Muy en particular, aquella que tiene que ver con la participación ciudadana, la revocación de mandato y la consulta pública, conceptos impulsados hace buen rato por ciertos partidos o personajes de la política, pero que no lograron prosperar en el caso particular de Morelos.

Pues en torno a dicho asunto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) acaba de levantar la mano para dar a conocer que ya interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitando la intervención de éste alto tribunal a fin de que obligue a las instancias competentes, a restaurarle los derechos a los morelenses en ese sentido.

Nos causa cierta sorpresa, no lo negamos, porque hasta ahora, la comisión se había mantenido un tanto pasiva frente a algunos conflictos y sucesos de cierta relevancia que tienen que ver con temas de inseguridad y violencia cotidiana.

Pero ahora ha decidido entrarle al tema recordando que el Artículo 39 constitucional es muy claro en establecer que “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo” y no se le puede privar de su derecho a decidir en aspectos fundamentales de la democracia como el plebiscito, el referéndum o la revocación de mandato.

Y hace hincapié en la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas y darle vigencia al Consejo de Participación Ciudadana, igualmente suspendido en las reformas impulsadas hace apenas unos meses en el contexto estatal.

Hay que esperar cual es la posición de la SCJN, las posibilidades de que se pronuncie a favor de la controversia solicitada por la CDHEM son muy altas, lo que obligaría a una nueva redacción de esas reformas que en efecto, parecieran anteponerse a los derechos constitucionales.

Bien por el presidente de la comisión, Jorge Arturo Olivares Brito, aunque lo anterior lo llevará a enfrentar la reacción de muchos frentes con considerable poder y decisión, pero se necesitaba de algún órgano que generara cierto equilibrio a fin de que se custodie el estado de derecho.

En su momento hubo muchas reacciones, algunas voces procedentes de las barras y colegios de abogados, pero a pesar de que deben conocer la ruta a seguir para defender el derecho ciudadano, no quisieron entrarle al caso de fondo, sólo a nivel de declaraciones, pero el recurso interpuesto por la CDHEM sí va en el sentido correcto y habrá que esperar con mucho interés cuál es la respuesta que obtienen.

Sólo una instrucción superior podría obligar a las instituciones en competencia a corregir algunas deficiencias que siguen siendo motivo de queja pública, porque le quitan facultades a la población en su derecho a decidir en algunos conceptos muy concretos.

Claro, la Corte tiene un cúmulo de expedientes y peticiones por resolver, el análisis del tema Morelos no ocurrirá de la noche a la mañana, pero incluso se nos antoja que no le exigirá mayor esfuerzo ni discusión de sus ministros, que con suma facilidad entenderán que lo reclamado es de justicia elemental.

Curiosamente, la mayor parte de las inquietudes y protestas que venimos presenciando entre grupos, partidos, poderes, surgieron a partir de iniciativas de reformas que  provocaron reacciones en cadena, ya sea la relacionada con el sistema de transporte o la que modificó la ley en lo que toca al instituto de crédito de empleados gubernamentales.

En cada uno de los casos, los que se sintieron agraviados recurrieron a la búsqueda de apoyo de la justicia federal y se está en espera de alguna respuesta. Bueno, en lo tocante al rubro del transporte, ya muchos quejosos recibieron el amparo, lo que lleva a una especie de empantanamiento entre las partes y la imposibilidad de aplicar las reformas, porque generalmente la instrucción es dejar las cosas como están.

Sobre esos asuntos, se comienzan a observar ciertos movimientos que pudieran llevar incluso a un desistimiento en las reformas, caso concreto en el instituto de crédito. Hasta donde sabemos, ya al respecto se pidió una reunión entre líderes de sindicatos y representantes del Poder Legislativo en la que se pediría a los empleados hacer sus observaciones y ofrecer propuestas.

De irse consolidando esos acuerdos, el nivel de conflictividad vendría a menos, con posibilidades de regresar a la normalidad en el trato entre esos factores en conflicto. Eso incluso restaría potencialidad a lo que hoy conocemos como Frente Amplio Morelense (FAM), porque se sumaron tras las inconformidades.

Es decir, por un lado, serán los tribunales federales los que, al emitir sus resoluciones, cambiarán los escenarios actuales, obligando a la corrección de algunos excesos, si es que se dieron, por el otro, los propios actores vienen ya suavizando sus posturas radicales y ofreciendo posibilidades de solución.

Eso, reiteramos, representará un elemento sustancial en la pacificación del estado, porque ciertamente que llevamos meses de inestabilidad y lucha que involucra cada vez a más morelenses y que para nada es el camino a seguir.

Claro, tampoco ello termina con todos los “focos rojos”, hay asuntos que quedarán pendientes, entre ellos, lo que tiene que ver con la universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) o el movimiento antorchista. En ambos casos lo que se necesita es dinero y todo indica que no hay.

La máxima casa de estudios requiere de unos 400 millones de pesos para medio resolver su déficit; el movimiento antorchista de unos 100 millones para satisfacer los reclamos. Es una cantidad suficientemente alta cuando no hay de donde agarrar, pero todo es cuestión de voluntad entre aquellos que tienen poder de decisión.

No obstante, el nivel de rijosidad con el que se conducen las partes, gobierno y casa de estudios, tiene más que ver con intereses políticos que financieros, no nos cabe la menor duda.