Como el perico, el gobernador Graco Ramírez ha buscado reproducir acciones implementadas por el jefe de gobierno de aquella metrópoli, Miguel Ángel Mancera, pero en otros casos pareciera que es él quien nos gobierna directamente, porque lo que allá se dispone, aquí debe secundarse. Ese es el caso del programa ambiental, que hace rato trae muy aceleradas a las autoridades capitalinas.

Ayer, el secretario de Desarrollo Sustentable Topiltzin Contreras McBeath ofreció una conferencia de prensa a los medios locales, para anunciar que la verificación en la entidad quedará suspendida durante seis meses, es decir será a partir de enero del 2017 cuando se reinicie, porque los centros de verificación vehicular no cuentan con los equipos tecnológicos correctos para ajustarse a las disposiciones dictadas por Mancera.

Hace unos días había advertido que la verificación hecha en los estados que integran la megalópolis, entre los cuales se encuentra Morelos, no sería válida en aquella ciudad si no se ajustaba a las disposiciones señaladas, refiriendo que se necesitan equipos especiales. O sea, si usted ya verificó, pues podrá circular sin problemas aquí en nuestro territorio, pero si quiere ir a la CDMX, lo atorarán si lo ubican, y va a tener que volver a verificar en enero, así de simple.

Pues Topiltzin reconoció que no se dispone de la infraestructura tecnológica en referencia y es por eso que a los concesionarios de los centros de verificación se les dará un plazo de medio año para que la adquieran o de lo contrario quedarán fuera de funcionamiento.

El funcionario calculó que van a tener que hacer una inversión promedio de 36 mil dólares a fin de ponerse a la altura de las circunstancias, algo así como unos 700 mil pesos, que no es cosa fácil, cuando la situación anda mal en la economía. Peor aún, se advierte que aquellos que incumplan las reglas en los procesos de verificación, pudieran ser multados hasta por dos millones de pesos.

Ya hay reacciones, porque algunos consideran que la mayor parte de los establecimientos actuales no van a poder con la inversión y habrán de ser nuevos actores los que entren al quite y que eso es lo que busca la administración estatal para quedarse con el negocio.

Un empresario del ramo externó que los únicos que tienen dinero en este momento son los funcionarios de primer nivel del gobierno, sobre todo el gobernador, con todo lo que han robado; y pronosticó que a través de algunos de sus socios en negocios, van a adueñarse de los verificentros y parece que hay mucha lógica en ello.

No está por demás ponerse a la altura de las necesidades en la materia para adelantarnos al tiempo, sin embargo aquí de ninguna manera padecemos los niveles de contaminación ambiental que enfrenta la capital, sin embargo, queramos o no, se acatará lo que nos mandatan.

TEMIXCO, RENUNCIA SECRETARIO DE OBRAS

En otras cosas, Porfirio Guerrero Arias, hasta hace unos días secretario de obras públicas de Temixco, se vio obligado a presentar su renuncia al cargo, algunos funcionarios de la comuna afirman que se pretendía echar mano de recursos de programas federales etiquetados para usarlos en gasto corriente, como pasó en la gestión anterior de Miguel Ángel Colín Nava y eso le costó la posición.

Antonio Gómez se quedó como encargado de despacho mientras se le ratifica o sustituye, porque hay quienes intentan colocar ahí a quien fuera director de agua en el trienio pasado, Raúl Castillo, pero se le acusa de haber maquillado cifras en el sistema y de haber omitido pago de cuotas y pasivos con el IMSS en lo referente al personal sindicalizado que labora ahí.

Más aún, que de manera irregular pagó a una consultora fantasma a razón de 50 mil pesos mensuales por supuestas asesorías que nunca se dieron. Incluso, fue secretario de obras en el gobierno de Javier Orihuela García por unos meses, cuando el actual síndico Gerardo Hurtado era director de licencias.

Que aprovecharon para hacer un gran negocio de ello, hacían clausuras por la mañana y por la tarde en calidad de abogados ofrecían a esos establecimientos asesoría legal para resolver el problema, pero como particulares, cobrando una lana. Es decir, ellos mismos se generaban su cartera de clientes para sus despachos.

Bajo tales circunstancias, lo que se considera es pues que acabará siendo ratificado en la posición Antonio Gómez, porque sería la única manera de acabar con las diferencias entre grupos y corrientes al interior del Ayuntamiento, que por la heterogénea composición, tiene muchas inconsistencias en el cumplimiento de responsabilidades.

Hay rubros que no caminan, aunque algunos muestran alta eficiencia, como en el caso de la recaudación, que a decir de las áreas competente, casi duplica los montos de ingresos en comparación del mismo periodo del año anterior, aunque se aclara que de poco sirve porque todo se va en pago de deudas, sólo en laudos el monto vencido supera los 50 millones de pesos. Y en algunos casos ya son motivo de posible destitución de la presidenta municipal Irma Camacho García.

El alumbrado parece que va bien, que se encontró un municipio prácticamente a obscuras, sólo funcionaba el 40% de las lámparas, hoy estarían superando el 90%, pero con colaboración de ayudantes municipales y población en general que contribuyen con cooperación o mano de obra.

Y que el aspecto de la limpieza parece estar cambiándole el rostro a la cabecera municipal, sin embargo donde siguen sin dar resultados es en cuestión de obra pública porque no hay dinero, como decíamos, el que llega se va a pago de salarios o de facturas, que surgen por todas partes, porque aquello parece un costal sin fondo.

Lo que presumen, es que por lo menos, durante estos primeros seis meses de administración no se ha generado deuda alguna y que ese solo hecho significa mucho, para una alcaldía que se recibió casi en quiebra y se complicó más con el asesinato de la alcaldesa Gisela Mota Ocampo.