Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, fue uno de los que acudieron a ese encuentro y revela cómo en buena parte de esas naciones, que históricamente las consideramos más subdesarrolladas que nosotros, han alcanzado algunas transformaciones que empujan hacia una sociedad más justa y sobre todo, de derecho.
Bueno, el abogado decía que Colombia aplica ya un sistema de justicia digital, mientras que acá todavía no se forma a las generaciones de profesionales que garanticen una correcta aplicación del nuevo sistema y se camina aún entre el viejo y nuevo modelo.
Los índices de confiabilidad son bajos, porque nuestros esquemas siguen siendo altamente burocráticos; hay un rezago impresionante de procesos por insuficiencia de personal e infraestructura y todo eso se refleja en los resultados de la impartición de justicia.
Difícilmente se cumple la ley en lo que a tiempos del proceso se refiere: la mayoría de quienes son privados de su libertad ante la presunción de un delito, son violentados en sus derechos, porque la justicia adversarial se sustenta en la presunción de inocencia. Sin embargo, la práctica sigue siendo otra, debido a que las corporaciones policiacas tampoco están capacitadas para proceder a las detenciones conforme a esas nuevas reglas.
Y mire que a decir de Martínez Bello, Morelos o por lo menos buena parte de sus abogados tienen un avance en materia penal adversarial mayor que el promedio en el resto de la República. Se quejaba incluso de que cuando asisten a algún foro o congreso en otros estados, los reciben con mucho respeto, cosa que aquí en su propia entidad no se da.
Pero aún con los avances que hay, el señalamiento es que la autoridad local muestra cierto rezago frente a los profesionales del derecho, que vienen a la zaga y subsisten vicios que son objeto de crítica permanente, porque mientras en la mayor parte de naciones latinoamericanas primero se investiga y luego se detiene, acá primero se detiene y luego se investiga.
Pero en efecto, los mayores avances al respecto, en el caso de Morelos, se dan en lo que se refiere a la impartición de justicia penal, el desarrollo de juicios orales es cotidiano, pero todavía no se incursiona en materia civil o familiar, espacios a los que obligadamente se debe llegar.
Inconsistencias las hay, tanto en la parte oficial como del lado de los profesionales del derecho. Son pocas las organizaciones o individuos que se han preocupado por capacitarse a fin de ofrecer servicios profesionales de calidad, y en no pocas ocasiones las asesorías jurídicas son erráticas por falta de conocimiento.
Bajo la óptica de los críticos -algunos de ellos abogados muy preparados- se hace hincapié en dos aspectos: primero, que este modelo es una reproducción del sistema anglosajón, que puede ser muy rentable en sociedades con esos orígenes, pero no en países como México, con una cultura ancestral diferente.
Y dos, que tampoco viene dando los resultados ofrecidos por las instancias gubernamentales, porque muy tempranamente está reproduciendo todos los vicios y las deficiencias del viejo sistema penal, de tal manera que al final tampoco se aprecian grandes cambios o mejoras, que es por lo que vamos.
Si en algo venimos siendo enjuiciados desde otros confines de la Tierra es precisamente por la debilidad institucional para mantener el estricto estado de derecho y el respeto a la ley y la sana convivencia social. La corrupción en todos los niveles es la constante que se impone en la mayoría de los casos de resonancia.
La paz pública y la estabilidad económica, política y social es amenazada permanentemente por la inexistencia de instrumentos legales que obliguen a los ciudadanos a actuar con respeto a los derechos de los demás. Claro que la modernización y digitalización son importantes, eso agilizaría mucho la impartición de justicia y quizás posibilitaría acortar los tiempos de los juicios, pero el fondo de todo es que bajo los esquemas y modelos de justicia que sean, sigue siendo una realidad la compra de toda clase de autoridades a fin de evitar el castigo a delitos de alto impacto o de suma gravedad.
En el estado o en el país hay figuras que difícilmente pueden ser alcanzadas por la justicia, así cometan los delitos más abominables; pueden ser connotados empresarios, poderosos delincuentes o encumbrados políticos, mientras que el ciudadano común, aquel que no tiene palancas ni “padrinos”, está expuesto a todo, incluyendo la pérdida de su libertad, incluso ante un hecho no cometido.
Podemos entrar en la absoluta modernización y digitalización, pero mientras no cambien las formas y la práctica de quienes están al frente de las instancias de impartición de justicia, todo seguirá igual. Es estresante observar cómo en algunos de esos países que hace décadas nos admiraban y veían como el hermano mayor en muchos aspectos, incluyendo el de la aplicación de la ley, hoy nos estén poniendo el ejemplo.
En más de uno, sus esquemas ya son capaces de llevar ante los tribunales a cualquier figura pública, incluyendo a ex presidentes de la república e incluso, en casos específicos, como Brasil, a mandatarios en activo. Nosotros estamos aún en pañales, porque ese tipo de personajes gozan de total impunidad.
Podemos seguir asumiendo o reproduciendo esquemas y sistemas que en otros lugares del mundo son funcionales, pero mientras no exista voluntad de la autoridad para aplicarlos, no pasa absolutamente nada y sólo nos venimos engañando.
Claro, también debemos tener conciencia de que en un mundo global hay entes que imponen condiciones y “sugieren” sistemas a naciones como la nuestra, como parte del cumplimiento de acuerdos y normas a fin de seguir siendo parte de agrupaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y cuando eso sucede, no hay mucho que hacer, se debe cumplir. Por los antecedentes que se tienen en relación al nuevo sistema de justicia adversarial, por ahí vinieron las cosas, se nos impuso un modelo y hay que llevarlo a la práctica o hay sanciones, sólo que aquí se desarrolla a nuestra manera.
