Es bien sabido –hay que consultar a cualquier profesional del Derecho bien informado- que el famoso sistema de justicia adversarial es una reproducción del modelo anglosajón, que igual y ha funcionado en otros países, pero que ello se debe a que se ajusta a los antecedentes históricos, pero nosotros venimos de culturas diferentes.

El tema viene al caso porque se ha estado insistiendo en que luego de un prolongado término concedido, a fin de que se generaran las condiciones e infraestructura en la materia, entraría en vigor y eso ocurrió hace unas semanas, por lo tanto, ya es vigente al cien por ciento.

Todavía las inversiones aplicadas sobre el caso no están del todo concluidas, eso es lo de menos, no es precisamente el aspecto material lo que impide que los mexicanos, en este caso los morelenses, alcancemos una impartición de justicia siquiera aceptable, sobran razones para sostener que seguimos estando en manos de la delincuencia, siendo objeto de toda clase de abusos y corruptelas cuando de defender nuestras garantías y derechos se trata.

Para empezar, no hay el personal requerido, ni en cantidad ni en conocimientos a fin de que se cumplan cabalmente los objetivos buscados en ese novedoso esquema. Las instituciones “competentes” siguen ofreciendo improvisación, porque no han capacitado al capital humano.

Por el otro lado, también existen deficiencias en lo que corresponde a los profesionales del derecho; la mayoría se quedaron atorados con el viejo sistema y son las generaciones de abogados jóvenes las que más o menos se defienden. Es decir, hasta para lograr una buena defensa o asesoría jurídica en casos de necesidad, hay problemas.

Pero más allá de todo lo anterior, en tanto no logremos modificar el comportamiento y las actitudes de quienes están al frente de las instituciones y en general de los “servidores públicos” que nos atienden en esa materia, seguimos fritos, porque todo se sigue arreglando con dinero.

La Constitución y los códigos penales son bastante claros, hay delitos que por su gravedad se persiguen de oficio, como el homicidio o la violación y ello significa que cuando sucede un hecho de tales características, no es necesario que usted, como afectado lo denuncie, con el sólo hecho de que las autoridades se enteren, por la vía que sea tienen la responsabilidad de buscar su esclarecimiento a costa de lo que se tenga que hacer, así lo establece la ley.

En la vida real todos somos testigos de lo que pasa, a pesar de que en la comisión del delito se cuente con las pruebas y evidencias suficientes y además se levante la denuncia respectiva, tendrá que echar mano de todo lo que a su alcance esté a fin de que le hagan caso. Es más, si los agresores tienen posibilidades económicas y se ponen vivos, bien le pueden voltear la tortilla, porque aquí en nuestro entorno cercano, cualquier cosa es posible, así que no nos vengan con eso de que ahora sí ya podemos empezar a festejar que tenemos un sistema de impartición de justicia de primer mundo porque esa sí es la mentira más grande del mundo.

Sólo hay que voltear los ojos a nuestro derredor, ver cómo nos encontramos desde hace buen rato en materia de seguridad, para saber que esas son  presunciones y discursos vacíos. Mientras no exista una voluntad política en los tres niveles de gobierno y los tres poderes del estado para que se cumpla el estado de derecho, por más inversiones y dinero que se le aplique al tema, no avanzaremos un centímetro porque la impartición de justicia lo contempla todo, es decir desde la prevención de los delitos, la persecución de los delincuentes, hasta la sanción legal que corresponda a los culpables de las violaciones legales.

Y tampoco es necesaria tanta infraestructura, para hacer valer la ley no se requieren lujos ni eminencias en materia penal, civil, agraria y lo que usted desee agregar, simplemente ser justos y darle a cada quien lo que le corresponde, todo lo demás es paja y búsqueda de estrategias para confundir y simular que se están haciendo cosas buenas.

Y como se decía en principio, si de algo no podemos presumir en el país y en el estado es del cabal cumplimiento del estado de derecho, de otra manera no habría tantos problemas y conflictos en ese sentido. Como alguien decía recientemente, sin complicidad de las instancias gubernamentales, no hay delincuencia o ésta es mínima e incipiente y aquí vivimos todo lo contrario, entonces queda claro que  las complicidades siguen estando presentes y con mucha profundidad.

Claro, qué más quisiéramos como mexicanos o morelenses, poder sentirnos satisfechos de que quienes ejercen el poder buscan en todo momento el bien de los demás, antes que el suyo, pero no es así, la sociedad y aquellos que gobiernan viven mundos diametralmente distintos. Los primeros andan a salto de mata, en medio de una delincuencia desatada y sin límites. Buscando con esfuerzos, la sobrevivencia económica por tantas injusticias que asedian.

Como dijera aquel político priista, señores, no nos hagamos bolas, todos esos mecanismos supuestamente avanzados y novedosos no significarán mayor cosa mientras la deshonestidad, la ausencia de moral y de valores no sufran cambios positivos y todo eso que nos siguen diciendo respecto a los avances, es paja pura.

Pero como quiera que sea, ayer, el secretario ejecutivo y vocero oficial respecto al tema de justicia adversarial, Roberto Soto Castor, aseguró que las cosas van muy bien y que Morelos puede incuso de presumir de ejemplo nacional y hasta internacional. ¡Cómo la ve!