Entre algunos de esos proyectos está la propuesta de reformar la ley que norma la vida interna del Instituto de Crédito de Trabajadores de la administración pública, o aquella que busca modernizar el servicio del transporte público con la inclusión del Morebús.
Es cierto que lo anterior obligó a sindicatos y concesionarios a salir a la calle a protestar. Los primeros –ahí están los sindicalizados del Poder Ejecutivo- aún mantienen un plantón a las afueras del recinto legislativo. Los otros dejan ver a través de las unidades del servicio su enojo, mediante mensajes publicitarios poco amigables en contra de quienes consideran son corresponsables.
Pero también iniciaron una lucha en los tribunales, en ambos casos recurrieron a la solicitud de un amparo de suspensión a fin de impedir que los procesos avanzaran y todo indica que están logrando el objetivo buscado, sí por lo menos hasta este momento.
Hace apenas unos días los permisionarios del transporte daban a conocer la suspensión que de manera definitiva les otorgó la justicia federal, lo cual llevaría a considerar que el proyecto del Morebús se quedó atorado en el camino.
Pero ayer, líderes sindicales del Congreso, de jubilados y pensionados, así como de una representación del gobierno estatal, hicieron lo propio. Mostraron ante los medios informativos la resolución del juzgado quinto de distrito, en la cual se les concede la suspensión definitiva a fin de que, en lo que corresponde al Instituto de Crédito, las cosas se mantengan como están, es decir, la ley vigente se siga aplicando, en tanto no exista modificación de criterios al respecto.
Y es que decían algunos voceros, como la dirigente de la asociación de jubilados, Ana Lilia Ocampo Castrejón, hay algunas aberraciones e inconsistencias en esa propuesta de ley, que incluso es origen de enojo de aquellos presidentes municipales, cuyos trabajadores son derechohabientes de la institución.
Se mencionaba que entre las facultades que le daba a la dirección general del instituto, estaba la de obligar a los ediles a que de manera directa en las nóminas, aplicaran los descuentos correspondientes a la aportación de cuotas de afiliación y en caso de no hacerlo, serían objeto de multas y sanciones económicas.
O sea, los ediles, bajo esos términos, serían tratados como empleados de la dirección, algo que a juicio de éstos les viola su autonomía municipal e incluso algunos de ellos debieron interponer recursos legales, a fin de prevenirse contra tan descabelladas disposiciones.
Pues todos esos errores son los que vienen aprovechando los inconformes y ya han logrado avances significativos, porque la instrucción de los juzgados es que se mantengan congeladas las intenciones y ya sabrá usted, los trabajadores lo vienen festejando con todo.
La posición de quienes han impulsado ambos proyectos de reforma, ya sea en el transporte o ante el instituto, es que se trata de actualizar la ley y de fortalecer y mejorar los beneficios para los derechohabientes. En el otro tema, modernizar el servicio del transporte para bien de los usuarios.
Igual y hay algo de razón en ello, sin embargo, en ninguno de los casos se buscó el consenso de aquellos que resultarían directamente beneficiados o afectados, y los obligó a recurrir a las instancias legales para defenderse y por lo visto con éxito.
EX CABILDO DE TEMIXCO EXIGE INDEMNIZACIÓN
Y por otro lado, en el colmo del cinismo, los integrantes del cabildo del trienio pasado en Temixco, incluyendo al expresidente municipal Miguel Ángel Colín Nava, interpusieron demandas laborales ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) para demandar indemnización y liquidación por el “servicio prestado” al municipio y porque la mayoría de ellos no cobró algunas quincenas.
Como usted sabe, el gobierno de Colín se significó por los históricos niveles de corrupción, complicidad con la delincuencia organizada y saqueo abierto del erario público, a grado tal, que heredaron una administración quebrada que difícilmente se repondrá al corto plazo, deben cientos de millones de pesos, lo que es otro asunto delicado.
Fueron ellos los que dejaron tempranamente sin dinero a la comuna, eran ellos los que decidían no pagar a los trabajadores durante dos o tres meses, bajo la excusa de que no había de dónde y consecuentemente tenían que aparentar pregonar con el ejemplo, no pagándose algunas quincenas.
Hay algunos datos respecto a que Colín Nava desvió dinero para construir una clínica en la ciudad de Puebla, compró diversas propiedades en Temixco y conjuntamente con su esposa acrecentaron su capital personal en los bancos.
En lo relacionado al pago por los servicios de limpia, recolección y confinación de basura, pagaban anualmente cerca de 70 millones de pesos, en este momento el costo es de unos 16 millones, la diferencia es abismal, pero a ese nivel estaba la rapiña.
El colmo sería que todavía el TECA les diera la razón y ordenara al gobierno de Irma Camacho darles más dinero, es simplemente inmoral, más allá de lo legal y no se vale tanta marrullería, la sociedad no tiene porqué pagar a vividores como ellos.
Por cierto, frente a la posibilidad de que sea requerido por la justicia, a fin de que responda por tanto robo, se decía ayer que Colín Nava ya tomó distancia, que hace semanas se fue a los Estados Unidos con la clara intención de huir antes de que le echen el guante encima.
El caso suyo es inédito, por todo lo que viene pasando, ya es tiempo de que se ponga un alto a quienes medran con el dinero del pueblo, sentando precedentes. El señor hizo todo como para estar tras las rejas y si no le aplican la ley, sólo será invitación para que otros sigan haciendo lo mismo.
Y también quien fuera tesorero al principio del trienio de Colín, Miguel Ángel Salgado Ulloa, presentó su denuncia laboral en el TECA; él pide un millón de pesos por unos seis meses de trabajo en la comuna y que porque tampoco cobró todos sus salarios. La cosa es que era él quien controlaba los dineros.
