Muchos son los ejemplos de gobiernos alejados de sus gobernados, ahí está el gobernador de Veracruz Javier Duarte y muchos otros que ya andan casi a salto de mata, por señalamientos de robo abierto a las arcas públicas y el erario.

Pero en ello no hay distinción: el comportamiento es semejante en priistas, perredistas, panistas y agregados; la moral y la ética se han venido perdiendo en el ejercicio del poder y en éstos tiempos, esas instituciones políticas no encuentran el modo de volver a recuperar el respeto y la credibilidad de un pueblo que lleva décadas esperando que alguien venga a hacerle justicia.

El tema viene al caso, porque el presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, asegura que en lo sucesivo, como lo prometió al tomar protesta en el cargo, no se solapará ninguna acción deshonesta de aquellos priistas que tienen alguna representación o compromiso con el pueblo.

En la cúpula de los partidos ya se genera conciencia en relación a las causas que los han llevado a la pérdida constante de bases y apoyos populares. Por lo menos a nivel del discurso comienzan a reaccionar y en el caso de algunos mandatarios estatales del tricolor que parecieran estar en la mira, se quiere dejar una constancia pública de que aquel que la deba la tiene que pagar.

Es decir, como que están ofreciendo en sacrificio a esos gobernadores con la esperanza de cambiar la percepción colectiva; sin embargo, ello pudiera tener alguna repercusión si efectivamente los llevan a la cárcel, de probarles los delitos, pero además, se tendría que reintegrar al erario púbico parte de la rapiña que provocaron pero no creemos que se llegue hasta ahí.

En buena parte, el país y algunos estados se encuentran en quiebra porque el robo a los dineros del pueblo es abierto y descarado. El que se intente enjuiciar a algunos de esos pillos sin resarcir el daño económico causado sólo ayudará como precedente a fin de que otros no hagan lo mismo, pero de poco ayuda si no se restaura el robo.

Si ayudaría en mucho el que los partidos políticos endurecieran más sus posiciones y condicionaran a sus cuadros a prácticas sanas y honestas, bajo la advertencia de que de no cumplir, desde el mismo instituto político se iniciarían las denuncias y procedimientos a que haya lugar.

El problema es que al final, esa misma institución es superada y sometida por aquellos a quienes llevó a los cargos de representación. Todos sabemos que a pesar de no ser una regla escrita, en el caso de los estados, el gobernador es el jefe de su partido y quien ordena lo que hay o no que hacer. Eso mismo acontece en el caso del presidente de la república, por lo tanto, no tienen la capacidad para llamar a cuentas a nadie.

Insistimos, es un fenómeno del PAN, PRI o PRD y mientras la correlación de fuerzas no cambie, los mismos partidos están atados de manos para poder cumplir a los ciudadanos. El desaseo en la administración pública y en los órganos de representación popular es total, no sólo roba el que está al frente, sino que hacia las estructuras inferiores es lo mismo.

A nivel de presidencias municipales, por ejemplo, todo mundo hace lo que le pega la gana sin que los superiores jerárquicos hagan mucho por impedirlo, porque regularmente también tienen cola que les pisen y más bien buscan complicidades para el encubrimiento.

Al final de la cadena, la ciudadanía es la que paga todas las facturas y cuando acude a pedir algún trámite o servicio de “sus autoridades”, es tratado como limosnero: a regañadientes le resolverán sus peticiones y si las condiciones se prestan, hasta le pedirán una lana y hay que darla, o no tendrá respuesta.

Así son ahora la mayoría de los gobiernos en sus diversas áreas y dependencias, la burocracia se ha vuelto fría y sin vocación de servicio, se han olvidado de que su trabajo y su ingreso tiene su origen en los impuestos del pueblo y sólo recuerdan que a ellos les pagan en la tesorería y están ahí gracias a algún “padrino” al que apoyaron en el proceso electoral, de tal manera que consideran no deberle nada a esa gente que debería tener otro trato.

La arrogancia, prepotencia e intolerancia son el signo visible en el quehacer gubernamental, que sumados a la corrupción conforman un factor lastimoso para los gobernados y a pesar de conocer poco de la función pública, la población ha  venido tomando conciencia y entendiendo que sigue siendo traicionada por aquellos que cuando fueron a pedirle el voto eran cariñosos, sonrientes y  hasta bondadosos, pués con su propio dinero le daban una despensa o algún artículo para el hogar.

Entonces hay razones de sobra para que el electorado muestre altos grados de inconformidad, enojo e impotencia, porque admite que luego de haber llevado a muchos ambiciosos a ejercer el poder, no hay manera de quitarlos del cargo, porque una vez sentados en la silla, entran en complicidad con niveles superiores de gobierno y logran impunidad ante cualquier intento o reacción colectiva.

Son todas estas cosas las que los partidos deben de combatir si desean recuperar la confianza y el apoyo popular y no es nada fácil, porque son décadas de engaños y traiciones, de una cultura de la rapiña y enriquecimiento a costa del dinero de los contribuyentes.

Si las normas en materia de ejercicio del presupuesto se cumplieran a cabalidad, difícilmente algún alcalde, diputado, local o federal, senador o gobernador escaparía a la aplicación de la justicia. El PRI advierte que puede empezar a llevar a algunos de sus distinguidos militantes ante los tribunales, pero volvemos a lo mismo, sólo parecieran acciones encaminadas a aparentar corrección, para tener argumentos de defensa frente a los electores cuando regresen por su apoyo. Pero se requiere mucho más que eso para volver a creerles y nos referimos a todos los institutos políticos, no sólo al tricolor.