió trabajar en defensa de la vida y a favor de la familia.

Por su parte, integrantes de organizaciones del Frente Nacional de la Familia, quienes participan en el encuentro, también solicitaron a los diputados legislar en defensa de la familia.