Más allá de las normas ya establecidas, de alguna manera tiene su razón de ser, porque obliga a quienes desempeñan alguna actividad que use dinero público, a transparentar su patrimonio antes de asumir cargos públicos. Sin embargo, como que seguimos dándole vida a una serie de instituciones que en mucho, representan duplicidad a lo que en materia ya tenemos.

Las estructuras gubernamentales han crecido considerablemente en las dos últimas décadas, cada vez hay más instancias burocráticas que significan una pesada carga presupuestal para los mexicanos y que además, al paso del tiempo tampoco resuelven los problemas para los cuales fueron instauradas.

No necesitamos darle tantas vueltas al tema, sólo es cuestión de voluntad de las autoridades para que todo caminara derechito; mientras las decisiones de aplicar o no la ley estén en manos de políticos de pésima reputación, nada podrá corregirse y sólo le echamos más leña al fuego.

Si de algo adolece este país y nuestro estado hoy día es de dinero para poder enfrentar el histórico rezago que tenemos en todos los órdenes y rubros de las necesidades humanas, pero las instituciones se llevan prácticamente todo, el gasto corriente crece sin límite y a los ciudadanos sólo se les dan migajas.

Pero en el caso de Morelos, hablando precisamente del sistema anticorrupción, ya “contamos” con un fiscal implacable, que acabará con todos los rufianes y vividores del presupuesto y los llevará a la cárcel para que dejen de hacer daño. Él es Juan Salazar Núñez.

Sólo que hay algunos inconvenientes que quizás le impidan cumplir a cabalidad sus tareas: fue colocado ahí por su jefe, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien lo tenía como consejero jurídico y por lo tanto, difícilmente actuará contra éste, su mujer y su hijastro, que son los que están desmantelando lo poco que queda en las arcas gubernamentales.

Bueno, hace unos días, una asociación de abogados lo acusó de corrupción, porque lleva ahí unos ocho meses cobrando y sin trabajar, no ha resuelto el primer caso y lo menos que debería hacer, es renunciar por pudor, pero igual que sus patrones, no lo conoce.

Y entonces, ¿es así, con esos probos funcionarios como vamos a acabar con las ratas en el ejercicio del poder? por favor, mientras sean ellos mismos los que se vigilen y castiguen, vamos a seguir viviendo en medio de ladrones y vende patrias, como acontece hoy en nuestro estado.

Pero hablando de corrupción, pues aquí existe bastante tela de dónde cortar, sería bueno que desde la Federación se diera una pequeña muestra de que en efecto, esa ley tres de tres servirá para algo, llamando a cuentas a Graco, Elena Cepeda y demás cómplices que nos tienen en quiebra.

Por el contrario, lo que continuamos apreciando desde este sufrido territorio, es que la misma Federación los protege y les abre las puertas para que continúen haciendo de las suyas, ¿cómo vamos a creer que en efecto, ahora sí se les castigará?.

Cuando había menos enredo burocrático como que estábamos mejor, por eso el abogado Juan Juárez Rivas decía sobre el tema que todo ellos pareciera una vacilada, claro, analizando lo que ocurre en este estado, “una fiscalía sin capacidad para aplicar la ley, una entidad de fiscalización impuesta por el ejecutivo para encubrir, un fiscal anti corrupción que es acusado de corrupto”.

Y señalaba precisamente que las normas jurídicas para castigar a los deshonestos ahí están, no hay que darle tantas vueltas al asunto, pero se inventan instituciones para hacer más complicado el sistema y en todo eso, parece tener mucha razón.

Particularmente Morelos, abundó, es un estado en decadencia por todo lo que ha venido aconteciendo y no se aprecia que pudiera darse cambio alguno en el corto plazo. Quienes obstruyen el estado de derecho son las propias autoridades, sobre todo en aquello que tiene que ver con la actividad de gobierno.

El espíritu constitucional de generar equilibrios a fin de regular el proceder de los servidores públicos fue sin duda una visión de avanzada, pero ¿en qué se ha convertido al paso de los años? porque usted dirá si los tres poderes vienen cumpliendo con esa responsabilidad que la carta magna les asigna.

Sobre todo, el legislativo tiene el deber de custodiar el buen uso de los recursos públicos a fin de que éstos sean orientados, en el mayor porcentaje posible, hacia tareas que redunden en un mejor nivel de vida de los ciudadanos. Sin embargo, ¿cuál es el desempeño de tales instancias en este momento en la entidad? usted responda.

Lo que queremos decir es que la mayoría de las reformas, cambios y esquemas en busca de ir acotándole espacios a la corrupción salen sobrando, porque no son las instituciones las que vienen fallando, son los hombres que las conducen y las pervierten; y mientras éstos sean corruptos, estamos perdidos. Pero si además, ni siquiera se permitió que la ley anti corrupción pasara como originalmente se había pensado, pues peor tantito.

El sistema electoral mexicano, planteado a través del esquema de partidos, es el origen de buena parte de nuestros males. Es a partir de dichas instituciones que “elegimos” a las autoridades o representantes populares, que en la práctica no representan a nadie.

Son ellos los dueños del balón y se abren sus propios espacios, la sociedad sólo legitima sus perversos intereses en las elecciones, pero una vez instalados en el ejercicio del poder, dan rienda suelta a sus apetitos y ambiciones y como además son los que aplican la ley, pues nos se van a meter a la cárcel solitos.

Cuando algo sale mal, pues sólo es cuestión de buscar arreglo entre sí, aplicando aquello de que “hoy por ti, mañana por mí” y es así como va creciendo la impunidad y la inmunidad. Ese tipo de componendas las vemos cotidianamente en nuestro entorno político cercano, de ahí la decepción popular ante sus autoridades, porque los gobernados no son tontos, saben muy bien cuando han sido traicionados.