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Retardan 90 minutos el ingreso al penal de Atlacholoaya de personal de la CNDH y CDHEM.

Personal de la Coordinación de Reinserción Social obstaculizó el ingreso del personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que llegó sorpresivamente a realizar una supervisión al penal más grande de la entidad, donde en los últimos meses han ocurrido constantemente hechos violentos y asesinatos de internos.

De acuerdo con diversas fuentes consultadas, alrededor de las 10: 30 Horas, se presentaron en el penal de Atlacholoaya, Marta Patricia Orozco Pérez, directora del Área de Supervisión, y Humberto Pettit Gutiérrez, jefe de Departamento, ambos adscritos a la Tercera Visitaduría General de la CNDH, para llevar a cabo la evaluación correspondiente al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020.

Sin embargo, directivos del penal y de la Coordinación de Reinserción Social impidieron su ingreso, con el argumento de que la CNDH no dio aviso del arribo de sus dos funcionarios y no está permitido el ingreso de personas ajenas sin antes cumplir los protocolos penitenciarios.

Por casi dos horas, los representantes de la CNDH permanecieron sentados en la jardinera que se encuentra frente al acceso principal, hasta que se les permitió el ingreso.

A través de un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) detalló que el personal de la CNDH contactó al organismo estatal para solicitar el apoyo institucional, para realizar la inspección de varios de los centros de reinserción social en el Estado de Morelos, pero a los representantes de ambas comisiones se les negó el ingreso.

“Este organismo local recuerda a las autoridades penitenciarias en la entidad, que la obstrucción de la labor de las personas visitadoras de los organismos públicos de protección de los derechos humanos puede ser sancionada administrativa y penalmente, en términos de la legislación aplicable, como puntual y categóricamente lo dispone el último párrafo del artículo 58 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

“Es importante destacar que los diagnósticos de supervisión penitenciaria se realizan de manera sorpresiva y aleatoria, con el objeto de verificar las condiciones reales que prevalecen en los centros penitenciarios del país, de ahí que no resulte necesario notificación previa; subrayando que cualquier dilación o entorpecimiento puede viciar los resultados de la inspección. En el caso, esta mañana no se permitió el acceso al centro sino transcurridos 90 minutos, los cuales son considerados una obstrucción atribuible a las autoridades penitenciarias”, recalcó la CDHM en su comunicado.

Informó que, a partir de este incidente, representantes de la CNDH y la CDHM sostendrán una reunión para compartir información sobre las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en la entidad.

En contraparte, la Comisión Estatal de Seguridad, también a través de un comunicado, argumentó que fueron aplicados los protocolos de seguridad para el adecuado acceso del personal de las comisiones en compañía de directivos del penal, ya que “en ningún momento es posible abrir el acceso de manera inmediata a ninguna autoridad, toda vez que es necesario cumplir con lineamientos, reglas y protocolos establecidos, a fin de garantizar la seguridad de quienes ingresan a las instalaciones penitenciarias”.

Agregó que, una vez cumplidos los protocolos, se permitió el ingreso a los funcionarios de la CNDH y la CDHM al  penal varonil de  Atlacholoaya y a la cárcel distrital de Cuautla, así como se acordó una visita al área femenil del CERESO Morelos, como parte del Diagnóstico Penitenciario 2020.

Critica el legislador las fallas del sistema penitenciario.

Marcos Zapotitla Becerro, coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) se pronunció por la remoción del coordinador estatal de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León, ante las fallas evidentes en el sistema penitenciario.
Lo anterior, derivado de una inspección que realizó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) con autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en el área médica del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya en la que el legislador participó.
El diputado sostuvo que ya es tiempo de que el Comisionado Estatal de Seguridad José Antonio Ortiz Guarneros revise el desempeño de sus colaboradores y sobre todo del encargado de Reinserción Social en el estado.
"No puede volverse costumbre que adentro de las cárceles estén sucediendo riñas y entonces debe de haber control, tiene que revisar a sus directivos, tiene que revisar a su equipo. Ojalá que a tiempo el almirante ajuste... es necesario que haga un cambio ya y que pueda tener a gente que le dé resultados", manifestó el legislador local.
El también presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil en el Congreso del estado manifestó su respaldo al comisionado José Antonio Ortiz Guarneros.  Sin embargo, dijo que a un año de que compareciera con su equipo de trabajo no ha habido avances en el sistema penitenciario.
"Que el comisionado revise si va a meter las manos al fuego por su equipo, porque me queda claro que en los Ceresos es (sic) una bomba de tiempo y que mejor que así, a tiempo, se haga el ajuste a su equipo de trabajo", añadió.
Mientras tanto, adelantó que en los próximos días solicitará, con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, una "visita integral" a cada una de las áreas del sistema penitenciario de Morelos para exponer el estado en el que éste se encuentra.
 

Confirmó que como cualquier ciudadano con derechos, solicitó y obtuvo el amparo de la justicia federal para estar en condiciones de permanecer laborando mientras se desahoga la investigación por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

El alcalde instruyó a su equipo de trabajo a cumplir con las tareas sustantivas de la comuna y continuar trabajando con normalidad, pues no hay nada que ocultar.

El Presidente Municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán encabezó este día, una reunión ejecutiva con los integrantes del gabinete, titulares de las diferentes dependencias que integran la administración pública de la comuna. Dicha mesa de trabajo se desarrolló en la sede “Papagayo” y durante la misma, compartió que, como cualquier ciudadano, tiene a salvo sus derechos para recurrir a las instancias legales que considere necesarias para su defensa, esto ante la confirmación que existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción hacia seis servidores públicos de la comuna.

“Como cualquier persona, estoy sujeto a derechos y obligaciones, y por ello, he recurrido a una solicitud de amparo ante la justicia federal, mismo que me fue concedido; esto para estar en condiciones de continuar laborando mientras se desahoga el proceso, teniendo confianza en las instituciones que, como lo he manifestado, no encontrarán nada ilícito en mi actuar”, aseguró.

En la sesión de trabajo con su gabinete, el alcalde hizo una evaluación de los acontecimientos de las últimas horas, en los que en aras de llevar a cabo la citada  investigación, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción hizo un desproporcionado, excesivo y abusivo uso de la fuerza al efectuar un cateo a las instalaciones de la Contraloría y Tesorería municipales, tal y como quedó registrado y evidenciado tanto en materiales fotográficos, en video, como en los testimonios de servidores públicos violentados durante la mencionada diligencia y en la queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

Antonio Villalobos instruyó a su equipo de colaboradores a atender lo que se derive de ese hecho, pues hubo una flagrante sustracción de documentos, archivos y carpetas, así como equipo de computo con datos sensibles y confidenciales, pero a no distraerse y cumplir con las tareas sustantivas de la comuna, a seguir trabajando con normalidad, sabedores que no hay nada que ocultar, que esta ha sido una administración transparente y su actuar, apegado a la honestidad y vocación de servicio público.

“Dejemos que las instituciones hagan su trabajo y nosotros continuemos haciendo el nuestro; tenemos por delante muchas acciones que por la pandemia han quedado pendientes, pero que retomaremos en la forma de recorridos, inspecciones, supervisiones y entrega de obras en beneficio de la comunidad”, adelantó el edil.

Posponen la votación de la iniciativa para el siguiente periodo de sesiones.

Por segunda ocasión, los diputados locales se negaron a someter a votación del Pleno del Congreso del estado la reforma que permitiría a las personas trans cambiar de identidad.
El dictamen de la también llamada "ley de identidad de género" fue incluido en el orden del día de la última sesión ordinaria del segundo año de la LIV Legislatura, a desarrollarse este miércoles. Sin embargo, en reunión de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos, ayer, una mayoría de diputados votó a favor de retirar el tema  y mantenerlo en comisiones hasta el próximo período ordinario, que iniciará en el mes de  septiembre.
Esto sucedió a pesar que el lunes pasado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) convocó a los legisladores a cumplir con su responsabilidad y votar la reforma al Código Familiar que garantizará el derecho de las personas transgénero a cambiarse de identidad por el sexo que eligieron.
El organismo defensor de los derechos humanos señaló a los diputados que de no hacerlo estarían violando los derechos de los integrantes de la comunidad trans, ya reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado 30 de junio, una mayoría de diputados también votó por retirar ese tema del orden del día de la sesión ordinaria que se desarrollaba, al argumentar que se violentaba el proceso legislativo, por lo que se mandó a comisiones.
La Comisión de Atención a la Diversidad informó que corrigió un error de redacción y finalmente lo presentó para que se incluyera antes de que terminara el período ordinario de sesiones, este 15 de julio, lo cual no sucederá, por la negativa de un grupo mayoritario de legisladores.

Autoridades municipales anunciaron que iniciarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por violaciones al debido proceso.

Después de la diligencia judicial que realizó el lunes pasado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en las oficinas del Ayuntamiento de Cuernavaca, autoridades municipales anunciaron que iniciarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por violaciones al debido proceso y al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.

El consejero jurídico del Ayuntamiento, Rogelio Maldonado Bautista, dio a conocer la postura del gobierno capitalino y explicó que en tres ocasiones un Juez de Primera Instancia de Control de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones se negó a conceder una orden de cateo aunque el lunes por la tarde finalmente la emitió “en contra de lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

El funcionario señaló que a través de un documento remitido a la Fiscalía reiteraron la disposición para colaborar en la investigación y pese a lo anterior realizaron la diligencia de manera violenta en dependencias del Ayuntamiento.

Señaló que la vicefiscal (sic) María Guadalupe Flores Servín sobrepasó los lineamientos del cateo y se hizo acompañar de al menos 30 elementos policiacos con armas de grueso calibre.

Debido a lo anterior informó que presentaron una queja ante la CDHEM y advirtió que presentarán las que sean necesarias de manera proporcional al número de afectados por este abuso.

Responsabilizó a la Fiscalía del uso indebido que puedan hacer de los documentos y equipos de cómputo que fueron sustraídos, toda vez que son documentos confidenciales que pudieran poner en riesgo la integridad física y patrimonial de los trabajadores del ayuntamiento, debido a que quedó vulnerada la información de bienes, sueldos, salarios, inversiones y activos.

Por abuso de autoridad y excesos en cateo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, hacia la comuna.

Consejero Jurídico del gobierno de Cuernavaca detalla violaciones al debido proceso y uso desmedido y desproporcionado de la fuerza.

Advierte el riesgo físico y patrimonial de servidores públicos, ante posible mal uso de la información sustraída.

El Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca, Rogelio Maldonado Bautista, dio a conocer la postura del Gobierno Municipal ante las violaciones al debido proceso y uso desmedido y desproporcionado de la fuerza, luego de un cateo armado a las instalaciones de la comuna.

En rueda de prensa, el abogado del municipio detalló que después de tres negativas (los días sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de julio) de un Juez de Primera Instancia de Control de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones para obsequiar a la Fiscalía una orden de cateo, debido a que las solicitudes no cumplían los requerimientos legales, “de manera sospechosa e inexplicable fue finalmente otorgada, de forma a todas luces excesiva”, apuntó.

“Incluso, abundó Maldonado, fue otorgada en contra de lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Sobre los hechos, el Consejero Jurídico narró: “El día de ayer lunes 13 de julio, a las 15:30 horas la Consejería Jurídica a mi cargo envió un oficio a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción donde reiteramos nuestra total disposición para colaborar con la investigación en curso. A pesar de ello, a las 16:45 horas en las instalaciones de la Tesorería Municipal y otras dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca, se realizó un cateo excesivo y desproporcional, en el cual se cometieron abusos en la diligencia, que fue encabezada por la Vice Fiscal María Guadalupe Flores Servín, quien sobrepasó los lineamientos del cateo, misma que se hizo acompañar de más de treinta elementos con armas de grueso calibre, bloqueando las calles aledañas a la circulación, con lo cual acredita el exceso con el que se condujeron, detalló.

Durante la conferencia de prensa ofrecida en la explanada de la sede “Papagayo” del gobierno municipal, y donde estuvieron presentes también la Contralora Municipal, Clara Elizabeth Soto Castor y el Secretario del Ayuntamiento, Erick Santiago Romero Benítez, Maldonado Bautista reiteró que las diferentes dependencias municipales “han respondido y atendido todos los requerimientos de la Fiscalía.”

Después de describir la serie de violaciones al procedimiento jurídico del mencionado organismo, además de las afectaciones a transeúntes y vecinos de las oficinas de la Tesorería, por el excesivo despliegue y abuso de autoridad de personal fuertemente armado, Rogelio Maldonado Bautista, advirtió que “por ésta y otras causas, se presentó ya una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y se presentarán cuantas sean necesarias de manera proporcional al número de afectados por este abuso.”

El jurista recalcó que de documentos y equipo de cómputo sustraídos, se hace responsable a los actores de la diligencia (de la Fiscalía Anticorrupción) ante cualquier riesgo a la integridad física y patrimonial de trabajadores del Ayuntamiento cuya información de bienes, sueldos, salarios, inversiones y activos quedó vulnerada.

Por ello y ante tal violación flagrante al debido proceso, se tiene temor fundado de riesgo a su libertad, entre otras amenazas, reconoció.

A pesar de todo lo anterior, el titular de la Consejería Jurídica manifestó la plena disposición del ayuntamiento para colaborar con todas las instituciones en un marco de respeto, transparencia y apego a la ley y al estado de derecho.

DENUNCIA VOCERO COSTOSA CAMPAÑA NEGRA CONTRA EDIL

El Ayuntamiento de Cuernavaca denunció a través de su Vocero Carlos Félix, que acciones como las de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción formarían  parte de una bien orquestada y costosa campaña negra contra el gobierno municipal y su titular, Antonio Villalobos.

A través del comunicador, el alcalde manifestó su más absoluto respeto a sus amigos de los medios de comunicación y especialmente a quienes han recibido presiones y amenazas por cumplir con su obligación de informar.

El funcionario exhibió además la campaña difamatoria con páginas, publicaciones falsas y versiones apócrifas de diarios como “El Universal Morelos”, un desplegado del 911 con “denuncia anónima” con logos oficiales y una más con otro plagio de la página electrónica de “El Financiero”, serie de fake news que forman parte de una campaña ordenada por quienes tienen los recursos para ello, indicó.

El organismo público descentralizado reitera el compromiso de otorgar atención médica de calidad.

Con respecto a la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) por la muerte de 15 bebés en el año 2018 en el Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, Servicios de Salud de Morelos (SSM) informó que se mantienen respetuoso de las determinaciones del cuerpo no gubernamental.

En rueda de prensa, Héctor Barón Olivares, director general de SSM, indicó que no son indolentes a los hechos que sucedieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del nosocomio en junio de 2018, durante la pasada administración.

Reiteró el compromiso de SSM para brindar en las unidades médicas una atención de calidad, bajo los protocolos y normatividad sanitaria correspondiente, con personal médico y de enfermería altamente capacitados.

“Nos mantenemos respetuosos de las recomendaciones emitidas y se han generado los mecanismos necesarios para trabajar en coordinación con la CDHM, a efecto de dar la debida atención a sus solicitudes y así lograr una conciliación con las quejosas y/o quejosos”, manifestó.

Por su parte, Mario Balbuena Basurto, subdirector de Hospitales de SSM, agregó que en agosto del 2019 la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) verificó que las observaciones hechas tras el penoso incidente fueron solventadas y reacreditó la UCIN. 

Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación vigente para fincar responsabilidad sobre los hechos y se espera que la instancia actúe conforme a derecho.

Pero no la ampliación de periodo de magistrados.

Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará con la discusión de tres asuntos relacionados con el Poder Judicial del Estado de Morelos y las modificaciones al decreto de creación de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales.

En el listado de expedientes para resolución de sesión de Pleno de este martes, en primer lugar se encuentra un asunto del estado de Michoacán, seguido por las controversias constitucionales  33/2015 y 81/2018 promovidas por el Poder Judicial de Morelos, así como la acción de inconstitucionalidad 24/2017 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

La controversia constitucional 33/2015 fue promovida en agosto de 2015 por el Poder Judicial de Morelos y por magistrados en funciones y en retiro que iniciaron 23 juicios de amparo para reclamar la invalidez de la reforma y adición de los artículos 26 BIS, 26 TER, 26 QUATER, 26 QUINQUIES y 26 SEXIES A de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

En dicha reforma se estableció que los magistrados que culminaran su periodo de seis años y, en caso de ratificación, 14 años, podrían recibir como haber de retiro un “único pago en una sola exhibición, a razón de tres meses del salario actual que perciben los Magistrados, así como el otorgamiento de un mes más de salario por cada dos años que ejerció la Magistratura”.

En la controversia constitucional 81/2018 el Poder Judicial reclamó “la invalidez por sí y por vicios propios del decreto número DOS MIL QUINIENTOS OCHELA Y NUEVE, por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, suprimiendo la figura de Magistrado Supernumerario, y condicionando a quienes tenían esa calidad a una nueva ratificación por el Congreso del Estado; se crea el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos, y se incorpora al Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial".  

En la acción de inconstitucionalidad  24/2017, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos reclamó la legalidad del decreto 1804, que reformó el decreto 191 que crea el organismo descentralizado Comisión Estatal de Reservas Territoriales.

Se espera que hoy o el jueves, el Pleno de la SCJN comience con la discusión con los asuntos que atañen a Morelos. Es importante destacar que el polémico tema de la ampliación del periodo de los magistrados del Poder Judicial, ya fue listado para su resolución pero se encuentra en el lugar 20 de los asuntos para análisis y votación.

Son inconstitucionales: Hernández Cruz.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) consideró inconstitucionales las medidas restrictivas aplicadas por algunos municipios, para desmovilizar a la población y evitar la propagación del coronavirus.

A través de un comunicado, el organismo fijó su postura sobre algunas acciones implementadas por municipios, como la imposición de multas y arrestos a quienes se reúnen o transiten en la vía pública sin motivo justificado.

Dijo que “observa con preocupación y reprueba algunas de las medidas administrativas anunciadas por diversos ayuntamientos del estado de Morelos para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el virus denominado COVID-19, ya que resultan arbitrarias al no tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos en un Estado constitucional de derecho, social y democrático”.

Recalcó que los municipios gozan de una amplia autonomía política y de facultades para emitir toda clase de disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, pero su ejercicio debe ajustarse a las leyes que en materia municipal expida la legislatura local y lo dispuesto en la Constitución federal.

Afirmó que no existe ninguna norma legal que atribuya a los municipios la autoridad para restringir o suspender el goce y ejercicio de derechos y libertades en materia de protección a la salud y menos en situaciones de emergencia, que pongan a la sociedad en grave peligro, ni tampoco para establecer sanciones.

Lo anterior, porque las normas constitucionales y supranacionales asignan al presidente de la república y al Consejo de Salubridad General, la facultad de restringir o suspender derechos humanos durante emergencias sanitarias, lo que hace imposible que las autoridades municipales puedan ejercer dicha facultad aún en esta situación extrema

“Las disposiciones administrativas dictadas por las autoridades municipales, que tengan por objeto restringir o suspender los derechos y libertades para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el virus denominado COVID-19, particularmente las invasiones a las libertades de reunión y de circulación incluidas la previsión de infracciones y sanciones como la multa o el arresto, son en sí mismas inconstitucionales.

“Por lo que al haberse emitido en franco desprecio al orden constitucional y al derecho internacional de derechos humanos, carecen de efectos jurídicos vinculantes para la población civil de sus respectivas demarcaciones territoriales, sin necesidad de declaratoria o pronunciamiento judicial alguno que así lo determine, toda vez que constituyen una violación y amenaza ilegítima a los derechos fundamentales, razón por la que dichas disposiciones municipales no han podido generar efectos de ningún tipo, no los tienen en el presente ni podrán generarlos en el futuro”, sostuvo.

Además, señaló vicios en la aprobación de las medidas restrictivas al interior de los Cabildos, ya que las medidas administrativas no fueron publicitadas ni difundidas a través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y las gacetas municipales, como lo exigen los artículos 7 del Código Civil para el Estado de Morelos y 64 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Adicionalmente, advirtió que no existe documento oficial que se establezca el nombre de los funcionarios que emitieron dichas medidas restrictivas  y si actuaron dentro del ámbito de sus facultades, lo cual es una vulneración de los principios de certeza y seguridad jurídicas, generando condiciones para que su aplicación sea arbitraria y propicie abusos de autoridad así como fenómenos de extorsión y corrupción.

Recalcó que “la CDHM es consciente de la importancia de la protección a la salud de la población en Morelos, sin embargo, ello no puede justificar el sacrificio del Estado de derecho, debiéndose respetar el sistema de competencias, caracterizado por la demarcación estricta del ámbito de actuación política y jurídica de cada orden de gobierno, sin interferencias que desequilibren su relación armónica”.

Instó a las autoridades municipales a que se abstengan de emitir disposiciones fuera de su ámbito de competencia y las exhortó a cumplir con las disposiciones generales emitidas por el Consejo de Salubridad General. 

Denuncian uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.

Cuautla.- Derivado de las acciones que las autoridades llevan a cabo como parte de la fase 2 de la emergencia sanitaria para frenar el avance del coronavirus, ya se han presentado las primeras quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

La primera que se ha presentado tiene que ver con los operativos que lleva a cabo el Ayuntamiento de Cuautla, en los que presuntamente sus funcionarios han incurrido en excesos para hacer cumplir las indicaciones de sana distancia, la dispersión de aglomeración de personas, el uso de cubrebocas y la permanencia en casa.

Durante dichas acciones, los elementos de las direcciones de Salud, de Industria y Comercio, de Protección Civil y de Seguridad Publica presuntamente han incurrido en el uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales, informó Cristian Alfredo Galindo Llano, visitador en la región oriente de la CDHEM.

“Tenemos radicado un expediente de queja con el número 28/2020 relacionado con los operativos que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Cuautla. Se radicó, ya se solicitaron los informes, tanto al municipio como a la Comisión Estatal de Seguridad, a la persona designada en Cuautla para que nos refieran en relación los hechos materia de queja”, indicó.

Otra queja es la presentada por médicos del Hospital General “Dr. Mauro Belaunzarán Tapia”, quienes exigen ser respetados sus derechos a la salud durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

“Tenemos alguna queja de los médicos internos que prestan su servicio en el hospital general, cuando se presumen violados sus derechos en cuanto a la salud. En este caso, se solicitan medidas precautorias; se solicitó al director del hospital general y al director de los Servicios de Salud Morelos para que en el ámbito de su competencia garantice el derecho a la salud de los médicos”, destacó.

También la visitaduría en Cuautla de la CDHEM ha recibido quejas –vía telefónica– de parte de comerciantes que insisten en que los operativos que realizan las autoridades son arbitrarios.

Galindo Llano precisó que se está priorizando para que la ciudadanía pueda presentar sus quejas sin presentarse a sus oficinas: “Que las quejas no necesariamente tengan que ser presenciales sino por medios electrónicos, ya sea por correo electrónico o por vía telefónica, para que pueda iniciarse y no necesariamente tenga que haber ese contacto personal”, agregó.

Demandan pago de salarios y regularización de su situación laboral.

Enfermeras y médicos del hospital General de Temixco protestaron este miércoles por la falta de pago de salarios y por la incertidumbre laboral en la que viven. Dijeron estar dispuestos a laborar durante la pandemia, pero demandan que se regularice su situación, pues no fueron contratados desde la desaparición del denominado “Seguro Popular”.

El personal de dicha institución presentó una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), a través de la cual exigen que se garanticen sus derechos laborales y las condiciones de trabajo.

Refirieron que se trata de cuando menos 47 médicos y enfermeras que se encuentran en esta situación de impago de salarios durante dos meses.

Expusieron que a mediados de marzo les hicieron un pago y a algunos les depositaron recursos este primero de abril, pero no les dijeron a qué quincenas corresponden, pues no se está pagando lo que ya trabajaron en dicho nosocomio, desde enero.

Los inconformes, que colocaron cartulinas en los accesos del nosocomio y expresaron su intención de comenzar paros de brazos caídos, señalaron que, en plena pandemia, necesitan llevar ingresos -como cualquier persona- a sus familias.

Expresaron que están conscientes de los cambios que comenzaron a nivel nacional en la estructura de salud, con la desaparición del llamado Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero aseveraron que este asunto administrativo no es su culpa y no sería motivo suficiente para que les dejen de pagar, si ellos han cumplido con su labor y mantienen el compromiso de dar atención a la población en este momento de epidemia.

Recordaron que las autoridades federales anunciaron que de ser necesario contratarán a más personal para atender a los pacientes con coronavirus, por lo que resulta ilógico que a ellos que ya están laborando no se les contrate formalmente y no se les entregue el pago correspondiente.

Mostraron documentos con los que prueban que han solicitado respuesta a autoridades de salud estatales y federales, así como la queja entregada este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, al sostener que ya han tocado todas las puertas posibles, por lo que advirtieron que, de continuar esta situación, harán paros de brazos caídos, es decir se presentarán a su lugar de trabajo, pero suspenderán labores.

Los inconformes explicaron que se les dieron contratos por quince días, y luego otro documento para prestar servicio al mes de junio, pero no se les garantiza su permanencia, ni base sindical después de seis meses de labor.

El organismo abre expediente para conocer la situación en que se encuentran los hospitales públicos de la entidad, ante la contingencia sanitaria.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de  Morelos e integrantes del su consejo consultivo recorrieron las instalaciones del hospital General José G. Parres y solicitaron a las autoridades sanitarias proporcionar el equipo y los insumos indispensable para que el personal médico pueda hacer frente a la contingencia por el coronavirus (Covid-19).

El organismo informó que abrió el expediente CDHM/SE/061/079/2020, con el propósito de conocer la situación en que se encuentran los hospitales públicos de la entidad, ante los pronósticos de contagios en las próximas días y semanas.

Además de verificar las condiciones físicas del nosocomio, el ombudsman estatal Israel Hernández Cruz y los consejeros de la CDHEM se entrevistaron con el personal de las diferentes áreas, para conocer de manera directa su preocupación.

Ante las peticiones de los propios trabajadores y usuarios, la CDHEM solicitó al Poder Ejecutivo y específicamente a los responsables del sector salud, “dotar de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos necesarios a cada uno de los hospitales generales y unidades hospitalarias a cargo del Gobierno del Estado de Morelos, a efecto de atender la presente contingencia de salud, de forma adecuada, privilegiando que la atención se proporcione bajo los principios de igualdad y no discriminación”.

El organismo informó que, dentro de sus facultades normativas, continuará con el monitoreo del resto de las unidades hospitalarias y médicas, con el fin de verificar que el personal médico cuente con lo mínimo indispensable para hacer frente a la contingencia. 

El organismo, alerta ante conato de enfrentamientos con pobladores de Hueyapan por disputa del agua.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) llamó al gobierno del Morelos a implementar medidas cautelares para evitar un enfrentamiento entre los pobladores de los municipios de Hueyapan y Tetela del Volcán, ya que mantienen una disputa por los recursos naturales y, particularmente, por el agua.

Por medio de un oficio, el organismo requirió a los secretarios de Gobierno, de Desarrollo Sustentable, al comisionado estatal de Seguridad y al fiscal general del estado, instalar un módulo de seguridad en el área de conflicto, tendiente a monitorear o disuadir cualquier clase de hecho violento o alteración al orden público, activar protocolos en materia de atención a casos de violencia colectiva y evitar las conglomeraciones o desplazamientos por razones de salud.

A la Secretaría de Desarrollo Sustentable le fue requerido que en términos de lo dispuesto en la Ley de Equilibrio Ecológico, realice los procedimientos de inspección y vigilancia necesarias para la protección y cuidado del medio ambiente, en virtud de los posibles actos de deterioro o afectación derivados del conflicto relativo al aprovechamiento de las aguas del río Amatzinac, zona alta y de los manantiales “Cruxtitla”, mejor conocido como Las Minas, y “Shantamalco”, así como de las barrancas “Aguayocan, Amatzinac y Tenango”, ubicadas en el municipio de Hueyapan.

A la Fiscalía General del Estado le fue solicitado que en el ámbito de sus facultades, investigue la comisión de actos o hechos constitutivos de delitos, derivados de la conflictiva descrita en el presente instrumento entre las personas que habitan los municipios de Hueyapan y Tetela del Volcán.

El organismo dio a las autoridades estatales un plazo de tres días naturales para responder a las medidas cautelares solicitadas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado solicita que la Federación tome el control de ese centro de reinserción social, ante la crisis de seguridad que enfrenta.

Persiste conflicto con Hueyapan por la disputa del agua.

Tetela del Volcán.- Por temor a que autoridades municipales de Tetela del Volcán, que encabeza Israel González Pérez, violen sus derechos, habitantes del municipio indígena de Hueyapan interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en la región oriente por violaciones a sus derechos humanos, relacionadas con temas alusivos al agua, así lo señaló Christian Alfredo Galindo Llano, visitador regional de la CDHEM.

Fue hasta las instalaciones de la Visitaduría Regional de la CDHEM hasta donde llegaron habitantes del municipio indígena de Hueyapan para iniciar oficialmente la queja 18/VRO/2020 en contra del edil tetelense por violación a sus derechos humanos en torno al tema del agua.

La queja en mención se da luego de que habitantes de Hueyapan solicitaran al gobierno del estado, así como al gobierno federal, intervenir para evitar que se presenten confrontaciones entre ambas comunidades, además de agregar que el alcalde de Tetela del Volcán, Israel González Pérez, pretende tomar más líquido del que le corresponde al municipio que gobierna.

Asimismo, agregó que derivado de las acciones realizadas por el edil, pobladores de Hueyapan temen que el presidente municipal pretenda quitarles el agua que les corresponde.

Por lo tanto, la CDHEM giró oficios al alcalde de Tetela del Volcán, Israel González Pérez, así como a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a fin de que emitan un informe sobre la problemática en mención.

Agregó que a partir de la emisión de dicha solicitud, las partes involucradas tienen un lapso de diez días hábiles para brindar contestación en el ámbito de su competencia y de sus obligaciones, y así, pueda darse cuenta de lo que pasó y se informe de las acciones que se están tomando en cuenta para evitar que haya confrontaciones entre habitantes de ambas comunidades, concluyó.

Promover valores en la educación de los hijos desde el hogar, el objetivo.

Mazatepec.- Como parte de las acciones preventivas en este municipio, el gobierno local, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), impartió la plática “Crianza positiva”, dirigida a padres de familia del jardín de niños de la colonia Justo Sierra.

La conferencia estuvo enfocada a resaltar la importancia de los valores en la educación de las niñas y niños, los cuales deben ser promovidos dentro del hogar por parte de los padres.

Las autoridades municipales reiteraron que los valores son el pilar fundamental de una sociedad con respeto, que deben inculcarse desde la niñez “porque los niños son el futuro de nuestra sociedad. Por ello se está trabajando para que en todos los niveles educativos se tengan pláticas que ayuden a todas y todos a mejorar nuestro municipio”, dijo la alcaldesa de este lugar, Trinidad Pérez Coria, durante la presentación de la conferencia.

Reiteró que esta actividad busca aportar un cúmulo de factores relevantes en la educación de los niños para que crezcan siendo personas con valores y con calidad humana para tener jóvenes y adultos con un sano desarrollo que aporte acciones positivas a su entorno.

El Protocolo para el Tratamiento Digno de Restos Humanos e Información de Personas Fallecidas, presentado el martes con bombo y platillo por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos fue calificada por un reconocido especialista en el tema como “un protocolo (que) parece más una acción improvisada y mediática, cuyo contenido dejó más dudas que certezas”.

Pero lo más relevante de la crítica se centra en la exclusión de los integrantes del Consejo Consultivo de la CDHEM.

Abimelec Morales Quiroz, también  integrante del citado consejo exhibió que el ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, ha caído en un manejo personalista de un organismo autónomo que cada ves tiene menos repercusión en la vida de la entidad.

 Sin embargo, la comisión tiene un costo millonario para los contribuyentes, a pesar de que no desempeñe su papel de ser un factor de equilibrio ante el abuso de la autoridad.

A la intrascendencia de sus decisiones ahora se suma el viejo problema del manejo faccioso, la causa de los excesos que se han sufrido en su interior.

Critican que tampoco convocó a especialistas para la elaboración de protocolo que presentó en “acto mediático”.

Abimelec Morales Quiroz, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM), criticó el Protocolo para el Tratamiento Digno de Restos Humanos e Información de Personas Fallecidas, el cual no fue sometido a la consideración de los consejeros por parte del ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, ni contó con la participación de especialistas.

Morales Quiroz, quien fue miembro de la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante la exhumación de los cuerpos de las fosas ilegales de Tetelcingo y Jojutla, consideró que dicho protocolo parece más una acción improvisada y mediática, cuyo contenido dejó más dudas que certezas.

“Si algo está afectando el proceso de justicia en este país y en este estado, es que está lleno de discursos de funcionarios con buenas intenciones pero pocos conocimientos, de declaraciones mediáticas y acciones de un día que son sólo para la foto y salir en los medios; y tristemente pareciera que este protocolo es uno de esos casos”, afirmó.

A través de su cuenta personal de Facebook, reprochó al ombudsman que el documento, presentado el pasado martes en la Casa de la Cultura Jurídica, no fue comentado con los integrantes del Consejo Consultivo de la CDHEM y “su realización coordinada con el IMIPE fue una decisión unilateral del Presidente de la Comisión que aseguró tener la legitimidad sobre el tema por haber participado en el proceso de exhumación de las fosas de Tetelcingo y Jojutla; pero obvió detallar que fue en calidad de notario permaneciendo todo el tiempo fuera de las vallas que delimitaban la zona de trabajo”.

Además de excluir a los consejeros, cuestionó  si el documento  contó  o no con la participación de especialistas, qué colectivos y familiares de desaparecidos fueron tomados para la redacción del protocolo, porqué fue usado el término “restos” cuando la palabra demerita la dignidad de los cadáveres  y, sobre todo, cuál es la experiencia del IMIPE para participar en un protocolo especializado.

“Estas y algunas otras preguntas quedaron sin respuesta en la presentación del documento que esperemos no se convierta en letra muerta ante la falta de legitimidad y aval de profesionales en la materia y colectivos de búsqueda de desaparecidos”, asentó.

El registro pretende velar por el derecho a la protección de datos personales de las personas desaparecidas y que han perdido la vida.

La Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (CDHEM), el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) presentaron el Protocolo para el Tratamiento Digno de Restos Humanos e Información de Personas Fallecidas, que pretende velar por el derecho de la protección de datos personales de las personas desaparecidas y que han perdido la vida.

Dicho protocolo, el primero a nivel nacional y aunque no es vinculante u obligatorio, pretende ser aplicado durante el reinicio de los trabajos de exhumación de cuerpos en la fosa irregular que “administraba” la Fiscalía General del Estado en el panteón ubicado en la colonia Pedro Amaro del municipio de Jojutla, donde hasta junio de 2017 se extrajeron 84 cuerpos.

Durante el ciclo de conferencias “Cuida el Universo de tus Datos Personales”, en el marco de las Jornadas de Sensibilización de Protección de Datos Personales, fue presentado este documento que, a decir de la CDHEM y el IMPE, fue elaborado a petición de familiares de víctimas.

Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), acudió a la presentación y señaló que no hay precedente en el país de un protocolo de esta naturaleza para el tratamiento de los datos e imágenes de las personas que han fallecido.

“Que pasa cuando se encuentra un cadáver en una fosa clandestina, todos los servidores públicos que saben que tienen que hacer y que la ley dice muy claramente que le toca hacer, en todo ese proceso cuide datos personales. ¿Qué es un dato personal? todo aquello que identifica o hace identificable a una persona, el rostro…hay que cuidar fotografías, el nombre, el domicilio, edad, quiénes son sus familiares, esos datos personales”.

Es decir, añadió, “si no se tienen que publicar fotografías que no se publiquen, si no se tiene que dar mayor información, que no se dé más información, en el expediente de la investigación está todo, pero no hay necesidad de que ese todo esté publicado en un periódico”.

Respecto a las personas desaparecidas, sostuvo que es suficiente la tarjeta de identificación que se emite para su búsqueda, en caso de ser hallada muerta, “no hay ninguna razón sustantiva de fondo, para publicar datos que denosten (sic) la vida de una persona”.

Precisó que el documento no es vinculante u obligatorio, sin embargo es un documento orientador que puede coadyuvar a la protección de los datos personales de las personas fallecidas y sus propios familiares.

El protocolo tendría que ser aceptado por la Fiscalía de Morelos, que ya tiene su propio protocolo para cumplir con la cadena de custodia de las evidencias y de la escena del crimen.

Sin embargo, este documento tendría como objetivo no sólo concentrar lineamientos sino armonizar a todas las instancias involucradas.

Mireya Arteaga Dirzo, comisionada  presidenta del IMIPE, rechazó que el documento pretenda censurar a los medios de comunicación e insistió que fue elaborado con base en los testimonios de familiares de víctimas, concretamente relacionados con las exhumaciones  realizadas en Jojutla y Tetelcingo y donde no hubo el cuidado suficiente para proteger los datos personales.

Miguel Ángel Rosete Flores, abogado de la familia de Jonathan, lamentó la postura de la FGE y que, sin una investigación profesional sobre la actuación del personal, revictimice y descargue la responsabilidad sobre los afectados.

Insistió en que la familia no tuvo contacto visual con el cuerpo y que este les fue entregado en un féretro sellado, que impidió verlo durante el sepelio.

“Es lamentable el boletín de la Fiscalía General del Estado, en el sentido de que los dos hermanos de Jonathan Martínez Tijera son los responsables por no haber hecho una adecuada identificación de cuerpo.

“La fiscalía de manera irresponsable dice ‘fue culpa de los hermanos de Jonathan’, porque no identificaron adecuadamente. Creo que hoy ese principio de investigar no lo hizo adecuadamente la fiscalía, porque la fiscalía es una institución de investigación y debió indagar qué sucedió realmente la madrugada de ese 16 de enero a las 2 de la mañana (cuando se hizo la supuesta identificación) y no dar por sentado que los responsables fueron los hermanos de Jonathan, cuando no hay una investigación adecuada”, afirmó y señaló que continuarán con la denuncia contra personal de la fiscalía. 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Israel Hernández Cruz, informó que el organismo ya tomó conocimiento del caso y han tenido contacto con el representante legal de la familia afectada, y en espera de que en los próximo días se presente a ratificar la queja, ésta se inició de oficio, para realizar las investigaciones y en su momento emitir un pronunciamiento al respeto.

Por el momento, dijo, la CDHEM no puede fijar una postura hasta que desarrolle la investigación correspondiente, para determinar si se cumplieron con los procesos administrativos, los protocolos y las normas jurídicas.