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La presidenta del Tribunal Superior de Justicia se ampara en criterio jurídico de la SCJN.

La magistrada presidenta del TSJ busca retrasar resolutivo de recursos interpuestos contra actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

La magistrada Carmen Verónica Cuevas López busca retrasar el resolutivo las controversias constitucionales que interpuso contra actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero ya fue conminada por los ministros a definir sus reclamos.

La Corte conmina a la presidenta del Poder Judicial de Morelos que aclare si en su escrito está planteando una nueva controversia constitucional o se trata de una queja por repetición del acto reclamado, luego de que la magistrada inició otro procedimiento contra la pensión a Héctor González Popoca, que ya había reclamado en otra controversia constitucional bajo otro número de decreto pero con el mismo nombre del beneficiario.

De acuerdo con abogados consultados, aparentemente la presentación de una nueva controversia constitucional lo que en realidad pretende es atrasar el resolutivo de la anterior, luego de que se acercaba el plazo para que la Corte resolviera y con el nuevo documento el trámite para acumularlas aumenta el tiempo para que los ministros resuelvan. 

La controversia está dirigida en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del Secretario General de Gobierno, todos de la entidad.

“…se advierte que en la narración de los antecedentes del acto reclamado señaló a la controversia constitucional 244/2017 como precedente, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de Decreto número mil ochocientos ochenta y cinco, publicado el veintiséis de julio de dos mil diecisiete en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5516, mediante el cual el Congreso del Estado de Morelos otorgó pensión por jubilación, precisamente, a Héctor González Popoca con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, mismo vicio que ahora atribuye al Decreto número setenta y tres. Por lo tanto, constituye un hecho notorio que en la sentencia de la controversia constitucional 244/2017 figuran los mismos poderes y autoridad que ahora señala como demandados, y que en ella se declaró la invalidez del Decreto número mil ochocientos ochenta y cinco”, señala el escrito de la Corte dirigido a Cuevas López.

En el documento, se le pide a la magistrada presidenta que “aclare si en su escrito está planteando una nueva controversia constitucional o se trata de una queja por repetición del acto reclamado, ya que ésta última conlleva un trámite diferente y en última instancia puede dar lugar a la destitución del cargo y a la consignación ante juez de distrito por la responsabilidad penal correspondiente”. 

Todo lo anterior fue calificado por observadores externos como un intento por retrasar el resolutivo de la controversia constitucional, lo que se podrá determinar una vez que haya respuesta al citado documento.

Demanda de abogado no cumplió con los elementos suficientes.

La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado declaró improcedente la demanda de juicio político en contra de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, presentado por el abogado Leonel Diaz Rogel.
En sesión de dicho órgano político, este jueves, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias consideraron que la demanda no cumplió con los elementos suficientes para turnarla a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.
El 3 de mayo pasado, el doctor en derecho Leonel Díaz solicitó iniciar un juicio político en contra de la magistrada por las causales de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, impunidad, supuestos actos de corrupción, nepotismo, acosó laboral, usurpación de funciones del extinto consejo de la judicatura local, así como violación a los derechos humanos y laborales de jubilados y pensionados de la mismo órgano.
El abogado informó que presentó 57 pruebas con 28 anexos que detallaban las supuestas violaciones constitucionales cometidas por Cuevas López.
De acuerdo con el dictamen, que tuvo un voto en contra -aunque no se reveló de qué partido político- las coordinadoras parlamentarias sustentaron su resolución en la fracción VII del artículo 4 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que señala que "En caso de que el quejoso o denunciante cuente con elementos de prueba, deberá adjuntarlos a la queja o denuncia. Tratándose de Juicio Político, la aportación de dichos elementos será esencial."
Para las diputadas, la demanda en contra de la magistrada presidenta del TSJ no presentó las "pruebas contundentes y explícitas" relacionadas con las causales de delito que argumentó, "así como medios legales que nos lleven a la verdad histórica de la hipótesis planteada, pues resulta esencial como requisito de procedencia como lo establece la disposición citada", se añade en el dictamen. 

El TSJ considera que carece de validez la decisión de abrogar el periodo de 20 años en el cargo.

El Poder Judicial desconoció el acuerdo aprobado por el Congreso local para abrogar la extensión del periodo de los magistrados a 20 años y anunció medidas legales para contrarrestar la decisión legislativa.

A través de un breve comunicado, el Tribunal Superior de Justicia recalcó que el acuerdo aprobado por la mayoría de los diputados, legalmente solo tiene un alcance de pronunciamiento, exhorto o recomendación, y de ningún modo está por encima de lo que establece la Constitución del Estado de Morelos.  

“Debemos recordar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es jerárquicamente superior a un punto de acuerdo, por lo tanto, lo resuelto por el Congreso del Estado es de absoluta invalidez, no solo por lo señalado por la propia Ley, sino también por la lógica jurídica”, recalcó y advirtió que “el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos está preparando las acciones legales pertinentes con el objeto de proteger al Poder Judicial de los actos realizados por el congreso del Estado, los cuales han violado la autonomía e independencia de este máximo órgano de justicia”.

Agregó que  TSJ respeta la división de poderes, pero está comprometido con la defensa de la autonomía e independencia, el estado de derecho y principalmente la Constitución.

La legislatura anterior realizó una reforma constitucional para extender de 14 a 20 años el periodo de los actuales magistrados, lo cual fue criticado por diversos sectores sociales.

Incluso, a petición de organizaciones de abogados, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos promovió una acción de inconstitucionalidad contra esa reforma.

Afirma que no hay marcha atrás al punto de acuerdo por el que se redujo de 20 a 14 años la permanencia de los actuales magistrados del Poder Judicial.

El diputado del Partido del Trabajo (PT) José Luis Galindo Cortez sostuvo que no hay marcha atrás al punto de acuerdo por el que se redujo de 20 a 14 años la permanencia de los actuales magistrados del Poder Judicial.
En entrevista, afirmó que no atenderán a ningún tipo de amenaza o presión de los magistrados para evitar que se publique en el periódico oficial "Tierra y Libertad" y entre en vigor el acuerdo político aprobado en la sesión del lunes por mayoría de votos.
"¿Juicio político a los diputados que lo estén considerando en base a la ley orgánica? Lo que hice es facultad del Legislativo claramente lo dice, una; y, dos, es un punto de acuerdo que se vota por 16 votos a favor, tres abstenciones, un compañero no estaba y creo que todo mundo sabemos en el estado de Morelos que el Pleno es la máxima autoridad", manifestó. 
Rechazó que el asunto tenga dedicatoria y mucho menos que se deba a un asunto de revancha, ya que los actuales magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respaldaron el juicio político que inició la LIII Legislatura en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuando era alcalde de Cuernavaca, por supuestamente no haber cumplido con los requisitos de elegibilidad para esta en el cargo. 
Manifestó que la norma transitoria por la que se fijó un período de 20 años a favor de los magistrados se generó también mediante un acuerdo político y por ello se determinó anularla por otro acuerdo.
"Es hacer entrar en vigor una vez más la ley del 2018 que fue derogada por un punto de acuerdo, no hay mucho que buscarle y ese punto de acuerdo cómo lo podíamos quitar con otro punto de acuerdo, que es lo que hicimos ayer", añadió. 

El punto de acuerdo aprobado el lunes pasado afecta a 22 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Objetan la forma en que se integró la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

Al menos ocho magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovieron amparos contra la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y para reclamar la invalidez del artículo 92-A de la Constitución local, que otorga al magistrado presidente en turno la facultad de elegir unilateralmente a los candidatos a representar a magistrados y jueces ante el órgano colegiado.

Los juzgados de distrito Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo admitieron las demandas de amparo de los magistrados Ángel Garduño, Bertha Rendón Montealegre, Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles, Rocía Bahena Ortiz, Juan Emilio Elizalde y Andrés Hipólito Prieto.  

Loa juzgadores esencialmente impugnaron la inconstitucionalidad del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, que faculta al titular del TSJ conformar unilateralmente las ternas de los aspirantes a representar a los jueces y magistrados en la Junta de Administración, órgano que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura, pues a su consideración la facultad debe recaer en el Pleno como órgano máximo del Poder Judicial.  

Con excepción de Rocío Bahena y Carlos Iván Arenas, los magistrados reclamaron por la vía del amparo no haber sido considerados en la terna de magistrados. Otros de los argumentos es que no hubo quórum legal para llevar a cabo las designaciones e integración de la junta, y que la magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas, no rindió protesta como presidenta del nuevo órgano colegiado el pasado 3 de junio.

Cabe destacar que previo a estos amparos, la juez Mireya Díaz Cerón impugnó la designación de Alejandro Becerra Arroyo como representante de los juzgadores ante la junta, por no haber sido incluida en la terna, pese a que solicitó por escrito ser considerada,  y porque la designación recayó sobre una persona que presuntamente no cumplía el perfil, ya que no ejercía el cargo de juez porque estaba de licencia y desempeñando el cargo de coordinador de asesores y apoderado legal del TSJ.

A la juez se le concedió la suspensión para efecto de que Becerra Arroyo no ejerciera el cargo, sin embargo, funcionarios del Poder Judicial aseguran que no hay impedimento legal para que se desempeñe como represente de los jueces ante la junta.

Pese a que se pidió entrevista con la magistrada presidenta Carmen Cuevas López y Alejandro Becerra Arroyo, para abordar el efecto jurídico de la suspensión y obtener su versión, la solicitud ha sido denegada.

La juez que impugnó el proceso logró la suspensión definitiva.

Un juez federal concedió la suspensión definitiva a la juez Mireya Díaz Cerón, quien impugnó la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

El juez séptimo de distrito José Martínez Hidalgo confirmó la medida cautelar a favor de la juez, quien reclamó por la vía del juicio de amparo su exclusión de la terna que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, propuso ante el Pleno para designar al representante de los juzgadores ante la dicha junta.

Al conceder la suspensión definitiva, Alejandro Becerra Arroyo queda impedido para ejercer funciones como representante de los jueces ante la junta, hasta que la justicia federal resuelva de fondo el litigio.

Por el momento, la Junta –que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura- está integrada por la titular del TSJ, Carmen Cuevas, y la magistrada Elda Flores León, cuyo nombramiento también podría ser impugnado por un grupo de sus homólogos.

El magistrado del TSJ dice no conocer el contenido de la denuncia en su contra por las declaraciones sobre presuntos nexos de funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, afirmó que no tiene ningún inconveniente en comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque tomó con reservas el hecho de que “se pretenda judicializar una expresión”.

Luego de que por medio un comunicado la presidencia del TSJ anunció el inicio de una denuncia ante la dependencia federal por las declaraciones de Arenas Ángeles, sobre que algunos funcionarios judiciales estarían relacionados con actos de corrupción y vinculados al crimen organizado, el magistrado señaló que es una obligación legal que cumplirá si es llamado a comparecer ante el agente del Ministerio Público Federal.

Celebró que su voz haya sido escuchada en el TSJ, porque constantemente ha solicitado que se ponga atención a la lamentable corrupción e infiltración del crimen en las instituciones de administración de justicia.

Recordó que a la par de sus declaraciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, también planteó públicamente su preocupación por los nexos de algunos jueces y funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

Dijo estar tranquilo y dispuesto a colaborar con las autoridades, sin embargo, expresó sus reservas por desconocer el contenido de la denuncia, por lo que en su momento analizará si se trata de un tema jurídico o una reacción adversa a una opinión.

“Veremos qué se denuncia y qué tratamiento tiene, pues el simple comunicado deja muchas dudas e incertidumbre. Ya veremos si se trata de judicializar una expresión o qué propósito tiene la denuncia”, dijo, al señalar que esta acción de la representación del TSJ ocurre en un contexto de crisis interna, de severos cuestionamientos por la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, y la designación de jueces “interinos” sin evaluación o concurso de oposición, siendo que los beneficiarios de esas plazas son de gente allegada a la magistrada presidenta Carmen Cuevas López.

Hay medidas de apremio para cumplir sentencias de la SCJN, reconoce el consejero jurídico del gobierno del estado.

El Poder Ejecutivo realiza recortes a diversas áreas y programas para reunir los fondos necesarios para cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionadas con las pensiones de trabajadores en retiro del Poder Judicial, luego de que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas, acusó ante la Corte al gobierno estatal de no transferir recursos por más de seis millones de pesos para el pago de jubilaciones.

El consejero jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, reconoció que este tema los tiene “muy preocupados” y “muy estresados”, no sólo por la presión de la SCJN, sino porque no hay disponibilidad del total de los recursos para cumplir completamente con las sentencias constitucionales.

Y es que a finales del mes de mayo pasado, la presión del máximo tribunal del país aumentó  hacia el Congreso local y el gobierno de Morelos, debido a que la titular del Poder Judicial acusó que para cumplir con uno de los bloques de sentencias (enlistadas en el acuerdo 25 de febrero de 2019 emitido por la SCJN) sólo recibió una transferencia de  dos millones 269 mil 138 pesos  con 91 centavos, de un total de ocho millones 470 mil 411 pesos con 72 centavos que el TSJ necesita para cubrir el pago de las pensiones previsto en los decretos de jubilación.

Por tal razón, la SCJN lanzó un ultimátum a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para cumplir con las sentencias, apercibidos de que en caso de incumplimiento, se les aplicará a sus titulares la fracción XVI de artículo 107 constitucional, es decir la separación del cargo.

Sotelo Salgado señaló que la situación legal fue expuesta a la Secretaría de Hacienda, a cargo de Alejandro Villarreal Gasca, quien está haciendo un esfuerzo extraordinario y “se van a hacer recortes en otros espacios para tratar de cumplir el último bloque (de sentencias) que estamos cumpliendo que es el quinto”.

Con ello, “tratamos de cumplir al máximo y, en su caso, justificar ante la SCJN la razón por las que no se puede ejecutar completamente las sentencias ante la imposibilidad (financiera)”, y “es el área de hacienda quien está viendo el tema económico y la verdad estamos muy preocupados, muy estresados por este tema, no sabemos a qué áreas vaya afectar, pero sí hay afectaciones a la operatividad en ciertas áreas o programas del gobierno del estado”, dijo.

Precisó que se avanza en el cumplimiento de los primeros cinco de un total de 11 bloques (que abarca un total de 116 sentencias de la SCJN) y se han transferido los recursos correspondientes al Poder Judicial para cumplir con los pagos de pensiones como lo ordenó el Alto Tribunal.

Reconoció también que se complicó el cumplimiento de las sentencias no sólo por la escasez  de presupuesto, sino porque -en un criterio que el gobierno del estado no comparte- la Corte ordenó transferir recursos para cubrir las pensiones hasta el mes de diciembre, incluyendo los aguinaldos, “que es la cuestión que no se entiende, porque finalmente los pagos se hacen de manera mensual y el aguinaldo es hasta diciembre, y no habría razón para remitir todo porque –además- el gobierno del estado va recibiendo de manera paulatina los recursos para poderlos distribuir, es decir, no se tienen disponibles, pero estamos cumpliendo hasta el día de hoy”.

Agregó que se informa a la SCJN los esfuerzos que realiza el gobierno de Morelos para cumplir con sus sentencias y no incurrir en desacato judicial. 

El órgano de control del Poder Judicial inicia una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en la que pide requerir a Iván Arenas, el magistrado que habló de la existencia de jueces corruptos y ligados al crimen.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a cuya instancia pidió requerir al magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, por sus recientes declaraciones en las que afirmó que algunos funcionarios judiciales estarían relacionados con actos de corrupción y vinculados al crimen organizado.

A través de un comunicado, indicó que de acuerdo con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona que conozca sobre la comisión de un delito debe denunciarlo ante el agente del Ministerio Público.

Recalcó que si el conocimiento y las acusaciones provienen de un servidor público, éste tiene la obligación ineludible de denunciar los hechos presuntamente constitutivos de delitos con base en las obligaciones que impone la ley.

“Por lo tanto, y con relación a declaraciones que le han sido atribuidas al magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles en diversos medios de comunicación, en el sentido de que existen funcionarios judiciales corruptos que no merecen pertenecer a la institución porque, incluso, tienen nexos con el crimen organizado”.

“Este máximo órgano de justicia cumpliendo lo establecido por el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ha procedido a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, a fin de iniciar la investigación por la comisión de probables hechos constitutivos de delito”.

“Así mismo se ha solicitado a la Fiscalía para que proceda a requerir al Magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles y, en su caso, proporcione todos los datos con que cuente y que sustentan las afirmaciones que le han sido atribuidas”, resaltó el comunicado.

El pasado 3 de junio, el magistrado afirmó que la mayoría de los miembros del Poder Judicial en Morelos son jueces y personal honestos, pero existían algunos funcionarios judiciales corruptos que no merecen pertenecer a la institución porque, incluso, tenían nexos con el crimen organizado.

Esta declaración fue la que propició que la representación del TSJ iniciara la denuncia ante la FGR, la cual se da justo en un ambiente de división y crisis al interior de la institución.

Conceden a una juez del TSJ suspensión provisional.

Un juez federal concedió a una juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una suspensión provisional, la que impide a Alejandro Becerra Arroyo entrar en funciones como representante de los jueces ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

De acuerdo con el juicio de amparo 742/2019, el Juzgado Séptimo de Distrito concedió la medida cautelar a la juez de primera instancia, Mireya Díaz Cerón, para efecto de “abstenerse de expedir el nombramiento correspondiente, tomar protesta de ley, darle posesión y que entre en funciones el juez que en su caso se haya aprobado y designado para integrar la junta designada, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva”.

Si bien Becerra Arroyo, otrora coordinador de asesores del TSJ y juzgador con licencia, tomó protesta la misma noche del 3 de junio como representante de los jueces ante la Junta de Administración, el juez federal ordenó que no entre en funciones, en tanto resuelve si mantiene o no la suspensión hasta la resolución de fondo del juicio de garantías.

La designación fue recurrida por la juez Mireya Díaz Cerón, debido a que el 28 de mayo solicitó por escrito a la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas López, que fuera contemplada para integrar la terna para la designación del represente de los jueces ante la Junta.

La juez consideró cumplir con los requisitos para aspirar al cargo, porque cuenta con una larga carrera judicial y ejercido sus funciones con total responsabilidad.

“Que en virtud del contenido de la circular número 38, emitida por este H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos que Usted preside, solicito respetuosamente que se me tome en consideración para integrar la terna correspondiente a la designación de Juez Integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, la cual deberá de proponer Usted ante el Pleno de esta institución, pues considero reunir los requisitos a que hace referencia el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el sentido de que debe considerarse en la terna a aquellos funcionarios que se distingan por su capacidad profesional, por su honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus funciones”.

“No omito hacer de su conocimiento que la suscrita tengo laborando en esta institución más de treinta años y me he desempeñado como Oficial Judicial, Actuaria, Secretaria de Acuerdos, Proyectista y Juez, realizando las actividades inherentes a cada encargo con absoluta responsabilidad”, explicó la juez, cuya petición fue ignorada por Cuevas López, quien ha sido severamente cuestionada por un grupo de magistrados y organizaciones de abogados por fomentar malas prácticas como el nepotismo y abuso de autoridad.

Un grupo de magistrados señala presuntas irregularidades en la integración del órgano colegiado.

Magistrado reitera que no había quórum a la hora de hacer los nombramientos, en la sesión del lunes.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) entró en una nueva crisis por la forzada y cuestionada integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, que dejó una vez más en entredicho al ente responsable de impartir justicia y, al menos la mitad de los magistrados, amenaza con denunciar por la vía legal y política a la magistrada presidenta María del Carmen Cuevas López.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, consideró delicado que Cuevas López, junto con un grupo de magistrados, haya realizado una arbitraria e ilegal designación de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo, como representantes de los magistrados y jueces ante la junta.

Sostuvo que es muy grave que sin cumplir con el quórum legal (con al menos 10 magistrados presentes) y con sólo ocho magistrados de número apoyados por la magistrada supernumeraria Leticia Taboada, se hayan consumado las designaciones.

Además, dijo, es reprobable que Alejandro Becerra Arroyo, quien hasta el lunes se desempeñaba como coordinador de asesores y “apoderado” legal del Poder Judicial en diversos litigios, haya sido seleccionado como representante de los jueces.

Y es que si bien fue designado juez de primera instancia, no ejercía la función jurisdiccional por estar de licencia y realizando funciones distintas como colaborador cercano de la magistrada presidenta.

Lamentó el ejemplo de ilegalidad que da el TSJ a la sociedad, porque no existen argumentos jurídicos para justificar el atropello al estado de derecho y el mensaje es muy preocupante, ya que quienes violentaron la Constitución y su ley orgánica son los responsables de impartir justicia.

Ante la gravedad de lo que ocurre en el Poder Judicial, hizo un llamado a los magistrados inconformes con la integración de la Junta de Vigilancia, a hacer uso de su legitimidad jurídica y moral para las iniciar las acciones legales necesarias para denunciar y combatir el acto ilegal.

“Exigimos a los magistrados disidentes a emprender acciones legales desde recurrir al amparo hasta el Congreso del Estado, porque la designación que hicieron Cuevas en complicidad con un grupo de magistrados está fuera de la ley”, dijo y señaló que los jueces inconformes con la designación de sus representantes ante la junta de administración pueden también recurrir a la vía del amparo.

Carlos Iván Arenas Ángeles, magistrado del TSJ y quien ha sido crítico de la gestión de Cuevas López, lamentó que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina (que sustituye al extinto Consejo de la Judicatura) haya nacido viciada y en medio de graves irregularidades como la falta de quórum para designar a Flores León y Becerra Arroyo, y que éste último, hasta antes de su designación, estuviera fuera del ejercicio de la administración de justicia y en funciones de coordinador de asesores de Cuevas López.

Dijo que la grave violación de la ley debe tener consecuencia, por lo que -en su opinión personal- es necesario plantear la posibilidad no sólo de recurrir al juicio de amparo para combatir la irregular integración de la junta, sino de generar denuncias ante la fiscalía estatal ante la probable comisión de un delito, hasta de recurrir al Congreso del Estado, donde está en trámite un juicio político promovido por un litigante contra la magistrada presidenta.

Expresó que por el momento no hay una definición de la ruta legal que se seguirá por este acontecimiento, pero aseguró que no debe quedar impune la violación al estado de derecho. 

Aseguras que sí se destinaron  80 millones al TSJ para el pago de pensiones, pero señala que el Ejecutivo dispone de recursos para realizar una transferencia.

La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso del estado, sostuvo que el Poder Judicial sí cuenta con presupuesto para el pago de jubilaciones y pensiones a favor de los trabajadores, ya que se etiquetaron 80 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019.
Ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fijó un plazo de 10 días para que el Legislativo y Judicial cumplan con la asignación de seis millones de pesos para que el Poder Judicial cumpla con el pago a los trabajadores en retiro, la legisladora afirmó que el Congreso local siempre ha estado en la disposición de cumplir con su obligación. 
No obstante, Mazari Espín dijo que buscarán una reunión con el secretario de Hacienda del gobierno estatal, para revisar la posibilidad de asignar un presupuesto extraordinario al Poder Judicial, para que se cumpla con el derecho de los trabajadores. 
De acuerdo con la diputada, habría posibilidad de atender la determinación de la Corte, pues el Ejecutivo dispone de cinco mil millones de pesos para transferencias. 
"Tenemos que ver del presupuesto que ya ha sido etiquetado dar repuesta a la Corte y posteriormente hacer la gestión con el Ejecutivo para que se pueda asignar una partida presupuestal suficiente que nos permita cubrir los decretos pensionarios, los que en su momento llegaran a hacer falta", manifestó Mazari Espín. 
La presidenta de la Comisión de Hacienda refirió que es urgente que el tema de las jubilaciones y pensiones se atienda de fondo, ya que las instituciones de los tres niveles de gobierno se encuentran en crisis por destinar cada año más presupuesto para los jubilados y pensionados. 
Sin embargo, refirió que hasta el momento ningún diputado ha presentado alguna iniciativa para la creación de un instituto de jubilaciones, como se ha planteado en legislaturas pasadas. 

En redes sociales fueron difundidas fotografías en las que se aprecia el uso de dos vehículos con logotipos del TSJ para -en un caso- transportar una mascota y, en otro, estacionarse en lugar reservado para discapacitados en un supermercado.

La Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) inició procedimientos administrativos para investigar las presuntas irregularidades en que habrían incurrido trabajadores judiciales que usaron dos vehículos oficiales para (en un caso) transportar una mascota y (el otro) estacionarse en lugar reservado para discapacitados en un supermercado.

A través de las redes sociales, un usuario difundió las fotos de dos vehículos Nissan Tsuru, color rojo, con logotipos del TSJ. En uno de ellos, que al parecer está asignado para las actividades del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial (SUTSPJ), se puede observar claramente que transporta a un perro, que asoma la cabeza por la ventana trasera de la unidad.

En otra foto, el usuario denunció que la unidad oficial del TSJ con número 93, aparcó en el estacionamiento de la tienda Costco en el cajón para personas con discapacidad. Según trascendió, el vehículo lo conducía una trabajadora del TSJ de la tercera edad, y por ello utilizó el sitio reservado, sin embargo, hasta ahora se desconoce si la persona cumplía una encomienda oficial o personal.

Debido a la denuncia, el TSJ emitió un escueto comunicado en el que informó que inició los procedimientos administrativos para investigar qué sucedió y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan.
“Es importante resaltar que uno de los ejes rectores de esta administración es la disciplina, el orden y la vigilancia continua, se aplicará la respectiva normatividad”.
“En este sentido se han girado las instrucciones necesarias a fin de iniciar a los responsables de estas acciones el proceso administrativo correspondiente ante el órgano competente”, anunció.

El TSJ reclama recursos suficientes para cumplir con sentencias judiciales relacionadas con el pago de las pensiones de los trabajadores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apercibió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo con aplicarles la destitución a sus titulares por desacato judicial, luego de que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas López, se quejó de que no le han sido suministrado recursos suficientes para cumplir con la sentencias de las controversias constitucionales, relacionadas con el pago de las pensiones de trabajadores judiciales en retiro.

La presión del máximo tribunal del país aumentó  hacia el Congreso de Morelos y el gobierno de Morelos, debido a que la titular del Poder Judicial acusó que para cumplir con uno de los bloques de sentencias (enlistadas en el acuerdo 25 de febrero de 2019 emitido por la SCJN) sólo recibió una transferencia de  2 millones 269 mil 138 pesos  con 91 centavos, de un total de 8 millones 470 mil 411 pesos con 72 centavos que el TSJ necesita para cubrir el pago de las pensiones previsto en los decretos de jubilación.

También la titular del TSJ se quejó de que en el presupuesto suministrado no se contempló el pago de cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos y seguro de vida, ni se consideró el aumento porcentual al salario mínimo y prestaciones.

Por tal razón, la SCJN lanzó un ultimátum a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para cumplir con las sentencias, en razón de lo expuesto el Poder Judicial.

“En consecuencia, con copia simple del escrito de cuenta dese vista al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para en que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo y en términos del Punto Segundo fracción 11 del Acuerdo del Tribunal Pleno antes citado, suministre de manera inmediata los $6'201,272.81 M.N. (seis millones doscientos un mil doscientos setenta y dos pesos 81/100 Moneda Nacional) que refiere el Poder Judicial del Estado de Morelos para dar cumplimiento a las sentencias de las controversias constitucionales 112/2016, 241/2016, 225/2016, 132/2016, 240/2016,222/2016, 242/2016, 122/2017, 128/2016 y 223/2016, en el sentido de que las pensiones a cargo del Poder Judicial de Morelos deben cubrirse con los recursos que provea el Congreso del Estado de Morelos para satisfacer la obligación en cuestión (…)”.

“Asimismo, dese vista para que manifieste en relación a lo informado por el Poder Legislativo de Morelos, en el sentido de que se realizará la autorización de una ampliación presupuesta por el monto que resulte necesario para arribar a la cantidad de $105, 450, 034.49 M.N. (ciento cinco millones cuatrocientos cincuenta mil treinta y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional) de manera oportuna conforme a las fechas límites que corresponden a uno de los bloques ordenados en el acuerdo de mérito, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se decidirá lo que en derecho proceda con elementos que obran en autos sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito”.

Y, en el acuerdo emitido por el magistrado presidente de la SCNJ, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, no sólo se requirió el cumplimiento de los fallos en el plazo concedido sino que se advirtió que, en caso de desacato, se aplicaría el último párrafo del artículo 105 constitucional que establece que se aplicarán las acciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, que a su vez indica que “cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido (la sentencia), procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito”.

Defensa del exrector promueve amparo contra resolución de Tercera Sala del TSJ que permite a la Fiscalía Anticorrupción reformularle imputación.

Con el voto de calidad de la magistrada presidenta Carmen Cuevas, aprueba Pleno del TSJ instaurar en junio el órgano que sustituye al Consejo de la Judicatura.

Con el voto de calidad de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, fue aprobado el acuerdo por el cual -a más tardar- el 3 de junio deberá quedar instaurada la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Durante la sesión del Pleno del TSJ de ayer, Cuevas López presentó un acuerdo para establecer la Junta y para validar los actos realizados por la Comisión Transitoria, que fue creada para asumir temporalmente las funciones del extinto Consejo de la Judicatura.

El acuerdo estableció que “la omisión legislativa a la fecha es excesiva, ya que el legislador no ha realizado las reformas a la ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo a las funciones administrativas, de disciplina y vigilancia del Poder Judicial”.

Cuevas López y el grupo de magistrados han sostenido que para instalar la Junta, el Congreso debía hacer modificaciones legales con base en la reforma constitucional realizada.

Finalmente, con una votación de ocho a favor y ocho en contra del acuerdo con el voto de calidad de Cuevas López, fue aprobado el acuerdo por el que se determinó instaurar a más tardar el 3 de junio la Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia.  

Según la ley, la Junta deberá ser integrada por el titular en turno del TSJ, un representante de los magistrados y otro de jueces, electos mediante una terna propuesta al Pleno por el magistrado presidente.

En medio de un insólito sigilo, un juez y un oficial judicial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueron vinculados a proceso por los presuntos delitos de cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos en agravio de la sociedad.

Aunque la audiencia se desarrolló este lunes, fue hasta este martes, en el marco de la reunión del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, cuando la titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS), Adriana Pineda Fernández, leyó un comunicado en el que se dio a conocer la vinculación a proceso del juez del TSJ identificado con la siglas R.B.L., y el oficial judicial J.A.M.D.

Según el comunicado, “De acuerdo a los hechos, fue la noche del 25 de noviembre del año 2016, cuando un oficial judicial de iniciales J.A.M.D vía telefónica se comunicó con el Juez de Control de iniciales R.B.L., en donde a cambio de una cantidad de dinero, realizaría funciones inherentes a su cargo concediendo una ventaja indebida a una de las partes involucradas en un litigio”.

El juez responsable de la vinculación a proceso dictó prisión preventiva para el oficial judicial, no así para su homólogo, porque supuestamente no había argumentos para dictar tal medida cautelar.

Sin embargo, la escueta información de la UECS generó más dudas que certezas sobre el caso, debido a que el juez de control que estuvo a cargo de la audiencia ordenó a las partes mantener todo bajo estricto sigilo, apercibiendo a la representación social con imponer medidas de apremio en caso de ventilar públicamente información al respecto.

Incluso, decretó como privada la audiencia y ningún medio de comunicación tuvo acceso. De acuerdo con juristas consultados, fue un exceso la restricción impuesta por el juez de la causa a la representación social, pues existe jurisprudencia en la que se estableció que la secrecía total se aplica únicamente en casos de agresiones sexuales, para proteger a las víctimas.

Además, según especialistas, se violenta el principio publicidad del sistema de justicia adversarial, poniendo en entredicho y generando suspicacias de complicidad, pero será el agente del Ministerio Público quien deba de apelar estas restricciones en segunda instancia.

El antecedente del caso se remonta al 4 de abril, cuando el TSJ suspendió de sus funciones al juez Roberto “N”, por presuntos actos de corrupción graves, al ser acusado supuestamente de favorecer, a cambio de un beneficio económico, a un imputado implicado en el secuestro y homicidio del joven Tonatiuh Tlalapango Flores, en octubre de 2016.

Incluso, versiones no confirmadas indican que el juez estaría ya bajo la medida de prisión preventiva por un juicio penal relacionado con el delito de secuestro y, por ello, en la vinculación a proceso por cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos no se le impuso tal medida.

Pero la información contrasta, porque el oficial judicial que fue vinculado a proceso junto con el juez, ya se encontraba preso por su presunta implicación en el caso Tona; sin embargo, las especulaciones sobre el caso son producto del inaudito hermetismo del Poder Judicial.   

Más jueces en la mira

En la reunión del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, se le preguntó al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, si existen otros jueces bajo sospecha de actuar al margen de la ley o incurrir en corrupción. 

El encargado de la política interna respondió que “la corrupción no será permitida en ningún Poder del Estado, en ninguno de los órdenes ni niveles, vamos a ser implacables en la lucha contra la corrupción.

“Si hay otros jueces que están siendo motivo de investigación y cuando se tengan elementos suficientes para presentar las denuncias se harán y se actuará con todo el peso de la ley”. 

Fallo de la Corte obliga a la suficiencia presupuestal para el pago de la prestación.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, informó que está cubierto el pago del 25 por ciento de los decretos de jubilación que forman parte del acuerdo emitido en el pasado 4 de marzo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó a los tres Poderes del estado disponer el presupuesto necesario para cubrir las pensiones en los términos emitidos en 116 sentencias de controversias constitucionales.

Dijo que el Poder Judicial recibe periódicamente las ministraciones para pagar las jubilaciones de trabajadores judiciales en retiro enlistados en bloques definidos en el acuerdo de la SCJN, lo cual es una garantía de que hay recursos disponibles para que puedan recibir sus pensiones.

“Ahorita llevaríamos como una 25% de avance, pero para los jubilados esto representa una garantía porque, al final del día, tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que establecer esa partida presupuestal, no solo para este año, sino para los subsecuentes años”, señaló.

Expresó que el TSJ, de su propio presupuesto, absorbía el monto de las jubilaciones, pero a partir del precedente legal de la SCJN en las controversias constitucionales, los Poderes Ejecutivo y Legislativo están obligados a etiquetar presupuesto para el pago de las jubilaciones.

Incluso, señaló que en la controversia constitucional que se promovió hace unos meses ante la Corte por el tema del presupuesto, se demandó que el Congreso tiene la obligación de etiquetar recursos adicionales exprofeso para las jubilaciones y no restarlo del presupuesto operativo del TSJ.