El titular de Canacintra, César Ayala Franco, de plano calificó el hecho como “una tomada de pelo” de parte del funcionario, y agregó que “la verdad nos han dado atole con el dedo, porque para comenzar, sólo hicieron publicar el documento en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, pero en una fecha inadecuada, el 2 de noviembre, que es un día inhábil”.
El señor dijo no tener los elementos documentales para sostener que todo fue orientado a favorecer a quien iniciara la verificación vehicular en la Ciudad de México hace años, Jorge Kahwagi Gastine, “sin embargo, todo nos lleva a considerar que ese fue el propósito y por lo tanto no estamos de acuerdo con ello”.
Pero algunos de los afiliados a dicha cámara, como en el caso de Ricardo Saldaña y Miguel Ángel López, ex concesionarios de centros de verificación, sí insistieron en que “contamos con información respecto a que el diseño de la convocatoria fue hecho por Kahwagi, quien vía prestanombres se quedará con la mayoría de las concesiones que se entregarán en Cuernavaca y los municipios conurbados donde se concentra el 70% del padrón vehicular”.
E incluso agregaron que “ya para medio disfrazar las cosas, en aquellos municipios donde no es negocio, entregarán permisos a empresarios locales, pero lo más gordo ya está reservado y es para el aludido”. Tanto ellos como Ayala Franco recuerdan que en su oportunidad, antes de que se iniciara el proceso de licitación, Topilzin Contreras se había comprometido a encabezar una reunión en las instalaciones de la cámara.
“Lo estuvimos esperando, nunca llegó, nos dejó plantados y luego de ello jamás dio la cara para darnos alguna excusa o explicación respecto a su ausencia y ya cuando nos dimos cuenta, había hecho su jugada por debajo de la mesa sin tomarnos en cuenta”.
“La convocatoria con el número 5444 se publicó en el Periódico Tierra y Libertad el 2 de noviembre, violando las normas de la Comisión de Competencia Económica que busca a través de la transparencia, evitar los monopolios o el acaparamiento”, señalaron.
Claro, los empresarios morelenses no están con las manos abajo, ya la mayoría de los 42 que tenían en funcionamiento los verificentros están recurriendo al amparo, a fin de exigir se transparente el proceso de licitación y por supuesto que no desean ver ni en pintura al titular de la SDS.
Pero desestimando la reacción de quienes se dicen afectados, Topiltzin ofreció recientemente una conferencia de prensa precisamente para asegurar que el proceso se había desarrollado en apego a todas las especificaciones, aunque evitó referirse a los inconformes y sólo dejó ver que aquellos que cuestionaban los trabajos estaban en un error.
Y claro, abundó en datos relacionados con la aplicación de tecnologías de primera mano en el asunto, insistiendo en que esos centros venían operando con equipo obsoleto que incluso se prestaba a actos de corrupción, pero que con la adquisición de modernos sistemas acabarían con esas irregularidades.
Cuando no se es experto en la materia, resulta muy fácil convencer de que no hay “gato encerrado”, como sostiene la contraparte, pero cuando se dialoga con los que a ello se dedicaban, se aprecia que los motivos por los que se decidió suspender la operatividad de dichos centros no obedecieron de ninguna manera a su insuficiencia estructural.
Pero el problema apenas comienza, la entrega de concesiones está por darse, sólo que los otros irán al litigio en los tribunales y dicen disponer de argumentos y pruebas suficientes como para echar abajo el negocio del secretario, habrá que ver si en efecto y bajo tales circunstancias, los establecimientos logran iniciar trabajos a partir del primero de enero o días después.
Ya sabe usted que independientemente de haber hecho pública la convocatoria en un día festivo y sólo en el periódico oficial, Topiltzin también les puso otros candados, como aquello de que ahora en lugar de requerir de 600 metros cuadrados como espacio para los centros de verificación, serán mil metros.
No sólo eso, hay que hacer un depósito en garantía por un millón 600 mil pesos y dadas las condiciones actuales de la economía, no es fácil para los interesados poder disponer de una suma de ese tamaño, si además se deberá invertir una buena lana más a fin de equipar el verificentro. Es decir, los afectados dicen estar seguros de que se pensó muy bien en cómo dejarlos fuera de la jugada, a partir de que no lograran cumplir con las reglas.
Seguramente que ese tal Kahwagi debe contar con una infraestructura muy completa para el objetivo en referencia, pues a eso se ha dedicado muchos años, de acuerdo con los denunciantes, tanto que controla monopolios en algunos estados de la república, pero aquí también hay quienes tienen lo suyo y lo más importante, son locales a quienes hay que darles oportunidad y el titular de la SDS se las está negando.
Además, a partir de la clausura de esos centros, a mediados del año, se quedaron sin empleo cientos de trabajadores que ahí tenían su fuente de ingreso familiar, como que tampoco suena muy humano y congruente el proceder de Topiltzin. No obstante, ahora tendrá que demostrar ante las instancias competentes en la materia que efectivamente se ajustó a la ley o enfrentará serias dificultades.
Todo ello pudiera llevar a que se arrancara una nueva etapa en medio de un conflicto que le estaría restando seriedad y legitimidad a los nuevos empresarios y lo que demandamos los ciudadanos es certidumbre y confianza de las instituciones. El caso es que los desplazados se van a defender, porque dicen que les jugaron chueco en la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Topiltzin Contreras McBeath está otra vez en el ojo del huracán.
