El asunto se salió de lo local, donde permeó por algunos meses y llegó al ámbito nacional, donde ya se ofreció incluso un debate entre el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el gobernador del estado.

Es decir, las instancias locales fueron rebasadas y han tenido que entrar al quite dependencias del gobierno federal, una de ellas la Secretaría de Gobernación, pero también las Cámaras Alta y Baja, porque a propósito del tema, una comisión del FAM estará al filo del medio día de hoy martes, presentando sus quejas ante el Senado de la República.

Todo esto, es evidente, ha llevado a un delicado desgaste a las partes, desde luego que la máxima casa de estudios no escapa a ello, porque en la estrategia de defensa del poder estatal está la búsqueda insistente de minar a su rector Alejandro Vera Jiménez, pegándole a la institución educativa.

Cuando las diferencias empezaron a profundizarse entre esos bloques, se ordenó la aplicación de una auditoría especial al campus universitario, la que viene siendo desarrollada por la Entidad Superior de Fiscalización, a cargo de Vicente Loredo Méndez, una figura ligada a la ahora diputada federal perredista Lucía Meza Guzmán, cuando pasó por el Congreso local.

O sea un ente fiscalizador que sirve a intereses muy específicos y cuyos resultados ya se advierten, necesariamente deberán ser adversos, porque a eso va el señor, a entregar cuentas a modo. Sin embargo, ese tipo de revisiones se deben ajustar a una norma, hay reglas y una de ellas es mantener la secrecía de los resultados, hasta que se tengan números fríos e inamovibles.

No está permitido adelantar juicios, aún con la posibilidad de algún delito, el presunto inculpado tiene el derecho de presunción de inocencia, por eso llama la atención que a través de diversos canales, ya se hagan acusaciones en el sentido de que hay desvíos millonarios, cuando se admite que la famosa auditoría anda en menos del 90%.

Cuando el documento esté concluido, el siguiente paso será enviar el pliego de observaciones a las instancias competentes, en ese caso, a la rectoría, a fin de que den respuesta, en un tiempo igualmente ya previsto, a las interrogantes y sólo cuando se halla agotado el plazo de ley y se pruebe que en efecto hubo mal uso del dinero, entonces se podrá hablar de delitos, no antes.

Aunque se insista en que se trabaja en la construcción de una sociedad de derechos, ambas partes van caminando en sentido contrario y a la lógica del sentido común. Paralelamente se viene alertando de una inevitable quiebra financiera de la universidad, que la estaría dejando paralizada a partir del mes de octubre.

Ojalá ese no sea el objetivo de una de las partes, dejarla sin recursos, a fin de someter a algunas de las figuras principales en los mandos de la máxima casa de estudios, cosa imperdonable, si es que se llega a ese grado de parálisis.

Otra vez, el gobierno federal tendrá que intervenir para ayudar a sortear el problema, que ya está en puerta, seguramente que entre los temas que se vienen tratando con la Secretaría de Gobernación debe estar ése, que es prioritario.

Uno de los integrantes del FAM decía que de parte del grupo, se han sugerido ocho mesas de diálogo con igual número de temas, porque hay que recordar que son muchas las organizaciones las que lo conforman y cada una de ellas lleva un pliego petitorio, por eso se espera que pronto sean instaladas.

Esta misma semana existe el compromiso de Gobernación de enviar una comitiva al estado, a fin de darle seguimiento a los acuerdos que se empezaron a dar en los dos encuentros que han tenido en la Ciudad de México, aunque tampoco se descarta que se intente alguna estrategia de dilación para generar cansancio y ganar tiempo.

Los transportistas van contra la implementación del Morebús, ya ganaron la suspensión y son cientos más de recursos interpuestos por los empresarios del ramo, por eso ayer, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) Jorge Messeguer Guillén ofreció una rueda de prensa en la que estaba algo molesto y sólo para recordar que todavía no hay sentencia.

Los pueblos del oriente del estado luchan en defensa de sus tierras y los recursos naturales, mientras que los antorchistas siguen en una batalla interminable, a fin de que les cumplan promesas añejas en lo que corresponde a asentamientos humanos en desarrollo. Y la UAEM, en defensa de su autonomía, que considera, está siendo amenazada.

Así pues, respecto a la revisión contable que se ordenó a la universidad, no es tiempo aún de ofrecer cifras ni datos, hacerlo viola las reglas y normas en la materia. No se pueden hacer presunciones de algo que no está probado porque se comete un delito, que en todo caso, debe ser sancionado conforme a derecho.

El problema aquí es que aquellos que tienen la facultad para sancionar parecen ser los que cometen las irregularidades.

Pero como en otros aspectos del conflicto, esos recursos deberán ser dirigidos a los tribunales de justicia federal porque en los locales hay muy poco que esperar, están igualmente condicionados a obrar parcialmente y bajo consigna o atenerse a las consecuencias. Como se ve, es un escenario por demás complejo, en el que se impone la fuerza, por encima de la razón y el estado de derecho.