El Pleno del Congreso del estado emitió, este miércoles, un acuerdo para promover una denuncia penal y acciones jurídicas en contra de cinco ex diputados.

Dichos ex legisladores son Francisco Moreno Merino, Beatriz Vicera Alatriste, Hortencia Figueroa Peralta, Julio Espín Navarrete y Silvia Irra Marín, por desvíos de recursos, omisiones y actos constitutivos en posibles delitos en el ejercicio de los recursos financieros del Congreso local.

Durante la sesión ordinaria de este día, el diputado José Casas González presentó el acuerdo, avalado por los coordinadores parlamentarios, con el fin de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y turnar el asunto a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para revisar si amerita juicio político en su contra.

De acuerdo con el legislador, los ex diputados señalados fueron los responsables de un desvío de recursos que tendría que haberse destinado al pago de aportaciones de los trabajadores del Congreso ante el Instituto de Crédito; además, señaló la desaparición de documentos, entre otros posibles delitos e irregularidades.

El acuerdo fue avalado por mayoría en el Congreso.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, confirmó que en el Congreso local también se detectaron aparatos de videovigilancia colocados en las instalaciones de la sede legislativa, lo que se presume como actos de espionaje.

Casas González dijo que el equipo de seguridad encontró cable de fibra óptica conectado a cámaras que tenían como origen la casa donde la empresa Ago Operadores, que construyó el edificio, sigue despachando.

Informó que se inició una investigación para determinar si se trata de espionaje, además del uso de las grabaciones obtenidas.

Choferes de Uber protestaron esta mañana en la glorieta de la Paloma de la Paz, al norte de Cuernavaca; exigen que se incremente la tarifa mínima que cobra la empresa por servicio público, que es de 25 pesos, mientras que la de taxi es de 35 pesos.

Los operadores de Uber refirieron que la empresa se queda con el 33 por ciento de sus ingresos, mientras que ellos tiene que poner vehículo, combustible e insumos, además de su trabajo.

De igual modo, sostuvieron que en la zona metropolitana de Cuernavaca ya no les resulta negocio con esa tarifa.

Los inconformes posteriormente se movilizarán a las oficinas de la empresa, para presentar un escrito.

Vecinos de la colonia Jardín Juárez del municipio de Jiutepec protestan este miércoles en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), para denunciar el mal servicio que ofrece la ruta 7.

Los inconformes exigieron a la SMyT obligue a la ruta 7 a dar un mejor servicio; además, pidieron que la línea de transporte repare el daño a una señora de nombre Carmen "N", que se cayó de la ruta y el chofer se negó a pagar los daños.

Además denunciaron que desde hace meses acudieron a la dependencia estatal a denunciar el mal servicio que ofrece la ruta 7 y las autoridades se comprometieron a obligar a los transportistas a mejorar las condiciones de sus unidades, así como los chóferes darían un mejor trato.

Hoy afirmaron que nada de eso se ha cumplido y, al contrario, siguen los abusos de los transportistas.

Finalmente, solicitaron que las unidades de esa ruta presten servicio más temprano y terminen de darlo más tarde, por el problema de seguridad pública.

La anterior legislatura heredó deudas por cerca de 100 millones pesos.

Diputados locales solicitarían una ampliación presupuestal a favor del Congreso del estado para el ejercicio fiscal 2019, con el fin de salvar deudas que heredó la LIII Legislatura por cerca de 100 millones pesos.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz,  dijo que en los próximos días el Congreso local iniciará el análisis del Paquete Económico 2019, por lo que podrían plantear al Poder Ejecutivo incluya un presupuesto mayor para el Congreso local a los 400 millones de pesos que tuvo de egresos en este año.

"Hay una parte de jubilaciones y sindicalizados y ya queremos saldar cuentas con los compañeros. Esa base trabajadora que sí dio toda su vida, 20, 30 años de su vida sí los vamos a apoyar", señaló.

Para el análisis de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 que el Poder Ejecutivo presentará a más tardar el 15 de noviembre, la diputada del Partido del Trabajo (PT) explicó que se pedirá a cada comisión legislativa trabajen en una propuesta según el sector, para de esta forma aprobar el tema en los plazos que marca la Constitución Política del estado, que es el 15 de diciembre próximo. 

Sostuvo que dentro de los temas urgentes que deben atenderse, está la situación económica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Aunque dijo que debe analizarse un incremento del uno por ciento en el presupuesto total de la institución, como lo propusieron estudiantes y el Consejo Universitario, reconoció que es necesario impulsar un rescate financiero de manera urgente.

Con los alcaldes también podría haber reuniones, informó la diputada Rodríguez Ruiz, para el análisis de sus leyes de ingresos y ante la crisis que dejarán las administraciones salientes. 

Plantean volver a crear una legislación para erradicar las cuotas en escuelas de nivel básico.

El Congreso del estado analiza abrogar la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos y volver a crear una legislación para erradicar las cuotas escolares en escuelas de nivel básico.

Ayer, integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) y de los comités de padres de familia de distintas escuelas del estado, presentaron una solicitud a los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que se cree una nueva ley que prohíba el cobro de cuotas escolares y obligue al gobierno del estado a aportar presupuesto para el mantenimiento de las escuelas.

Julita Villalba Arias, integrante del MMB, dijo que la Ley de Uniformes Gratuitos fue un fracaso y, a la fecha, se desconoce el uso del presupuesto etiquetado para apoyar a los alumnos.

Mientras tanto, sostuvo que en todas las escuelas se obliga a los padres a pagar por una cuota. Sin embargo, dijo que si se vuelve a crear una ley en la materia, también debe transparentarse el uso de los recursos financieros.

Al respecto, la diputada de Morena, Alejandra Flores Espinoza, aseguró que se analizará la propuesta de padres de familia y maestros, pues es un hecho que la Ley de Uniformes Gratuitos "sólo sirvió para avalar un negocio" de la pasada legislatura y administración estatal.

"Lo vamos a revisar con los abogados, lo vamos a analizar con los diputados para que sea otra vez y regresar la ley (de cuotas escolares). Estamos a un mes de revisar el presupuesto y es por ello la urgencia de que se analice crear esta ley", declaró. 

De igual forma, refirió que el Congreso del estado pedirá al gobierno del estado se aclare el uso del presupuesto que se destinó en un primer momento para las cuotas escolares y, posteriormente, para los uniformes, ya que nunca lo transparentó la administración estatal pasada. 

Enumeran excesos y delitos de los diputados de la anterior legislatura.

Los integrantes de la LIV Legislatura promovieron la primera denuncia penal en contra de sus antecesores, por diversos delitos cometidos en el uso de recursos del Congreso del estado durante los últimos tres años.

La mañana de ayer, los legisladores acudieron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y presentaron la denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que en el proceso iniciado se señala a los integrantes de la LIII Legislatura por la presunta comisión de diversos delitos, como el haberse autovendido 32 vehículos último modelo por un monto total de 850 mil pesos.

También presentaron pruebas de que los exdiputados se gastaron de manera ilegal los recursos obtenidos de las aportaciones que realizan los trabajadores ante el Instituto de Crédito, del dinero que retuvieron del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y para el pago al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de un seguro de vida. La cantidad que presuntamente se desvió fue de 34 millones de pesos.

Los exdiputados fueron acusados de haber expedido cheques a su favor por más de ocho millones de pesos al final de la LIII Legislatura.

El presidente de la Mesa Directiva refirió que la denuncia es la primera de otros procesos penales que podrían promover debido a las irregularidades que han detectado en el proceso de entrega-recepción, como el robo de documentos del sistema contable que sirve para cotejar las cuentas públicas.

Sotelo Martínez dijo que pese a todas las irregularidades antes citadas, los exdiputados se aprobaron las cuentas públicas sin haberlas informado ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF). De esta ilegalidad también fue informada la Fiscalía General del Estado.

Este martes, en el Congreso del estado, se llevó a cabo la instalación del comité de selección para el otorgamiento del reconocimiento al Mérito Médico.

A una semana de que se celebre el Día del Médico, los diputados locales apenas instalaron el comité y aún no se emite la convocatoria.

Los legisladores tendrán que realizar el proceso de selección del mérito.

*Respecto a dictamen*

El diputado Marcos Zapotitla Becerro reiteró que sigue en análisis el dictamen para remover al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara.

Al respecto, el legislador admitió que no tiene confianza en que denuncias como las que presentaron hoy como LIV Legislatura vayan a prosperar mientras el fiscal siga en el cargo.

Anotó que también está en revisión una contrarreforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para revertir beneficios a favor del fiscal, como pensión y seguridad personal vitalicia.

*En los próximos días*

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que en los próximos días iniciará la discusión del paquete económico 2019; adelantó que el Poder Legislativo solicitará un aumento presupuestal, para resolver la crisis financiera que dejó la pasada Legislatura.

Dijo que también analizarán dentro del paquete económico la crisis financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ante la propuesta de estudiantes y del Consejo Universitario de aumentar el uno por ciento al presupuesto; sin embargo, anotó que se trata de un porcentaje alto.

Con respecto a los municipios, Rodríguez Ruiz no descartó una mesa de trabajo, para atender temas urgentes como el pago de laudos.

*Por delitos cometidos por la LIII Legislatura*

La mañana de este martes, diputados presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por delitos cometidos por la LIII Legislatura.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, explicó que dicha denuncia es por la desaparición de documentos oficiales del Congreso y presunto mal uso de recursos públicos, entre otros delitos.

Refirió además que la denuncia es en contra de quien resulte responsable, y no se señala a un ex legislador en específico.

Añadió que existe la confianza en que la FGE haga su trabajo, pese a que el titular, Uriel Carmona Gándara, fue designado por la pasada legislatura a propuesta del ex titular del Poder Ejecutivo estatal.

Sotelo Martínez sostuvo que esta denuncia es una de las primeras, pues aún no termina el proceso de entrega-recepción y presumen hay más elementos que denunciar.

Finalmente, el diputado también anotó: "Nuestra función no es investigadora, es legislativa (...) queremos concentrarnos ya en la etapa legislativa, no sin antes hacer lo que nos corresponde".

Diputados locales también determinaron emprender acciones jurídicas y administrativas en contra de sus antecesores, por los excesos cometidos durante la LIII Legislatura.

Diputados locales aprobaron un acuerdo más para investigar las jubilaciones y pensiones aprobadas por la LIII Legislatura durante los últimos tres años en los tres Poderes del Estado y en los ayuntamientos.

En sesión de la Junta Política y en la Conferencia para la Dirección de Programación de los Trabajos Legislativos, las coordinadoras parlamentarias y el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, acordaron crear otra comisión especial que investigue todos los expedientes de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los gobiernos municipales. 

También determinaron emprender acciones jurídicas y administrativas en contra de los exdiputados por los excesos cometidos.

Sin embargo, no determinaron el día en que acudirán a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia penal en contra de los integrantes de la LIII Legislatura, y tampoco se especificó qué tipo de acciones administrativas llevarán a cabo, tal y como lo adelantó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo.

Ayer se cumplió un mes y medio de que inició la LIV Legislatura y, a la fecha, los diputados no han hecho observaciones al proceso de entrega-recepción del Congreso del estado.

A más tardar en noviembre deben iniciar la entrega-recepción con las municipalidades a las que pertenecían.

Los pobladores de los nuevos municipios indígenas deben ponerse de acuerdo de manera inmediata en la integración de sus concejos municipales, ya que a más tardar en noviembre deberían iniciar el proceso de entrega-recepción con las municipalidades a las que pertenecían y empezar a trabajar en el tema administrativo y financiero.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que en todos los municipios indígenas existen problemas por la integración de sus concejos, y sólo en el caso de Tetelcingo no han podido avanzar en todo el proceso para instituirse como municipio, derivado de la controversia constitucional que promovió el ayuntamiento de Cuautla.

Ante tal situación, dijo que se ha planteado la reposición del proceso de elección de los integrantes de los concejos municipales, sin embargo, sólo en el caso de Hueyapan se ha formalizado a solicitud de la misma ciudadanía.

Por tal razón, explicó, ayer se inició el proceso jurídico para someter a consideración de todos los pobladores de ese municipio si se respeta el Concejo que se eligió en julio pasado, o se revoca y se repone el proceso.

El diputado refirió que con dicho ejercicio se pretende evitar conflictos legales en el municipio que retrasen su instalación el próximo 1 de enero.

Zapotitla Becerro aseguró que si se formaliza la solicitud por los municipios de Xoxocotla y Coatetelco, se aplicará el mismo proceso para la integración de los concejos.

Agregó que en los próximos días se instalará una mesa de trabajo con el Poder Ejecutivo para impulsar la regulación en el tema presupuestal, administrativo y social, a fin de que los municipios indígenas puedan empezar a operar en enero.

"Son temas que involucran a la Secretaría de Hacienda. Yo creo que el Ejecutivo tendrá voluntad de generar una mesa de diálogo, de acuerdos. El Legislativo hará lo propio si se necesitara generar reformas, porque, insisto, necesitamos dar certeza en todos los asuntos procesales a los nuevos consejeros que van a representar a los nuevos municipios indígenas", señaló. 

Es necesario hacer cambios a la ley del transporte para obligar a los concesionarios a otorgar un servicio más seguro, opina líder de taxistas.

Ante el incremento de delitos cometidos a bordo de taxis, transportistas plantearon que sea obligatoria la creación de una base de datos de choferes y concesionarios, en la que los usuarios puedan conocer quiénes prestan el servicio público y si son seguros.

Abimael Quiroz Pineda, presidente de Taxi Rent, dijo que si los diputados reformaran la Ley de Transporte del estado para dar nuevas atribuciones al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), como parte de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, es necesario que también atiendan las propuestas del sector.

Aseguró que una de las necesidades urgentes en el transporte público es que se establezcan normas que obliguen a los concesionarios a que otorguen un servicio público más seguro.

Para ello, propuso que se cree una plataforma en la que se encuentren todos los datos de los concesionarios del transporte y de sus unidades, así como de los choferes, para que cualquier usuario sepa quién los traslada y, en caso de que sea víctima de un delito, pueda denunciarlos.

Para ello, agregó, se debe obligar por ley a los operadores a que presenten cartas de no antecedentes penales, comprobante de domicilio, identificación personal y acreditar experiencia en el servicio.

"Es necesario que el concesionario se haga responsable de a quién contrata. Es algo que siempre nos ha marcado como transportistas, el hecho de que digan que el taxista es el ratero, el asaltante, el secuestrador, el violador, hasta el mujeriego. Es momento que nosotros como choferes del volante defendamos nuestra postura", sostuvo Quiroz Pineda.

Este lunes, empresarios y autoridades de la Secretaría de Cultura anunciaron el Festival Cervantino, con subsede en Cuernavaca, a llevarse a cabo el domingo 21 de octubre en la calle Hidalgo del centro de la ciudad.

Al respecto, informaron que se calcula que aumente un 50 por ciento la derrama económica.

Jesús Rosas, organizador del encuentro, aseguró que es un evento perfecto para abatir problemas en Cuernavaca, como el de la seguridad.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Antonio Sánchez Purón, señaló este día que confían en que los diputados actúen en contra de integrantes de la LIII Legislatura y que sean sancionados por los abusos cometidos.

Al respecto, el empresario aseveró que no se trata de revanchismo sino de hacer justicia, y es justamente lo que la sociedad pidió el pasado 1 de julio cuando le dio un voto de castigo a las autoridades que estaban gobernando.

Además, Sánchez Purón indicó que se tiene que revisar cómo se ejerció el presupuesto del Congreso del estado y también se tiene que aclarar toda la corrupción que se dio alrededor del proyecto de construcción de la nueva sede legislativa.

La actual Legislatura ni siquiera cuenta con el proyecto ejecutivo del inmueble

El inmueble del Poder Legislativo, inaugurado hace apenas ocho meses, podría significar un gasto para el gobierno del estado mayor a los 467 millones de pesos de su costo inicial, debido a las fallas estructurales que ya presenta y que significarían un riesgo para los diputados y para quienes ocupan la sede.

La semana pasada, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos entregó a la Mesa Directiva del Congreso local los resultados de la revisión técnica que realizó al edificio legislativo a petición de los mismos diputados.

En la opinión técnica de los ingenieros, se confirman fallas estructurales de origen que tendrán que solucionarse para evitar posibles riesgos ante un sismo.

"Vemos muchos detalles constructivos como las fisuras que ustedes pueden ver aquí (en la entrada del Congreso) y también tenemos en el sótano y fueron por cuestiones de un proceso constructivo inadecuado, es decir, una falta de supervisión por parte de gobierno del estado", explicó Alejandro Rosas López, presidente del Colegio de Ingenieros.

Además de las fisuras, el inmueble registra filtraciones de agua, pisos reventados y "parches" de acero que son errores básicos consecuencia de una falta de supervisión de parte del gobierno del estado, que estuvo a cargo del proyecto.

"Hay otra situación también del tema estructural donde hicimos la revisión, pero ahí necesitamos contar con el proyecto ejecutivo para poder valorar el daño, o bueno, el riesgo. De momento no tiene un riesgo estructural, sin embargo, sí vimos unos detalles del proceso constructivo que tendríamos que valorar para evitar un posible riesgo pero ante un sismo", agregó.

Rosas López explicó que sólo emitieron una opinión técnica de la construcción del edificio legislativo, ya que los diputados no pudieron facilitar el proyecto ejecutivo del edificio porque no lo tienen, ya que la empresa que lo construyó, "Ago Operadores S.A de C.V", nunca se los entregó.

El presidente del Colegio de Ingenieros dijo que existe toda la disposición para realizar un dictamen técnico y determinar si el costo de la obra valió los resultados de un edificio que ya presenta fallas y, además, cuantificar el gasto que tendría que hacer el gobierno del estado, o bien, el Congreso local para solucionar dichas irregularidades y evitar riesgos.

La LIII Legislatura heredó deudas millonarias a su sucesora

La LIII Legislatura heredó deudas millonarias por pagar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado (ICTSEM), además con proveedores y medios de comunicación, informó el presidente del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) dijo que inició negociaciones con dichas instituciones y órganos desconcentrados, a fin de resolver las deudas el próximo año, ya que en este 2018 el Congreso del estado apenas y cuenta con presupuesto para el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores.

Refirió que la Mesa Directiva logró el primer acuerdo con el Instituto de Crédito, con el que el Congreso tiene una deuda por 24 millones de pesos, derivado de las aportaciones que hicieron los trabajadores y que no fueron enteradas (entregadas)  por la pasada legislatura.

"El acuerdo es que a partir de septiembre nosotros empezamos a pagar, y lo que vamos a hacer es una reestructuración de los convenios que se firmaron por la legislatura pasada de facturas que no son nuestras", agregó.

Sostuvo que dichos compromisos financieros no podrán pagarse de inmediato, aun y con el presupuesto que reciba el Congreso para el ejercicio 2019, de ahí que se buscarán acuerdos con el IMSS y el SAT.

Sin embargo, Sotelo Martínez no especificó el monto de la deuda que heredó la LIII Legislatura y que tendrá que resolver la presente, además de todos los problemas legales. 

"A eso cuéntenle (las deudas) con medios de comunicación, proveedores y demás. La verdad es que cada vez que viene alguien que tiene cara de proveedor pareciera que me tengo que andar escondiendo porque me vienen a cobrar la factura ajena, de verdad se los digo", declaró el legislador local. 

Exhorta al gobernador a que finalice colaboración con el Instituto en ese sentido.

Ayer tomaron protesta a César Santana Nava como contralor del gobierno estatal y quedó integrada la comisión de la reconstrucción.

El Pleno del Congreso local exhortó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a que finalice cualquier colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a fin de que no se aplique el examen a los maestros el próximo 28 de noviembre próximo, como parte de la llamada Reforma Educativa.

Durante la sesión ordinaria de ayer, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Alejandra Flores Espinoza dijo que dicha evaluación se dará a unos días de que tome protesta el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a impulsar una reforma educativa que garantice respeto a derechos de los maestros y mejore la calidad educativa.

“Resulta en una desproporción del agónico gobierno federal aferrarse a este tema”, manifestó la diputada, quien previó que para cuando estén listos los resultados de la evaluación ya se habrá aprobado una nueva reforma educativa.

“Hoy vengo a hacer uso de la más alta tribuna del Estado para hacer un llamado al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y al titular del Instituto Estatal de Educación Básica del Estado de Morelos, con el propósito de que dejen de colaborar con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en la aplicación del Examen de Evaluación a las Maestras y Maestros de Morelos, en virtud de la inminente modificación o derogación de la mal llamada Reforma Educativa”, planteó la legisladora.

Contrariamente a lo que maestros han solicitado, la diputada del Partido Nueva Alianza (Panal) Blanca Nieves Sánchez Arano, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso y exlíder magisterial, se opuso al punto de acuerdo.

Incluso, minutos antes de que el punto se sometiera a votación del Pleno, intentó convencer a sus homólogos para que no lo votaran.

Los argumentos de la legisladora es que los maestros podrían confundirse si se suspende la evaluación, ya que la aprobación de una reforma educativa es sólo una promesa de campaña. Incluso la diputada votó en contra del punto, con lo que sería la segunda vez que se niega a atender el llamado que los mismos maestros han hecho para que el gobierno estatal no obligue a la aplicación de la citada evaluación.

Rinde protesta contralor del estado

En la sesión ordinaria, los diputados tomaron protesta a César Santana Nava como contralor del gobierno estatal.

Los legisladores aprobaron un punto de acuerdo de la Junta Política y de Gobierno del estado por el que se ratificó a Santana Nava, quien fue designado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Integran comisión especial de la reconstrucción 

Además de los puntos anteriores, también quedó integrada la Comisión de la Reconstrucción del Estado de Morelos, la cual estará presidida por los diputados  Keila Figueroa Evaristo, Alfonso de Jesús  Sotelo Martínez, Cristina Sánchez Ayala, Tania Valentina Rodríguez, Maricela Jiménez, Erika García, Rosalina Mazari y Ariadna Barrera.

El Congreso analizará los expedientes de varios exfuncionarios que cobrarían pensiones vitalicias.

Diputados toman protesta a nueva Asociación de Jubilados y Pensionados.

El Pleno del Congreso del estado acordó investigar las “jubilaciones doradas” que aprobó la LIII Legislatura a favor de funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

El punto de acuerdo, que fue aprobado ayer en sesión ordinaria e impulsado por la presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, plantea investigar cada uno de los expedientes de trabajadores que cobrarían pensiones onerosas de manera vitalicia.

La lista de los de decretos que serán investigados las integran los exfuncionarios Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Jorge Michel Luna, extitular de Finanzas; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); Francisco Velázquez Adán, del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm).

De igual forma, los diputados revisarán las jubilaciones de Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del ex diputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André; Orlando Aguilar Lozano, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras.

La investigación se realizará en la Comisión del Trabajo y los legisladores revisarán si se cumplieron con los requisitos de ley y si no hubo falsificación de información por autoridades municipales y estatales.

De acuerdo con la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, muchos de los expedientes de los exfuncionarios parecen haberse integrado con información falsa, con el fin de cumplir con los comprobantes de los años de servicio.

Integran nueva asociación de jubilados 

Durante la mañana de este viernes, los diputados tomaron protesta a la Asociación de Jubilados y Pensionados, Técnicos, Auxiliares del Congreso local, que surgió con la finalidad de que los trabajadores en retiro puedan defender sus derechos.

María Teresa Galván Abúndez, presidenta de la Asociación, dijo que una de las primeras causas que emprenderán será la de exigir el pago de las pensiones a trabajadores que se jubilaron al final de la pasada legislatura, a quienes los actuales diputados determinaron suspender el pago para investigar sus expedientes.

Admitió que existe “coraje” por parte de los trabajadores debido a las “pensiones doradas” que se aprobaron, pero insistió en que no es justo que se afecte a quienes obtuvieron su pensión apegada a derecho.

Alfonso de Jesús Sotelo asegura que ha recibido mensajes de intimidación debido que inició la revisión en contra de la legislatura pasada.

Tras haber confirmado que la próxima semana promoverán acciones penales y administrativas en contra de los integrantes de la LIII Legislatura, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, denunció que ha recibido mensajes de intimidación y amenazas a raíz de la revisión que inició en contra de diputados de la pasada legislatura.

En entrevista, dijo que dichos mensajes los ha recibido  en su teléfono celular, mediante la aplicación de WhatsApp, desde hace 15 días, por lo que procederá penalmente en contra de quien resulte responsable.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) no quiso dar detalles de las amenazas en su contra ni quién o quiénes pudieran ser los responsables. “Espero que no sea por esto que estamos haciendo… Antes no sufría de una situación así y conforme pasa el tiempo y descubrimos algunas cosas adversas y anómalas, pareciera que es como un medio de presión”, explicó.

El diputado dijo que pese a dichas amenazas, la próxima semana someterá a consideración de las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarios que se promuevan denuncias en contra de la pasada legislatura por irregularidades en el ejercicio de los recursos.

Comentó que tienen elementos suficientes para proceder y si no lo hizo anteriormente, sostuvo, es porque los exdiputados no entregaron toda la información y los dejaron sin equipo para avanzar rápidamente en el proceso de entrega-recepción.

Un ejemplo del mal ejercicio de los recursos por parte de la pasada legislatura, citó, es la deuda ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, por 24 millones de pesos, ya que no enteraron las aportaciones de los trabajadores.

El diputado informó también que pedirán apoyo a la Comisión Estatal de Seguridad para que se revisen las oficinas del Congreso local, ante el presunto espionaje que se dio en el gobierno estatal.

El diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, denunció que ha recibido mensajes de intimidación y amenazas a su persona.

Al respecto indicó que no sabe de dónde provienen, pero procederá legalmente, así como lo hará por las irregularidades detectadas en la pasada administración.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) refirió que dichas intimidaciones empezó a recibirlas hace 15 días, sobre todo por mensajes de teléfono mediante la aplicación de "Whatsapp".

Este viernes rindió protesta la Mesa Directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionados Técnicos, Auxiliares y de Confianza del Congreso del estado.

La diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, hizo un llamado a sus compañeros para que ya se revise el tema de las "pensiones doradas".

Lo anterior, para que los jubilados que legalmente obtuvieron su pensión puedan cobrarla, según indicó la legisladora.

*"En contra de quienes resulten responsables"*

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que la próxima semana podrían presentar denuncia penal en contra de ex legisladores, por las irregularidades que detectaron como parte del proceso de entrega recepción.

Admitió que ha habido un retraso en la entrega de la información que derivó de dicho proceso, pero afirmó que no prescriben los tiempos para proceder en contra de la pasada Legislatura.

"Jurídicamente se están cuadrando las acciones legales en contra de quien o quienes resulten responsables", apuntó al respecto el diputado.

Sotelo Martínez también explicó que el lunes presentará el tema en la Junta Política y de Gobierno (JPyG), para que se tome un acuerdo y así proceder legalmente.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dijo que hoy abordarán asuntos pendientes y que urge resolver, como el nombramiento de la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM).

Anotó que además se revisará el tema de las "pensiones doradas".

La legisladora admitió que se han atrasado en asuntos importantes, como el proceso de entrega recepción, de ahí que se pedirá un informe al presidente de la Mesa Directiva para que la próxima semana se proceda legalmente en contra de los ex legisladores.

Integrantes del recién electo Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) pidieron al presidente de la Mesa Directiva les tome protesta, para que puedan empezar a operar y atender todas las denuncias ciudadanas.

Roberto Coranguez Esquivel, electo presidente del referido consejo, por la comisión de selección el pasado 27 de septiembre, admitió que pese a que existe en la ley, el Sistema Anticorrupción no ha podido funcionar porque no existe el Consejo.

Ante tal situación, destacó que el Congreso del estado ya debe tomarles protesta.

El abogado aseguró que actuarán de manera imparcial, ante denuncias de corrupción que pudieran recibir de la ciudadanía.

También aseguró que revisarán el trabajo del fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, que ha sido señalado como cercano al ex gobernador de Morelos.

La revisión del proyecto debe reabrirse y las fallas deben ser reparadas, afirma el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de estado.

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, Alejandro Rosas López, sostuvo que el "Paso Exprés Tlahuica" todavía es peligroso para los automovilistas, por lo que debe corregirse.

En entrevista, coincidió con la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se señala que los accidentes y muertes registrados en la vía de comunicación se deben a una mala de planeación del proyecto, y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) es la principal responsable.

Recordó que como Colegio de Ingenieros realizaron un dictamen del proyecto, que fue elemento de prueba para la investigación que se inició tras la muerte de dos hombres que cayeron a un socavón que se formó en la vialidad el 12 de junio del año pasado.

Sin embargo, refirió que la Secretaría de la Función Pública determinó cerrar el caso.

Rosas López consideró que la revisión del proyecto debe reabrirse y corregirlo, ya que persisten fallas que ponen en riesgo la vida de los automovilistas, sobre todo los que circulan por los carriles locales.

"Notamos que en el caso de los carriles locales siguen algunas situaciones. Se cuenta con tres carriles, pero realmente no caben los tres. Ahí sí es de modificar, se tiene que ver que funcione con carriles (sic)", agregó.

El ingeniero también subrayó que la SCT no ha cumplido con la señalización que obligue a respetar la velocidad con la que deben circular.

Aunque admitió que no ven condiciones para que se cumpla con dichas correcciones, debido a que en poco más de un mes se dará el cambio de la administración pública federal.

Ana Guevara Ramírez recibió una pensión en extrañas circunstancias y ahora participa en la revisión del proceso que la benefició, a pesar del conflicto de intereses.

A 42 días de que inició la LIV Legislatura, la diputada del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Ana Guevara Ramírez dio a conocer que renunció al pago de su pensión, luego de que los ex legisladores la jubilaron con el 50% del salario que percibió como auxiliar en el Congreso del estado.

De acuerdo a Guevara Ramírez, la determinación que tomó es en un "acto de congruencia" y como "solidaria con la austeridad republicana" en su calidad de integrante de la LIV Legislatura.

Ayer, se dio a conocer el documento que presentó ante la Mesa Directiva del Congreso del estado, y supuestamente lo hizo desde el 1 de septiembre. Sin embargo, dicho documento no está sellado por la oficina citada.

Además, la legisladora de Movimiento Ciudadano sigue participando en la revisión que inició el Congreso local por medio de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social a la lista de "pensiones doradas", pese al conflicto de intereses.

El 15 de julio, el Pleno del Congreso local aprobó el decreto número 936 por el cual se concedió jubilación por pensión a Ana Guevara, con el 50% de salario como auxiliar en la Comisión de la Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, que presidía el ex diputado Jaime Álvarez Cisneros, y que era superior a 20 mil pesos. 

La esposa de Andrés Duque Tinoco fue designada directora del ICTSGEM.

Tras la designación de su esposa Fabiola del Sol Urióstegui Alvear como directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), el diputado Andrés Duque Tinoco rechazó que se trate de un pago de favores por haber renunciado Al partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para sumarse al Partido Encuentro Social (PES).

"No ha habido ninguna negociación, como se dijo en un inicio, que la presidenta del partido (Morena, Yeidckol Polevnsky) que Cuauhtémoc nos había comprado. No, Cuauhtémoc no compró a nadie", sostuvo el diputado, quien admitió que la contratación de personal para esos cargos debería darse por convocatoria o concurso, y de acuerdo a los perfiles.

"Mi esposa es una mujer preparada, ella metió currículum desde hace algunos meses. No hay ninguna negociación aquí, lamento mucho que esto esté pensando porque al final de cuentas ella está trabajando de aquel lado y yo aquí en el Congreso, no la tengo aquí en el Congreso", añadió.

También en el Congreso del estado fue designada como directora de Recursos Humanos a Ivonne Zavala Zúñiga, hermana de la secretaria de Administración del gobierno estatal Mirna Zavala.

Dicho cargo fue ocupado anteriormente por Karina Arteaga Gutiérrez, quien también integra la larga lista de beneficiarios de las "pensiones doradas" que aprobó la pasada legislatura.

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos (CICEM), Alejandro Rosas López, aseguró que pese a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya cerró el caso del paso exprés, la vía de comunicación aún implica un riesgo para los automovilistas

En entrevista, Rosas López coincidió con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en que la responsable de las muertes en el paso exprés es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El ingeniero señaló que dicho proyecto aún puede corregirse, pero tendrá que ser en la próxima administración federal, pues se requiere de un mayor presupuesto para resolver riesgos para los automovilistas en la vialidad.

*Al gobierno estatal*

Abogados pidieron este día que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga la investigación sobre el presunto espionaje al gobierno del estado.

Al respecto, el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, sostuvo que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, tiene conflicto de interés en el caso, pues fue impulsado por la anterior administración en el cargo.

El litigante además señaló que anteriormente habían alertado sobre prácticas de espionaje hacia las asociaciones de abogados y hacia periodistas, por lo que insistió en que debe ser la PGR la que atienda el tema.

La legislación que aprobaron los anteriores diputados los dejó inamovibles en el cargo.

Notarios públicos que fueron beneficiados por la LIII Legislatura con la aprobación de una nueva Ley del Notariado que los dejó inamovibles en el cargo, ayer acudieron al Congreso del estado y pidieron participar de la creación de la legislación que pretenden aprobar los actuales diputados. 

Molestos porque los integrantes de la LIV Legislatura no les han informado del dictamen que sería votado ayer en la sesión ordinaria que finalmente se suspendió, la comisión de seis notarios presentó un oficio para ser tomados en cuenta como principales interesados.

"No se nos ha informado, no tenemos conocimiento. Nosotros tenemos conocimiento a través de redes sociales", señaló Manuel Carmona Gándara, notario uno del estado. 

Los abogados sostuvieron que no les preocupa nada de la nueva ley que podría votarse esta misma semana, sin embargo, la legislación que crearon los exdiputados les garantizó inamovilidad.

La Ley del Notariado que aprobaron los exlegisladores eliminó la facultad del titular del Poder Ejecutivo para sancionar o relevar a los notarios. Dicha atribución se otorgó al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Además, la LIII Legislatura estableció requisitos más rigurosos para que un abogado pueda ser notario público, y de esta forma garantizar mayor permanencia en la representación de los actuales notarios.

Carmona Gándara aseguró que de la ley actualmente vigente tampoco participaron para su creación, motivo por el cual también quisieron acudir al Congreso del estado.

"No es una preocupación, es una ocupación", manifestó Carmona Gándara, quien dijo que sí se requieren cambios en la ley para modernizar el notariado.

Estudiantes e integrantes del Consejo Universitario presentaron la solicitud a diputados.

Estudiantes e integrantes del Consejo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) propusieron a los diputados locales aumentar un uno por ciento más el presupuesto de la institución, que actualmente corresponde al 2.5 por ciento de los egresos del gobierno del estado.

Ayer, los universitarios presentaron ante los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso local la iniciativa para modificar el artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Morelos, que garantiza autonomía financiera a la UAEM. Plantearon que se establezca la asignación del 3.5 por ciento del presupuesto del estado.

De acuerdo a los estudiantes y consejeros, si el gobierno del estado genera ahorros en gastos como servicios de comunicación social y publicidad, así como en las áreas de la Coordinación de Comunicación y en las prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos, se podría garantizar más de la mitad de los recursos que representan el uno por ciento de aumento presupuestal.

Dicho aumento, afirmaron, garantizaría la reducción de un 17 por ciento de la deuda que actualmente enfrenta la máxima casa de estudios de Morelos.

Kevin Bárcenas, consejero de la Facultad de Biología, citó como ejemplo de los pagos que debe hacer la UAEM, las 20 mil 443 horas docentes que representan 71 millones 384 mil 239 pesos, así como el de 50 días que absorbe la Máxima Casa de Estudios de aguinaldo, del total de 90 que debe pagársele a los trabajadores, entre otros gastos.

Ante tal situación, los universitarios pidieron a los legisladores firmar su iniciativa y presentarla ante el Pleno del Congreso para su aprobación.

Aseguraron que los legisladores están en tiempo de atender su demanda, ya que en cuestión de días deberán analizar el paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Las diputadas que integran la Comisión de Educación expresaron que harán el análisis correspondiente de la iniciativa que presentaron los consejeros universitarios de la Máxima Casa de Estudios.

Exigen a los diputados intervenir ante presuntas irregularidades en la integración de los concejos municipales que fungirán como autoridades administrativas a partir de enero del 2019.

Pobladores de los municipios indígenas de Hueyapan y Xoxocotla obligaron ayer a los diputados a impulsar acciones para evitar un estallido social por presuntas irregularidades en la integración de los concejos municipales que fungirán como autoridades administrativas, a partir de enero del 2019.

Los habitantes de Hueyapan protestaron ayer -una vez más- y tomaron la sede del Congreso local por más de siete horas. A dicha movilización se sumaron pobladores de Xoxocotla, donde también han surgido dos grupos de oposición por la supuesta imposición de los integrantes del Concejo Municipal.

El enojo de los pobladores se acrecentó por la falta de atención de los diputados, que se comprometieron a sesionar ayer para impulsar un acuerdo y solucionar los problemas mediante la reposición del procedimiento de institución de los nuevos municipios. Sin embargo, determinaron suspender la sesión, al asegurar que no había condiciones para su desarrollo. 

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, que el pasado martes afirmó que era necesario reponer el proceso de creación de los municipios para garantizar certeza jurídica a sus pobladores, ayer informó que el Congreso del estado pediría el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que funja como mediadora en los conflictos de los nuevos municipios indígenas.

Sostuvo que existen intereses políticos de por medio que buscan generar desestabilización social, por lo que pedirían la intervención de autoridades internacionales. Al mismo tiempo, reiteró que se revisaría cada uno de los decretos por los que se instituyeron los municipios indígenas y se eligieron las autoridades de los Concejos Municipales, pues en todos los casos hay quejas por la intromisión de los exdiputados y exautoridades del gobierno estatal. 

Amenaza de bomba en el Congreso

Al mismo tiempo de las protestas de pobladores, se registraron dos amenazas de bomba en la sede del Congreso que elementos de Protección Civil y del Ejército atendieron de inmediato para descartar cualquier riesgo.

Las autoridades de protección civil intentaron desalojar a los pobladores por la amenaza de bomba, pero los inconformes se negaron a irse del Congreso del estado.

Tras más de una hora de haber activado los protocolos de seguridad y de los intentos, sin resultados, por desalojar, finalmente las autoridades confirmaron que las amenazas eran falsas.

Acuerdan reponer proceso de Hueyapan

Pasadas las tres de la tarde, los pobladores de Hueyapan lograron que los diputados se volvieran a comprometer para impulsar un acuerdo por el que se dejaría sin efectos el decreto que aprobó la LIII Legislatura para reponer el proceso de designación de los integrantes del Concejo Municipal.

Los ciudadanos inconformes aseguraron que sus protestas no cesarán mientras los diputados no cumplan sus promesas, pues a un mes de que pidieron la intervención del Congreso, hasta ayer tuvieron la atención de los diputados.

Mientras tanto, los legisladores se comprometieron a atender el conflicto que existe en Xoxocotla y en donde también un grupo de pobladores pide que se realice todo el proceso de creación de los municipios, pues afirmaron que está viciado de origen. Sin embargo, un gran número de la población está a favor del concejo que se eligió desde junio pasado. 

Al mediodía de este miércoles, trabajadores de la empresa Rintex protestan en el Congreso del estado.

Los inconformes piden la intervención de los diputados ante despidos injustificados en este año, según indicaron.

Señalaron que la semana pasada destituyeron a 50 trabajadores, sin ninguna razón; además agregaron que quienes aún laboran tienen salarios muy bajos y las condiciones de trabajo son muy malas.

La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz informó que pedirán la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que medie en el conflicto social que existe en Hueyapan, y posiblemente en otros municipios indígenas.

Hoy reconoció que el problema podría generar violencia, si no se atiende de forma inmediata.

Al respecto, la legisladora señaló que se revisará caso por caso y el primero será el conflicto con Hueyapan; además, aseveró qué hay intereses políticos involucrados, para que el conflicto crezca.

Por su parte, el diputado Marcos Zapotitla Becerro señaló que no hay condiciones para sesiones y se propondrá a los pobladores se instale una mesa de diálogo, para atender cada una de las demandas.

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) proponen a los diputados modificar la Constitución, a fin de que se incremente el presupuesto estatal destinado a la máxima casa de estudios en la entidad.

Lo anterior, para que sea del 3.5 por ciento del presupuesto del gobierno estatal y no del 2.5 por ciento, como actualmente está estipulado, según refirieron; la propuesta también la respaldan consejeros universitarios.

Afirmaron que la finalidad es solventar a la UAEM de los recursos necesarios, para que no haya más crisis financiera en la institución.

La propuesta se presenta a unas semanas de que el Congreso local revise el presupuesto 2019.

Habitantes de Hueyapan protestan ante el Congreso del estado, por segundo día consecutivo; los inconformes bloquean la calle Doctor Guillermo Gándara, aledaña a la sede legislativa.

Como se informó con oportunidad, los pobladores de Hueyapan se movilizaron ayer en el Poder Legislativo y bloquearon, por cerca de dos horas, el carril con dirección al norte de Cuernavaca de la avenida Plan de Ayala, a la altura de El Vergel.

Sobre dicha protesta, manifestaron que la exigencia es que se tome protesta a los integrantes del Concejo Municipal que recientemente fueron electos por la mayoría de los habitantes que están en contra de David Montes Rosales, hermano del ex diputado perredista Javier Montes, quien impulsó la creación de los municipios indígenas; advirtieron que no aceptarán que se violenten sus usos y costumbres.

Cabe mencionar que este miércoles, personal de Protección Civil (PC) estatal realizó una supervisión, desde la mañana, en la sede del Poder Legislativo, ante una presunta situación irregular; cerca de las 11:30 horas, el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), Enrique Clement Gallardo, indicó que por protocolo la sede legislativa sería desalojada, por lo que se realizó un acordonamiento en el lobby del edificio.

Por su parte, los pobladores continuaron en la explanada y afirmaron que era un intento por evacuarlos sin darles solución.

Alrededor del mediodía, arribaron elementos del Ejército Mexicano, quienes después se retiraron; el Salón de Plenos fue reabierto.

Finalmente, los habitantes de Hueyapan se retiraron, luego de que se acordara reponer el proceso de nombramiento de los integrantes del concejo municipal; los pobladores tendrán que aportar elementos que señalen irregularidades en el primero.

La diputada Tania Valentina Rodríguez dijo que el procedimiento usado por sus antecesores está lleno de vicios y errores y debe volverse a realizar.

El Congreso del estado repondrá el procedimiento jurídico por el que la pasada legislatura creó a los municipios indígenas de Hueyapan, Coatetelco, Xoxocotla y Tetelcingo, aseguró la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz. 

Debido al conflicto social que se vive en el municipio indígena de Hueyapan, por la integración del Concejo Municipal que gobernará a partir del 1 de enero del 2019, la coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo (PT) sostuvo que es necesario que la creación e institución de los municipios indígenas en Morelos se concrete apegada a derecho.

"Se pueda regresar y dar al origen como estaban las comunidades indígenas... Si ustedes quieren su municipio indígena (que) se haga con un nuevo proceso, se haga desde origen bien las cosas, que se haga apegado a las reglas que marcan los reglamentos nacionales e internacionales de cómo se establecen y se llevan a cabo los municipios indígenas", aseveró la diputada ante decenas de pobladores de Hueyapan y Xoxocotla que se manifestaron ayer en el Congreso local.

Rodríguez Ruiz subrayó que el procedimiento que llevó a cabo la LIII Legislatura para crear los cuatro municipios indígenas estuvo plagado de irregularidades, incluso, dijo que no se respetaron tratados internacionales y, en lo que respecta a la elección de los concejos municipales, no se cumplieron los usos y costumbres de los poblados.

Afirmó que el Congreso del estado respetará los usos y costumbres de los pueblos indígenas, sin intentar imponer a ninguna autoridad.

Para ellos, agregó, hoy se presentará ante el Pleno un acuerdo para dar marcha atrás a las decisiones de los exlegisladores.

Los pobladores de Hueyapan se movilizaron ayer en el Poder Legislativo y bloquearon, por cerca de dos horas, el carril con dirección al norte de Cuernavaca de la avenida Plan de Ayala, a la altura de El Vergel. 

Una vez más, exigieron que se tome protesta a los integrantes del Concejo Municipal que recientemente fueron electos por la mayoría de los habitantes que están en contra de David Montes Rosales, hermano del exdiputado perredista Javier Montes, quien impulsó la creación de los municipios indígenas. 

Advirtieron de un conflicto social, pues cuentan con el apoyo del resto de los municipios indígenas y manifestaron que no aceptarán que se violenten sus usos y costumbres.

Ven riesgo de que se agote el plazo de 45 días para fincarles responsabilidad.

Diputados del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señalaron que a más de un mes de que inició la LIV Legislatura, no ha habido transparencia respecto a la situación financiera y administrativa que enfrenta el Congreso del estado.

La diputada Alejandra Flores Espinoza dijo que como bancada solicitaron de manera formal a la presidencia de la Mesa Directiva, entregue información respecto al proceso de entrega-recepción, ya que hasta el momento no ha habido claridad de lo que entregaron los integrantes de la LIII Legislatura. 

Sostuvo que les preocupa que existe un plazo de 45 días (contados desde el inicio de la LIV Legislatura), para que se realicen las observaciones necesarias ante posibles irregularidades cometidas por los exlegisladores.

"A casi 45 días de haber iniciado esta legislatura no tenemos información de la entrega-recepción. Hasta la fecha, no nos han hecho llegar nada de información y, al parecer, ni en la Junta Política ni en la Conferencia se ha hecho ésta, no se les ha dado a conocer esta información", explicó la legisladora de Morena.

La diputada dijo que también desconocen quiénes integran el grupo jurídico que se dedica a revisar la situación del Congreso local, que al parecer sólo ha procurado otros asuntos, más que atender los problemas legales que heredó la pasada legislatura.

"No hay una apertura total de la información, incluso, aportamos con nuestros asesores para hacer este trabajo, sin embargo, nunca se les llamó. Sí es preocupante porque estamos en términos para poder hacer los señalamientos de las anomalías o inconsistencias que hay en la entrega recepción", añadió Flores Espinoza.

No han cobrado su sueldo debido a la parálisis operativa de la institución.

Trabajadoras de los Centros de Desarrollo para las Mujeres (CDM) denunciaron que los programas federales dedicados a abatir la violencia de género en los municipios del estado, se encuentran detenidos a causa de que el Congreso local no ha nombrado a la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM).

Las mujeres acudieron ayer al Congreso del estado y, mediante un oficio, pidieron a los diputados locales que garanticen la certidumbre jurídica en la cabeza del organismo defensor de los derechos de las mujeres.

Dijeron que desde septiembre pasado, cuando el Pleno del Congreso local revocó el nombramiento de la titular del IMEM, Flor Dessiré León Hernández, en cumplimiento a una orden judicial que se determinó por el amparo que promovió el líder transportista Dagoberto Rivera Jaimes, todos los programas federales se encuentran detenidos.

Citaron el caso del Programa de Apoyo para la Mujer en las Entidades Federativas (PAIMEF), del que prácticamente se sostienen los Centros de Desarrollo para las Mujeres, y cuyos recursos no han llegado a Morelos porque Flor Dessiré León está impedida a firmar cualquier documento como titular del IMEM.

Dicha situación también ha impedido que cobren su sueldo como integrantes de los centros ubicados en Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Yautepec, Mazatepec, Temixco, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla.

"Es un daño colateral, donde cuestiones o de algún modo están afectando a lo que hacemos nosotros. La alerta de violencia de género sigue en Morelos, tenemos mujeres violentadas, mujeres, hombres, niñas y, desafortunadamente, feminicidios y mucha violencia y debemos seguir trabajando para ello", sostuvo Leonora Valentina Jiménez Franco.

Los Centros de Desarrollo para las Mujeres son parte del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2018.

La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, ante pobladores de Hueyapan, informó que presentarán una iniciativa para reformar la Constitución y eliminar la creación de cuatro municipios indígenas en Morelos.

Lo anterior, luego de la protesta de pobladores que acusaron a los legisladores de ser omisos ante el conflicto social que se vive en Hueyapan, ya que han desconocido al concejo que gobernaría al municipio indígena a partir de enero.

La legisladora apuntó ante los inconformes la necesidad de dar una solución al problema y que se pueda regresar al origen de las comunidades indígenas, además de que se desconozca a las autoridades nombradas en la administración anterior.

En referencia a los diputados de la LIV Legislatura, Rodríguez Ruiz apuntó que "estamos seguro que la mayoría va a estar con nosotros, porque ustedes son el pueblo y nosotros somos legisladores de ustedes", al tiempo de anotar que sesionarán el día de mañana.

*En el proceso de entrega-recepción*

Diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señalaron hoy que hay falta de transparencia en el proceso de entrega-recepción en el Congreso del estado.

Al respecto, Alejandra Flores Espinosa dijo que está a punto de cumplirse el plazo de 45 que tienen para realizar observaciones, y hasta el momento la Mesa Directiva no les ha informado sobre los resultados de dicho proceso de entrega-recepción.

Informó además que la coordinadora de Morena, Keila Figueroa Evaristo, ya solicitó de manera formal información respecto a los datos que entregó la pasada legislatura.

Flores Espinosa anotó que existe el temor de que avance el tiempo y no puedan proceder en contra de los ex diputados, por las irregularidades que cometieron en el manejo de los recursos del Congreso local.

Habitantes de Hueyapan y Xoxocotla protestan, al mediodía de este martes, ante el Congreso local; posteriormente, los inconformes se movilizaron a la avenida Plan de Ayala para manifestarse.

Los pobladores acusan a los legisladores de ser omisos ante el conflicto social que se vive en Hueyapan, ya que han desconocido al concejo que gobernará al municipio indígena a partir de enero.

Además reiteraron que como población ya designaron a un nuevo concejo, pero el Congreso del estado se niega a reconocerlo y tomarle protesta para que tenga facultades para gobernar.

También afirmaron que el número de pobladores inconformes ha crecido, por lo que el conflicto social podría crecer en unos meses si el Poder Legislativo no atiende el problema.

Cerca de las 12:30 horas, los pobladores de Hueyapan se movilizaron a la avenida Plan de Ayala para manifestarse, bloqueando los carriles con dirección al norte de Cuernavaca, a la altura de El Vergel.

El grupo está en contra de que David Montes, hermano del ex legislador perredista Javier Montes Rosales, sea vocero del municipio.

Alrededor de las 14:00 horas, los manifestantes se retiraron del sitio, luego de que la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, ante pobladores de Hueyapan, informó que presentarán una iniciativa para reformar la Constitución y eliminar la creación de cuatro municipios indígenas en Morelos. 

Trabajadoras del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) acudieron esta mañana al Congreso local, para pedir a legisladores que nombren a la titular del organismo; señalaron que el vacío jurídico ha provocado que recursos de programas federales para abatir la violencia se hayan detenido.

Las mujeres, quienes trabajan en los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Yautepec, Mazatepec, Temixco, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla, por distintos programas, manifestaron que es necesario se ratifique a Flor Dessiré León Hernández o que se designe a otra titular, ya que la federación no ha entregado los recursos financieros.

De igual modo, indicaron que tampoco se les ha pagado su salario y aunque siguen trabajando, dijeron que el tema debe ser resuelto cuanto antes por el Congreso del estado.

Agregaron que el PAIMEF (programa de apoyo a las mujeres en las instancias federativas) es uno de los programas detenidos, con fondos por 10 millones de pesos.

La alcaldesa electa de Tlayacapan, María del Carmen Pochotitla Tlaltzicapa, confirmó un retraso en más de un 50 por ciento en la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

De igual forma, señaló poco avance en la restauración de monumentos religiosos, al tiempo de destacar que el convento es lo que más preocupa; lo anterior, porque lleva el 12 por ciento de avance y ha afectado al turismo.

El problema de la seguridad, agregó Pochotitla Tlaltzicapa, también es un tema que ha impactado al turismo, ya que sólo cuentan con seis elementos y se ha disparado el robo a casa habitación y transeúnte.

Dirigentes de diversas organizaciones de la entidad piden una nueva convocatoria apegada a la ley.

Ruteros y taxis de todo el estado se unieron para pedir al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo que cancele el proceso de regularización de unidades del transporte público que el gobierno de Graco Ramírez inició en el 2014 y se "limpie" toda la corrupción que existe en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte; Rodolfo Tiscareño Martínez, presidente de la Ruta 13 de la zona oriente, entre otros líderes de las regiones sur, oriente y metropolitana del estado, manifestaron su respaldo al secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, para que revoque todas las concesiones y permisos otorgados a partir del proceso 2014 y se emita una nueva convocatoria apegada a la ley.

El grupo de liderazgo surgió como oposición a la Coalición de Representantes del Transporte Público, a cuyos integrantes señalaron de haber sido cómplices del gobierno de Graco Ramírez para beneficiarse con una concesión o con permisos provisionales.

"Es un grupo que deja Graco y Gayosso para que finalmente estén en un golpeteo constante ante las autoridades, y nosotros decimos que eso no lo vamos a permitir, eso es lo que nos ha obligado a juntarnos... No estamos de acuerdo en que se cristalice la corrupción de Graco Ramírez, por lo tanto se tiene que revisar bien todo lo que dejó la administración pasada porque sabemos que fue mucha corrupción", manifestó Rivera Jaimes.

Dijeron que de reponerse el citado proceso, tiene que beneficiarse a los transportistas de todo el estado.

Además, solicitaron al titular de la SMyT que regrese los títulos de concesión a los transportistas, pues mediante irregularidades en el sistema, las exautoridades reasignaron dicho derecho a transportistas allegados. 

El Congreso plantea reducir de cinco a tres el número de comisionados del órgano garante.

Diputados locales acordaron impulsar la contrarreforma necesaria para reducir de cinco a tres el número de comisionados que integran el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

Tras haber revocado los nombramientos de los dos comisionados del IMIPE que realizó la LIII Legislatura, los diputados locales preparan un dictamen para modificar la Constitución Política del Estado y restablecer el número de integrantes del citado órgano a como se encontraba antes del mes de julio.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval, quien impulsó la propuesta de reforma constitucional, informó que en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación se trabaja en un dictamen para revertir los abusos que cometieron los exlegisladores.

Refirió que la propuesta podría desahogarse al mismo tiempo con la iniciativa de reforma constitucional que propuso la semana pasada para que aplique la afirmativa ficta, en caso de que la mayoría de los ayuntamientos no se pronuncien respecto a la modificación a la Constitución del estado.

"El objeto de retirar esta afirmativa se impulsó desde el PAN, pero para detener los matrimonios igualitarios, pero no fue aprobada, y cuando fue necesaria para otros fines, entonces la desempolvan, la sacan y la aprueban", explicó la diputada local, al referirse a las determinaciones tomadas por la LIII Legislatura.

Empresarios de la construcción se pronunciaron este lunes porque se realice un nuevo censo de los afectados por el sismo ocurrido en septiembre del 2017, ya que la pasada administración dejó un rezago aproximado de un 80 por ciento.

Al respecto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Miguel Ángel Rojas Esquivel, refirió que ese porcentaje es tan sólo en viviendas afectadas.

Sin embargo, las anteriores autoridades estatales también dejaron inconclusos proyectos de hospitales y carreteros, entre otros.

Rojas Esquivel sostuvo que es importante que exista un fideicomiso como Unidos Por Morelos, siempre y cuando sea supervisado a fondo

Transportistas de diversas organizaciones del estado pidieron hoy al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) "limpie" el proceso de regularización que inició el gobierno estatal anterior, en el 2014, ante la corrupción que se dio durante los últimos cuatro años.

Los líderes de organizaciones de la zona sur y oriente de Morelos se pronunciaron porque se reponga dicho proceso, y también que se devuelvan las concesiones que fueron reasignadas a allegados de las ex autoridades.

De igual modo, manifestaron su respaldo al secretario de Movilidad y Transporte, quien se pronunció por revisar cada uno de los expedientes.

Incluso, un porcentaje de las unidades ha tenido que parar por la reducción de pasajeros

Ruteros reportaron afectaciones de hasta el cuarenta por ciento de sus ingresos a causa de la huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El presidente de la Federación Autentica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes, informó que los prestadores de ese servicio dependen en su mayoría de la movilidad de los universitarios, por lo que el paro de labores les afectó gravemente.

Aseveró que un porcentaje de sus vehículos ha tenido que parar por la reducción de pasajeros en los últimos 19 días, lo que ha causado una disminución en sus ingresos del 40 por ciento. 

"Esta situación no solamente afecta a los conductores de las unidades, sino también a los concesionarios, debido a que se debe cubrir las cuentas, combustible y mantenimiento de las rutas”, explicó el líder transportista.

Rivera Jaimes se sumó a favor del rescate económico de la Universidad para reactivar las clases para más de 43 mil estudiantes de las 42 unidades académicas de la UAEM.

“La economía está detenida por la huelga y, a pesar del paro de labores, las frecuencias siguen, las unidades siguen operando y el servicio del transporte público sigue con los mismos horarios”, agregó.

El daño económico al sector podría agravarse en las próximas semanas, por la temporada vacacional decembrina que para el gremio es una de las épocas más bajas en cuanto a ingresos.

La Secretaría de Movilidad y Transporte estará a cargo de la verificación vehicular, tanto del transporte público como del particular

Diputados locales enlistan las reformas a diversas disposiciones legales tras la reestructuración de la administración pública, con las que se concretaría la desaparición de las subsecretarías, así como la reasignación de atribuciones de las secretarías existentes.

La iniciativa con proyecto de reforma será planteada por la bancada del Partido del Trabajo (PT) y podría ser presentada al Pleno esta misma semana.

Contempla modificaciones a las leyes del Transporte, del Sistema de Seguridad Pública, de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, así como la de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos.

De igual forma, los legisladores pretenden adecuar el Tabulador de Sueldos del Gobierno estatal para eliminar el cargo de subsecretario y sólo incluir el de subsecretario de Gobierno, con un sueldo de 60 mil pesos; el de jefe de la Oficina de la Gubernatura, que tendría un ingreso mensual de 90 mil pesos, y el de Comisionado Estatal de Seguridad, con 70 mil pesos, equiparable al de secretario de Gobierno, que actualmente asciende  a 90 mil pesos.

Los secretarios de despacho y el consejero jurídico también ganarían 70 mil pesos, mientras que el resto de los cargos, como coordinador, secretario ejecutivo, director, asesor, técnico, entre otros, permanecerían igual.

En cuanto a las adecuaciones que el PT pretende impulsar a la Ley de Transporte del Estado, se busca establecer la expedición de "permisos extraordinarios" sólo en caso de robo de vehículo o placas.

De no darse el caso serían nulos y se establece que tampoco podrán ser otorgados por alguna persona que no tenga autoridad en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

El titular de la SMyT también estará a cargo de la verificación vehicular, tanto del transporte público como del particular.

Con las reformas a la Ley del Sistema de Seguridad se establecerá que el comisionado estatal de seguridad ya no dependerá del secretario de Gobierno, sino directamente del gobernador, al igual que el secretario Ejecutivo de Seguridad.

Al comisionado estatal de seguridad se le asignará la responsabilidad de la Reinserción Social, y ya no al secretario de Gobierno. 

De igual forma, se establecieron las atribuciones del Consejo de Ciencia y Tecnología como órgano encargado de la innovación y tecnología en el estado, tras la desaparición de la Secretaría de ese ramo.

Los decretos de jubilación que se hayan aprobado fuera de la norma  serán revocados, señala la diputada Tania Valentina Rodríguez

La Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso local inició una investigación de cada uno de los decretos de las "pensiones doradas" que la pasada legislatura aprobó a favor de exfuncionarios del gobierno estatal. 

La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de dicha comisión, informó que ya recibieron los expedientes de cada una de las jubilaciones que autorizó la LIII Legislatura, y se revisarán de manera especial los decretos a favor de excolaboradores de Graco Ramírez.

Sostuvo que los decretos que se hayan aprobado fuera de la norma -mediante documentación falsa supuestamente expedida por los ayuntamientos- serán revocados.

El diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva, refirió que se ha pedido total atención al decreto a favor de Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno, Ángel Colín López.

Sin embargo, los legisladores explicaron que se tiene que realizar una investigación a fondo, pues muchas de las constancias de trabajo fueron expedidas por los ayuntamientos de la zona sur, principalmente el de Puente de Ixtla.

Los exsecretarios de Finanzas, Jorge Michel Luna, y de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez; el exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Fernando Pacheco Godínez; Stephanie Guzón André, excoordinadora de Relaciones Públicas del gobierno; así como las esposas de los exdiputados perredistas Francisco Navarrete Conde y José Manuel Tablas Pimentel, también se encuentran en la lista de beneficiados por las "pensiones doradas" que aprobó la LIII legislatura.

Proponen sancionar a las personas que vendan o usen bolsas, popotes, vasos u otros productos derivados del plástico.

Representantes de organizaciones defensoras del medio ambiente presentaron ante el Congreso del estado, la propuesta de reforma a la Ley de Residuos Sólidos para que se prohíba el uso del plástico en Morelos.

Los activistas plantearon a los legisladores que integran la Comisión del Medio Ambiente, se establezcan sanciones a las personas que usen o vendan bolsas, popotes, vasos y otros productos derivados del plástico, "y de ser posible a quienes usen bolsas de telas se les dé un incentivo", declaró Eleonora Isunza de Pech de la organización "Plástico no, gracias".

Manifestaron su confianza en que los diputados ayuden a cambiar la cultura en el uso de la bolsa de plástico e incluso las empresas empiecen a fabricar otros productos que no contaminen al medio ambiente.

Explicaron que de lograr dicha reforma a la Ley de Residuos Sólidos, Morelos se convertirá en el primer estado en adoptar dicha medida, pues hasta el momento sólo en la ciudad de Querétaro se han emprendido acciones al respecto.

"Lo que le queremos decir a los ciudadanos es que ese plástico nos lo estamos comiendo, sino que lo estamos pagando y no tenemos ni porque comérnoslo ni porque pagarlo. O sea que cada vez que vas a comprar algo, te cobran la bolsa y es en muchos casos innecesaria", declaró Isunza de Depeche.

Dijo que desde el gobierno del estado, también se puede apoyar para motivar a las empresas a que den incentivos a los clientes, para que si llevan su termo o contenedor, reciban algún estímulo.

El Congreso busca el mecanismo para remover al fiscal general.

Los diputados locales acordaron impulsar una reforma a la legislación local para remover del cargo a Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado.

"El fiscal debe irse, hay un amplio consenso de mis compañeros de esta legislatura y generaremos las reformas que nos lleven a ver al fiscal fuera, porque si no lo tenemos fuera de esta fiscalía, lo seguiré reiterando, jamás solicitará una orden de aprehensión en contra de Graco y menos la va querer ejecutar para llevar a Graco a la cárcel", sostuvo el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil dijo que se analizan las vías jurídicas para impulsar la remoción del fiscal, toda vez que la pasada legislatura lo nombró por nueve años consecutivos y deter,inó que al término de su función reciba una pensión vitalicia y seguridad personal.

El legislador local aseveró que hasta el momento Carmona Gándara se ha negado a informar sobre el estado que guarda la Fiscalía, así como del avance en investigaciones que se encuentran abiertas.

Zapotitla Becerro refirió que ante tal opacidad también se insistirá ante el fiscal que rinda un informe detallado ante el Congreso del estado.

A la posible destitución de Uriel Carmona el diputado señaló que podría sumarse también la del fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, que fue designado por el mismo fiscal general.

No se le restó facultades a alcaldes, asegura Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aclaró a los alcaldes electos que la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública no invade atribuciones de los municipios. 

Ayer, cerca de 20 presidentes municipales electos acudieron al Congreso del estado para cuestionar a los diputados sobre la legislación que aprobaron el jueves pasado, a propuesta del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Al respecto, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) explicó que se trató de una información falsa "que no sabemos quién la difundió, ni con qué fin", pero aseguró que ya fue aclarado.

"Había el rumor de que se les iba a quitar el derecho de designar a unos funcionarios que la Ley Orgánica municipal los considera como una facultad del Ejecutivo municipal, especialmente los secretarios municipales, los contralores y los tesoreros, pero decirles que eso fue una mentira", declaró.

Sotelo Martínez sostuvo que la citada ley sólo generó implicaciones en la estructura del gobierno estatal, que garantizan un reajuste financiero, no así en las administraciones municipales.

Informó que se acordaron reuniones posteriores para atender la situación financiera que tienen la mayoría de los gobiernos municipales y que tendrán que enfrentar las autoridades electas. 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aclaró que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos (LOAPEM) no invadirá atribuciones de los municipios.

Al respecto, anotó que hoy sostuvo un encuentro con alcaldes para aclarar una confusión que se dio sobre la citada ley, pues se especuló que daría facultades al gobernador para designar a contralores municipales; el diputado aseveró que esto es falso.

Por otro lado, el legislador reiteró que está en revisión cada una de las "pensiones doradas" aprobadas por la pasada legislatura, para cancelarlas, pero señaló que se trata de un tema que atiende la Comisión del Trabajo.

Integrantes de diversas organizaciones civiles presentaron a los diputados, este viernes, una propuesta para regular el uso de plástico en Morelos.

La iniciativa plantea reformar la Ley de Desechos Sólidos, para sancionar a quien use o venda el plástico; además, incentivar a quienes acudan a una tienda con su propia bolsa de tela o recipiente.

Los activistas dijeron que el objetivo es reducir la contaminación en el estado, pues el uso del plástico ha causado daños a la sociedad, tales como inundaciones en esta temporada de lluvias.

La secretaria de Cultura, Margarita González Saravia Calderón, confirmó afectaciones graves en materia turística con la desaparición del Fideicomiso Turismo (Fitur), por lo que dijo que se sumará a la demanda de los empresarios para que sea reactivado dicho fondo.

Refirió que el impacto ha sido mayor, pues se han cancelado varios encuentros a nivel estatal, nacional e internacional, y las consecuencias podrían ser mayores si el Congreso del estado no actúa al respecto.

Por otro lado, informó que iniciarán auditorías a obras que en materia cultural se han realizado, como el museo Juan Soriano, donde se presumen irregularidades.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, Marcos Zapotitla Becerro, aseguró que existe consenso para remover al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara.

En entrevista, el legislador refirió que se analizan las vías jurídicas para obligar al fiscal a que deje el cargo.

Zapotitla Becerro también aseveró que no se puede permitir que permanezca el fiscal designado por la pasada legislatura y propuesto por el anterior gobierno, pues nunca permitirá que se ejerza acción penal en contra del ex titular del Poder Ejecutivo estatal.

*En el que ayer ocurrió un asalto*

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, confirmó que se ha iniciado una investigación a un trabajador de la institución bancaria de "Plaza Cascada", donde ayer ocurrió un asalto, por su presunta complicidad con los delincuentes.

Al respecto, el funcionario estatal refirió que los empleados nunca presionaron el botón de pánico, lo cual es altamente sospechoso.

También agregó que dicha investigación se lleva a cabo en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por otro lado, Ortiz Guarneros informó que la próxima semana inicia reunión con los alcaldes para trabajar en coordinación.

De igual forma, apuntó que se revisan las cámaras de videovigilancia instaladas en el estado, pues existe una mala distribución de los aparatos, lo que implica menos efectividad.

Integrantes de Antorcha Campesina denunciaron agresiones en contra de sus liderazgos, en Emiliano Zapata.

Los activistas dijeron que la tarde de ayer, en la colonia El Guante, Dileiry Domínguez Zúñiga, integrante del movimiento antorchista, fue interceptada por unos sujetos armados que la encañonaron y la amenazaron.

Señalaron como sospechosos a Irving y Erik Sánchez Zavala Sánchez Zavala -ex alcalde y actual edil de Yecapixtla, respectivamente-, quienes hace unos días amenazaron a los antorchistas por exigir varias demandas sociales, tales como pavimentación, drenaje y apoyos para los habitantes de dicho municipio, según indicaron los inconformes.

De igual modo, responsabilizaron a dicha autoridad municipal de lo que pueda ocurrirles.

Lanzan amenazas veladas y ponen plazos; "No queremos pelear...”.

Transportistas de todo el estado pidieron al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo destrabar el proceso de regularización de taxis y “rutas” y que se respete el derecho de los transportistas que pagaron por una concesión o permiso provisional a la administración pública pasada.

En rueda de prensa, líderes de las zonas metropolitana, sur y oriente del estado afirmaron que no permitirán que se les cancelen sus concesiones o permisos que fueron expedidos por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), por lo que deben ser validados también por el gobierno actual.

Manifestaron su preocupación ante las declaraciones del secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, quien no descartó la posibilidad de cancelar permisos y concesiones entregados por exautoridades estatales, por lo que le solicitaron una reunión urgente, en la que se atiendan todos los problemas del sector.

"No queremos pelear... La invitación al gobernador es a que busquemos una salida consensuada, conforme a la ley y, probablemente, si nos ponemos las pilas destrabemos esto en tres meses", afirmó Víctor Mata Alarcón, líder de la Coalición de Representantes del Transporte Público.

Los líderes transportistas de la zona oriente y sur dijeron que es necesario que el gobernador emita un decreto para aprobar la regularización de taxis y “rutas”, pues la mayoría circulan con permisos vencidos y no como transporte concesionado. En el caso de los prestadores del servicio de la zona conurbada, solicitaron se concluya el proceso de regularización de taxis del 2014.

Hasta los de Morena votaron a favor de la iniciativa que impulsó el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

El Congreso del estado creó una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, con la que desaparecieron tres secretarías de despacho y se fortaleció la jefatura de la Oficina de la Gubernatura, que tendrá bajo su coordinación todas las dependencias de gobierno.

Tras varios días de jaloneo entre las fuerza políticas que en su momento conformaron la coalición "Juntos Haremos Historia", finalmente ayer se aprobó la iniciativa que impulsó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, con 19 votos a favor y uno en contra.

La diputada del Partido Social Demócrata (PSD), Naida Díaz Roca, se pronunció en tribuna en contra de la modificación a la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, pues aseveró que no existe un estudio que sustente su viabilidad. Además, se quejó porque no fue notificada en tiempo del dictamen que ayer se aprobó.

Además, reprobó la desaparición de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, para incorporar sus atribuciones a un consejo.

Sin embargo, los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) finalmente cedieron ante la propuesta del titular del Poder Ejecutivo, con la justificación de que no serán un obstáculo para el trabajo del gobierno estatal.

"Nosotros, el grupo parlamentario de Morena, somos parte de la Coalición Juntos Haremos Historia y asumimos desde el Congreso del estado esa responsabilidad, y porque lo dijimos desde el principio que vamos a acompañar a este gobierno legítimo encabezado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo", manifestó el diputado Héctor Javier García Chávez, a nombre de la bancada de Morena, que posteriormente participó del encuentro entre el gobernador del estado y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

La nueva estructura orgánica estatal contempla las siguientes dependencias: Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Administración, Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Turismo y Cultura, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Movilidad y Transporte, Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Consejería Jurídica.

Desaparecieron las secretarías del Trabajo, Cultura y la de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Dentro de las atribuciones de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura se encuentran las de coordinar el gabinete; ser el enlace institucional con los poderes del estado, la Federación y el resto de las entidades federativas; coordinar proyectos y hacerse cargo de la agenda del gobernador; así como impulsar políticas públicas sobre medios de comunicación, entre otras atribuciones.

A la Secretaría de Movilidad y Transporte se le devolvieron las facultades para coordinar el área de control vehicular.

Mientras tanto, el área de Reinserción Social del estado estará a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad, ya no más de la Secretaría de Gobierno, con lo que se abroga el decreto de la Coordinación de Reinserción Social.

En el decreto aprobado se estableció que en un plazo de 60 días, el personal y mobiliario de las secretarías que desaparecieron se adherirán a las dependencias existentes.

Asimismo, el Congreso del estado deberá crear las normas reglamentarias en un plazo de 30 días, a fin de que pueda empezar a funcionar la administración pública.

Este jueves, diputados sometieron a consideración del Pleno el dictamen con proyecto de decreto de reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; dicho dictamen fue aprobado, con 19 votos a favor y uno en contra.

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria, la diputada del Partido Social Demócrata (PSD), Naida Josefina Díaz Roca, fijó su postura en contra por la desaparición de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; además anotó que no cuenta con un estudio que señale que la fusión de secretarías generará beneficios.

Por su parte, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) manifestó su apoyo a la reforma; el diputado Javier García Chávez afirmó que no serán obstáculo para que al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo le vaya bien.

*De promoción turística y al empleo*

En la instalación de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso local, empresarios pidieron a los diputados reactivar los fondos de Promoción Turística y el de Competitividad y Promoción del Empleo que desapareció la pasada legislatura.

Al respecto, señalaron que están "muy molestos" por la determinación de la pasada legislatura, pero también les preocupa que la actual no se ha pronunciado sobre la desaparición de los mencionados fondos.

Los empresarios también pidieron a los legisladores que se redireccionen los recursos que fueron asignados a la Fiscalía General del Estado (FGE), tras la desaparición de los fondos referidos.

De igual modo, solicitaron no endeudar más al estado, que se encuentra en crisis, e impulsar estrategias que garanticen el desarrollo económico de la entidad.

El presidente de Rutas Unidas, Aurelio Carmona Sandoval, manifestó este jueves que insistirán en el aumento a la tarifa del transporte colectivo ante el gobierno estatal, previo a que finalice el año.

En entrevista, el líder transportista reiteró que la situación financiera del sector es complicada, por lo que plantearán una mínima en la alza de un peso.

De igual modo, Carmona Sandoval apuntó que otros temas que les preocupan son la renovación del parque vehicular y el cambio a gas natural, además de la tarifa. 

Comerciantes de las plazas Lido y Degollado señalaron hoy que insistirán en la regularización del ambulantaje en el centro histórico de Cuernavaca.

Mario Lara López, presidente de la Coalición de Líderes Comerciantes adherentes de la CTM, señaló que durante los últimos años se duplicó la cifra de puestos instalados en las calles del centro de Cuernavaca.

Advirtió que dicha situación pudiera causar un mayor desorden, si el gobierno municipal y el estatal no resuelven el problema.

El líder también indicó que existe apertura para una reubicación, siempre y cuando la zona les beneficie.

Transportistas hicieron este jueves un llamado al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para que se instale una mesa de trabajo, y así destrabar el proceso de regularización 2014.

Advirtieron que no van a permitir que se cancele una sola concesión de dicho proceso de regularización de taxis.

Los transportistas de todo el estado se reunieron por la mañana con el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, a quien pidieron la intervención del Congreso local.

Los legisladores, sin oficinas por la deuda de 70 millones con constructora.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, confirmó la desaparición de documentación relativa a la situación financiera y administrativa en la que exdiputados dejaron al Congreso del estado.

La diputada priista dijo que presumen que los integrantes de la LIII Legislatura robaron documentos oficiales con la finalidad de ocultar las presuntas irregularidades que cometieron en el manejo del presupuesto del Congreso.

"Se llevaron toda la documentación que prácticamente a ellos les preocupaba y que eran indicios de corrupción impresionante. Falta mucha documentación y al faltar documentación se presume que la escondieron, se la llevaron y nosotros como Congreso estamos trabajando porque sí tenemos que llegar al fondo de la verdad", declaró.

La diputada priista informó que se investigan a fondo las acciones de la pasada legislatura para reunir los suficientes elementos que sustenten una denuncia penal y procesos administrativos en su contra. 

Mazari Espín refirió que desde la Comisión de Hacienda se ha iniciado una revisión para detectar cuáles son los documentos que hacen falta e iniciar procesos administrativos.

De igual forma, sostuvo que en próximos días se presentará una denuncia penal en contra de los exlegisladores, por el saqueo que cometieron en distintas áreas del Congreso, además del gasto excesivo e irregular del presupuesto durante los tres años.

Por otro lado, mencionó que aún no han podido ocupar todas las oficinas del Congreso del estado, pues la empresa "Ago Operadores", que construyó el edificio, se ha negado a entregar el 50% del inmueble, hasta que se le liquide el adeudo por más de 70 millones de pesos que dejó la pasada administración estatal.

"De todo el recinto legislativo sólo hay 19 oficinas que la constructora dio de alta y que están en condiciones de ocuparlas, 19 de 30 oficinas que se hicieron exclusivamente para el área de legisladores", agregó. 

La mayoría aún no consigue los votos para aprobar la reforma de la ley orgánica de la administración pública.

Los diputados locales pospusieron una vez más el desarrollo de la sesión ordinaria en la que se votaría el dictamen de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

Los legisladores locales no han podido lograr acuerdos para desahogar la propuesta que impulsó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo desde la semana pasada, y con la que se pretende la fusión de secretarías de despacho, así como dar mayores atribuciones a la jefatura de la Oficina de la Gubernatura, que encabeza José Manuel Sanz Rivera.

Por lo anterior, los legisladores pospusieron para hoy la sesión que se tenía programada para el miércoles.

La coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, sostuvo que no aprobarán una reforma con la que se pretenda otorgar mayor poder a un funcionario. Sin embargo, refirió que hoy fijarán nuevamente su postura ante el Pleno del Congreso del estado.

En tanto, la líder del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Elsa Delia González Solórzano, reiteró que es necesario que se apruebe la propuesta antes citada para que se permita avanzar a la administración pública que inició hace apenas cuatro días.

Por su lado, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –con ella como única integrante- Rosalina Mazari Espín, afirmó que como fuerza política no tienen nada que negociar, pues ya definió su postura y tendrán que reconsiderar la suya los legisladores de Morena y las del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Social Demócrata (PSD).

En la sesión que se pospuso, los integrantes de la LIV Legislatura también someterían a consideración del Pleno la Ley del Notariado y una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 

Alma Grisela Nieto, madre de Diego Armando, joven desaparecido el 13 de agosto del 2011, colocó este día el retrato de su hijo en la ofrenda a las víctimas que se ubica afuera del Palacio de Gobierno.

Acompañada del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, confió en que el gobierno estatal atienda a las víctimas del delito, a diferencia de la administración pasada.

Por su parte, Vera Jiménez sostuvo que se ve mayor apertura del actual gobierno para atender cada uno de los casos de víctimas del delito, para que se llegue a la verdad de los hechos y se haga justicia.

El ex rector también lamentó la falta de resultados del gobierno estatal anterior, desde la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Atención a Víctimas del Delito.

Este miércoles, habitantes de Hueyapan pidieron al Congreso del estado que se reponga el proceso de designación del concejo que administrará al nuevo municipio indígena.

Los ciudadanos denunciaron que el ex diputado perredista Javier Montes Rosales impuso a su hermano David en el referido concejo municipal y la asamblea lo destituyó, por lo que piden que el Congreso los reconozca y les tome protesta para que puedan empezar a trabajar.

Los pobladores también señalaron que dicho proceso es urgente, ya que el 1 de enero empezarán a operar los nuevos municipios indígenas.

Este miércoles, trabajadores de la empresa Rintex protestan ante Palacio de Gobierno.

Los inconformes piden la intervención del gobierno estatal ante el despido de 49 trabajadores, desde el pasado lunes.

Al respecto, refirieron que la empresa les bajó el salario sin ninguna justificación y al exigir que se respetaran sus derechos fueron despedidos.

Dichos despidos se suman a los cerca de 50 que se han registrado a lo largo del año, por parte de la misma empresa.

ESTA MAÑANA

Se manifiestan trabajadores de #Rintex en plaza de Armas

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— La Unión ? (@UniondeMorelos) 3 de octubre de 2018

Uno de los dirigentes más representativos del gremio dice que habrá protestas permanentes si se cancelan los permisos irregulares que les entregó el gobierno anterior.

Ante la posible cancelación de concesiones y permisos provisionales para taxis y rutas, otorgados por la pasada administración, transportistas advirtieron que podrían iniciar movilizaciones sociales y emprender acciones jurídicas en contra del gobierno estatal.

Mediante un oficio dirigido al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, Enrique Rodríguez Zagal -presidente del Grupo Unido del Transporte Público del Estado "Independencia"- solicitó se respeten los derechos adquiridos de transportistas que participaron en el proceso de regularización de taxis del 2014, así como de quienes pagaron por un permiso provisional con la promesa de un título de concesión y se encuentran registrados en el sistema de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Asimismo, le pidió al mandatario estatal que emita un decreto para que se restituyan los títulos de concesión a los transportistas que fueron despojados de ese derecho por la pasada administración, y que hasta el momento suman 12 afectados.

El líder concesionario advirtió la molestia que existe por parte de transportistas, ante la posible intención de cancelar los permisos y concesiones que fueron otorgados por las anteiores autoridades. 

Aseveró que de no respetar el derecho de los transportistas, existe la amenaza de sus compañeros de realizar movilizaciones, además de las acciones jurídicas que ya emprendieron desde le semana pasada, a unos días de que concluyera la administración de Graco Ramírez.

"Eso será una decisión del gobernador en turno si quiere estar por seis años con bloqueos y situaciones jurídicas que van a iniciar los que poseen los permisos, pues bueno esa ya será una decisión y por eso el oficio, para que de alguna manera pueda valorar", declaró. 

Buscan aprobar hoy la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

Los diputados locales enlistarán en la sesión ordinaria de hoy los dictámenes para anular la Ley del Notariado para Morelos y la reforma con la que se garantizó pensión vitalicia a los fiscales general y anticorrupción, aprobadas a finales de la LIII Legislatura.

De igual forma, los diputados de los grupos parlamentarios del Partido Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT) intentarán incluir la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para su aprobación por la vía rápida, aun y cuando el grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidió tiempo para analizar la iniciativa que impulsó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Durante la sesión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, los coordinadores parlamentarios acordaron someter a votación del Pleno -este miércoles- una nueva Ley de Notariado para el Estado de Morelos que supliría a la que aprobó la pasada legislatura y que blindaba a los notarios públicos ante posibles sanciones por parte del gobernador del estado.

La citada ley fue aprobada en agosto pasado por los ex legisladores, con la que se anularon las facultades del gobernador de remover a un notario en caso de alguna falta.

De igual forma, los diputados impulsarán una contrarreforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado, a fin de eliminar la pensión vitalicia a favor de los fiscales general y anticorrupción, así como la seguridad personal de la que ahora gozan durante su retiro.

El diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez informó que buscarán concretar acuerdos con los diputados de Morena, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Social Demócrata (PSD) para que hoy se apruebe la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Sin embargo, la coordinadora de Morena, Keila Figueroa Evaristo, refirió que solicitaron una prórroga para analizar la propuesta, ya que no están de acuerdo con darle más facultades a la jefatura de la Oficina de la Gubernatura.

Un gran número nunca laboró en el Poder Legislativo; 28 serán cesados en una primera etapa.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó el despido de trabajadores que heredó la LIII Legislatura, quienes serán liquidados hasta febrero del próximo año.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) refirió que el área jurídica del Congreso inició revisión de la situación de cada uno de los trabajadores. En una primera etapa, se determinó concluir con la relación laboral de 28 empleados de confianza que fueron contratados por los exdiputados y no fueron dados de baja a su debido tiempo.

Explicó que debido a la crisis financiera que enfrenta el Congreso, y que ocasionó la pasada legislatura, se está negociando con los trabajadores para que se les pague su liquidación hasta febrero próximo, mediante un convenio firmado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para dar certeza jurídica de que sus derechos laborales quedarán cubiertos.

El presidente de la Mesa Directiva sostuvo que podría continuar la depuración de la nómina del Congreso, pues la pasada legislatura heredó una nómina de aproximadamente 500 empleados y un gran número nunca laboró en el Poder Legislativo. 

Por otro lado, el diputado local dijo que con acuerdo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, se determinó anular 19 de las 40 plazas que creó la LIII Legislatura y tres más están en revisión.

El presidente del Grupo Unido del Transporte Público "Independencia A.C.", Enrique Rodríguez Zagal, pidió al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se respeten derechos adquiridos de los transportistas que participaron del proceso de regularización 2014 para obtener una concesión de taxi.

Al respecto, el líder transportista dijo que existe la advertencia de posibles afectados, de realizar movilizaciones.

Lo anterior, en protesta por las medidas que podría tomar la actual administración estatal en contra de quienes participaron del citado proceso.

Este martes, comerciantes del centro histórico se reunieron con el alcalde suplente electo de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán; pidieron que el Bando de Policía y Buen Gobierno no sea "letra muerta".

En el encuentro, los comerciantes solicitaron también que se retome el proyecto de la "ecozona", pero con un planteamiento real para que se establezcan calles peatonales; lo anterior, al referir que la calle Guerrero se volvió a abrir a la circulación vehicular.

Por su lado, Villalobos Adán se comprometió a reactivar el sistema de seguridad mediante cámaras de videovigilancia, para inhibir los asaltos en la zona, y anotó que se trabaja en un proyecto para reactivar la economía en el centro histórico de la ciudad.

Fueron creadas por los anteriores diputados para colocar a familiares y amigos.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo acordó iniciar el proceso de cancelación de 22 plazas de las que se crearon al final de la LIII Legislatura, la mayoría a favor de familiares y amigos de los ex diputados.

La tarde de ayer, la asamblea del sindicato acordó que cada uno de los 22 trabajadores deberá presentarse ante la Mesa Directiva para aclarar su situación jurídica y, de no cumplir con los requisitos, serán dados de baja.

Lo anterior, luego de que la Mesa Directiva del Congreso detectó irregularidades en la asignación de 22 plazas sindicales que son motivo de cancelación. 

En su mayoría se trata de familiares y amigos de los exlegisladores. Sólo dos fueron aprobadas por el sindicato y un espacio pertenece a Maribel Román Salgado, hermana del exlíder del sindicato, Jesús Román.

El resto de la lista de trabajadores que serán dados de baja del Congreso local son: Agustín Figueroa Peralta, hermano de la ex diputada perredista Hortencia, quien fungía como vicepresidenta de la Mesa Directiva y sindicalizó a su hermano con un salario de 31 mil 292 pesos; Luis Fernando Báez Barranco, quien tiene el cargo de auxiliar, con un ingreso mensual de 18 mil 372 pesos; Francisco Javier Beltrán Carrillo, hermano de la exdiputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Edith Beltrán, con un salario de 20 mil 372 pesos. 

También el hijo de la priista Leticia Beltrán Caballero, Marco Antonio Salgado, con un ingreso mayor a 20 mil pesos; Mercedes Adriana Ríos Irra y Gabriel Irra Vázquez, hija y sobrino de la exdiputada Silvia Irra, con salarios de 20 mil y 18 mil pesos, respectivamente; José Manuel Pedraza Rosales, hijo del ex legislador perredista Anacleto Pedraza; Alfredo Flores Tablas, sobrino del ex diputado José Manuel Tablas Pimentel, y Jorge de Jesús Serrano Reyes, hijo de Humberto Serrano Guevara, quien fungiera como director jurídico en la pasada legislatura, y tiene un salario mayor a 13 mil pesos.

Los diputados no han aprobado la propuesta de reforma a la estructura orgánica de la administración pública estatal que impulsó el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

La estructura orgánica de la administración pública estatal que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo está incompleta, ya que los diputados locales no han logrado los consensos para aprobar la reforma legal que establecería la fusión de secretarías y modificaría atribuciones de la oficina de la gubernatura, encabezada por José Manuel Sanz Rivera.

Hoy, los integrantes de la LIV Legislatura instalarán una mesa técnica para analizar la propuesta de reforma que impulsó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y que durante este fin de semana discutieron sin lograr acuerdos. 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, convocó a sus homólogos a trabajar en unidad y a dejar a un lado las diferencias políticas. 

Dijo que sería lamentable que la postura asumida por los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Social Demócrata (PSD) y de la Revolución Democrática (PRD), tenga que ver con una "venganza política".

Afirmó que buscará que se logren los acuerdos necesarios para aprobar la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, pues se requiere de manera urgente para que el gobernador Blanco Bravo integre completamente su gabinete y pueda empezar a trabajar.

Por su lado, los legisladores de Morena afirmaron que no se trata de una venganza política, sino de que la citada reforma se apruebe en cumplimiento al procedimiento de ley establecido.

Alejandra Flores Espinoza, diputada de Morena, sostuvo que esperarán a los acuerdos que se logren de la mesa técnica, en la que todos los diputados conocen la iniciativa que se pretendía aprobar por la vía rápida.

Rechazó que Morena se haya aliado al PRD y PSD en contra del gobierno de Blanco Bravo como una "venganza política".

La iniciativa plantea la fusión de las Secretarías de Cultura y Turismo, Desarrollo Económico (Economía) y del Trabajo y la desaparición de la de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Además, establece que la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado será apoyo directo del gobernador y coordinará las acciones de las secretarías y dependencias de la administración pública, al contar con autonomía de gestión técnica y de ejercicio.

El nuevo titular del área dijo que no circularán los taxis que tienen permisos, porque éstos vencieron el domingo.

El secretario de Movilidad y Transporte (SMyT), Víctor Mercado Salgado, informó que iniciará una investigación sobre todos los expedientes por los que se otorgaron concesiones y permisos para circular de taxis y “rutas” durante la pasada administración, y garantizó que serán cancelados si se confirma que la asignación se hizo fuera de la ley.

Minutos después de haber rendido protesta ante el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el nuevo titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte aseveró que se procederá legalmente en contra de los exfuncionarios que hayan sido responsables de la entrega de miles de permisos de manera irregular.

"Vamos a checar, y a la cárcel quien tenga que llegar a la cárcel, sean líderes o sean funcionarios vamos a llegar hasta el fondo", aseveró.

Dijo que tienen información de las irregularidades que se cometieron en la SMyT, sin embargo, refirió que primero se revisará cada uno de los casos, aún y cuando pudiera causar la molestia de los transportistas.

"Se va a checar jurídicamente qué procedimiento hicieron para dar. En un tema dieron placas y en otro dieron permisos; los permisos definitivamente imposible, y las concesiones vamos a checar si se siguió el procedimiento legal", subrayó.

Y advirtió a los transportistas que cancelarán concesiones a quienes utilicen las unidades del servicio público para tratar de presionar a la SMyT, con el fin de que les otorguen las concesiones que les prometieron las exautoridades.

Mercado Salgado refirió que ha conformado a su equipo de trabajo que colaboró con él cuando fungió como director de Control Vehicular, y garantizó que tiene experiencia técnica y jurídica sobre el transporte público. 

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Victor Mercado Salgado, afirmó este lunes que habrá cancelación de concesiones y permisos de transporte público que se asignaron de manera irregular.

Al respecto, Mercado Salgado refirió que se revisará cada expediente, para proceder en torno a los actos irregulares que cometieron ex autoridades

El funcionario estatal también aseguró que buscará reunirse con transportistas, en los próximos días, para atender los pendientes del sector.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, pidió hoy a los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Social Demócrata (PSD) trabajar en unidad y dejar atrás las diferencias políticas.

Sotelo Martínez dijo que insistirán en la aprobación de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

Lo anterior, para la operatividad del gobierno que hoy inicia y encabeza el titular del Poder Ejecutivo estatal, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El alcalde de Ocuituco, Víctor Hugo Bobadilla Gutiérrez, confirmó la fractura de la presa Linda Vista, que ha ocasionado la fuga del 97 por ciento del agua que se destina para riego.

Al respecto, el edil refirió que esta situación ha afectado a 100 productores de durazno y aguacate, entre otros, que utilizan el agua para riego.

Señaló que es urgente que la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) y expertos atiendan el tema, pues se prevé una situación "catastrófica" para los productores en este año.

La presa tiene más de 100 años; ante la fractura sufrida también se originó un socavón, por lo que podría resultar inservible.

El alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, señaló este día que analizan pedir al gobernador un rescate financiero, ante la situación económica en la que se encuentran los municipios.

Refirió que el Ayuntamiento de Cuautla tiene una deuda de 700 millones de pesos, pero insistió en que ésta no la adquirió su administración pues inicialmente la recibió de mil millones.

Tadeo Nava aseveró que de las presuntas irregularidades cometidas en su administración, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y la Fiscalía General del Estado (FGE) tendrán que definir la situación al respecto.

El secretario de Movilidad y Transporte, José Ascensión Monter Sanjuan, confirmó que el proceso de regularización que inició en el 2014 y supuestamente tenía una vigencia hasta el 2018, no pudo concluirse en esta administración y tendrá que resolverlo el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
A pesar que en el sexto informe del gobernador Graco Ramírez, se dio por concluido el proceso de regularización de taxis y se resaltó como uno de los "logros" en esta administración por el propio Monter Sanjuan en su exposición al comparecer ante el Pleno del Congreso, finalmente el funcionario tuvo que admitir que será uno de los problemas que heredará a la próxima administración estatal.
Sin embargo, ante los diputados el secretario se negó informar de los más de 100 millones de pesos que, de acuerdo a información de los transportistas, ingresaron a las arcas del gobierno del estado como parte del citado proceso de regularización. Monter Sanjuan dijo que el tema de las finanzas compete a la Secretaría de Hacienda.
Confirmó también que durante los últimos tres años se expidieron cuatro mil 391 permisos para circular, que es el numero de concesiones que debieron entregarse como parte del proceso de regularización.
El funcionario reiteró ante los legisladores que no expedirá un sólo título de concesión para taxi o ruta en los ocho días que restan de la administración estatal, pero después corrigió "de darse, no serán más de las cuatro mil 391 que dice el estudio".
Y es que el secretario aseguró que el proceso del 2014 se sustentó en un estado de factibilidad con número 32 y para no defraudar a los transportistas se dispuso la expedición de permisos.
Monter se negó a hablar del proyecto Morebús y los mil 400 millones de pesos que se destinarían para la reconstrucción del estado, tras las afectaciones del sismo del 19 de septiembre del 2017, pues sostuvo que esos datos los tiene la Secretaría de Hacienda.
En cuango al combate al "pirataje " refirió que en los últimos años se realizaron diversos operativos de los cuales se impusieron más de tres mil 400 infracciones; tan sólo de septiembre del año pasado a septiembre del presente se infraccionaron mil 118 unidades, de las cuales se detectó que 59 vehículos no tenían permisos ni concesiones. 
El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marco Zapotitla Becerro, aseveró que la SMyT se convirtió en una "cueva de hampones" y advirtió "es tiempo de ajustar cuentas, no puede haber ni perdón ni olvidó".
Los legisladores al final de la comparecencia coincidieron en que el gobierno fracasó en el tema de Movilidad y Transporte y dejó una grave crisis en el sector.

Comparece secretario de Desarrollo Sustentable 


A 20 minutos de iniciada su comparecencia, Topiltzin Contreras MacBeath, secretario de Desarollo Sustentable, recibió un extrañamiento de los diputados al negarse a responder al cuestionamiento del legismador José Casas González, del Partido del Trabajo (PT), sobre el basurero a cielo abierto que se ubica en la sierra Chichinautzin.
Al inicio de la comparecencia, el funcionario estatal habló cinco minutos sobre el sexto informe de gobierno, en materia de desarrollo sustentable, lo cual fue reprobado por los diputados. 
Contreras MacBeath también defendió el proyecto de ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, y aseguró que fue el proyecto más sustentable, aunque reconoció que causó problemas a la sociedad.
La diputada Keila Figueroa Evaristo afirmó que la gestión del encargado de Desarrollo Sustentable no dio resultados y utilizó el medio ambiente como "negocio".
Los legisladores cuestionaron el "negocio" de los verificentros que no ha podido funcionar de manera adecuada.

Comparece encargado de Turismo

Cerca del mediodía de este viernes, compareció ante el Pleno del Congreso el encargado de la Secretaría de Turismo, Óscar Muñoz Muñoz, quien deslindó a la ex titular de la dependencia Mónica Reyes Fuchs de la desaparición de los fondos para la promoción turística del estado.

Durante su comparecencia, el encargado de Turismo aseguró que en los últimos años creció la ocupación hotelera de nueve mil a 13 mil habitaciones.
De igual modo, el encargado de despacho de la Secretaría de Turismo reconoció que la alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos sí afectó a la llegada de visitantes extranjeros.
Los diputados criticaron "las cifras alegres" de la actual administración en materia turística y la caída de la afluencia de visitantes en los últimos años.

Comparece secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 
Cerca de las 9 de la noche de ayer compareció la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Brenda Valderrama Blanco, en la que diputados locales cuestionaron la falta de inversión en el tema pese al capital humano que hay en el estado.
Resaltaron el poco interés del gobierno estatal en la materia, pese a la creación de una Secretaría, a lo que la funcionaria resaltó el apoyo a jóvenes en los centros de investigación y las acciones que se han logrado en los centros de investigación.

El diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, afirmó que el gobierno de Graco Ramírez pretende "minar" de problemas sociales a la próxima administración, para generar un estado de ingobernabilidad a partir del 1 de octubre.
De acuerdo al diputado, la actual administración estatal ha sido omisa en atender problemas sociales, en diversos sectores, como la crisis financiera que podría paralizar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), académica y administrativamente.
Zapotitla Becerro sostuvo que aunque el próximo 30 de septiembre concluirá la administración de Graco Ramírez, aún está obligada a atender dicho problema y se ha negado, con el fin de que un paro total en la universidad del estado afecte el inicio del próximo gobierno.
"Me queda claro que la llegada del nuevo gobernador dará una solución eficaz a esta situación. Pero también es obvio y notorio que dejan un terreno minado, quieren que el gobierno y el Congreso se distraiga por cuanto a conflictos sociales porque el punto clave es que se nos venzan los plazos y términos para hacer observaciones y poder denunciar penalmente al gobierno de la Nueva Visión", subrayó.
Afirmó que desde el Congreso del estado se buscará ser intermediario en problemas sociales y ayudar a solucionar cada uno de éstos de manera urgente.

Enrique Rodríguez Zagal ofrece pruebas de cómo se reasignaron 600 de esos documentos a personas afines al PRD y se despojó a los propietarios.

Más de 600 taxistas fueron despojados de su título de concesión por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para reasignarlos a transportistas afines al Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció el presidente del Grupo Unido del Transporte "Independencia A.C., Enrique Rodríguez Zagal.
En el marco de la comparecencia del titular de la SMyT ante el Congreso local, el líder transportista protestó para denunciar dichas irregularidades ante los legisladores. 
Presentó copias de los recibos de pago de derecho de un transportista, al que se le reasignó una concesión que por años perteneció a otro prestador del servicio público, como ejemplo de muchos casos.
Rodríguez Zagal dijo que esta anomalía se cometió mediante la modificación del padrón de concesionarios y se intentó "tapar" con supuestas fallas en el sistema informático de la dependencia estatal. 
Adelantó que la próxima semana, los 600 afectados presentarán denuncias penales en contra del secretario José Ascensión Monter, a fin de que se le castigue y se les restituya su derecho.

Alrededor de las 17:00 horas de este viernes dio inicio la comparecencia del titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), José Ascención Monter Sanjuan.

Al inicio de su exposición sobre el sexto informe de gobierno en el tema de Movilidad y Transporte, el secretario aclaró a los diputados que no es encargado sino titular de la SMyT, ya que le mandaron citar a comparecer como encargado.

Monter Sanjuan resaltó en su informe el proceso de regularización de taxis 2014, que no ha terminado aún; también aseguró que ha privilegiado el diálogo con transportistas.

En la ronda de preguntas, el diputado José Casas González afirmó que la SMyT engañó a los transportistas, quienes pagaron por permisos para circular como concesiones; además anotó irregularidades en el proceso del 2014, ya que nunca se concluyó por lo que no existe proceso de regularización.

De igual modo, el legislador señaló el decreto que emitió el Ejecutivo para ceder facultades al secretario de Movilidad y Transporte para expedir concesiones, lo cual también es irregular, por lo que cuestionó si la expedición de permisos estuvo sustentada en estudios de factibilidad.

El funcionario estatal respondió que sí hay un estudio y que es el número 32; refirió que se han entregado ya mil 034 concesiones de cuatro mil 391.

Añadió que se otorgaron permisos para los taxis que participaron del proceso de regularización: "Claro, claro que hay permisos, existen permisos", dijo, al tiempo de agregar que hay permisos privados y también hay permisos para transportistas, por lo que sí son legales.

Aseveró que los permisos que no estén en el sistema son robados o clonados.

Casas González exhibió permisos duplicados y otras irregularidades en el sistema, de las cuales pidió al secretario una explicación.

José Monter afirmó que no es responsabilidad de la SMyT la clonación de permisos, e indicó que no contestaría especulaciones ante acusaciones de que se expidieron permisos en el proceso electoral.

El legislador adelantó que iniciarán los procedimientos que sean necesarios para deslindar responsabilidades, y que los transportistas tengan sus concesiones; Monter Sanjuan afirmó que se han emprendido acciones para abatir la clonación de documentos, y apuntó que se impusieron tres mil 407 infracciones.

Detalló que de septiembre a julio se impusieron mil 118 infracciones; de estos procesos, encontraron 59 unidades que no contaban con permisos ni concesiones.

Monter Sanjuan lamentó no haber tenido tiempo suficiente para resolver el problema del "pirataje".

Por su parte, el diputado Marcos Zapotitla Becerro señaló al titular de la SMyT que también se castiga por acción y omisión, además de añadir: "No se moleste en ordenar a su jurídico enviarnos su nombramiento; para aquellos días estará presentado su sucesor, que le hará que usted rinda cuentas de su actuar al frente de esa secretaría".

"Lo refrendamos: Es tiempo de ajustar cuentas, no puede haber ni perdón ni olvido", aseveró Zapotitla Becerro, quien finalmente calificó a la Secretaría de Movilidad y Transporte como un "séquito de hampones".

Cabe anotar que los diputados insistieron a los transportistas presentes durante la sesión guardar respeto.

La legisladora Dalila Morales Sandoval apuntó que en el sexto informe de gobierno se entregaron las concesiones del proceso de regularización y hoy se confirmó que no fue así; la diputada Rosalina Mazari Espín cuestionó al funcionario sobre los gestores en control vehicular, y si conocía el número de denuncias en contra de éstos por posibles fraudes.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, indicó que el gobierno estatal pretende ocultar información, al dedicar sólo una hoja del informe al tema de Movilidad y Transporte.

De manera previa y durante la comparecencia del secretario de Movilidad en el Congreso del estado, transportistas protestaron.

Enrique Rodríguez Zagal, líder del Grupo Unido del Transporte Público en el estado de Morelos "Independencia A.C.", aseveró que el secretario de Movilidad y Transporte, José Ascensión Monter Sanjuan, debe explicar porque se ha despojado a transportistas de hace muchos años de concesiones de taxis.

Al respecto, denunció que se ha confirmado que las autoridades modificaron el sistema de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para reasignar concesiones, a transportistas afines al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Existen actualmente 600 casos iguales, por lo que líderes presentarán denuncias penales en contra del titular de la SMyT.

Cerca del mediodía de este viernes, en el Congreso del estado inició la comparecencia del encargado de la Secretaría de Turismo, Óscar Muñoz Muñoz.

Durante su comparecencia, el encargado de Turismo aseguró que en los últimos años creció la ocupación hotelera de nueve mil a 13 mil habitaciones.

Muñoz Muñoz también afirmó que la ex secretaria de Turismo no tuvo responsabilidad en la extinción de los fondos de Promoción Turística y de Competitividad y Empleo.

De igual modo, el encargado de despacho de la Secretaría de Turismo reconoció que la alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos sí afectó a la llegada de visitantes extranjeros.

Maestros jubilados acudieron este viernes al Congreso local; piden la intervención de diputados para que se cumpla con el pago de la prima de antigüedad que adeuda la actual administración estatal.

El diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, aseveró que hay una intención del titular del Poder Ejecutivo estatal de "minar" a la próxima administración, para crear un estado de ingobernabilidad.

Refirió que la actual administración estatal ha sido omisa ante la crisis financiera que enfrenta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Es que, señaló, aún y cuando restan nueve días para que termine la gestión del gobernador, aún es su responsabilidad atender el problema.

Este viernes se lleva a cabo la comparecencia de Topiltzin Contreras MacBeath, titular de la Secretaría Desarrollo Sustentable (SDS), ante diputados en el Congreso local.

A 20 minutos de iniciada su comparecencia, Contreras MacBeath recibió un extrañamiento de los diputados al negarse a responder al diputado José Casas González sobre el basurero a cielo abierto que se ubica en la sierra Chichinautzin.

Al inicio de la comparecencia, el funcionario estatal habló cinco minutos sobre el sexto informe de gobierno, en materia de desarrollo sustentable.

Ante ello, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Casas González, criticó el poco tiempo que dedicó para hablar de lo realizado y cuestionó el manejo de residuos sólidos, específicamente en la sierra Chichinautzin; sin embargo, el secretario rebatió al diputado y aseguró que se ha trabajado para resolver el tema.

Finamente, se negó a responder y los diputados hicieron un extrañamiento.

Contreras MacBeath también defendió el proyecto de ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, y aseguró que fue el proyecto más sustentable.

Sin embargo, la diputada Keila Figueroa Evaristo afirmó que la gestión del encargado de Desarrollo Sustentable no dio resultados y utilizó el medio ambiente como negocio.

Comerciantes que estaban instalados afuera del Congreso del estado fueron obligados a desalojar, la mañana de este viernes.

En protesta, los inconformes amenazan con bloquear la calle Doctor Guillermo Gándara.

Los comerciantes se instalan en la calle Cerrada del Parque y ya habían sido desalojados, pero integrantes del Nuevo Grupo Sindical (NGS) intervinieron y ahora exigen que se les deje vender su comida.

Reclaman diputados a contralora por falta de transparencia e impunidad.

Diputados locales afirmaron que la estrategia de seguridad del gobierno estatal, que terminará en nueve días, fue un fracaso. Durante la comparecencia del titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Francisco Javier Viruete Munguía, los legisladores señalaron la responsabilidad del excomisionado Alberto Capella Ibarra por los malos resultados en la materia.

Durante la comparecencia del encargado de la seguridad en el estado, como parte del sexto informe de gobierno de Graco Ramírez, los legisladores le cuestionaron por los altos índices de inseguridad a diferencia de otras administraciones estatales. Sin embargo, Viruete Munguía sostuvo que los delitos han disminuido en un 72 por ciento, en el caso del secuestro; 35.1 por ciento en el de robo, entre otros indicadores que, aseguró, sacaron a Morelos de entre los primeros 10 lugares en inseguridad.

Los integrantes de la LIV reconocieron a Viruete Munguía "su valor" por acudir a la comparecencia a la que se tuvo que haber presentado Capella Ibarra, responsable de la crisis que en seguridad se vive en el estado.

Ante la renuncia del excomisionado, la diputada del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, hizo un extrañamiento público por la salida del extitular de la CES, a unos días de concluir la administración estatal y de que fuera citado para comparecer ante el Congreso.

Por su lado, la diputada Rosalina Mazari Espín señaló los malos resultados del excomisionado y que la ciudadanía puede ratificar. Subrayó que por cada 100 mil habitantes se cometen 24 homicidios, y pidió al gobierno estatal dejar de engañar a la sociedad con cifras alegres.

"Estamos inmersos con estos datos en la complejidad que tienen otras entidades federativas como Baja California, Chihuahua, Colima, Guerrero, Sinaloa y Veracruz. Es urgente dejar los esquemas de engañar a través de un informe con datos, proyectos y programas y decir que hemos avanzado y mejorado, porque éstos no reflejan la realidad”, manifestó.

El comisionado Viruete Munguía también fue cuestionado por el incremento de la violencia en los Altos de Morelos, que ha obligado a la ciudadanía a crear grupos de autodefensas.

Ante ello, el funcionario informó a los legisladores que la CES ha detenido a 23 colombianos por defraudar a la ciudadanía con préstamos engañosos. Sin embargo, recalcó que no existen denuncias de los ciudadanos para ratificar la detención.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, señaló la poca efectividad de las cámaras de videovigilancia e, incluso, dijo que pareció que los aparatos sólo sirvieron para grabar al excomisionado en sus constantes vídeos para resaltar los "logros" de la CES.

Dicha comparecencia se desarrolló al final con sólo ocho legisladores.

Reclaman diputados a contralora por falta de transparencia e impunidad 

La secretaria de la Contraloría, Adriana Flores Garza, también compareció ante diputados, y confirmó que resultado de las auditorías aplicadas, 911 funcionarios públicos han sido sancionados, 215 inhabilitados y 230 suspendidos. Así mismo, la Contraloría ha presentado 50 denuncias penales, aunque no especificó las dependencias y los servidores públicos involucrados. 

Sin embargo, los diputados señalaron que la dependencia a su cargo ha sido cómplice de diversos casos de corrupción, como son obras mal hechas o no concluidas, tal es el caso de la sede del Congreso local.

Al respecto, la contralora admitió que existen irregularidades evidentes en torno al proyecto de la sede legislativa, por lo que se comprometió a iniciar una investigación, pues –además- la empresa no ha entregado el proyecto.

Diputados cuestionaron el conflicto de interés en el que se encuentra Flores Garza, quien fue secretaria de Hacienda y posteriormente contralora.

La diputada priista Rosalina Mazari Espín afirmó que la Contraloría fue una "mala obra", ya que sólo sirvió para proteger las irregularidades cometidas en la actual administración. 

Mientras que el diputado del Partido del Trabajo, José Casas González, aseveró que las auditorías que se iniciarán por la próxima administración darán la "verdad jurídica" de los malos manejos en gobierno actual.

Los salarios asignados a nuevos sindicalizados del Congreso –familiares y amigos de exdiputados- son superiores a tabulador.

A una semana de que se llevó a cabo la entrega-recepción del Congreso local, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que existen elementos suficientes para proceder legalmente en contra de los integrantes de la LIII Legislatura por diversas irregularidades durante su representación.
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) se negó a hablar sobre las irregularidades detectadas, para no prevenir a los exdiputados, aunque "hay muchas que son evidentes y están a la vista de todos", dijo. 
Señaló que en los próximos días se presentarán las denuncias correspondientes para que haya un deslinde de responsabilidades, ante los abusos que cometieron los exlegisladores.
"Ya hemos encontrado algunas irregularidades. El litigio se tiene que dar bien en los juzgados, o bien, ante la Fiscalía, las denuncias correspondientes, más que en los medios de comunicación. Hacer una declaración irresponsable hoy ante los medios, a lo mejor hasta puede alertar a quienes ya no quieran estar en Morelos o quieran sustraerse de la justicia", asentó.
Además, comentó que ya se inició la revisión de las "jubilaciones doradas" que aprobó la LIII Legislatura, así como las plazas sindicales que se asignaron a sus familiares y amigos.
Reiteró que la posible revocación de decretos pensionarios se hará apegada a derecho y sin violentar los derechos de los trabajadores que fueron beneficiados, muchos de ellos actuales funcionarios del gobierno de Graco Ramírez.
Con respecto a las plazas sindicales, señaló que su revisión se dio con el acuerdo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, ya que los salarios asignados a los trabajadores ahora de base, son superiores al tabulador del Congreso local, de acuerdo al cargo que desempeñan.

Lamentan diputados falta de apoyo oficial a la máxima casa de estudios del estado.

Los diputados locales hicieron llamado a las autoridades del gobierno estatal a asumir su responsabilidad con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y ayudar a gestionar los recursos financieros extraordinarios que sean necesarios para evitar el paro total de la institución pública.

Ante el estallamiento a huelga por parte de trabajadores académicos, que responsabilizaron al gobierno estatal de haber abandonado a la UAEM, la diputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano, lamentó la situación en la que se encuentra la universidad del estado y que ni las autoridades estatales ni las federales han intervenido para que se logre un rescate financiero.

"Nosotros lamentamos y aquí hicimos y hemos hecho un exhorto, un llamado porque se le tiene que ver a la educación como una inversión. Yo creo que es un derecho de los jóvenes, ese derecho que se reclama a tener una educación que sea de calidad y que es una obligación del Estado mexicano, y que yo realmente vuelvo hacer un llamado a que se tenga sensibilidad política de los actores, tanto estatales como federales, para que se den los recursos necesarios para poder evitar que nuestra casa de estudios se encuentra hoy en un paro de actividades académicas", manifestó la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso.

Por su lado, Rosalina Mazari Espín, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseveró que es urgente que haya un rescate, pues los depósitos que han hecho a la UAEM sólo son un remedio temporal al problema.

Por su lado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, dijo que se insistirá en la instalación de una mesa de trabajo con autoridades de la UAEM, trabajadores y el gobierno del estado, a fin de atender la crisis de la universidad de fondo, aunado a un llamado para que de manera inmediata las autoridades estatales y federales atiendan la crisis que enfrenta no sólo la UAEM, sino nueve universidades públicas más en el país.

El diputado reiteró que existe toda la disposición del Congreso local para participar en las negociaciones con el gobierno federal para que se autorice el rescate financiero por más de mil millones de pesos a favor de la máxima casa de estudios en el estado.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Francisco Javier Viruete Munguía, comparece este jueves ante diputados de la LIV legislatura local, como parte del análisis de la glosa del sexto informe de gobierno.

En el marco de la comparecencia ante el Congreso local, el titular de la CES informó que derivado de los hechos de violencia en Los Altos de Morelos, en los últimos meses, se ha detenido a 23 colombianos que son prestamistas y engañan a la gente; sin embargo, refirió que en ninguno de los casos se han presentado denuncias por parte de los ciudadanos.

El diputado José Galindo Cortés cuestionó sobre la huida de Alberto Capella Ibarra y el funcionario estatal rechazó que haya huido, al tiempo de aseverar que dejó el cargo por motivos personales.

De igual modo, Viruete Munguía apuntó que los índices de inseguridad son muchos más bajos que en la pasada administración estatal.

El legislador Andrés Duque Tinoco afirmó que, pese a las cifras del comisionado, la sociedad tiene una percepción distinta, con mayor violencia en el estado; además, cuestionó sobre las patrullas que se rentaron y el costo que se pagó.

El comisionado indicó que se cuenta con más de 500 patrullas y de ese número, 116 se rentaron; sin embargo, agregó que de un acuerdo con las arrendadoras las patrullas se quedarán en el gobierno, con un costo mínimo a pagar.

Duque Tinoco reclamó que el funcionario estatal haya llegado con "aplaudidores" y el comisionado les "ruega" no aplaudir, "a muchas gentes que no conozco"; por su parte, el presidente de la Mesa Directiva exhibió listas de la gente que acompañó al comisionado y que confirman que son trabajadores de la CES.

El diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez también señaló la falta de resultados de las cámaras de vigilancia, y afirmó que tal vez eran usadas por el ex comisionado "a quien le encantaban las cámaras".

Javier Viruete informó que 609 cámaras se instalaron para la persecución del delito, y que el 100 por ciento funciona; apuntó que por el C5 se han logrado 121 detenciones.