Los descensos, hasta ahora, han sido a programas que la Federación ejerce en los estados, aunque durante el presente año fue necesario un recorte mayúsculo a la burocracia federal, a fin de reducir el gasto corriente, pero en contraparte, los ingresos, apoyos y percepciones diversas de los políticos y servidores públicos, en particular de aquellos de mayor rango, no se han tocado.

Bajo las condiciones en las que nos encontramos hace buen rato, ya era como para que desde los poderes legislativos de los estados y del mismo Congreso de la Unión, se hubiera echado a caminar un plan a fin de establecer normas y reglamentos en lo que se refiere a la percepción monetaria de todos los “servidores públicos”.

Es inadmisible que se continúe castigando a la población en general, condenándola al rezago de infraestructura, a la prestación de malos servicios públicos y hasta la falta de oportunidades de empleo, en lugar de disminuir las nóminas oficiales, aplicar tabuladores para toda clase de estructuras de gobierno, desde los miembros del cabildo, incluyendo al alcalde, los funcionarios municipales, estatales y desde luego los del gobierno de la república.

La existencia de lagunas legales en esa materia da posibilidades para el abuso y lo vemos cotidianamente. Al interior de los ayuntamientos se asignan salarios al antojo, argumentando su validez en el hecho de que las alcaldías gozan de autonomía.

Estamos seguros de que ni las instituciones públicas competentes en esa materia, saben con exactitud cuánto dinero se fuga a consecuencia de la falta de reglas claras y normas que regulen el ingreso de quienes viven de la administración pública en sus tres niveles.

Nosotros nos arriesgamos a decir que a nivel nacional deben ser miles de millones de pesos, así que sí es posible enfrentar esta insuficiencia monetaria aplicando medidas internas y sin la necesidad de pegarle al pueblo. El tema viene al caso porque ya en el Congreso de la Unión se ha puesto sobre la mesa de discusión esa posibilidad, aunque necesariamente hay resistencias, porque la mayoría de los actores políticos no desean para nada perder privilegios, aunque la mayoría de mexicanos nos estemos muriendo de hambre.

Pero si en verdad se quisiera disminuir el gasto burocrático, hay muchas más formas de hacerlo, porque sin mayor esfuerzo nos podemos dar cuenta de que hay un sinnúmero de dependencias que representan duplicidad y que hacen cada vez más obeso al aparato público.

Pero todo tiene que ver precisamente con la falta de seriedad e incumplimiento de las estructuras que han sido creadas para defender la legalidad y los derechos y garantías sociales. Así, no obstante que constitucionalmente los derechos de las mujeres están garantizados en todos los sentidos, por la omisión de las instancias de impartición de justicia, se ha tenido que dar vida a un Instituto de la Mujer, por ejemplo.

Contamos hoy con una Ley de Víctimas, pero ya quienes la presiden están consumiendo dinero como si en verdad trabajaran. Pero ello fue necesario, ya que esos mismos órganos de los que hablamos, no cumplen con sus responsabilidades, entonces hay que generar una estructura que los vigile. Y así nos podríamos ir dando más ejemplos que demuestran claramente que la omisión, complicidad, burocratismo e irresponsabilidad de muchos funcionarios, acaba haciendo más cara cada vez la funcionalidad institucional.

Ahora bien, las propias normas, bastante añejas,  contemplan castigos para aquellos que no obstante haber protestado “cumplir y hacer cumplir  la Constitución y las leyes que de ella emanan”, no lo hacen, sin embargo no vemos los primeros sancionados y mire que son la mayoría los que caen en omisiones.

Si verdaderamente se hiciera un ajuste de todas las estructuras de gobierno, se emitieran tabuladores para la fijación de salarios de los servidores públicos, de acuerdo al grado de responsabilidad de los mismos, nos estaríamos riendo de esta situación y no tendríamos porque sufrir, sin embargo, a pesar de lo difícil que parece económicamente el futuro, aún existen resistencias duras de vencer.

Insistimos, es ilegal e inmoral que en un país con más del 60% de su población viviendo en la pobreza y la marginación, los políticos se sigan enriqueciendo y abusando de sus facultades para beneficiar a unos cuantos con dinero del pueblo.

Son esas cosas inentendibles, las que han impedido el desarrollo nacional y tampoco vamos a culpar a las actuales generaciones en el ejercicio del poder de todo lo que ha pasado, esto viene de décadas atrás, pero como que hace 20 o 30 años todavía México tenía mucho de que echar mano, sólo que la corrupción y la rapiña de la mayoría de aquellos que nos han gobernado, ha hecho posible el agotamiento de nuestras riquezas y recursos naturales.

Décadas atrás el crudo mexicano realmente valía, de ahí que se le conociera como “el oro negro”, pero acabamos con la gallina de los huevos de oro y ahora poco o nada podemos hacer frente al control internacional de precios en la materia.

Algo similar pasa en lo referente a las selvas y los bosques, que igualmente son una fortuna natural, desde el régimen se tolera toda clase de depredación y agresiones a la naturaleza, la escasez de agua es evidente en algunas zonas del país, en Morelos hay veda para perforar más pozos de extracción en la mayor parte de la zona oriente.

No hay tampoco en este terreno controles reales, a pesar de que existen normas claras e igualmente penalidades para aquellos que las violen. Por eso se nos hizo muy importante la ponencia que aquí le expusimos el fin de semana anterior, expuesta por un investigador de la UNAM, en la que hacía énfasis en la necesidad de aplicar una reingeniería en la administración pública. Ese sería un buen primer paso para pensar en un mejor mañana.